En las condiciones actuales, mantener y corregir el modelo de salud existente es la única manera viable de garantizar el derecho a la salud de los colombianos. A partir de 2027 se concertará una reforma con los actores del sistema teniendo como prioridad a los usuarios y pacientes.

Sergio Fajardo planea recuperar a la Nueva EPS a partir de una rigurosa auditoría externa y del nombramiento de un interventor de alto nivel. Fajardo la capitalizará para sacarla a flote por el bien de sus ahora 14 millones de afiliados, si se tienen en cuenta los traslados a esta entidad contemplados en el Decreto 0182 de 2026.

 En el programa de salud de Fajardo, las auditorías independientes se extienden a todas las EPS, en particular a las que se encuentran intervenidas, y al Nuevo Modelo de Salud impuesto por el gobierno a los maestros afiliados al FOMAG, que ha aumentado significativamente el gasto y empeorado la prestación de los servicios.

Según el resultado de las auditorías, el gobierno de Fajardo plantea reordenar el sistema de aseguramiento. Continuará siendo de carácter mixto, tanto con EPS como con clínicas y hospitales públicos y privados. A manera de ilustración, aseguradoras como la Nueva EPS o Capital Salud con mayoría accionaria gubernamental se consideran públicas. 

Se mantiene la presencia de EPS privadas con ánimo de lucro como lo han sido hasta ahora Sura, Aliansalud y Sanitas. Pero también tendrán lugar en el sistema EPS sin ánimo de lucro como lo han sido Compensar y Salud Mía. En el aseguramiento conviene aprender lo positivo de los hospitales y clínicas que son fundaciones sin ánimo de lucro y que se han posicionado entre las mejores de América Latina.

 El que permanezcan EPS e IPS de distinta naturaleza jurídica es, en la situación actual, la única manera de garantizar el acceso inmediato a medicamentos y a los servicios que el presidente Petro ha desarticulado para improvisar uno nuevo sin tener las condiciones materiales, ni la correlación de fuerzas política, ni la experiencia administrativa.

Lecciones de la Ley 100

La Ley 100 creó un sistema de aseguramiento social caracterizado por adaptar el modelo de seguro social al régimen contributivo y el modelo del servicio nacional de salud al régimen subsidiado, en el cual la prima de seguro de los más pobres la cubre el Estado, condición que precisamente le valió ser denominado aseguramiento social. Creó además el modelo de seguros privados al dejar espacio para la medicina prepagada y las pólizas de seguro de salud.

 William Hsiao, experto en sistemas de salud de la Universidad de Harvard y del Banco Mundial, describe el sistema de salud colombiano y en particular el régimen subsidiado en esos términos. Es un grave error del gobierno del presidente Petro plantear que las EPS son simplemente intermediarias financieras que hacen negocio con los recursos públicos y que se roban la plata.

 Este error parte de desconocer que las EPS con el correr de los años y la reglamentación y normas complementarias a la Ley 100, particularmente con la expedición de la Política de Atención Integral de Salud (PAIS) y el Modelo Integral de Atención en Salud (MIAS), adquirieron plenamente funciones de compañías aseguradoras, específicamente en lo que concierne a la gestión del riesgo financiero. 

 Tanto el presidente como sus dos ministros de salud se equivocaron también al menospreciar el peso económico y político nacional e internacional del sector asegurador, no obstante haberse aliado y cogobernado durante los primeros años de esta administración con los políticos que mejor han representado los intereses de las EPS en Colombia.

 El gobierno nacional cayó además en la trampa de creer que la astucia política puede superar la correlación de fuerzas necesaria para sacar adelante una reforma de la trascendencia de la reforma de la salud.

 Plantear mantener las EPS no significa que el actual modelo de aseguramiento sea el ideal o que no adolezca de graves problemas. El sistema de la Ley 100 generó graves inequidades en salud. Aunque hoy el sistema de salud cobija a la inmensa mayoría de la población, no beneficia por igual a todos los colombianos. Tal es el caso de la pandemia, durante la cual se hicieron evidentes las desigualdades en la mortalidad por COVID-19. El sistema de salud no evitó que el número de fallecimientos fuera muchísimo mayor en los estratos más pobres y entre los afiliados al régimen subsidiado.   

Tres etapas de la Ley 100

 El sistema de aseguramiento social tuvo una primera etapa de apertura del mercado de aseguramiento (1993-2011). Los gobiernos favorecieron la proliferación de EPS que hoy se sufre y de alguna manera consintieron en que se anidaran los focos de corrupción todavía existentes.

