El sábado 28 de febrero, Estados Unidos e Israel lanzaron un ataque contra la República Islámica de Irán, asesinando al líder supremo, el ayatolá Ali Jamenéi, a miembros de su familia, a 168 niñas de una escuela y a algunos altos mandos militares. La reacción iraní no se hizo esperar y casi inmediatamente, una lluvia de drones y misiles cayó sobre puntos militares sensibles en Israel y sobre las bases militares de Estados Unidos en Qatar, Emiratos Árabes Unidos y otros países aliados del Golfo Pérsico. 

Una mayoría de norteamericanos rechazaron el ataque y criticaron al presidente Trump, quien había prometido que en su gobierno no habría guerras.” Una guerra se sabe cuándo comienza, aclaró un periodista, pero no puede predecirse cuándo ni cómo va a terminar”.

Los sofismas del presidente

Con la mediación de Omán, los equipos negociadores de Estados Unidos e Irán habían cumplido numerosas reuniones intentando llegar a una solución diplomática. El viernes 27 de febrero, una declaración conjunta informaba del progreso de las negociaciones agregando que se había fijado fecha para una próxima reunión con el propósito de firmar el acuerdo. Fue en ese contexto cuando se produjo el alevoso ataque. 

La administración Trump, que persistentemente expresaba su interés en dar prioridad a una salida diplomática antes que, a una medida de fuerza, fue girando a un discurso más amenazante y cambiando los argumentos para justificar su posición. Inicialmente pretextó que Irán se encontraba a horas de desarrollar armas nucleares, una explicación que el primer ministro de Israel ha estado usado por 30 años. Alegó también que el gobierno teocrático de Irán es una amenaza directa para Estados Unidos y para el mundo, que Irán apoya el terrorismo internacional, que es un gobierno que asesina a sus ciudadanos y, por último, que estaba fabricando misiles balísticos que podían alcanzar incluso a Europa. 

Paralelamente, las exigencias a Irán se iban endureciendo. En un principio, Trump aceptó que Irán mantuviera el programa de enriquecimiento de uranio en un 60% a cambio de que aceptara aumentar las supervisiones de la Agencia Internacional de Energía Atómica, AIEA. Trump le ofreció en tal caso suavizar las sanciones impuestas desde años anteriores. En otra instancia posterior, Estados Unidos exigió desmantelar por completo el programa nuclear y entregar todo el uranio enriquecido a un tercer país. Trump, qué en un principio no mostraba interés en traer a la mesa de negociación el programa de desarrollo de misiles balísticos de Irán, terminó convirtiendo esta última exigencia como la fundamental. Aun así, los iraníes le aceptaron todos los puntos menos el relacionado con los misiles balísticos.

La popularidad de Trump en caída libre

El ataque a Irán sucede en un momento en el que la favorabilidad del presidente está en un nivel muy bajo. Una encuesta realizada a finales de 2025 por el centro de investigaciones PEW mostró que siete de cada diez habitantes creen que Trump trata de ejercer el autoritarismo más que otros presidentes; 66% cree que usa el cargo para castigar a quienes dicen cosas que a él no le gustan; 61% piensa que usa el cargo para enriquecerse él mismo, a su familia y a sus amigos; 62% opina que usa el cargo para ordenar investigaciones sobre sus opositores políticos y un 53% piensa que está exagerando cuando arremete a viva fuerza contra los inmigrantes.

La forma tan arbitraria como está aplicando algunas políticas le están pasando la cuenta de cobro: La respuesta ciudadana a la indiscriminada y brutal intervención de los agentes de migración del ICE y de la patrulla fronteriza CBP, ha hecho que porciones importantes de votantes latinos, de población negra y de blancos desilusionados manifiesten su descontento con el presidente y con el movimiento MAGA; la orden impartida por el presidente para que en los estados donde hay gobernadores republicanos se rediseñen los  mapas de los distritos electorales para impedir que demócratas ganen asientos en la Cámara de Representantes y así mantener la mayoría; la confrontación con jueces federales distritales; los bombardeos a botes en aguas del Atlántico y del Pacífico donde se asesina a personas que no representan ningún peligro,  considerados como asesinatos sin fórmula de juicio, procedimiento prohibido por la Carta de las Naciones Unidas y, en fin, el bombardeo a Irán en junio durante la guerra de los 12 días, han ido aumentando el descontento ciudadano contra el presidente republicano.

