El presupuesto 2026 reduce recursos para la Rama Judicial
El presupuesto 2026 asignado a la Rama Judicial es insuficiente y amenaza con profundizar la crisis estructural de la administración de justicia en Colombia. La reducción de recursos desconoce compromisos adquiridos, como la inclusión de la bonificación como factor salarial para más de 30 mil servidores, y perpetúa un déficit que impacta directamente en el acceso a la justicia. Mientras el Gobierno destina partidas para ampliar la planta de contratistas en entidades bajo su influencia, la Rama Judicial, con una planta de 36.810 servidores, que cargan sobre sus hombros un volumen excesivo de procesos, sigue siendo relegada en las decisiones trascendentales del país. Una financiación adecuada garantiza la independencia de la Rama Judicial y la calidad del servicio, mientras que una financiación deficitaria no solo limita la capacidad operativa del sistema, sino que deteriora las condiciones laborales de quienes lo sostienen y, en consecuencia, vulnera el derecho ciudadano a una justicia pronta y eficaz.
La bonificación judicial, una conquista burlada por todos los gobiernos, incluido el de Petro.
Fue necesario un prolongado cese de labores en el año 2012 para que el gobierno nacional accediera a la nivelación de la remuneración de los servidores de la Rama Judicial y de la Fiscalía, lo que se hizo mediante el reconocimiento de una bonificación. Prestación que debía ser parte integrante del salario, pero que todas las administraciones han pagado desconociendo esta condición. Recordemos que el Gobierno firmó el Acuerdo Colectivo 2023-2024, en el cual se habilitó una mesa técnica con el fin de dejar establecido que la bonificación constituye un factor salarial y que, por tal razón, se haría efectiva a partir del 2025, promesa que ha incumplido el presidente. Pero eso no es todo: con miras a la discusión del Presupuesto General de la Nación para el 2026, el Consejo Superior de la Judicatura hizo una propuesta de presupuesto por la suma de $16.015.270 millones, pero el proyecto de presupuesto radicado por el Gobierno Nacional para esa vigencia contempla un valor de $11.622.218 millones.
Promesas vacías y más incumplimiento
El gobierno del presidente Gustavo Petro se ha caracterizado por ser uno de los que más promesas ha incumplido, y la Rama Judicial ha sido objeto de estas imposturas: en el presupuesto presentado por el Gobierno se excluyen las previsiones para atender necesidades del sector justicia. Por ejemplo, la creación de 7.381 cargos permanentes y un plan de descongestión para garantizar la demanda de justicia pronta y oportuna, con un presupuesto de 724.286 millones para la creación de nuevos cargos y 240.707 millones en descongestión de los despachos judiciales. Ajustes que contribuirían a mitigar la pesada carga laboral de jueces y empleados.
Para el pago de la bonificación judicial como factor salarial se requieren $774.221 millones, de los cuales se cuenta con $224.752 millones. Cabe señalar: se necesita un presupuesto adicional de $549.469 millones para cubrir el total de los servidores judiciales. Esto no es solo una promesa incumplida, sino también un golpe directo al bolsillo de más de 30 mil familias colombianas.
La organización como respuesta
Las promesas del gobierno están lejos de cumplirse. No hay voluntad para materializarlas, por lo que la única salida que tienen los trabajadores judiciales es la organización, como una manera de orientar esfuerzos para la conquista de los derechos que no han sido reconocidos por simple voluntad política. Tal es el panorama, que para el mes de septiembre sigue sin realizarse el pago retroactivo de la bonificación judicial, una muestra de la nula voluntad del Gobierno en atender a los servidores del sector justicia.
Es cierto que las finanzas del país son deficitarias, pero esto no puede servir de excusa para restar presupuesto a sectores que no están alineados con las posiciones del Gobierno. Porque mientras a la Rama le niegan un presupuesto imprescindible para su normal funcionamiento, la contratación por OPS (órdenes de prestación de servicios) realizada por el Gobierno sumó 3,2 billones de pesos en 2024, y cerca de 8 billones desde su posesión. Cabe concluir que con lo gastado en OPS desde la posesión del Gobierno se podría financiar más de 10 veces la bonificación como factor salarial.
Es necesario que se garanticen los recursos de la Rama Judicial y que no queden sometidos a los intereses del círculo del Gobierno de turno, que al final terminaría transformándose en una manera de socavar a una de las ramas del poder público.
Exigir el cumplimiento de las promesas es solo una manera de garantizar a todos los trabajadores judiciales una mejoría en su calidad de vida y la de sus familias, exigencia que se viene gestando desde hace muchos años. El camino, entonces, es la organización. La participación de todas y todos los funcionarios de la Rama Judicial alrededor de puntos tan vitales como la independencia de este órgano del Estado, la actualización tecnológica, la bonificación, la creación de nuevos cargos. Así es como la historia del país, y del mundo, ha demostrado que se obtienen nuevos derechos. Y así es como se tendrá que hacer.
