Se agotan los adjetivos para calificar la mortal crisis del sistema de salud de Colombia, que desde su privatización con la Ley 100 de 1993 ha causado más muertos que muchas guerras en el país.
Lo que viven los usuarios no tiene nombre: Ver agonizando hasta morir a un pensionado en la sala de espera de un hospital sobrepasó a “los paseos de la Muerte”; observar las extensas filas de gentes de todas las edades exigiendo sus medicamentos para que les digan “quedan pendientes, no existe en el dispensario”; o solicitando una cita para un médico general agendada para un mes; la de un especialista para tres meses y procedimientos, de cuatro a seis meses, deja a cualquiera pasmado de la ira. Las muertes por falta de un medicamento que existe se cuentan por centenares. Sin mencionar la grave situación de los trabajadores, mal pagos y sin salarios.
Entre las múltiples promesas incumplidas del presidente Gustavo Petro, quizás la de resolver la crisis de la salud sea la de más impacto en toda la población. Los más “creyentes” en su Presidente pusieron la esperanza en gozar de un buen servicio de salud, aplaudiendo la intervención de las EPS por parte de un apéndice del Gobierno Petro, como es la Superintendencia de Salud. Pero el desencanto ha sido mayor porque en las EPS Asmet Salud, Emssanar, Famisanar, Savia Salud, Sanitas, SOS EPS, Nueva EPS, EPS Familiar de Colombia, Capital Salud, Capresoca, Fondo de Pasivo Social y SOS Comfandi, que concentran 25,2 millones de usuarios, la crisis se les profundizó, los pendientes aumentaron, los plazos se alargaron y “el remedio fue peor que la enfermedad”. A ello súmele la crisis de la red de salud del Magisterio colombiano.
El 13 de este mes, el portal Infobae Colombia denunció que “las EPS enfrentan millonarias pérdidas en el inicio de 2025 y pondrían en problemas la prestación del servicio de salud… El presupuesto del sistema arrancó con un déficit estimado en $9,2 billones, y el aumento aprobado para la UPC fue de tan solo un 5,36 %, muy inferior al 16,9 % que se esperaba”. Un estudio de “Así Vamos en Salud” indica que “la situación financiera de las EPS revela datos alarmantes: Acumularon pérdidas operativas de $3,1 billones al cierre del tercer trimestre de 2024; además, el patrimonio total de estas entidades mostró un saldo negativo de $7,1 billones, lo que hace evidente un proceso de descapitalización que pone en jaque la sostenibilidad del sistema”.
Presidente, no es cierto que le tienen que aprobar la Reforma al caprichoso para resolver la crisis. Lo explica el exrepresentante Jorge Gómez Gallego en La Tribuna: “¡En salud lo que falta es plata!… coinciden, las EPS y sus organizaciones, como múltiples voces de quienes tienen relación con el sistema: Médicos, especialistas, pacientes, hospitales y agremiaciones…
En un principio el negocio de las EPS era bastante atractivo. Su diseño, de acuerdo con la Ley 100, consistía en crear unas empresas que recibirían un dinero fijo del Estado a cambio de la atención de una lista bastante precaria de siniestros, enfermedades, comprendidos en un perverso plan de beneficios, el POS… Con la suma de todas las batallas y triunfos legales de las Tutelas, se obligó a las EPS a cubrir una mayor cantidad de siniestros, que va contra sus utilidades. Se suman un envejecimiento de la población, aumento de tratamientos para enfermedades crónicas y encarecimiento de los procedimientos. Sostener que lo que falta es plata, se soporta con el solo fenómeno de que grandes EPS consideran marginarse del sistema actual”.
¡Mientras Petro presiona la Reforma, la gente muere por los pendientes!