Los norteamericanos rechazan la guerra

 La caída en las encuestas es contundente. Mientras que, en junio de 2025, durante la guerra de los 12 días, el 36% de la población apoyó la intervención, en marzo de 2026 tan solo el 27% aprueba el nuevo ataque. La cantidad de norteamericanos que repudian el ataque a Irán es del 73%. Aun dentro del Partido del presidente, tan solo un 55% está de acuerdo, mientras que un 45% se ha pronunciado en contra. El 93% del Partido Demócrata rechaza la agresión.

Marchas contra la guerra se adelantan en las mismas ciudades donde se marchaba contra la brutalidad de ICE/CBP. Oficiales veteranos del ejército alzan su voz para advertir sobre la ilegalidad de la decisión. El Partido Demócrata ha denunciado su inconstitucionalidad, mientras que incluso en el partido Republicano se han levantado voces que acusan a Trump de someterse a los intereses de Israel antes que a las preocupaciones de los estadounidenses.

En momentos en que el déficit fiscal de Estados Unidos alcanza cifras incalculables, en que el gobierno pretende recortar el presupuesto a programas de asistencia social, seguridad médica, ayuda de alimentos y programas de vivienda a los más necesitados, la inquietud aumenta por el costo que la intervención militar tendrá para los contribuyentes. Se estima que solamente los dos primeros días de la guerra costaron unos 6 mil millones de dólares. Mientras se espera el avalúo de los daños causados por los drones y misiles iraníes en las bases militares de Estados Unidos en los países del Golfo. A manera de ilustración, un solo radar destruido por los misiles iraníes vale mil cien millones de dólares.

El segundo gobierno del presidente Trump está en una situación sin salida. Una guerra costosa, inconstitucional, no provocada, es una estocada a su intención de mantener el control del Congreso en las elecciones de noviembre. El haber iniciado la guerra sin permiso del Congreso pone al Trump ante el riesgo de que se inicie un juicio para destituirlo. Aunque el presidente y su belicoso secretario de guerra, Pete Hegseth aseguran que están acabando con Irán, la realidad es que no calcularon la inesperada y contundente respuesta del gobierno de los ayatolás y se encuentran ante   la encrucijada de no saber cómo salirse de esta gravísima situación sin tener que reconocer una derrota. 

La soberbia del presidente Trump incide en acelerar un ajuste de la geopolítica mundial donde el otrora país más poderoso del mundo quizá lleve las de perder.

Amanecerá y veremos.

El 18 de octubre, en más de 2.700 ciudades de Estados Unidos, más de siete millones de norteamericanos marcharon por las calles, de manera pacífica y civilizada, protestando contra las políticas antipopulares del presidente Trump. Las marchas se unificaron bajo la consigna “No Kings Day” (Dia sin Reyes) y transcurrieron sin actos de violencia. Un cúmulo de razones causan indignación y motivan a las gentes a salir a las calles y mostrar su descontento.

¿Por qué protestan los norteamericanos?

Lo que se está viviendo en Estados Unidos es un proceso de acción-reacción.

La acción, a la ofensiva, fue tomada por el movimiento MAGA (Make America Great Again), liderado por Trump desde el poder ejecutivo y por sus alfiles en el Congreso y la Corte Suprema de Justicia. MAGA sigue la línea del “Manifiesto por el liderazgo”, lease Proyecto 2025, guía ideológica ultraconservadora que tiene como metas fundamentales restaurar las buenas costumbres, la religión y especialmente la total centralización del poder en el presidente.