La segunda etapa (2012-2022) fue de modernización del modelo, redistribución del mercado y de movimientos sociales en contra de la Ley 100. En este período, no se logró desarrollar el modelo de Atención Primaria en Salud (APS) renovada incluida en la Ley 1438 de 2011, ni se consolidaron el PAIS y el MIAS (MAITE).

 Si bien la Ley Estatutaria de 2015 conjuró el movimiento social de 2103, introdujo un híbrido que a la vez que mantuvo el modelo de aseguramiento promulgó el derecho a la salud en términos de una contradicción que aún hoy no se ha resuelto, por ejemplo, en lo que respecta al plan de beneficios.

 Esa contradicción se ilustra en que tanto la exministra Carolina Corcho como el exministro Alejandro Gaviria se consideran coautores de la Ley Estatutaria y en que aún hoy se lee en la página web del Ministerio de Salud la advertencia de que la Ley estatutaria es compatible con el aseguramiento en salud.

 La tercera etapa (2022-2026) se inició con el intento de negociación entre las EPS y el gobierno de Gustavo Petro, partidario de una reforma que elimine algunas de sus funciones principales como aseguradoras. Continuó con la andanada del gobierno contra las EPS por el control de los billonarios recursos de la salud y el intento de hacer una reforma por decreto.

 Esta etapa concluye con el fracaso de las intervenciones del gobierno a ocho EPS que afilian a más de 25 millones de colombianos y del nuevo sistema de salud de los maestros en un contexto de deterioro financiero, explosión de quejas por parte de los pacientes y anarquización del sistema de aseguramiento.

Reordenar el sistema y luego reformarlo

 Ante la crisis, Fajardo advierte: “No sabemos qué sistema de salud recibiremos en agosto de 2026” y plantea poner en marcha una campaña para recuperar el sistema de aseguramiento a fin de promover eficiencia, liquidez y sostenibilidad financiera desde el día uno (1) de su gobierno y mientras se conocen los resultados y recomendaciones de las auditorías externas e independientes ya mencionadas.

 Recuperar el sistema de aseguramiento en los primeros meses incluye entre otras medidas:

•  Reconocer la UPC como insuficiente, tal como lo determina la Corte Constitucional, y ordenar el recálculo inmediato de la misma. Generalizar el giro directo desde la ADRES actuando en calidad de tesorería, pero no como pagador único, y fortalecer las auditorías concurrentes.
• La crisis es de tal magnitud que, para conjurarla inicialmente, al igual que en los tiempos de la pandemia, se justifica acudir a un préstamo externo que pudiera dar salida a la sostenibilidad financiera inicial. Todavía el gobierno no aporta evidencia en favor de su argumento de que la plata sí alcanza, pero se la roban. Lo cierto es que, durante la presente administración, aunque ha aumentado el gasto en salud, la plata tampoco alcanza.
• Superar la crisis requiere identificar y caracterizar de manera inmediata las principales barreras asociadas con el acceso a medicamentos y a una atención oportuna y de calidad y tomar las medidas pertinentes. Esto implica, entre tantas otras acciones: hacer ajustes que permitan realizar gestión del riesgo en tiempo real y especificar un plan nacional de contingencia en citas y cirugías y entrega de medicamentos, al igual que establecer indicadores de desempeño y de logro en cada uno de estos programas.
• Posteriormente, todos los actores, actuando bajo la rectoría del Estado en cabeza de la presidencia y del Ministerio de Salud, concertarán el articulado de una reforma estructural del sistema de salud que preserve el aseguramiento, pero redunde en beneficio común, con respeto del derecho a la salud y los derechos del talento humano y los trabajadores de la salud. Un sistema de salud, en el que, como dice Jorge Enrique Robledo, los usuarios y pacientes sean los reyes, que provea bienestar a la población y en especial a los colombianos que más lo necesitan.

Cómo se diferencia Fajardo de Paloma, Abelardo y Cepeda

 En contraste, la propuesta de Paloma y Abelardo ofrece más de lo mismo de la vieja Ley 100 con sus odiosas e injustas desigualdades, y la de Cepeda, sin fruncir el ceño, lo mismo respalda la reforma anti-EPS de Petro que promete concertar una nueva reforma con EPS, farmacéuticas y demás actores. Cepeda heredaría los exabruptos del presidente Petro y de sus funcionarios como el flamante nuevo superintendente de salud, quien se atrevió a transferir directamente a la cuenta de NEQUI de un paciente el valor de los medicamentos. Medida que paradójicamente tiene un carácter privatizador, según concepto del Dr. Andrés Vecino, experto en sistemas de salud.