El gobierno de Donald Trump impulsa el rediseño de distritos electorales en Texas, Ohio, Carolina del Norte y Misuri, estrategia respaldada por un fallo de la Corte Suprema que anuló en mayo el mapa de mayoría afroamericana de Luisiana. California y otros estados demócratas responden con sus propios mapas antes de las elecciones de medio término del 3 de noviembre.
La situación interna en Estados Unidos enfrentará una dura prueba en las elecciones de noviembre del presente año, elecciones conocidas en Estados Unidos como de Medio Término. A las falencias estructurales del sistema electoral que permite elegir un presidente derrotado en las urnas, pero con mayor número de votos en los colegios electorales, se suman los continuos ataques provenientes de los propios republicanos al presidente Trump.
La toma violenta del Capitolio el 6 de enero de 2021
Donald Trump perdió la reelección el 3 de noviembre del 2020 frente a Joe Biden e inmediatamente desconoció los resultados electorales alegando fraude en varios Estados de mayoría demócrata. Hay evidencia de que, además, Trump presionó a funcionarios de Georgia en procura de modificar las cifras electorales a su favor en ese Estado.
Ante el resultado adverso, Trump incitó a grupos extremistas blancos de su movimiento MAGA para que ingresaran al Capitolio el 6 de enero de 2021 con el propósito de impedir que la plenaria del Congreso ratificara el resultado del colegio electoral, último y decisivo paso en el proceso de oficializar el triunfo de Biden como nuevo presidente de la Unión. La cruenta toma del Capitolio por los partidarios de Trump fracasó.
Desde entonces, atrincherado en el partido republicano y en el movimiento MAGA, Donald Trump se propuso demostrar que le robaron las elecciones e inició una serie de demandas, exigencias de investigación y amenazas contra quienes administran el sistema electoral en distintas ciudades y Estados de la Unión.
Reelegido Trump como presidente en el 2024, las acciones confluyeron en una estrategia de reforma del sistema electoral instrumentada desde la Casa Blanca. Apuntaba a cambiar los requisitos para ejercer el voto, además de allanamientos, amenazas, acusaciones, demandas y manipulaciones dirigidas a garantizar a como dé lugar las mayorías para el Partido Republicano en ambas cámaras del Congreso en noviembre de 2026.
Los cambios ya se hicieron
En Estados Unidos, los representantes a la Cámara son elegidos por distritos electorales previamente establecidos. Tradicionalmente, el número de distritos, y por tanto de representantes, es revisado cada diez años, una vez se conoce el resultado del censo nacional. Los Estados son autónomos para definir la metodología con que se rediseña el mapa de cada distrito electoral en el propio territorio.
Una vez instalado en la Casa Blanca por segunda vez, Trump rompió la tradición y ordenó a los gobernadores de los Estados donde su partido es mayoritario rediseñar los distritos electorales de tal manera que se aumente la votación republicana en cada distrito. Con la jugada, el gobierno pretende asegurar para el Partido Republicano los escaños que le permitan alcanzar la mayoría en la Cámara durante los dos años finales de su período. Claramente se trata de una estratagema en contra del Partido Demócrata.
Es el caso de Texas, un Estado con mayoría de votantes republicanos y en el cual el rediseño de los distritos electorales les daría a los seguidores de Trump cinco representantes más a la Cámara. Otros Estados de mayoría republicana como Ohio, Carolina del Norte y Misuri han procedido de manera similar.
El Partido Demócrata, obligado a reaccionar en los Estados donde es mayoría, ha procedido en el mismo sentido. Es el caso de California en donde el rediseño de los distritos le permitiría obtener cinco nuevos escaños.
Se inicia así una guerra de rediseño de distritos electorales entre republicanos y demócratas. Uno a uno se pelean los escaños en una disputa que desafía las normas legales tanto estatales como federales y tiene a los directorios en un franco enfrentamiento, que llega hasta los estrados judiciales y las autoridades estatales. Son esas instancias las que definen la constitucionalidad con la que cada Estado rediseña el mapa electoral del distrito.