El Proyecto 2025 pretende reforzar la dominancia de los blancos anglosajones protestantes (WASP por sus siglas en Inglés) y combatir las ideas liberales, a las cuales macartizan como “extrema izquierda”. Considera una aberración la libertad de los individuos para decidir su orientación sexual, impone en la educación pública el confesionalismo cristiano y minimiza o elimina los programas de salud para los pobres como el MEDICAID y otros programas asistenciales o que promueven la equidad, la diversidad y la inclusión social.

En la resistencia se encuentran los sectores sociales que están siendo blanco de estas medidas, en especial, los inmigrantes y las organizaciones que los protegen, los defensores del medio ambiente y economistas, intelectuales y abogados para quienes los inmigrantes son parte integral de la economía norteamericana y que abogan por la defensa de la libertad de expresión, por la libertad de culto y los derechos de la comunidad LGTBQ+. Son sectores que defienden los derechos humanos, rechazan la brutalidad oficial, defienden el Estado de derecho y se oponen al autoritarismo y a las arbitrariedades de las agencias gubernamentales.

Los ciudadanos de Estados Unidos reprueban las deportaciones, caracterizadas por retenciones arbitrarias, brutalidad contra los indocumentados y sus familias y violacion de los derechos humanos. Es notorio el claro perfil racial que se amplía a inmigrantes con estatus temporal, o en proceso de asilo, o refugiados con residencia permanente. Han sido enviados a sus países de origen, en algunos casos, incluso ciudadanos naturalizados.

La presencia de personal enmascarado, sin identificación y en carros sin placas ha provocado el rechazo cada vez más grande de la ciudadanía hasta el punto de que bloquean los operativos, enfrentan a los agentes de ICE y protegen a los posibles objetivos.

La militarización de la política

Es la primera vez en la historia de Estados Unidos que un presidente usa a la Guardia Nacional como arma para ejecutar políticas de gobierno. Se saca de la manga la preocupación por la inseguridad de ciudades con votación mayoritaria por el Partido Demócrata y que son amigables con los inmigrantes para enviar a cientos de elementos de la Guardia Nacional o al ejército nacional y atemorizar a los habitantes.

En Washington DC, la capital, en Portland, capital del estado de Oregon, en Chicago, capital del estado de Illinois, se han enfrentado los agentes de ICE y de la Guardia Nacional con ciudadanos del común en cantidades que aumentan con el correr de los días. El presidente Trump calificó a los alcaldes y gobernadores como incompetentes. Estos a su vez demandaron ante la justicia la violacion de la Constitución por parte del ejecutivo y ordenaron a las policías municipales y estatales no reprimir a los manifestantes.

Los ánimos están tan caldeados que el alcalde de Chicago convocó a preparar un Paro Nacional contra la brutalidad del gobierno. Desde la otra orilla, algunos miembros del Partido Republicano, como el presidente de la cámara, han calificado las marchas y protestas como manifestaciones de odio contra el país.

El recorte a los programas asistenciales causa indignación

Una de las razones que empujaron a miles de ciudadanos a marchar el No Kings Day, es el recorte de los programas de asistencia a los más necesitados, especialmente el recorte al presupuesto que financia la prestación de los servicios de salud. El programa MEDICAID distribuye dinero federal a los estados y a las ciudades para que se financien los servicios de salud que se le prestan a personas de bajos ingresos.

Los estados no tienen la misma capacidad de cobertura y sin la ayuda federal millones de habitantes no podrán recibir esos servicios o recibirán altísimas cuentas de cobro imposibles de pagar. Los estudios muestran que en los cinco Estados péndulo, también llamados bisagra, donde ganó el presidente Trump, los costos de los servicios de salud se incrementarán en más de 300%. Curiosamente, los Estados de mayoría demócrata tienen mejor condición económica y podrán amortizar el recorte programado.

Otro programa que será desfinanciado y que afecta a los sectores más necesitados es el programa de asistencia para alimentos llamados cupones o estampillas. Se impondrán mayores condiciones para acceder a ellos, lo que dejará a más de tres millones de personas por fuera del beneficio. Se recortó además la ayuda federal a programas de salud mental y a personas con HIV/SIDA. Las escuelas que mantengan la política de equidad, igualdad e inclusión no recibirán fondos federales.

