La Mojana es una subregión del Caribe colombiano que comprende cuatro departamentos (Antioquia, Bolívar, Córdoba y Sucre), y once municipios (Nechí, Achí, Magangué, San Jacinto del Cauca, Ayapel, Caimito, Guaranda, Majagual, San Marcos, San Benito Abad y Sucre-Sucre). Territorialmente consta de 1.200.000 hectáreas, la mitad de las cuales son aptas para la producción agropecuaria. En La Mojana se produce un gran porcentaje del arroz que se consume en nuestro país, berenjena, maíz, sandía, melón, ganadería de carne y leche, productos indispensables para la seguridad y soberanía alimentaria de Colombia.
Desde el 27 de agosto de 2021, cuando el río Cauca rompió por el sitio denominado Caregato (ubicado en la vereda Bermúdez, municipio de San Jacinto del Cauca, departamento de Bolívar), los pobladores de esta subregión soportan una grave crisis económica, sanitaria, social y humanitaria producto de las inundaciones causadas en 300 mil de sus hectáreas, afectando a 145 mil familias. Además, los productores agropecuarios afectados vienen cargando unas deudas con el Banco Agrario que superan los 263.000 millones de pesos, sin sumar las deudas con otros bancos, los agrocomercios y otros tipos de crédito.
Luego de un cierre transitorio del boquete Caregato, el pasado 4 de mayo las aguas del río Cauca ingresaron nuevamente a La Mojana al rebasar el dique que había sido construido en la primera de cuatro fases de un proyecto contratado por la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo de Desastre, UNGRD. En esta ocasión las afectaciones sumaron 35.000 familias y 125.000 damnificados, aportando el 54% de ellos al censo nacional.
Quienes siguen de cerca esta crisis han observado en los mojaneros su capacidad de unión, de organización y de lucha. El 25 de enero de 2023 se tomaron de forma pacífica y democrática la vía que interconecta al interior del país con la costa Caribe, a la altura del puente sobre el río San Jorge, en el municipio de La Apartada, departamento de Córdoba. Durante siete días denunciaron ante la opinión pública su crisis y le exigieron al “gobierno del cambio” obras y programas que mitigaran, en el corto plazo, y que solucionaran definitivamente, en el mediano y largo plazo, dicha situación.
El gobierno de Gustavo Petro y los manifestantes llegaron a un acuerdo transitorio sobre obras y programas y se levantó el bloqueo de forma organizada y controlada. El 7 de agosto de este año, 19 meses después, ante las falacias e intransigencias del gobierno, los mojaneros de nuevo salieron a las vías en el mismo sitio, y durante varias horas interrumpieron el transporte de carga y de pasajeros, hasta que el gobierno departamental hizo presencia y alcanzó acuerdos con los manifestantes, normalizando la circulación por dicha vía.
Reflexionar sobre el desarrollo de estos dos paros mojaneros exige comprender las condiciones difíciles en medio de las cuales las sacaron adelante: la adversidad del clima, las distancias del traslado entre departamentos, las necesidades alimentarias y de permanencia diurna y nocturna de los manifestantes, venciendo las incomprensiones de los pobladores y comerciantes de la zona, logrando su solidaridad y apoyo, manteniendo un diálogo constante y transparente con las autoridades administrativas, civiles y militares.
Con la dirección correcta de sus líderes, ambas protestas lograron mantenerse de forma organizada, con un carácter pacífico y democrático. Y en las mismas condiciones fueron levantadas. Cabe anotar que los asistió la fuerza de los argumentos. Las dos movilizaciones aprobadas por la comunidad fueron el producto de la actitud indolente e irresponsable del gobierno de Gustavo Petro que no atinó en sus respuestas a los clamores de los mojaneros.
A la fecha no se escuchan respuestas para las peticiones justas y dignas de los mojaneros: obras de infraestructura para el cierre definitivo del boquete Caregato y complementarias para la atención de los puntos críticos, para la intervención y mantenimiento de las vías secundarias y terciarias, ni la implementación de programas para el alivio de las deudas agropecuarias y la reactivación económica de los productores agropecuarios (Fondo de Solidaridad Agropecuaria, FONSA especial La Mojana), ni la entrega de ayudas humanitarias a las comunidades que aún permanecen inundadas. Todas conocidas por el gobierno nacional a través de cartas, asambleas populares, Puestos de Mando Unificado, PMU, mesas técnicas y hasta audiencias públicas en el Congreso de la República.
Se escuchan decididas voces proponiendo nuevas protestas y movilizaciones. Si el gobierno de Gustavo Petro no atiende de manera pronta y efectiva con obras y programas estructurales esta crisis, podrían sobrevenir estallidos sociales y de orden público en los municipios ya afectados por las inundaciones. Sin duda, la capacidad de unión, de organización y de lucha de los mojaneros serán piezas claves para la solución de esta problemática. Su dignidad y resistencia están demostradas.