Para cualquier país con aspiraciones a tener un buen crecimiento económico y a brindarle bienestar a la población, es requisito de primer orden garantizar la autosuficiencia y la seguridad energéticas. De suma prioridad le resulta producir su propia energía y evitar al máximo la importación de energéticos o el suministro de energía desde otros países. Colombia es autosuficiente y además cuenta con un potencial energético importante para la exportación.
La condición de autosuficiencia debería ser una ventaja comparativa para el desarrollo industrial, agropecuario y de servicios del país. Sin embargo, no es así. Lo impiden los altos precios de los combustibles, las extorsivas tarifas de la energía eléctrica y la falta de asistencia técnica y financiera para acometer proyectos mineros y energéticos de envergadura.
Desde hace muchas décadas, pero particularmente desde el “revolcón” de César Gaviria, los distintos gobiernos no han dejado de aplicar políticas antinacionales. No solo han privatizado el sector, sino que les imponen a los combustibles el precio internacional, les permiten utilidades desmedidas a las comercializadoras y distribuidoras de electricidad y se empecinan en firmar contratos leoninos para la explotación de los hidrocarburos, el carbón y la generación eléctrica. Más recientemente, el capital financiero internacional y las multinacionales han estado presionando al gobierno para hacerlo embarcar en una transición energética atropellada, que puede llevar a la quiebra de Ecopetrol, a debilitar las finanzas nacionales, a la pérdida de la autosuficiencia energética y a un mayor empobrecimiento de la población.
Desde los gobiernos de Juan Manuel Santos e Iván Duque se viene acatando esta imposición, pero ha sido Gustavo Petro quien la ha asumido como el asunto central de su mandato. Es irracional desistir del uso de los combustibles fósiles para reemplazarlos por energías alternativas que no están a disposición y cuya puesta en práctica ha de hacerse de manera gradual y a costos muy altos, como está demostrado, por ser más cara su producción y no necesariamente menos dañina para el medio ambiente, pues requieren inmensas cantidades de minerales y materiales de escasa y costosa producción e igualmente contaminantes.
Los parques de energía solar inaugurados en este gobierno y contratados por sus antecesores no aportan ni el 2% de la electricidad y la mayoría han sido contratados a multinacionales europeas, canadienses y chinas que obtienen jugosas ganancias en su construcción y operación. Los 16 parques eólicos proyectados por este y los anteriores gobiernos y concesionados en su mayoría a multinacionales europeas, no han podido concretarse por falta de licencias ambientales y de consultas previas a las poblaciones nativas.
Las definiciones en materia energética hechas por Gustavo Petro y sus ministros de Minas y Energía, primero Irene Vélez y ahora Andrés Camacho, son aventureras e irresponsables. Desconocen la realidad del país y les hacen el juego a las multinacionales de Estados Unidos que hoy nos venden el faltante de gas natural licuado por caída de las reservas y los 35 mil barriles diarios de gasolina y naftas, este último déficit causado por el atraso en la modernización y ampliación de las refinerías. El gobierno ha impuesto medidas como la de no firmar nuevos contratos de exploración y la de recortar las inversiones de Ecopetrol en las áreas de exploración y producción en un 45% con respecto a 2023, asunto que rechazó la USO y que a la fecha no ha tenido respuesta por parte de la administración. Tampoco se concreta la ampliación y optimización de las refinerías para asegurar el autoabastecimiento de gasolina, naftas, JP1A, ACPM y GLP, entre otros. La ministra de Medio Ambiente, Susana Muhammad, ha suspendido trabajos en proyectos de importancia y negado licencias ambientales en zonas de gran potencialidad y de cuya entrada en producción depende superar la alarmante deficiencia de gas natural. CAMPETROL, gremio de los prestadores de servicios de la industria petrolera, señala que entre noviembre de 2022 y abril de 2024 dejaron de operar 28 taladros en labores de desarrollo y mantenimiento de pozos, que representan 3.650 empleos directos y 20.000 indirectos.
