Ante la amenaza de desplazamiento a las comunidades locales que representan los actuales proyectos de renovación urbana, los bogotanos conformaron la Veeduría Distrital de Moradores, una organización que busca proteger sus intereses frente a los proyectos del Plan de Ordenamiento Territorial (POT) y a la Política Distrital de Moradores.
La iniciativa involucra comités locales, juntas de acción comunal y gremios como ACOPI Bogotá–Cundinamarca.
El POT expulsará a miles de bogotanos
El nuevo POT plantea la intervención de cerca de 7.000 hectáreas bajo tratamiento de renovación urbana, lo que supone la demolición de inmuebles para construir edificaciones de mayor altura y densidad poblacional. Aunque estas transformaciones buscan modernizar la ciudad, también causan preocupación entre los moradores, quienes temen ser desplazados de sus viviendas, comercios, fábricas y trabajos.
El panorama no es nuevo. Durante años, las políticas urbanísticas han priorizado los intereses económicos de desarrolladores inmobiliarios, dejando a los habitantes tradicionales abandonados a su suerte. Al ampliar las áreas susceptibles de renovación urbana, el POT intensifica la problemática, aumentando el riesgo de desarraigo para miles de familias y pequeños empresarios que no cuentan con herramientas adecuadas para enfrentar esos cambios.
La Política Distrital de Moradores, un saludo a la bandera
En vez de proteger los intereses de quienes habitan y trabajan desde hace décadas en cientos de barrios, el decreto 563 de 2023, o Política Distrital de Moradores, les otorga herramientas a los desarrolladores inmobiliarios para que no tengan la obligación de formular proyectos que garanticen la permanencia de las personas, lo que pone en riesgo a los moradores de perder sus viviendas y fuentes de ingreso. De nada han valido los esfuerzos de los líderes cívicos y de importantes grupos de empresarios para exigirle al Distrito formular una política en beneficio de la ciudadanía y no de los especuladores urbanos.
De acuerdo con Deledda Páez, integrante de la Veeduría y lideresa de la localidad de Teusaquillo, el decreto no desarrolla herramientas para que los moradores puedan comprender, participar o asociarse en los procesos de renovación urbana. “Deja en manos del desarrollador inmobiliario las reglas del negocio y los mecanismos de negociación, lo que pone en riesgo nuestros patrimonios”, asegura la dirigente cívica.
La Veeduría denuncia que no se han establecido medidas claras, como la obligatoriedad de ofrecer viviendas o locales comerciales de reemplazo en condiciones accesibles para los afectados. Sin esta garantía, la renovación urbana se convierte en un castigo contra las comunidades tradicionales, que son desplazadas para dar paso a megaproyectos ajenos a sus necesidades o intereses.
La Veeduría de Moradores, el mecanismo de defensa
Frente a este escenario, la Veeduría Distrital de Moradores se posiciona como un frente distrital para la defensa de los derechos de los habitantes. Será un espacio que busca organizar a las comunidades, promover su participación activa en la toma de decisiones y exigir ajustes en la normativa vigente.
Felipe Jiménez, vocero de la Veeduría y dirigente de la localidad de Fontibón, señala que uno de los objetivos principales es la modificación del artículo 17 del Decreto 563 de 2023, porque no garantiza mecanismos claros de participación ni protege de manera efectiva a los moradores frente a los intereses inmobiliarios.
“La veeduría es el medio que tenemos los moradores para defender nuestros intereses, y nuestro propósito inmediato es cambiar las normas que nos afectan”, enfatiza Jiménez.
Además, la veeduría planea trabajar en propuestas complementarias que otorguen herramientas a los habitantes para tomar decisiones informadas. Los dirigentes cívicos se proponen hacer capacitaciones sobre los derechos de los moradores, asesorías legales y el diseño de mecanismos de negociación más justos que equilibren el poder entre los bogotanos y los desarrolladores inmobiliarios.