Las Confederaciones de mineros tradicionales y de las esmeraldas, Conamimercol y Confedesmeraldas, emitieron una declaración en la que respaldan la movilización de los pequeños y medianos mineros nacionales concentrados en el paro minero desde el pasado 21 de octubre. Afirman que las protestas tienen como fin exigir al Gobierno el cumplimiento de acuerdos previos y decisiones judiciales, y rechazan las acciones arbitrarias que continúan afectando a sus comunidades.
Una lucha con historia de siglos
Desde hace muchos años, los mineros artesanales, tradicionales y ancestrales han organizado paros mineros, marchas y reuniones con el Ministerio de Minas y Energía y otras autoridades nacionales buscando soluciones a sus problemas y denunciando los abusos cometidos por las autoridades. Los mandos civiles y militares han actuado amparados en decretos y leyes hechos para favorecer a la gran minería trasnacional, y excluyendo a la minería artesanal. La normativa actual no menciona a la pequeña minería ni a los empresarios nacionales que generan miles de empleos y riqueza en diversas regiones del país.
Sobre las razones del paro minero, Sergio Alberto Valencia Guevara, dirigente de la Mesa Minera y Social de Marmato, afirmó: «Somos mineros artesanales, pero en estos momentos nos han criminalizado, porque nos tratan como si fuéramos mineros ilegales. Y la realidad es que nuestra actividad tiene una tradición de más de 500 años. Desde la Colonia se trabajaba la minería artesanal y tradicionalmente.»
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Presión sin tregua a los mineros locales
Marmato y la región del alto occidente de Caldas y Risaralda han sido profundamente afectados por estas políticas. Regiones como Quinchía, Riosucio, Supía y sus corregimientos también han visto a sus mineros tradicionales, artesanales y ancestrales enfrentar presiones de la subsidiaria de Aris Mining Corporation, una gran multinacional canadiense. La legislación existente permite que esta empresa, utilizando el respaldo de las autoridades, persiga y detenga a los mineros locales, cierre sus minas y les impida obtener su sustento. Más grave aún, con el apoyo de la Corporación Autónoma regional de Caldas y otras autoridades mineras y de licencias ambientales, la empresa ha hecho excavaciones que han desestabilizado y dañado zonas urbanas de Marmato, con el objetivo de convertir el territorio en una explotación de socavón, a gran escala, arriesgando la estabilidad de las construcciones en el Viejo Marmato.
Para Dora Vasquez, otra minera de Marmato, “La empresa Aris Mining ha venido a atropellarnos, a encarcelarnos desde que llegó. Ellos quieren hacer ver ante los medios internacionales que aquí no está pasando nada, que aquí todo está perfecto con ellos. No, mentiras, desde que llegaron acá al municipio nos amenazaron con una ley que no tiene mecanismo de defensa jurídica.»
Les destruyen la maquinaria y el sustento
La situación no es diferente en el Bajo Cauca y el nordeste antioqueño. Municipios como Caucasia, Nechí, Zaragoza, Cáceres y Tarazá, junto con Carolina, Segovia, Remedios, San Roque, Porce y Vegachí, han sido escenario de continuas disputas. Los mineros tradicionales de estas regiones, dedicados a la extracción de oro, han solicitado durante años ser reconocidos oficialmente, obtener títulos y permisos para trabajar. Sin embargo, los gobiernos han alegado ilegalidad, destruyendo sus herramientas de trabajo y maquinaria y aplicando resoluciones como la 044, que limitan sus operaciones y su sustento.
Desde hace muchos años los mineros tradicionales y artesanales vienen adelantando labores propias de la minería del oro y solicitando se les reconozca como mineros, se les extiendan títulos y se les concedan los permisos necesarios para adelantar su labor.
La indiferencia del Gobierno nacional
Los diferentes gobiernos, alegando que los mineros son ilegales, no han cesado de adelantar campañas en las que, destruyendo sus herramientas de trabajo y maquinaria, los acusan de destrucción de la naturaleza y les aplican normas y resoluciones como la 044, que eliminan sus operaciones y, por tanto, sus ingresos y el sustento de ellos y sus familias.
«Llevamos dos años sentados con el actual gobierno. El Ministerio no puede decir que nosotros no hayamos tenido la voluntad de sentarnos a negociar con él y con la empresa en unas mesas tripartitas desde hace dos años hacia acá. Nos hemos sentado, pero ha sido en vano, no se ha avanzado en absolutamente nada,» afirmó otro vocero de la Mesa Social y Minera de Marmato: «El presidente allá dice que minería es para la vida y la subsistencia, que hay que proteger al pequeño minero para proteger las aguas. Pero aquí nada de eso se da. El gobierno ha sido indolente”
Apoyo al paro minero
Conamimercol y Confedesmeraldas han reiterado su apoyo al paro minero de Caldas y Antioquia, señalando la justeza de esta movilización, y llaman a sus afiliados a respaldarlos en la medida de sus posibilidades. La lucha se centra en la derogación de los decretos 1035 y 044 de 2024, que autorizan la destrucción de maquinaria sin un proceso judicial previo y prohíben la minería con medidas ambientales restrictivas.
Las organizaciones de mineros acusan al gobierno de favorecer a las multinacionales mineras al concederles autorizaciones y licencias, muchas veces sin respetar los acuerdos nacionales y regionales previos, resultantes de mesas de diálogo y movilizaciones. Según los mineros, las políticas actuales ignoran sentencias judiciales y decisiones comunitarias, beneficiando a la gran minería en detrimento de las comunidades locales.
Mientras escribíamos este texto se llegó a un acuerdo tanto de los mineros de Marmato y demás municipios como de los mineros del Bajo Cauca, el Nordeste Antioqueño, Córdoba y Santander. «De aquí en adelante quedará la tarea de luchar para que los acuerdos alcanzados durante el paro minero se cumplan y las soluciones definitivas se den«, como lo afirmó el dirigente minero de Marmato y Concejal de Dignidad y Compromiso, Honter Gallego.