La situación es concreta y los números encienden las alarmas frente al autoabastecimiento y la seguridad energética del país. Colombia dispone de la siguiente canasta energética: 65% de gas y petróleo, 13% de energía hidráulica, 9% de carbón y 13% de eólica, solar, leña y biomasa, matriz que no se puede cambiar abruptamente como lo propone el gobierno. Y en materia de electricidad, la situación se torna aún más angustiosa por las consecuencias del cambio climático, pues dependemos de la generación hidráulica en 66%, del gas natural en 15.5%, del carbón en 8.5%, del ACPM en 4.5%, de la solar en 2%, la biomasa 1% y la eólica 1%, porcentajes que varían con el régimen de lluvias y otros factores de demanda y disponibilidad de energéticos. El cuadro se ve alterado por fenómenos como El Niño y por la declinación en la producción de gas, que será deficitaria en 8% para 2025, como lo anuncian Ecopetrol y Minminas, y en 20% para 2026, déficit suplido con importaciones que elevarán la factura del gas domiciliario en 12%, según cálculos de Ecopetrol, y en 32%, según el gerente de Promigas.
A estas vicisitudes se debe agregar que el peso de las exportaciones de petróleo, carbón y electricidad representa más del 45% del comercio exterior y resulta por tanto determinante en la balanza comercial. Aclaremos que el carbón de Colombia goza de alta demanda por su rendimiento calorífico y bajo contenido de azufre y de cenizas. Luego dejar de extraerlo y exportarlo afecta las finanzas nacionales, las regalías a las regiones productoras y el empleo, como lo puso en evidencia el cierre de la mina de Calenturitas, operada por Prodeco en el Cesar y que significó la pérdida de más de 5.000 empleos entre directos e indirectos. Y de todas maneras el carbón que Colombia no pone en el mercado mundial es remplazado por otros productores como Estados Unidos, Rusia, Turquía y Australia.
En resumen, lo responsable con las finanzas nacionales, la estabilidad de la economía y el bienestar de la población es optar por una transición energética soberana y responsable. Firmar nuevos contratos de exploración petrolera, garantizar el desarrollo de los campos de gas recién descubiertos, aumentar la inversión de Ecopetrol en el mantenimiento y reacondicionamiento de pozos, mejorar el recobro en todos los yacimientos de crudo y gas, ampliar la capacidad de refinación y llevar a la práctica proyectos de energías limpias de manera planificada y segura. Lo contrario es abocar al país a convertirse en importador de energéticos y quedar expuesto a la dependencia de la potencias económicas y energéticas, cuyos gobiernos no han cumplido ningún compromiso con la disminución de las emisiones de gases de efecto invernadero GEI ni con la mitigación de los daños que el cambio climático les está provocando a los países más pobres. Colombia solamente es responsable de menos del 0.5% de esas emisiones.
Las cifras aconsejan un cambio en la política, Colombia cuenta con reservas de petróleo para 7.1 años y de gas para 6.1 años, y se verá obligada a importar el 8% del gas en 2025 y el 30% en 2026. Adicionalmente el presidente de la USO, Cesar Loza, ha advertido que, en tres años la producción interna de crudo solo alcanzará para proveer los 440 mil barriles diarios que cargan las refinerías y que no habrá excedentes para exportación.
Mientras Colombia desiste de la búsqueda de nuevas reservas de hidrocarburos, países como Brasil, Bolivia y México se aplican a optimizar y a hacer crecer la industria petrolera y al mismo tiempo, sin entrar en contradicción, adelantan ambiciosos proyectos de energías más limpias.
La discusión de un tema tan trascendente para la sociedad debe abordarse con el mayor rigor, con apego a la ciencia y la tecnología, sin sesgos políticos e ideológicos, de tal manera que se opte por las salidas más convenientes para el desarrollo económico nacional y el bienestar de nuestra población.