Quienes salieron a las calles

Las marchas del No Kings Day fueron multitudinarias, ruidosas y hablan por sí solas. Las ciudades militarizadas sacaron más gente que en la jornada de junio. En Chicago, Portland, Los Angeles, Washington, Boston y New York miles expresaron el rechazo a las imposiciones del jefe del ejecutivo. Coloridos carteles expresaron molestia e indignación. Ciudades en Estados que votaron por Donald Trump salieron masivamente a marchar. Estados como Florida, Texas, Georgia confirmaron que, aun entre partidarios del Partido Republicano, hay inconformidad con el gobierno del presidente Trump. En junio salieron a la calle unos dos millones de personas, mientras que el 18 de octubre lo hicieron más de siete millones, un claro sentimiento de descontento con el actual clima político.

Las marchas hablaron y enviaron mensajes contundentes:

¡Nuestra democracia está siendo amenazada!
¡No nos van a silenciar!
¡Esto no es sobre la gente en el poder sino sobre el poder de la gente!

El gobierno del presidente Trump ha empezado a recibir la respuesta a su política antimigratoria, propuesta-bandera de su campaña electoral. Las manifestaciones iniciadas en Los Ángeles y que se extendieron a todo el país el pasado 14 de junio, con las marchas “No Kings”, auguran ser el principio de acciones de masas más generalizadas a lo largo del territorio norteamericano.

La estigmatización a la comunidad inmigrante

El uso de adjetivos descalificativos, generalizaciones y medias verdades le permitió al candidato Trump recibir el apoyo de los sectores más conservadores, no solo dentro de su partido, sino también de un importante sector de la población norteamericana con una xenofobia profundamente internalizada. Enfocarse en quienes viven en este país en situación irregular, clasificándolos de criminales, narcotraficantes y violadores en una generalización irresponsable, se ha convertido en su caballo de batalla para capturar y deportar inmigrantes que se atreven a criticar sus retardatarias e improvisadas políticas, y a aquellos que valientemente levantaron sus voces pidiendo el fin de la masacre en la Franja de Gaza.

Trump prometió la deportación de todos los inmigrantes indocumentados —unos once millones de personas— garantizando así la disminución del crimen y la inseguridad. Durante las primeras redadas capturó y deportó no solo a indocumentados, sino también a personas bajo protección temporal, en espera de decisiones judiciales. Ha violado el debido proceso al negarles a los detenidos el derecho a enfrentar un juez y recibir sentencia, tal como lo exige la ley. Ha enviado a personas a prisiones en países que no son su lugar de origen, ha separado familias y ha dejado a una gran cantidad de pequeños negocios sin mano de obra barata.

La brutalidad de los operativos, la manera inhumana en que se detiene a madres de familia sin permitirles comunicarse con sus hijos menores de edad, la utilización de personal privado con los rostros cubiertos al servicio de la policía migratoria (ICE, por sus siglas en inglés), y el hecho de que esas redadas estén enfocadas en estados mayoritariamente demócratas y en ciudades santuario que promueven políticas benévolas con esta humilde población, crean una situación de frustración e impotencia. Esto produce enojo, rabia e ira, y da paso a acciones de rechazo como las que estamos viendo en Los Ángeles, en particular, y que apuntan a ser el inicio de manifestaciones más generalizadas en todo el territorio nacional.

No es solo contra los indocumentados 

Sin embargo, este gobierno no solo persigue y deporta a indocumentados. Al inicio de su mandato, adelantó una verdadera cacería de brujas para detener y expulsar del país a estudiantes y profesores universitarios que participaron en las masivas marchas en defensa del derecho del pueblo palestino a tener su propio Estado, por el cese del genocidio en la Franja de Gaza, y por la suspensión del apoyo militar, tecnológico, económico y de inteligencia que Estados Unidos brinda al Estado de Israel. Sin ese respaldo, Netanyahu no podría llevar a cabo su política de limpieza étnica contra la comunidad palestina.

