Una medida que une a todos en contra del gobernador
La introducción de la llamada «Tasa Especial de Seguridad y Convivencia» ha desatado una ola de indignación en Antioquia. Esta iniciativa, promovida por el gobernador departamental, busca financiar proyectos de seguridad pública mediante un cobro adicional basado en el consumo eléctrico. Sin embargo, la oposición a la medida no se ha hecho esperar y se extiende desde gremios empresariales hasta organizaciones sociales, pasando incluso por figuras políticas de alto perfil. La controversia surge tanto por la carga económica que impone como por dudas sobre su legalidad.
El costo de la tasa para la seguridad
Según la ordenanza aprobada por la Asamblea Departamental, la nueva tasa implica un cobro que varía dependiendo del sector: $80 por kilovatio-hora (kw/h) para los hogares, $71 para el comercio y $61 para la industria. Este esquema busca recaudar cerca de 1,1 billones de pesos antes de que termine la actual administración. Sin embargo, detractores de la medida argumentan que la carga es desproporcionada y afecta especialmente a los propietarios de inmuebles alquilados, quienes terminarán pagando por consumos que no les corresponden directamente.
Dudas legales y el papel de EPM
El rechazo también se ha visto alimentado por la postura de Empresas Públicas de Medellín (EPM), cuyo gerente ha sido claro al afirmar que no incluirá este cobro en las facturas de servicios públicos debido a las dudas sobre su legalidad. Esta decisión refuerza la percepción de que la medida no solo es impopular, sino también cuestionable desde un punto de vista jurídico. Mientras tanto, el gobernador insiste en que cuenta con mecanismos para realizar el cobro de manera coactiva.
La desobediencia civil como respuesta
Ante lo que muchos consideran un abuso, Jorge Gómez Gallego, dirigente del Partido Dignidad y Compromiso, ha llamado a la desobediencia civil. Inspirado en figuras históricas como Henry David Thoreau, quien rechazó pagar impuestos injustos en el siglo XIX, Gómez ha declarado su negativa rotunda a pagar la tasa. Además, cita la sentencia T-571 de 2008 de la Corte Constitucional como respaldo a esta acción, enfatizando que la desobediencia civil es un derecho ciudadano cuando se enfrentan «legalidades» percibidas como injustas.
Acciones legales en marcha
El diputado Luis Peláez y otros juristas han interpuesto demandas para frenar la implementación de la tasa antes de que se materialice el cobro. Estas acciones buscan proteger a los ciudadanos de lo que consideran una medida arbitraria y contraria al sentir mayoritario. Sin embargo, el desenlace dependerá de la rapidez con que los tribunales se pronuncien.
Un rechazo unánime
Lo que resulta más sorprendente es la unanimidad en el rechazo a esta medida. Tanto el alcalde de Medellín como sindicatos, gremios empresariales y organizaciones sociales coinciden en que la tasa es inviable y abusiva. Esta situación ha logrado unir a sectores históricamente divididos, creando una oposición colectiva que podría marcar un precedente en la forma en que se responde a decisiones gubernamentales percibidas como perjudiciales.
Una lucha que apenas comienza
La resistencia contra la tasa para la seguridad simboliza algo más grande que un simple rechazo a un cobro. Representa una lucha por la transparencia, la justicia y la protección de los derechos económicos de los antioqueños. Aunque el futuro de esta medida sigue siendo incierto, lo que queda claro es que la población no está dispuesta a aceptar decisiones que impacten negativamente su calidad de vida sin cuestionarlas ni oponerse activamente.
