El presidente Gustavo Petro presentó al Congreso una nueva consulta popular con cuatro preguntas sobre salud. El objetivo no es mejorar el sistema, sino legitimar su modelo preventivo y desmantelar las EPS. La propuesta aplaza soluciones urgentes, utiliza recursos públicos con fines políticos y carece de condiciones reales para su implementación. Se trata de preguntas cargadas de demagogia, ya que, incluso si fueran aprobadas, no hay garantía de que el Gobierno pueda resolver los problemas que promete abordar.
Detrás de esas cuatro preguntas, Petro plantea una reforma radical del modelo de aseguramiento social en salud, que incluye, entre otros, los siguientes puntos:
- Política farmacéutica: regulación de precios, compra y producción de medicamentos.
- Desmonte del sistema de salud vigente, eliminación del aseguramiento (EPS) y creación de un pagador único.
- Modelo de Atención Primaria en Salud: programas de prevención y promoción, articulación de los distintos niveles de atención, conformación de redes de prestadores y organización de los servicios.
- Formalización laboral de los trabajadores del sector salud.
Lo más grave es que las cuatro preguntas se utilizan para reafirmar la equivocada posición del Gobierno, según la cual la única solución a la tragedia que viven a diario pacientes y usuarios en medio de la crisis del sistema de salud es una reforma que establezca el modelo preventivo del presidente Petro. Planteadas de esta forma, las preguntas postergan medidas urgentes, como la corrección de la ineficiencia en la prestación de servicios por parte de las EPS intervenidas por el mismo Gobierno.
Sólo promesas sobre medicamentos y política farmacéutica
La primera pregunta pretende hacer creer al pueblo que, con un simple “sí” como respuesta, el Gobierno va a comprar o producir “los medicamentos necesarios para garantizar la entrega completa y oportuna a los pacientes”.
Es demagogia crear esa expectativa cuando, luego de dos años y nueve meses del gobierno del cambio, “la entrega completa y oportuna” de medicamentos es mucho peor que en las administraciones anteriores. Y cuando el ministro de Salud dilata la implementación de los mecanismos ordenados en recientes autos de la Corte Constitucional, orientados a fortalecer la capacidad de compra de tecnologías y servicios en el sistema.
Desde distintos sectores, esta pregunta fue criticada de inmediato por ignorar la política farmacéutica vigente, la cual —según expertos— contiene herramientas para enfrentar, en primera instancia, la crisis actual en la entrega de medicamentos.
Para ampliar la producción nacional, se necesitaría invertir en Ciencia, Tecnología e Innovación (CTI), un sector que el Gobierno tiene totalmente desfinanciado. El presupuesto para CTI disminuyó un 30 % en términos reales entre 2023 y 2025. Este año, apenas representa el 0,06 % del Presupuesto General de la Nación: el nivel más bajo en los últimos 20 años.
Si el objetivo es incrementar la producción de medicamentos genéricos, lo primero sería superar las barreras impuestas a la industria farmacéutica nacional por el capítulo 16 sobre propiedad intelectual del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. Un tratado que Petro prometió renegociar, pero que su gobierno se ha limitado a revisar superficialmente, sin resultados concretos.
Si realmente se quisiera avanzar hacia la soberanía farmacéutica que en síntesis consiste en no depender de la importación de productos farmacéuticos, soberanía que proclama Petro, ya se habrían introducido cambios sustanciales en el INVIMA, con el fin de ofrecer garantías reales a la industria farmacéutica nacional.
Tan alejada de la realidad está la pregunta sobre medicamentos en la consulta de Petro, que su gobierno no se ha pronunciado sobre las nuevas barreras que imponen las órdenes ejecutivas recientes del expresidente Trump, dirigidas a reducir los precios de los medicamentos dentro de Estados Unidos, a costa de que las trasnacionales los encarezcan aún más en países como Colombia.
Urge renegociar o revisar a fondo el TLC, fortalecer la capacidad instalada de las más de cien plantas farmacéuticas existentes en el país y, además, ir mucho más allá de simples convenios marco o cartas de intención entre el Gobierno y proyectos como VaxThera, en Antioquia, y Bogotá Bio.
