El Gobierno impone nuevas retenciones sin pasar por el Congreso
El Ministerio de Hacienda expidió el Decreto 0572 el 28 de mayo de 2025, que aumenta las tarifas de retención y autorretención en la fuente a partir del 1 de junio. Esto quiere decir que muchas personas naturales, empresas, cooperativas, clínicas y hospitales tendrán que adelantar una parte del impuesto de renta que pagarían en 2026.
El Gobierno argumenta que no es un nuevo impuesto, sino un mecanismo para que el recaudo ocurra en el mismo año en que se genera el ingreso. Sin embargo, varios sectores lo califican como una reforma tributaria hecha por decreto, que afecta el flujo de caja, la contratación, la producción de alimentos y la operación de hospitales y clínicas.
Golpe directo al campo colombiano
Dignidad Agropecuaria Colombiana calificó el Decreto 0572 como un «garrotazo tributario» al agro. La organización explicó que el gobierno aumentó las tarifas de retención y autorretención y, al mismo tiempo, bajó las bases mínimas desde las cuales se cobra. Esto significa que más campesinos deben pagar anticipadamente el impuesto de renta, incluso sin estar obligados a declarar.
Por ejemplo, antes una compra general estaba sujeta a retención si superaba los $1,34 millones. Ahora basta con una venta de $498.000 para que se cobre. En el caso del café pergamino y en cereza, antes se retenía desde $7,9 millones. Ahora, desde $3,48 millones, duplicando el número de caficultores afectados, sin cambiar la tarifa del 0,5 %.
Esto no solo disminuye los ingresos del productor. También crea un desbalance en el mercado: las cooperativas deben retener y cumplir la norma, mientras que compradores privados, informales o de ocasión no lo hacen. Según Dignidad Agropecuaria, eso deja a las cooperativas en clara desventaja y debilita las estructuras organizadas del campo.
El decreto también afecta a quienes venden leche, maíz, frutas, hortalizas o cualquier producto en pequeña escala. Estos productores ahora quedan obligados a cumplir con trámites tributarios para recuperar lo retenido: inscribirse en el RUT, declarar renta y contratar contadores. Muchos no tienen cómo asumir ese costo ni entienden el proceso.
“La mayoría del campesinado ni factura ni está formalizado. Ahora los quieren obligar a pagar como si fueran empresas grandes. Es una decisión injusta y desconectada del campo colombiano”, dijo Óscar Gutiérrez y añadió “a los campesinos los están castigando por vender su cosecha”.
Clínicas y hospitales sin margen para pagar
El sector salud también quedó atrapado. El decreto sube de 1,1 % a 3,5 % la autorretención en actividades como hospitalización, servicios diagnósticos y terapéuticos, y atención a pacientes con trastornos mentales. Instituciones públicas y privadas deberán pagar más al Estado, aunque no estén recibiendo sus ingresos completos.
La Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas (ACHC) alertó sobre el impacto de esta medida sobre la ya grave situación de iliquidez de las IPS. La cartera por cobrar supera los 20 billones de pesos. Esto pone en riesgo la compra de insumos, el pago de personal y la atención a los pacientes.
En carta enviada al ministro Guillermo Alfonso Jaramillo, la ACHC pidió excluir a clínicas y hospitales de este esquema de anticipos. También propuso aplicar medidas para mitigar la crisis, como ampliar el giro directo, capitalizar EPS intervenidas y mejorar el sistema de reclamaciones del SOAT.
Bernardo Useche, director de Salud de Cedetrabajo, afirmó que, “el aumento en las tarifas de retención en la fuente, ordenado por el Decreto 0572, terminará por afectar no solo a los prestadores, sino también a los demás actores del sistema de salud, en especial a los pacientes y usuarios.”
Empresas: menos caja, menos empleo
El nuevo esquema de retención afecta directamente el flujo de caja de las empresas. Ahora deben adelantar pagos sobre ingresos que aún no han recibido. Esto limita su capacidad para invertir, contratar o mantener su operación al día.
La presidenta de AmCham Colombia, María Claudia Lacouture, advirtió que el decreto le quita liquidez a las empresas sin explicar en qué se gastará el dinero adicional. “Es pan para hoy y hambre para mañana”, dijo. “Sin caja no hay empresa. Sin empresa no hay empleo. Y sin empleo, no hay país”.
Según Miguel Ángel Rodríguez, director de investigaciones de Cedetrabajo, la medida afecta especialmente a las microempresas, que representan el 93 % del tejido empresarial del país. Muchas no podrán sostenerse si deben pagar impuestos por adelantado, lo que podría llevar a cierres o despidos.
Los alimentos podrían subir de precio
La medida también afectará los precios de la canasta básica. Si el supermercado debe pagar más impuestos anticipados por la compra de alimentos o transporte de carga, ese sobrecosto lo traslada al precio final.
En abril de 2025, la inflación anual fue de 5,16 %. Los alimentos y bebidas no alcohólicas fueron los que más subieron. Con el nuevo decreto se espera un nuevo repunte en los precios, lo que afecta sobre todo a los hogares de menores ingresos.
El apuro fiscal y la presión del FMI
El Gobierno justificó el Decreto 0572 como una estrategia para suavizar el recaudo y reducir la evasión. Pero la verdadera razón parece ser otra: la urgencia por conseguir recursos. En 2024, el déficit fiscal alcanzó el 6,7 % del PIB. El Fondo Monetario Internacional advirtió que, si no se cumplen las metas fiscales, Colombia perdería el acceso a la Línea de Crédito Flexible.
En lugar de hacer una reforma tributaria abierta, el Ejecutivo optó por imponer estos cambios a través de un decreto. Esto genera inseguridad jurídica, porque un decreto puede ser tumbado más fácilmente en los tribunales.
La DIAN espera recaudar con esta medida unos 7,3 billones de pesos. Fedesarrollo calcula que podrían ser hasta 13,9 billones. Pero se trata de ingresos que el país dejaría de recibir en 2026. Es una salida temporal, que no soluciona el problema estructural del déficit.
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Demandas y advertencias legales
Varias voces políticas ya anunciaron que demandarán el Decreto 0572 ante el Consejo de Estado. Denuncian que se trata de una reforma tributaria inconstitucional, hecha por decreto sin participación del Congreso.
El exdirector de la DIAN, Lisandro Junco, también criticó la medida. Dijo que es irresponsable y podría provocar ceses de pago masivos en las empresas. Para él, el decreto vulnera los principios de legalidad tributaria y equidad.
¿Quién paga realmente esta decisión?
Con el Decreto 0572 de 2025, el Gobierno intenta mejorar su flujo de caja, pero traslada la carga a sectores que ya están ahogados: campesinos, pequeñas empresas, hospitales. Quienes deberían ser protegidos, terminan sacrificados.
Lo grave es que esta medida no resuelve el problema fiscal de fondo. Solo adelanta ingresos. En 2026 habrá menos plata. Y si el decreto se cae por vía judicial, el hueco fiscal será más grande.
El agro, la salud y el empleo formal son pilares que deberían fortalecerse, no debilitarse. Este decreto hace lo contrario.
