A más de siete meses de su segundo periodo presidencial, la democracia en Estados Unidos está amenazada. La administración Trump enfrenta una tendencia creciente y cada vez más organizada de resistencia civil a sus políticas autocráticas. Las organizaciones que defienden los derechos de los inmigrantes, alcaldes, gobernadores y congresistas responden a las pretensiones del jefe del Ejecutivo de pasar por encima de autoridades locales, regionales y federales para imponer sus caprichos, así sea violando la Constitución nacional. 

Política de deportaciones a rajatabla 

La calificación generalizada como criminales, traficantes de drogas y violadores a quienes se encuentran en el país sin documentación legal está siendo usada como excusa para aplicar métodos violentos, abusivos, violatorios de los derechos humanos contra quienes cometieron el pecado de entrar al país de manera irregular, a pesar de que se encuentren trabajando y no tener ningún cargo judicial.

Escuadrones de hombres con las caras cubiertas, fuertemente armados y sin identificación retienen con violencia a indocumentados en sus lugares de trabajo, en las casas o en las calles después de hacerles seguimiento; se paran al frente de escuelas y guarderías para retener madres que llegan por sus hijos pequeños sin darles la oportunidad de despedirse, dejándolos totalmente desprotegidos; se recluye a los detenidos en instalaciones que incumplen con las mínimas normas de dignidad y respeto humano, como la tristemente célebre ‘Alcatraz de los lagartos’, alejadas de centros urbanos donde no pueden ser visitados por familiares, se les dificulta la labor a los abogados y se les impide el acceso a congresistas quienes, a pesar de sus derechos, no podían entrar a inspeccionar.

En los primeros 100 días de su regreso a la Casa Blanca, Trump ha emitido 181 órdenes ejecutivas relacionadas con inmigración, apuntando a disminuir la llegada de nuevos inmigrantes y a aumentar las deportaciones. Según el centro de investigación PEW, para junio de este año la población de personas nacidas fuera de los Estados Unidos se ha reducido en más de un millón, haciendo de esta la primera reducción desde los 60, dejando en 51.9 millones de inmigrantes viviendo en el país. Dice el Centro que el porcentaje de inmigrantes vinculados a la fuerza laboral ha bajado de un 20 % a principios del año a un 19 % en junio, representando la salida de 750.000 trabajadores inmigrantes. Un reciente artículo del periódico Tampa Bay de Florida reporta que el número de estudiantes que se matricularon en las escuelas públicas se ha reducido mucho más de lo que se estaba esperando. Se estima que en todo el estado esta cifra llega a 41.000 estudiantes y que la principal causa es la situación migratoria.

Las últimas redadas no apuntan a jornaleros agrarios ni a los puntos de reunión de personas indocumentadas buscando trabajo, sino que ahora se realizan en fábricas, como sucedió en la fábrica de baterías eléctricas de la Hyundai en Georgia, donde detuvieron a 475 trabajadores, la mayoría de ellos de origen coreano.

Tal vez lo más controvertido ha sido el del ejército para forzar a gobiernos locales y estatales a cumplir con la política de deportaciones. El desplazamiento de la Guardia Nacional (el equivalente al ejército nacional) en Los Ángeles, argumentando que el gobernador de California y la alcaldesa de Los Ángeles son incompetentes, despertó la indignación de la población en una ciudad donde el 47 % de la población es latina y que tiene tolerancia con las personas sin documentación legal. Las protestas no se hicieron esperar y los enfrentamientos fueron ganando fuerza. Esta llama de indignación se regó por el país y en muchas otras ciudades miles de manifestantes salieron a rechazar las deportaciones arbitrarias y el uso de la Guardia Nacional, calificándolo como violatorio de la Constitución, de politizar la fuerza pública y de ser una provocación.

