Descentralización fiscal: balance amargo.
Cuatro años han pasado desde el inicio de la actualización catastral con enfoque multipropósito en Colombia, y la gente no aguanta más. El resultado: el incremento abusivo en el impuesto predial; la privatización de los servicios catastrales y el marchitamiento del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC). Frente a la primera de estas consecuencias hay que decir que en la actualidad y por razón de la Política Nacional Catastral, miles de personas están debatiéndose entre pagar este impuesto o perder su propiedad. ¿Quiénes son los responsables? ¿Quiénes pueden cambiar esta situación? ¿Qué debemos hacer?
Como lo he explicado en artículos anteriores: Desastre catastral [1] y Gravosa región metropolitana [2], treinta y tres años de descentralización fiscal han dejado un balance amargo para la gente y los municipios. Según datos del DANE (2022), mientras las transferencias del gobierno nacional a los entes territoriales se han reducido en casi un punto y medio del Producto Interno Bruto (PIB) durante los últimos veinte años, los impuestos locales se han disparado, los más onerosos el impuesto predial y el de industria y comercio. En suma, los gobiernos nacionales han condenado a los municipios a financiarse con incrementos en los impuestos territoriales que se suman a la alta carga tributaria nacional que sufren los ya golpeados bolsillos de propietarios y empresarios.
Desde que entró en vigencia la Constitución de 1991 todos los presidentes han ejecutado a rajatabla una política económica de abandono presupuestal sistemático a los entes territoriales, con el eufemismo de promover la “autonomía financiera” y el “fortalecimiento de las finanzas municipales”. Política que, en últimas, busca retener recursos nacionales para honrar el pago del servicio de la deuda externa (pública y privada). Empréstitos crecientes que ascienden en enero de este año, según el periódico Portafolio, al 54,1% del PIB. Es decir, a 198.034 millones de dólares. Así las cosas, la deuda externa del sector público a enero del 2024 fue de US $114.137 millones, mientras que la del sector privado fue de US $83.897 millones, con el agravante de que la deuda pública es la de mayor aumento, que en el último año fue de un 7,17%[3].
La raíz del problema, las imposiciones del FMI y del BM.
Política neoliberal impuesta por el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial con la cual se reglamentó el sistema general de participaciones. Fue consagrada por el gobierno de Andrés Pastrana en el Acto Legislativo 01 y la Ley 715 del 2001 y profundizado luego por Álvaro Uribe Vélez en 2007 con el Acto Legislativo 04 y la Ley 1176 de 2007. Todo un descarado desamparo presupuestal en nombre de una nociva autonomía territorial, que deja a los municipios a su suerte y favorece al capital financiero internacional a costa de nuestra soberanía nacional.
En este marco y por cuenta de la implementación del Catastro Multipropósito, he denunciado en múltiples y justas movilizaciones en decenas de municipios de Colombia las abusivas alzas en el impuesto predial derivadas de la actualización de los catastros durante los últimos cuatro años. Pero, ¿qué es el Catastro Multipropósito? Es una política apoyada, por acción u omisión, por todos los gobiernos nacionales, incluido el actual de Gustavo Petro, y por algunos alcaldes y gobernadores, que tiene como objetivo gestionar el catastro como un inventario o censo de los bienes inmuebles localizados en el territorio nacional al servicio de la “…formulación e implementación de diversas políticas públicas y procesos de gestión territorial, contribuyendo al desarrollo, el ordenamiento territorial, brindando mayor seguridad jurídica y optimizando el mercado inmobiliario” (DNP, 2023, p. 10) Política auspiciada desde organismos internacionales como FMI y BM, e incluida en el punto 1.1.9 del Acuerdo de Paz de la Habana en el 2016.
Catastro multipropósito e impuesto predial.
La actualización catastral y su carácter multipropósito es correcta cuando está al servicio del mejoramiento de la formación catastral y el desarrollo soberano del país, pero el modelo actual no es el caso por cuanto su actual carácter fiscalista está diseñado para transferir a las personas -vía cobros del impuesto predial- la responsabilidad de sostener las finanzas de los municipios, alcahueteando con esto la desatención presupuestal por parte del gobierno central.
