¿Cuál es el origen de la deuda con Ecopetrol?
Hace más de una década se venía adelantando un litigio por el cobro indebido de la estampilla “Universidad de Cartagena, siempre a la altura de los tiempos”, que terminó finalmente con un fallo del Consejo de Estado, que ordenó la devolución de más de 200 mil millones de pesos a Ecopetrol por dicha contribución.
Este episodio refleja la falta de financiación plena de la Nación hacia las Instituciones de Educación Superior- IES- Públicas y lo insuficiente e inestable de las estampillas como fuentes de ingresos. Así pues, no cesa la preocupación para 23 mil estudiantes y sus familias, en su mayoría de la Región Caribe, así como para profesores, trabajadores y personal administrativo.
La unidad y movilización democrática en defensa de la Educación Pública
Esta deuda pone en riesgo las operaciones de la Universidad de Cartagena – UdeC-, dado que las Universidades Públicas tienen un déficit acumulado de 18 billones de pesos y se autofinancian en un 48%. ¡Quien no lo crea, que le preste atención a lo que hoy sucede con la Universidad de Antioquia!. En este contexto, nos movilizamos el pasado 19 de marzo, exigiendo medidas urgentes y rechazando cualquier intento de privatización. Este es un hecho importante porque evidenció la crisis, esclareció que la UdeC no tiene cómo pagarla y le demostró al movimiento estudiantil, que la organización y movilización son herramientas insustituibles para defender la Educación Pública.
Del dicho al hecho hay mucho trecho
Por los reclamos democráticos, masivos y creativos de los distintos estamentos, así como por los respaldos de amplios sectores de la sociedad civil y de la opinión pública, el propio Presidente de la República reconoció que, en ningún caso, los recursos para pagar esa deuda debían salir de nuestra Alma Mater. Esto lo reafirmó el anuncio del entonces Ministro de Justicia, Néstor Osuna, sobre la presentación de un Proyecto de Ley de Condonación al iniciar la legislatura del Congreso. Pues bien, han pasado más de 5 meses desde el anuncio y ni el Presidente Petro, ni MinEducación, Daniel Rojas, ni la nueva ministra de Justicia, Ángela María Buitrago, dan la cara por el incumplimiento.
El problema del gobierno Petro es la falta de voluntad política
El Gobierno Nacional cuenta con las herramientas para tramitar una solución definitiva a la deuda. Lo único que explica que, a día de hoy, no haya habido avances con el Proyecto de Ley de Condonación es su falta de voluntad política.
No se conoce un borrador ni reposa en el Congreso ninguna radicación. Es decir, la suerte de la IES más importante del Caribe no es un asunto urgente, y esto es grave, dado que la deuda puede seguir creciendo y no se deben tolerar más dilaciones. A su vez, el ambiente del Ejecutivo y Legislativo para 2025 estará marcado por la campaña electoral, lo que dificulta aún más su eventual aprobación.
Lo que debería contener el Proyecto de Ley de Condonación
Los debates en el claustro dejaron claro que la Universidad de Cartagena no tiene cómo pagar dicha deuda y, en consecuencia, corresponde exclusivamente al Gobierno Nacional asumir con seriedad la radicación del Proyecto de Ley de Condonación. Este debe ser explícito en señalar que, bajo ningún escenario, concurrirá nuestra Alma Mater con recursos propios, ni total, ni parcialmente.
Lo contrario sería mermar el carácter público de la Institución y el desarrollo de sus objetivos misionales, ligados a la investigación, la calidad, el bienestar, entre otros.
La comunidad de la Universidad de Cartagena debe estar alerta
Los Estamentos Universitarios debemos fortalecer la organización y movilización para exigir al Presidente que cumpla con su compromiso de radicar e impulsar el trámite del Proyecto de Ley de condonación. Ad portas del Bicentenario de la Universidad de Cartagena, más que nunca debemos estar alertas para que sus puertas continúen abiertas para las nuevas generaciones. Que, además, este caso sirva para abrir el debate sobre la reforma de los artículos 86 y 87 de la Ley 30 y exigir, entre otras cosas, aumentos a la base presupuestal en consonancia con los costos reales de la Educación Superior.