El arroz colombiano se hunde sin apoyo del Estado
En 2025, el arroz colombiano sufre su peor crisis: 279 mil toneladas importadas, precios de ruina y abandono estatal.
Una reforma para eliminar las EPS sin respaldo político
La segunda pregunta sobre salud incluida en la consulta popular inquiere si se está de acuerdo con eliminar la intermediación financiera de las EPS y si la ADRES debe convertirse en la agencia estatal encargada de pagar a hospitales y clínicas.
La exministra Carolina Corcho ha sostenido la tesis de que las EPS son simples intermediarias de los recursos públicos destinados a la salud, y que no son propiamente aseguradoras. Sin embargo, en esta pregunta, el Gobierno propone que las EPS transfieran a la ADRES la función de compra de servicios de salud, una función que es propia del aseguramiento.
Es decir, que se pase de un sistema con múltiples pagadores —donde cada EPS actúa como tal— a un modelo con un único pagador: la ADRES. Una contradicción que sólo puede existir en el imaginario de un Gobierno que, por conveniencia política, se ha negado a reconocer que, en Colombia, con la Ley 100, se introdujo el modelo internacional de aseguramiento en salud.
Esa negación de las EPS como aseguradoras, era conveniente para que Petro se aliara, al inicio de su mandato, con el principal promotor de la Ley 100, César Gaviria, y nombrar como ministro al principal defensor de las aseguradoras en el país, el doctor Alejandro Gaviria.
Una reforma que elimine el aseguramiento del sistema de salud exige condiciones políticas para aprobarse y ser viable. Así lo demuestra la historia de las reformas en salud en el mundo. Fue así como se creó, por ejemplo, el Servicio Nacional de Salud en Inglaterra en 1948, sin aseguradoras, o como, tras años de disputa política, se adoptó en los Países Bajos, en 2006, un modelo de aseguramiento similar al de la Ley 100.
La pregunta sobre la eliminación de las EPS representa un punto máximo de radicalización del discurso del gobierno en contra de la industria del aseguramiento en salud. Con ella, lo único que han logrado Petro y su ministro de salud es galvanizar un frente amplio del conjunto de los actores del sistema y de los gremios y partidos políticos que los representan.
Un frente con objetivos justos, el principal de ellos: la salud de los colombianos, pero en el que se corre el riesgo que sean las mismas políticas que dieron origen a la Ley 100 y sus inequidades en salud, sean las que predominen.
La Atención Primaria en Salud de Petro es la misma del Banco Mundial y el BID
La tercera pregunta busca que la ciudadanía se pronuncie a favor del modelo de salud preventivo y predictivo lanzado por Petro en Aracataca, el 3 de noviembre de 2022, cuyo eje central es la política de Atención Primaria en Salud (APS).
Si bien hay un debate pendiente sobre qué tipo de APS conviene al país, formulada en términos generales, nadie en el sector salud se opone ni a la APS ni a la prevención.
Aunque el introducir la APS se presenta como una gran innovación y hasta como una medida revolucionaria del gobierno actual, lo cierto es que Petro y sus ministros de Salud han adherido a la legislación ya vigente sobre APS y a las políticas internacionales definidas por la Organización Panamericana de la Salud (OPS) en 2007, en lo que se denomina “APS renovada”.
Desde sus inicios, el Gobierno ha contratado los equipos territoriales de salud con base en el marco jurídico de la Ley 1438 de 2011, cuyo articulado presenta tantas similitudes con la propuesta de reforma de Petro que, según expertos en salud pública como el Dr. Jorge Hernández, no se necesita una nueva reforma para consolidar la atención primaria en el sistema de salud.
La “APS renovada” es una versión revisada de la Atención Primaria lanzada en la conferencia de Alma-Ata en 1978, que, con la llegada del neoliberalismo, fue modificada para adaptarse a la economía dependiente y atrasada de los países del Tercer Mundo.
Lo esencial de esta renovación es que la APS debe integrarse a los sistemas de aseguramiento en salud vigentes en cada país. Esto explica por qué la Ley 1438 de 2011 introdujo la APS en Colombia bajo la tutela de las EPS, y la inclusión de la APS en los planes decenales de salud pública y en la Política de Atención Integral en Salud (PAIS) durante el gobierno de Juan Manuel Santos.