La Corte Suprema le da una mano a Trump
El Estado de Louisiana tiene derecho a seis asientos en la Cámara de Representantes. En 2024, la legislatura había creado un segundo distrito de mayoría afroamericana. Un grupo de ciudadanos demandó el mapa alegando que se había basado en un perfil meramente racial.
A principios de mayo y haciendo caso omiso de que Louisiana es un Estado mayoritariamente negro que ha enfrentado durante décadas la segregación racial y barreras para votar, la Corte falló mayoritariamente por seis a tres anulando el mapa del nuevo distrito electoral. La sentencia argumenta que “el diseño de los distritos se basó exclusivamente en criterios raciales” y que, con ello, el mapa del distrito favorece a los votantes negros frente a los blancos.
La bancada afroamericana del Congreso se reunió y condenó el fallo. La congresista Terri Sewell de Alabama declaró que la decisión de la Corte “ha asestado un golpe devastador a nuestra democracia y a la ley del derecho al voto de 1965, pavimenta el camino para la reducción mas grande a la representación de votantes negros y de las minorías desde la época de la reconstrucción”.
Las voces de la bancada afroamericana denuncian que el fallo de la Corte da luz verde al plan trumpista de supresión del voto. Señalan además que los republicanos y Trump intentan erosionar la democracia para escapar de la rendición de cuentas en las urnas. “Quieren robar las elecciones y nosotros desde la bancada negra decimos NO!”.
Para Terri Sewell y su bancada, defender el espíritu de la ley del derecho al voto de 1965 es crucial para mantener una democracia multirracial en Estados Unidos y un camino real para las reivindicaciones de las gentes negras, los latinos, los nativos estadounidenses y los asiaticoamericanos.
En Tennessee, con una legislatura de mayoría republicana, se aprobó un nuevo mapa congresional para repartir el único distrito de mayoría negra del Estado con el fin de ayudar a los republicanos de esa circunscripción electoral a asegurar los nueve escaños.
Trump desafía a la administración electoral
En entrevista concedida al programa Democracy Now, el periodista de Reuters, Ned Parker, denunció las medidas que la administración Trump está tomando para hacerse al control del sistema electoral y para castigar a quien considera sus enemigos. Parker, quien junto con su equipo recibió el Premio Pulitzer 2026 gracias a esta investigación, señaló que, desde la Casa Blanca se ordenaron allanamientos a las oficinas de administración electoral del condado Fulton, en Georgia, que en Ohio el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) inició investigaciones sobre fraude electoral, y que en Nevada, el FBI realizó interrogatorios a funcionarios de la oficina electoral preguntando sobre información relacionada con registro de votación de las elecciones 2020.
En Estados Unidos no hay una oficina federal para la administración de las elecciones. Por la Constitución son las legislaturas estatales y locales las que establecen la normatividad electoral, de manera que las elecciones han sido siempre manejadas por oficiales estatales y locales. Buscar a través de órdenes ejecutivas y otras medidas del presidente Trump imponer la autoridad federal sobre los administradores locales y estatales de las elecciones abre la puerta al control autoritario del gobierno sobre lo que ha sido un pilar de la democracia electoral en el país. Democracia que, si bien ha estado atada al restringido sistema bipartidista, podría aún verse sometida a mayores limitaciones y a la negación de derechos adquiridos por la población.
Las elecciones de noviembre de 2026, elecciones de Medio Término, se convierten en prueba de fuego. En ellas se medirá el nivel de aprobación o rechazo que tienen las medidas del gobierno Trump. Con las elecciones de 35 senadores, la totalidad de la Cámara de Representantes y muchas gobernaciones, la balanza puede inclinarse al campo demócrata creando un ambiente favorable para que se inicie un proceso de destitución del presidente (impeachment, como se dice en inglés) lo cual marcaría un precedente único en el año del aniversario 250 de la independencia del hoy disminuído imperio de Estados Unidos de Norteamérica.