La militarización del país 

Trump, que amenazaba con enviar la Guardia Nacional a ciudades que no cumplan con la orden de colaborar con la policía migratoria (ICE por sus siglas en inglés), amenaza con la militarización de ciudades con problemas de seguridad y altos índices de criminalidad. Una vez dicho lo anterior, el 12 de agosto, la capital de la República, Washington D.C., fue militarizada y Trump tomó control de la policía local. “Estoy enviando la Guardia Nacional para que ayude a restablecer la ley, el orden y la seguridad pública en D.C., y se les va a permitir que hagan su trabajo de manera apropiada”, dijo el presidente. Otras fuerzas de seguridad local se unieron al llamado del presidente. 

El alcalde de Washington D.C. responde diciendo que el presidente intenta fabricar una crisis politizando al ejército, que continúa abusando de su poder y que está distrayendo para que no se sienta el dolor que le está causando a las familias trabajadoras. 

El 13 de agosto la Fiscal General envió una carta similar a 32 ciudades de los Estados Unidos exigiéndoles que cumplan con la política de represión de la inmigración del presidente Trump. La alcaldesa de Boston, Michelle Wu, no tardó en responder diciendo que Trump está comprometido con “ataques continuos y mentirosos contra ciudades estadounidenses y contra millones de ‘nuestros’ residentes que buscan dividir, asustar e intimidar a nuestros ciudadanos y hacer que los norteamericanos se teman el uno al otro”.

Frente a la amenaza de que Trump ordenaría la militarización de la estación de trenes y buses South Station de Boston, la gobernadora de Massachusetts dijo: “Esto no es más que teatro político, para tomar ventaja y controlar por parte de Donald Trump. Nosotros no necesitamos ni queremos su interferencia aquí, no dejaremos que la persona que se declaró en bancarrota seis veces controle nuestras estaciones de tren”. 

La alcaldesa de Oakland, California, Barbara Lee, dijo que “Trump está alarmando sobre mi ciudad a pesar de que la tasa de criminalidad está bajando. Él está alarmando e intenta distraer de las dificultades que está atravesando”. 

Después de que una corte federal de California sentenció contra el uso de la Guardia Nacional en Los Ángeles, el presidente Trump reafirmó el uso de la Guardia Nacional en Washington D.C. y dijo que muy pronto estaría enviando tropas a Chicago. “Estoy muy orgulloso de Washington. Sirve como modelo”. Después de anunciar el cambio de nombre al Ministerio de Defensa por el de Ministerio de Guerra, el presidente envió un mensaje por su cuenta Social Trust para decir: “Me encanta el olor de las deportaciones en las mañanas. Chicago sabrá por qué le llamaremos Ministerio de Guerra”.

A lo dicho por el presidente, J.B. Pritzker, gobernador de Illinois, dijo: “El presidente de los Estados Unidos amenaza con declarar la guerra a una ciudad estadounidense. No es broma. No es normal. Donald Trump no es un hombre fuerte, es un hombre temeroso”.

Trump: ¿aspirante a dictador? 

El ambiente social y político de los Estados Unidos está bastante enrarecido. El estilo del presidente y de su equipo ejecutivo declara la guerra contra el sistema electoral, contra la inmigración, contra la democracia, contra la historia, contra las cortes, la Constitución y contra cualquiera que se atreva a criticarlos. El despliegue de tropas para acosar y aterrorizar comunidades es un abuso de poder que pone en riesgo la libertad y los derechos de todos los habitantes de los Estados Unidos, particularmente a inmigrantes, personas sin vivienda y gente de color, para silenciar disidentes. 

Las acciones de resistencia civil surgen a lo largo y ancho del país. En Washington D.C., miles de habitantes marcharon demandando “Todos somos D.C.” y “Termine la ocupación”. Ciudades en California usan la vía legal para demandar las medidas del presidente. En Boston, el Día del Trabajo, cientos de trabajadores y residentes manifestaban su apoyo a la alcaldesa Wu. En Chicago, el gobernador Pritzker, después de afirmar que esto no es un juego, declaró:
“Illinois no será intimidada por un aspirante a dictador”.