La decisión del presidente Gustavo Petro de declarar emergencia sanitaria por fiebre amarilla ha encendido las alarmas entre expertos en salud pública, médicos, epidemiólogos y analistas. Como es costumbre en el mandatario, en un giro brusco y contradictorio, pasó de afirmar que su modelo preventivo había logrado contener el virus en el Tolima, a ordenar una vacunación masiva de toda la población colombiana en un plazo de dos meses.
¿Qué cambió entre noviembre de 2024 y abril de 2025?
En noviembre del año pasado, Petro celebraba que su estrategia de salud pública había evitado la propagación humana de la fiebre amarilla en el Tolima, atribuyendo el logro al despliegue de brigadas médicas y jornadas de vacunación. En abril de 2025, durante un Consejo de Ministros televisado, insistió en que su modelo había funcionado. «Ya no hay casos en el Tolima», dijo.
Sin embargo, pocos días después, el 16 de abril, declaró emergencia sanitaria y económica en todo el país. Desde su cuenta de X (antes Twitter), ordenó la vacunación de la totalidad de los colombianos, incluyendo a soldados, docentes y funcionarios públicos, afirmando que el virus es mortal en un 50% y que se ha desplazado a zonas templadas. En esa misma publicación escribió: «En dos meses toda la población colombiana debe estar vacunada contra la fiebre amarilla. Debemos hacerlo y nuestro sistema de salud debe garantizarlo. El ejército y el magisterio deben ayudarnos en esta campaña por la Vida. Todo soldado y maestra o maestro deben estar vacunados cuanto antes.»
¿Se justifica la vacunación masiva contra fiebre amarilla?
La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha sido clara en sus lineamientos: la vacunación contra la fiebre amarilla debe priorizar las zonas de transmisión activa y a las poblaciones en riesgo. Según la Organización Mundial de la Salud, las campañas de vacunación deben centrarse en zonas de transmisión activa o donde se ha confirmado un brote. En su hoja informativa actualizada en 2023 («Yellow fever – Key facts«), la OMS enfatiza que una sola dosis de la vacuna proporciona protección de por vida y que la vacunación masiva solo se recomienda cuando hay riesgo de epidemia. Además, el informe anual 2023 de la Estrategia EYE (Yellow Fever Epidemic Elimination Strategy) señala que las campañas preventivas masivas deben ejecutarse únicamente en áreas de alto riesgo para elevar rápidamente la inmunidad colectiva. El Manual de laboratorio para la fiebre amarilla (2024) también reafirma que la vigilancia debe centrarse en las zonas endémicas, no en todo el país indiscriminadamente.
Los vectores de transmisión —principalmente los mosquitos Haemagogus (selváticos) y Aedes aegypti (urbanos)— tienen distribución geográfica limitada. De acuerdo con la OMS, las ciudades ubicadas en altitudes superiores a los 2.300 metros, como Bogotá, están fuera de las zonas de transmisión probable. Es decir, vacunar en regiones donde el vector no puede sobrevivir no solo es innecesario, sino que desvía recursos de las áreas donde verdaderamente se necesita.
Expertos alertan sobre la propagación del miedo
Moisés Wasserman (@mwassermannl), exrector de la Universidad Nacional, explicó: “Hay dos insectos que la transmiten; el Aedes es urbano pero muy mal transmisor. Llevamos siglos sin epidemia urbana. Eso puede cambiar por adaptación, pero no de forma súbita”. Agregó que el Haemagogus, vector selvático, “no va a pasear por Bogotá”, e insistió en que el control debe ser estratégico. “No salir a cazar patos con bazuca. Mucha vacunación en los lugares donde sucede la infección, no en Manizales ni en Bogotá”, dijo.
En la misma línea, el doctor Camilo Prieto (@CamiloPrietoVal), médico y ambientalista, recordó que Bogotá no se encuentra dentro de las zonas endémicas de fiebre amarilla y que los casos identificados en la ciudad corresponden a infecciones importadas, sin evidencia de transmisión autóctona. “Aunque se han vacunado muchos residentes por razones preventivas, especialmente viajeros a regiones de riesgo, no existe evidencia científica que sustente la presencia estable de Aedes aegypti a la altitud de Bogotá”, afirmó. Por ello, concluye que no se justifica una alarma epidemiológica por riesgo de transmisión secundaria en la capital., dijo.
