Hallazgos fiscales por parte de la Contraloría General de la República

La Contraloría General de la República reportó hallazgos fiscales por $21.000 millones, relacionados principalmente con la implementación del nuevo modelo de recaudo del Sistema de Transporte Público de Santa Marta (SEPT). En otras palabras, con corte al año 2026, el contrato suscrito para este fin no se ha cumplido, pese a que los recursos ya fueron desembolsados en el marco de un convenio de cofinanciación entre el Ministerio de Transporte y el SEPT.

El primer hallazgo fiscal que señaló la Contraloría fue por $19.840 millones, relacionado con un contrato firmado en el año 2023 para la implementación del sistema de recaudo centralizado, control de flota e información al usuario del Sistema Estratégico de Transporte Público de la ciudad.

Un segundo hallazgo, por $1.250 millones, para la ejecución y pago de una interventoría del contrato principal, pero como lo señaló la contraloría, no se advirtieron las irregularidades e incumplimientos de los compromisos pactados, lo que presuntamente podría acarrear consecuencias disciplinarias.

Desembolsos sin ejecución

Es alarmante que los recursos públicos de la ciudad no se manejen de manera correcta. Deja en entredicho el proceder del gobierno de Virna Johnson, aliada del candidato presidencial Carlos Caicedo, para suscribir contratos que no se cumplen. Se nota la falta de rigor a la hora de ejecutar pagos con la plata recaudada de los impuestos de los ciudadanos.

Así mismo le cabe responsabilidad al actual alcalde de la ciudad, Carlos Pinedo Cuello, quien a pesar de haberse pronunciado después de conocerse el informe, manifestando que su administración informó el presunto detrimento de los recursos público, cabe preguntar: ¿por qué aún no está en funcionamiento y no ha resuelto la modernización del recaudo?  Ya pasaron más de dos años de haberse firmado el contrato y solo un poco más de 1 año para finalizar su administración.

Quedó en evidencia cómo terminaron desembolsando todo el dinero a pesar de que no se implementó la modernización del sistema de recaudo. Basta con subirse a los buses del transporte público y ver cómo quedaron instalados los equipos en algunas busetas de la ciudad, pero nunca se pusieron en funcionamiento.

Otro aspecto grave es el pago por la supervisión, que evidentemente no advirtió las fallas ni los incumplimientos del contrato, incluido en el acuerdo de cofinanciación con el Ministerio de Transporte para las vigencias 2023 y el primer semestre de 2025. En ese contexto, si la junta directiva del SEPT está conformada por delegados del Gobierno nacional y el acuerdo se suscribió con una cartera del gobierno de Gustavo Petro, surge una pregunta: ¿por qué el gobierno del “cambio” no veló por los intereses de los samarios?

¿Quiénes deben responder?

Estos hallazgos obligan a establecer no solo la responsabilidad administrativa de los encargados de implementar el sistema de recaudo electrónico, sino también la responsabilidad política de las dos administraciones distritales y del Gobierno nacional vinculados al contrato.

No hay duda de la gravedad de los hallazgos de la Contraloría, es importante que los organismos de control y la Fiscalía general, realicen las debidas investigaciones para encontrar las responsabilidades fiscales, disciplinarias e incluso penales a las que haya lugar. Y también es de suma importancia que los jefes de las administraciones involucradas en este caso asuman la responsabilidad política que les compete y hagan lo que sea necesario para reparar los daños causados a los samarios. Vale la pena mencionar el silencio del Concejo de Santa Marta ante estos presuntos casos de corrupción.

Unidad frente a los hechos de corrupción

Los samarios debemos unirnos para levantar una voz de exigencia al Gobierno de Gustavo Petro y a los gobernantes de la ciudad, para que demuestren un compromiso real con la transparencia en la ejecución de los recursos públicos. Son muchas las necesidades de la ciudad, y no tiene presentación que los pocos recursos públicos que hay, no se ejecuten ni se cuiden para que cumplan su objetivo central, que debe ser mejorar la calidad de vida de los habitantes de la ciudad. Le acude la razón a Sergio Fajardo, candidato presidencial, explicando parte de los males del país: “es la corrupción, estúpido”.

Coletilla: Envíe un derecho de petición con el fin de esclarecer lo que presuntamente puede ser un caso más de corrupción.