Se cumplieron dos años del nuevo modelo de contratación impuesto por el presidente Gustavo Petro. Antes del primero de mayo de 2024 había fallas en el servicio de salud, pero ahora todo se vino abajo y no hay solución a la vista. Solo promesas vacías y engaños permanentes. Nuestras vidas están en peligro.
Mientras tanto, los hallazgos de la Procuraduría y la Contraloría apuntan a un incumplimiento real del servicio y a una corrupción innegable. El hecho es monstruoso: se están robando los dineros del Fomag.
El principal reclamo que tenemos que hacer los docentes y pensionados es que el gobierno respete la Ley 91 del 89 que creó el Fondo Nacional de Prestaciones del Magisterio, FOMAG.
La Asociación Colombiana de Pensionados, ACOLPEN, denuncia la pésima atención del FOMAG al magisterio y sus pensionados y exige solución inmediata a este grave problema. Somos los pensionados los más afectados por nuestra avanzada edad.
Antes de mayo del 2024, el FOMAG no tenía planta de personal ni oficinas, y se disponía que la contratación del servicio médico del magisterio, sus pensionados y beneficiarios se hacía bajo la Ley 80 de contratación pública, con el cumplimiento de todos requisitos que establece la Ley.
Los oferentes tenían que presentar unas propuestas sujetas al pliego de condiciones que estableciera el consejo directivo del FOMAG. Se escogía la mejor propuesta y se definían unas regiones agrupando a varios departamentos. El último tuvo ocho regiones.
Quienes ganaban la licitación ponían todo, personal y oficinas administrativas, y contrataban los servicios con los prestadores de salud en cada uno de los territorios.
Hoy no hay licitación pública sino que se contratan a dedo todos los servicios entregándolos a sus amigotes y clientes, lo que les abre la puerta a la corrupción y el clientelismo. Son más de 3.200 contratos y hay alrededor de 1.500 empleados contratados por el Fomag. El gasto en salud del FOMAG presenta un aumento desenfrenado. Se gasta mucha más plata que antes, pero se presta un peor servicio.
La exigencia es volver a la licitación pública con la Ley 80 de contratación. Mientras se siga con el caos actual, no habrá forma de mejorar el servicio ni de controlar la corrupción y el robo de los dineros de los maestros y pensionados.
Sea cual fuere el gobierno de turno, el deber de ACOLPEN y el magisterio es reclamar el derecho de los maestros y pensionados a una atención pronta y efectiva. Lo contrario es traicionar al gremio por apoyar incondicionalmente a Petro, principal responsable de la debacle en el FOMAG. Persistiremos en que, para defender sus derechos sin vacilaciones, el movimiento sindical y pensional debe ser autónomo e independiente frente a cualquier gobierno.