Petro, en realidad, ha dado continuidad —y mayor visibilidad— al modelo de Atención Primaria promovido por la OPS y adoptado por gobiernos anteriores. Al mismo tiempo, mantiene un doble discurso: por un lado, denigra de las EPS y del sistema de aseguramiento en salud, y por el otro, se alinea con las políticas de la nueva alianza entre la OPS, el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), creada para fortalecer los sistemas de salud de aseguramiento en América Latina mediante la atención primaria.
Dos préstamos recientes al Gobierno de Colombia evidencian que Petro no se diferencia sustancialmente de los gobiernos anteriores en el diseño e implementación de políticas de salud financiadas por la banca internacional. El primero, del Banco Mundial (préstamo No. 1805349), por 304,5 millones de dólares, se hizo público, el 21 de marzo de 2023. El segundo, del BID (préstamo No. 5853/OC-CO), por 150 millones de dólares, se firmó el 8 de octubre de 2024.
Estos préstamos tienen como objetivo fortalecer la resiliencia y la capacidad del sistema de salud actual, con sus EPS y demás componentes, consolidarlo y mejorar el acceso efectivo a los servicios. También buscan financiar el nuevo programa gubernamental “Modelo de Salud Preventivo y Predictivo para una Colombia Potencia Mundial de la Vida, mediante el fortalecimiento de la APS y el aumento del personal de salud en territorios dispersos, rurales o con indicadores deficientes”.
Sin embargo, el dinero parece haber sido insuficiente. Aunque uno de los préstamos establece como resultado esperado “el incremento de CAPS, adecuados con infraestructura, equipamiento y brindando atención”, el actual ministro de Hacienda informó hace pocos días al Congreso que no hay recursos para financiar los Centros de Atención Primaria en Salud. (CAPS).
Demagogia con la mejora de las condiciones laborales y salariales
La cuarta pregunta sobre salud solicita el consentimiento popular para que el gobierno nacional establezca un régimen laboral especial que garantice a empleados y trabajadores del sector salud contratos laborales estables y salarios justos.
Tal parece que Petro no solo propone eliminar las EPS, sino que también tiene en la mira a hospitales y clínicas. Las millonarias deudas acumuladas por las EPS y el propio Gobierno con las IPS han generado desde mandatos anteriores un gravísimo problema de liquidez en las instituciones hospitalarias que continúa sin solucionarse.
El insuficiente aumento en la Unidad de Pago por Capitación (UPC) para el presente año obligó a la ACHC y a ACESI —gremios de hospitales privados y públicos, respectivamente— a expresar su rechazo, toda vez que el mismo Gobierno previamente había incrementado el salario mínimo en un 9,54 %, un poco más de cuatro puntos porcentuales por encima del aumento de la UPC (5,36 %).
Dado que entre el 60 % y el 70 % de los gastos del sector corresponden al pago de nómina, es evidente que este desfase entre el ingreso por UPC y el aumento salarial tendrá un impacto negativo en el presupuesto de los hospitales.
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El Decreto 572 del 28 de mayo de 2025, que obliga a los hospitales a pagar impuestos por adelantado, es otra medida que afecta gravemente las finanzas de las instituciones prestadoras. La crisis laboral se sigue agravando, y no se resolverá simplemente con reglamentar un estatuto o decretar mejoras salariales.
En las reformas de salud de Petro se ha propuesto que se otorguen facultades al presidente para reglamentar las condiciones laborales y salariales de los trabajadores de la salud. Medida conveniente en campaña electoral y altamente riesgosa en un país donde el financiamiento del sistema de salud debe ser rigurosamente planeado.
Precisamente, un común denominador de las 4 preguntas de salud agregadas improvisadamente a la consulta popular es el no tener en cuenta la crisis financiera del país. Mientras la deuda externa y el déficit fiscal aumenta todos los días, a Petro parece no importarle la sostenibilidad financiera del sistema de salud a mediano y largo plazo.
