La Tribuna: ¿Qué es la liga de usuarios de servicios públicos?
Norman Alarcón Rodas: La Liga Nacional de Usuarios de Servicios Públicos es una organización gremial orientada a la defensa de los usuarios de servicios públicos, de carácter amplio, extendida por buena parte del país y que lleva décadas en su actividad.
Surgió después de expedida la Ley 142 de 1994, hace unos treinta años, normativa que dio la partida para la privatización de los servicios públicos domiciliarios de acuerdo con el artículo 365 de la Constitución de 1991, norma que también ordenó como criterio principal para definir las tarifas de los servicios públicos la tasa de rentabilidad llamada suficiencia financiera, artículo 87.7 de la misma ley 142 de 1994, y que prohibió la existencia hacia adelante de empresas industriales y comerciales del Estado en los servicios públicos, para dejarle el campo abierto a los monopolios privados, nacionales y extranjeros.
L.T: ¿Qué papel desempeñas en la Liga de usuarios de servicios públicos?
N.A.R: Hace unos veinte años me vengo desempeñando como defensor y asesor de los usuarios de los servicios públicos en Barranquilla, el departamento del Atlántico y la Costa Caribe. Actualmente soy el coordinador de la Liga Nacional de Usuarios de Servicios Públicos Domiciliarios en la Región Caribe. Hace unos años fui coordinador del Movimiento de Indignados con Electricaribe enfrentando a la multinacional europea Gas Natural Fenosa, propietaria de esta empresa privatizada, durante más de diez años.
L.T: ¿Cómo está organizada la Liga en la costa Caribe?
N.A.R: La Liga Caribe tiene capítulos en cada uno de los siete departamentos, a saber: Atlántico, Bolívar, Cesar, Córdoba, La Guajira, Magdalena y Sucre. En cada uno de ellos tenemos coordinadores departamentales e impulsamos la construcción de Frentes Amplio de Usuarios con las fuerzas vivas de cada departamento.
L.T: ¿Cuál es el mayor problema por el cual lucha la Liga en la Costa Caribe?
N.A.R: En los últimos años el clamor general de más de once millones de costeños está dirigido contra las más altas tarifas eléctricas del país, producto de un régimen especial tarifario aprobado por el Congreso de la República en 2019, a instancias del gobierno de Iván Duque, en el cual nos cobran los fraudes y los hurtos de energía y las inversiones futuras en forma anticipada en la tarifa, como sucede sólo en la Costa Caribe. Es por ello que las tarifas en esta parte de Colombia están más de un treinta por ciento por encima del Interior del país.
También luchamos por defender el carácter público de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Valledupar, Emdupar, que está en peligro de ser privatizada. Durante mucho tiempo luchamos por recuperar el patrimonio público de la empresa Triple A de Barranquilla, que le brinda el servicio de agua, alcantarillado y aseo a Barranquilla y catorce municipios del Atlántico. Últimamente el distrito de Barranquilla ha logrado recuperar la mayoría accionaria en la Triple A.
L.T: ¿Por qué las tarifas de energía siguen tan altas en la Costa Caribe?
N.A.R: El Gobierno actual del presidente Gustavo Petro se comprometió en la campaña presidencial, de ganar las elecciones, a rebajar las tarifas y echar atrás el oneroso régimen tarifario del servicio eléctrico en el Caribe; sin embargo, llevando más de dos años de su periodo no le ha dado cumplimiento a dicho compromiso. Por eso las tarifas eléctricas continúan impagables, pero también arrecian las luchas y las movilizaciones exigiendo unas tarifas pagables.
L.T: ¿A qué acuerdos ha llegado el Gobierno de Gustavo Petro para bajar las tarifas
en la Costa Caribe?
N.A.R: No ha habido acuerdo de rebajas de las tarifas eléctricas con el actual gobierno, sino todo lo contrario, las tarifas han aumentado por un rubro llamado “opción tarifaria” que son presuntas deudas de los usuarios desde la época de la Pandemia cuando las empresas AIR-E y AFINIA-EPM no habían llegado a la Región Caribe. Sin embargo, el gobierno de Petro aprobó que los usuarios de todo el país pagarán casi cinco billones de pesos por dichas deudas, incluyendo los de la Costa Caribe, con un plazo de hasta diez años pagando un gota a gota mensual.
Sin embargo, la empresa AIR-E se aceleró a cobrar en menos de un año esa deuda, de la cual le corresponden $830.000 millones de pesos, que acabó de cobrarlos con la factura del mes de septiembre de 2024, cuando el presidente Petro se había comprometido en el pasado mes de mayo, en una visita a Barranquilla, que iba a pagar esa opción tarifaria en todo el país. La semana pasada la empresa AIR-E tiró la toalla y le entregó al gobierno la empresa, llevándose un dineral producto de las gabelas obtenidas desde el gobierno de Duque.
L.T: Con respecto a los anuncios de quiebra de la empresa Air-e y la intervención por
parte del gobierno y la posible intervención igualmente de Afinia ¿Que salida propone
la Liga de Usuarios en la Costa Caribe?
N.A.R: En primer lugar, lo más posible es que la empresa AIR-E no se quebró porque desde que llegó en el gobierno de Iván Duque no ha hecho sino recibir prebendas. Por ejemplo, está probado, con documento en mano, que los dueños de esa empresa (Alberto Ríos Velilla figura como uno de los principales accionistas, pero se sabe que también tiene socios del sector financiero asentado en Panamá) pagaron $230.00 millones de pesos por los activos de Electricaribe en Atlántico, Magdalena y La Guajira, pero la Comisión de Regulación de Energía y Gas CREG evaluó los mismos activos en la Resolución 078 de 2021 en $2.44 billones de pesos, suma que es la base para determinar las tarifas. En ese solo negociado se ganaron más de dos billones de pesos. Además, el Ministerio de Hacienda les entregó otro billón de pesos de garantías a AIR-E y a AFINIA (los vendedores encimándole plata a los compradores) y otros tantos beneficios, como consta en la Resolución 1877 de 2020, firmada por Alberto Carrasquilla como Ministro de Hacienda y Crédito Público.
Para terminar, Norman Alarcón Rodas nos contó, que el lunes 16 de septiembre se realizó una Audiencia Pública convocada por la CREG en Barranquilla sobre la problemática tarifaria de AIR-E, por una Acción Popular de los Personeros Distritales de Barranquilla y Santa Marta. Allí presentó ponencia a nombre de la Liga de Usuarios con las siguientes propuestas:
- Que el gobierno realice una Auditoría Forense a la empresa AIR-E para examinar de manera exhaustiva los aspectos contables, económicos, y financieros de esa empresa, para poder descubrir todo el entramado de negocios turbios y posible corrupción.
- Una rebaja tarifaría de mínimo $400 el kilovatio hora, descontando la Opción Tarifaría y el Régimen Especial Tarifario para descontar los hurtos y fraudes y las inversiones futuras en forma anticipada.
- Que el Gobierno Nacional mantenga indefinidamente la administración y control de la empresa porque es el único que tiene músculo financiero para comprar la energía que se requiere para los tres departamentos, la operación y mantenimiento, el pago a trabajadores y a proveedores, etc.
- Que se modernice la infraestructura eléctrica obsoleta de la Costa Caribe, que es una deuda histórica que tiene el Estado colombiano por el abandono de décadas de esta Región tan empobrecida, para lo cual se pueden utilizar recursos de las regalías mineras sin subir las tarifas como lo autoriza una norma del Plan Nacional de Desarrollo.