El artículo aborda los retos del proceso de actualización catastral en Tabio, Cundinamarca, bajo la política del catastro multipropósito. A pesar de ser presentado como una herramienta para mejorar el ordenamiento territorial y garantizar justicia tributaria, la actualización parece estar más enfocada en aumentar la recaudación de impuestos, generando impactos negativos en el desarrollo municipal y en los ciudadanos.
Se critica la falta de sincronización entre el catastro y el ordenamiento territorial, lo que ocasiona que los predios no se valoren adecuadamente, afectando tanto a los contribuyentes como al desarrollo local. Además, se señalan problemas legales no resueltos relacionados con la informalidad de ciertos predios, así como los efectos financieros negativos que un aumento en los avalúos catastrales puede tener en los propietarios, con alzas de hasta el cinco mil por ciento en algunos municipios.
El artículo concluye recomendando a las autoridades locales retrasar la implementación de los nuevos valores catastrales, mejorar la transparencia en la información proporcionada a los ciudadanos y garantizar que los resultados del proceso catastral sean precisos y completos antes de su adopción.
En varios municipios del país avanzan los procesos de actualización y formación catastral bajo la política nacional de catastro multipropósito. El pasado sábado 28 de septiembre, en el polideportivo del municipio de Tabio, Cundinamarca, se realizó una socialización del convenio entre el municipio y el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) para adelantar este proceso. A continuación se presentan algunos análisis de los impactos de esta política.
Asfixia presupuestal en los municipios
La administración municipal explicó la difícil situación presupuestal que enfrenta, lo que es común en muchos municipios del país. La falta de apoyo y abandono del gobierno nacional ha llevado a que los municipios dependan cada vez más de sus propios ingresos, lo que significa que se recargan en los ciudadanos a través de impuestos, como el predial, para financiar los proyectos locales.
Carácter fiscal del catastro y la especulación inmobiliaria
El principal avance expuesto en la socialización fue el desfase entre los avalúos catastrales y las transacciones reales del mercado inmobiliario. El debate se centra en que se debe desligar la relación entre el valor comercial (posible valor de venta del inmueble) y el valor catastral (base gravable para los impuestos). En el Plan de Desarrollo del gobierno de Santos se estableció que la base gravable debía estar entre el 60% y el 100% del valor comercial, lo que en la práctica resultó en una reforma tributaria. Según Yeilor Espinel, el mercado inmobiliario es especulativo e inestable, con un crecimiento superior al de los ingresos de los ciudadanos. Por lo que atar los impuestos a los valores del mercado crea inequidades y golpea el bolsillo de los ciudadanos.
Durante la socialización no se presentaron avances concretos sobre el uso y el área de los predios. La falta de informes claros sobre la calidad y exactitud del proceso sugiere que, a pesar del nombre «multipropósito», el enfoque del catastro sigue siendo principalmente fiscal.
El catastro y el ordenamiento territorial: un desacople problemático
La actualización catastral es crucial para la formulación de un nuevo Esquema de Ordenamiento Territorial (EOT) en Tabio y otros municipios con Planes de Ordenamiento Territorial (POT) desactualizados. Sin embargo, debido a que estos procesos no están sincronizados, la falta de actualización en los instrumentos de ordenamiento territorial provoca que la categorización de los predios sea incorrecta. Esto afecta a predios que, por ejemplo, aunque tienen características urbanas, siguen siendo tratados fiscalmente como predios rurales, generando distorsiones que perjudican tanto a los contribuyentes como al desarrollo municipal.
Problemas jurídicos de los predios: el catastro los revela, pero no los resuelve
Otro tema mencionado durante la socialización fue la falsa tradición de algunos predios, que el catastro puede ayudar a identificar, pero no resolver, ya que por definición la inscripción en el catastro no constituye título de dominio, ni sanea los vicios de que adolezca la titulación presentada o la posesión del interesado. La competencia y responsabilidad de la administración municipal está en la formalización de subdivisiones y licencias de construcción, pero la informalidad ha crecido debido a la falta de actualización de las normas vigentes y control urbanístico. Los predios irregulares y las propiedades sin documentación jurídica son comunes como loteos y propiedades horizontales de facto, lo que genera complicaciones fiscales para los propietarios e inconvenientes en el cobro del impuesto predial.
Impactos en el bolsillo: beneficios limitados y afectaciones amplias
Durante la socialización se destacaron los «beneficios» de un avalúo actualizado para reducir el impuesto de ganancia ocasional al vender predios. Sin embargo, este beneficio solo aplica a quienes están vendiendo, mientras que la mayoría de los propietarios no lo están. Además, se omitió mencionar que un aumento en el avalúo catastral afecta la declaración de renta, el impuesto al patrimonio y, por supuesto, incrementa el impuesto predial. En algunos municipios donde se ha actualizado el catastro, los incrementos en el predial han llegado hasta el cinco mil por ciento.
Recomendaciones para la administración municipal
- Actualizar el estatuto tributario: Aunque las tarifas del impuesto predial son determinadas por leyes nacionales y el proceso de estratificación que adelanta el municipio, la alcaldía debe presentar una actualización del Estatuto Tributario Municipal al concejo municipal. Aunque esto no resolverá por completo el impacto, es un paso necesario.
- Aplazar la implementación económica: Se debe considerar aplazar la implementación de los nuevos valores catastrales. Implementar valores para 2025 sería perjudicial para los propietarios, incrementa los arriendos y podría afectar gravemente al comercio local.
- No aceptar procesos incompletos: Dado que el proceso ha avanzado poco, la administración no debería aceptar resultados incompletos del IGAC. En el marco de la autonomía municipal, el alcalde no debe suscribir la resolución con los nuevos valores catastrales hasta que se completen los procesos con calidad y precisión.
- Mejorar la información: Es fundamental explicar no solo los beneficios, sino también los impactos negativos que un aumento en el avalúo catastral puede tener en la declaración de renta, el impuesto al patrimonio y el predial. Además, limitar la información es atentar contra la participación ciudadana y el derecho a estar bien informados.
- Extender el convenio con el IGAC: Terminar el convenio el 31 de enero del próximo año es insuficiente. La oficina del IGAC debe ser permanente para atender reclamaciones y ajustes, ya que la gestión catastral es un proceso continuo.
Los necesarios procesos de actualización catastral avanzan en todo el país bajo la premisa de que son «multipropósito», pero en la práctica su único objetivo parece ser aumentar la recaudación de impuestos en los entes territoriales, dejando de lado las promesas de justicia tributaria, desarrollo, ordenamiento territorial y de seguridad jurídica que debe buscar un catastro justo y verdaderamente multifinalitario al servicio del verdadero desarrollo de los municipios.