Dentro de los 180 municipios de Colombia que estaban actualizados o lo han realizado durante los últimos años, 28 pertenecen a Cundinamarca, donde se han registrado incrementos en el impuesto predial del 700 % al 5000 % en algunos casos. El problema no está sólo en los gestores y operadores catastrales, ya que sea quien sea el que haga la actualización, el resultado siempre será el mismo. El Problema de fondo está en la Política Nacional de Catastro Multipropósito, la Política Tributaria Nacional, las tarifas y la ley de topes (Ley 1995 del 2019); pues el Impuesto Predial derivado de estas actualizaciones es absurdo y no corresponde a la capacidad económica de las personas. Son impuestos arbitrarios e impagables para muchos ciudadanos que en medio de la crisis económica y social que vive el país, no tienen cómo pagarlos. En 2023, según concepto de la Alcaldía Municipal, se registraban solo en Soacha medidas cautelares, en virtud de los procesos de cobro coactivo iniciados, sobre un total de 29.834 inmuebles de propiedad de contribuyentes que habían presentado mora en el cumplimiento del pago de este impuesto.
Desligar el avalúo catastral del comercial.
Una de las múltiples causas que explican este aumento exagerado es que el modelo amarra el avalúo catastral al avalúo comercial, generando serias distorsiones producto de un mercado inmobiliario, que siempre es inestable y especulativo. Tal como lo señala Sergio Tovar, líder ciudadano en el municipio de Soacha: “En Colombia, Cesar Gaviria ligó el avalúo catastral entre un 40% y 100% al comercial, Santos lo subió al 60% y (el exalcalde) Saldarriaga definió para Soacha que la relación fuera del 80%. Esto representa un grave problema en tanto que, según el DANE, los avalúos comerciales de Soacha están creciendo muy por encima de lo que sube el salario mínimo año a año. En los últimos 9 años el salario aumentó en términos reales un 9%, pero los avalúos crecieron un 47%.” [4]
Fortalecer el IGAC y no más privatizaciones.
Otros factores importantes dentro de este desastre catastral, que contribuyen a explicar los errores técnicos evidenciados, han sido: el debilitamiento del IGAC iniciado desde la administración de Juan Manuel Santos; la habilitación de la gestión catastral a cualquier entidad pública nacional o territorial (departamento o municipio) y la privatización de los operadores catastrales implantada en el gobierno de Iván Duque, no modificada aún por Gustavo Petro [5].
Exijamos modificaciones en beneficio de los colombianos.
¿Quiénes pueden cambiar esta situación? El presidente Gustavo Petro y el Congreso de la República. ¿Qué debemos hacer? Exigirles el aplazamiento de la actualización catastral a nivel nacional en el marco del Decreto 148 de 2020 y la Ley 14 de 1983 (Artículo 10 y subsiguientes) y reclamarles una modificación estructural de la política catastral encaminada a separar el avalúo comercial del avalúo catastral; fortalecer el Instituto Geográfico Agustín Codazzi para que haga bien las cosas y frene la privatización de la gestión y operación catastral, y defina unas tarifas justas y unos topes realmente efectivos. En la medida que continúe el proceso de actualización catastral bajo el modelo actual, más gente se verá empobrecida. Llamo a un proceso nacional amplio que unifique a una gran diversidad de sectores sociales y políticos para avanzar en el estudio del problema, organizarnos y movilizarnos.
[1]. https://www.las2orillas.co/desastre-catastral-las-alzas-y-precios-de-locos-de-un-impuesto-predial-impagable
[2] https://www.las2orillas.co/empantanado-en-que-va-el-gran-proyecto-bogota-region-metropolitana
[4] https://periodismopublico.com/cual-es-la-reforma-que-necesita-el-predial-en-soacha
[5] https://www.las2orillas.co/el-predial-no-entraria-en-el-cambio-del-gobierno-petro