Postura política y recursos mal dirigidos
Las declaraciones del mandatario también provocaron reacciones políticas. El exsenador Jorge Enrique Robledo (@JERobledo) calificó la decisión como «irresponsable» y «politiquera», señalando que se malgastarán recursos públicos en una medida sin fundamento técnico. “Otra vez Petro abusando de la impunidad legal de la que goza”, escribió.
Desde el Tolima, el médico Wilson Cediel Marin (@cedielmarin) afirmó: «La afirmación de Petro de que toda la población debe vacunarse en dos meses es tan irresponsable como imposible de llevar a cabo. No es comparable con la pandemia de covid-19. La vacunación contra la fiebre amarilla debe enfocarse en las zonas de brote y personas en mayor riesgo». Cediel pidió al Ministerio de Salud dirigir los recursos a fortalecer la red hospitalaria pública en regiones selváticas como el Tolima.
Falta de planificación y recursos
El exministro de Salud, Fernando Ruiz, también criticó la iniciativa. Calificó la vacunación masiva como una «afrenta a la población» y aseguró que no hay una justificación técnica para declarar emergencia sanitaria y económica. Ruiz alertó sobre la insuficiencia de vacunas en el país: “Colombia no cuenta con reservas suficientes para vacunar a 50 millones de personas en dos meses”.
Julián Fernández Niño, exsubsecretario de Salud Pública de Bogotá, aclaró que en la capital la vacunación se dirige a viajeros por motivos preventivos, no por transmisión local. Según él, “la altitud de Bogotá impide la presencia estable del vector” y por tanto, no existe riesgo epidemiológico real en esa zona.
¿Qué implica declarar una emergencia sanitaria?
Una declaratoria de emergencia como la que hizo Petro permite al Gobierno emitir decretos con fuerza de ley sin necesidad de pasar por el Congreso. Según la Constitución y la jurisprudencia de la Corte Constitucional, este tipo de medidas se justifica solo en casos excepcionales, cuando hay una amenaza grave e inminente para la salud pública o la economía del país.
Los críticos señalan que no hay evidencia suficiente de que el brote actual de fiebre amarilla cumpla estos criterios. Los casos registrados se concentran en zonas selváticas del sur del país y no hay indicios de una propagación nacional que justifique esta medida extraordinaria.
Además, algunos analistas y voces críticas han señalado que la declaratoria podría permitir al Ejecutivo ejecutar recursos sin el debido control legislativo. José Manuel Restrepo, exministro de Hacienda, calificó la medida como «carente de rigor técnico», y el abogado Camilo Cuervo advirtió que, aunque el Presidente puede declarar emergencias, «la Corte Constitucional tiene la última palabra» sobre su validez. Estas opiniones reflejan la preocupación sobre el uso de mecanismos extraordinarios para gobernar por decreto en ausencia de una justificación plenamente sustentada.
Debilitamiento institucional y falta de liderazgo
Gerson Bermont, exdirector de Promoción y Prevención del Ministerio de Salud, criticó el desmonte de capacidades del Instituto Nacional de Salud: “Esto no se combate con decretos económicos, sino con ciencia, equipos de campo y vigilancia epidemiológica”.
El doctor Bernardo Useche (@BernardoUseche) ya había advertido en marzo de 2024 sobre el aumento de enfermedades transmitidas por vectores como el dengue hemorrágico en ciudades como Cali y Bucaramanga. “El país necesita programas estructurales y sostenibles, no medidas reactivas y desordenadas”, dijo.
Una estrategia sin foco
Por ahora, el Gobierno insiste en la vacunación masiva y en el despliegue de todas las fuerzas institucionales, incluyendo al Ejército y el magisterio. Petro reiteró que «la prevención es fundamental» y que “todo consiste en ganarle en velocidad al mosquito”. Pero la desconfianza crece. Expertos, funcionarios y sectores políticos ven en esta declaratoria un uso excesivo del poder ejecutivo, sin respaldo científico ni logístico.
En un país con enormes brechas en infraestructura sanitaria, y donde los recursos para la atención en salud son escasos, la salud pública no puede depender de improvisaciones ni discursos televisados. Requiere planeación, evidencia y trabajo territorial. Como advirtió Wasserman, «prohibir movimientos y pedir certificados obligatorios de vacunación muestra que no se entiende el problema. Tenemos expertos. Lo sabio sería dejarlo en sus manos.»
