Al Fomag se lo están robando, como lo reconoció el mismo presidente Petro. Lo sorprendente es que, si se revisan los hechos, la causa principal del saqueo es el cambio de modelo de contratación de los servicios médicos asistenciales de los educadores, pensionados y beneficiarios, a partir del 1º de mayo de 2024, por decisión del actual gobierno. El cambio envileció los servicios y provocó un monumental déficit de 3,2 billones de pesos al 31 de diciembre de 2025.

Antes se hacía licitación o invitación pública para seleccionar por concurso de méritos a diez oferentes, que prestaban los servicios por regiones, con pliego de condiciones o términos de referencia que resumían las necesidades en salud de los educadores y que permitían a directivos de Fecode y sindicatos regionales hacer el seguimiento a las obligaciones específicas pactadas. El servicio se prestaba con dificultades por la falta de oportunidad y calidad, pero ahora estamos peor con el nuevo modelo. El cambio no fue para mejorar, sino para empeorar.

Ahora no hay licitación ni invitación pública, sino que se contrató a dedo a más de tres mil operadores, sin términos de referencia y sin detallar las obligaciones de los contratistas. Muchas veces operan con una simple carta de intención, sin siquiera existir un contrato.

Pasar de diez a más de tres mil contratistas también implica sobrecostos, porque del aprovechamiento de las economías de escala con ocho operadores, con los que se contrataba por paquetes de servicios, se pasó a tres mil, que cobran al detal por cada evento. Los costos administrativos que eran asumidos por los ocho contratistas encargados de garantizar la operación se han disparado, porque el Fomag ha tenido que cargar con una burocracia de más de 1.500 personas, convertida en botín político.

Ni hablar del debilitamiento de la auditoría a los prestadores, porque si antes existían debilidades con pocos, la vigilancia por miles resulta imposible. Se trata de una anarquía que facilita la pérdida de recursos.

Una anarquía manifiestamente ilegal, pues desconoce que el Fomag es una entidad pública y que sus recursos de salud son igualmente públicos. El Fomag está obligado a aplicar el Estatuto General de Contratación Estatal de la Ley 80/93, hacer licitación pública y aplicar las cláusulas exorbitantes a favor del Estado para garantizar el cumplimiento de los contratistas, obligación que ilegalmente se había venido flexibilizando en gobiernos anteriores con invitación pública y con la aplicación exclusiva del derecho privado en el contenido de los contratos.

Aparte de ilegal, la actual anarquía entraña un manejo irresponsable y deshonesto de los recursos que raya en la criminalidad, porque cada robo que se le hace al Fomag pone en riesgo la vida de miles de usuarios y ha derivado incluso en muertes prematuras, por patologías curables o controlables.

Presidente Petro, basta ya de ignominias. El magisterio y en especial los pensionados le exigimos respetar la ley y contratar los servicios de salud con pliego de condiciones y por licitación pública que garanticen la selección objetiva, con derecho público, por regiones, con pocos operadores, con fuertes controles de auditoría, con absoluta transparencia y eliminando la frondosa burocracia creada por su gobierno. ¡No más corrupción! ¡Ni más burlas al magisterio!