La administración Trump exige a las universidades entregar los nombres de estudiantes y profesores involucrados en estas actividades, amenazando con medidas extremas para forzarlas a cumplir sus requerimientos. Los casos de la Universidad de Columbia y la arremetida contra la Universidad de Harvard son ejemplos claros de intromisión, violación de la autonomía universitaria y despotismo. Además, ha instruido a sus embajadores en todo el mundo para que suspendan las entrevistas a estudiantes interesados en universidades estadounidenses hasta verificar que no critican al Estado de Israel en sus redes sociales. También ha prohibido otorgar visas a quienes aspiran a ingresar a Harvard, como medida de represalia contra las directivas universitarias que han desafiado sus exigencias.

Trump emitió una orden ejecutiva que, a partir del 11 de junio de 2025, prohíbe la entrada al país de ciudadanos de once países y restringe el acceso a siete más, bajo el argumento de evitar la entrada de terroristas y delincuentes que pondrían en riesgo la seguridad de Estados Unidos.

En respuesta a esta medida discriminatoria, la representante Rashida Tlaib declaró: “Trump acaba de emitir una prohibición racista e inconstitucional atacando países con poblaciones negras y musulmanas, inspirado en el nacionalismo blanco”, y agregó: “Todos los seres humanos tienen igual valor e iguales derechos, y nosotros continuaremos esforzándonos contra la deshumanización constante de nuestras comunidades”.

Las manifestaciones de Los Ángeles: crece el rechazo a las políticas antimigratorias de Trump

Desde hace varios días, en diferentes localidades de Los Ángeles y en otras ciudades del estado de California, se han iniciado manifestaciones de protesta en las calles exigiendo la suspensión de las redadas, las deportaciones y los abusos de “ICE”. Estas protestas comenzaron de manera espontánea y han ido creciendo en tamaño y combatividad. En general, la policía local ha actuado más para prevenir el caos que para reprimir a los manifestantes.

Aprovechando la situación, el presidente Trump anunció el envío de 2.000 miembros de la Guardia Nacional, que es parte del ejército de este país. Justificó su decisión argumentando que tanto el gobernador de California como la alcaldesa de Los Ángeles “no pueden hacer su trabajo; todos saben que no pueden, entonces el gobierno federal actuará y resolverá el problema de saqueos y disturbios de la manera como deben ser resueltos”.

El gobernador calificó las declaraciones del presidente y la medida del envío de la Guardia Nacional como una provocación. Esto condujo a una confrontación legal en torno a si la decisión del presidente viola la Constitución, al no haber consultado previamente con el gobernador ni con las autoridades locales. Los jueces federales han dado la razón al presidente Trump.

No cabe duda de que el jefe de Estado no vacila en recurrir a la fuerza y la represión, y de que el conflicto puede escalar hacia situaciones aún más peligrosas.

El llamado del gobernador Newsom, de California, para que otros estados se sumen al rechazo de las políticas migratorias del presidente ha sido calificado como un acto de insurrección, dando pie para que Trump invoque la Ley de Insurrección de 1807 (Insurrection Act of 1807), expedida para restaurar el orden en situaciones en las que el desorden civil o la rebelión obstaculicen la aplicación de la ley federal, como sucedió durante el movimiento por los derechos civiles.

¿Un país polarizado?

A pesar de que el presidente Trump afirma que la intervención militar en Los Ángeles fue ordenada para evitar una guerra civil debido a la supuesta incompetencia del gobernador de California, las manifestaciones en esa ciudad se mantienen y crecen cada día. Se han realizado marchas significativas en más de 150 ciudades, especialmente en los estados de mayoría demócrata. Vale destacar el coraje de quienes se atrevieron a protestar frente a la residencia de Trump en Mar-a-Lago, Florida.

El gobernador de ese estado, Ron DeSantis, ha autorizado a los conductores a arrollar con sus vehículos a manifestantes que bloqueen las vías. Además, los jefes de policía de dos condados han amenazado con matar a quienes se atrevan a lanzar objetos contundentes contra los agentes del orden.

Mientras los gobernadores demócratas insisten en mantener la protesta pacífica, los gobernadores republicanos movilizan al ejército con el propósito de intimidar a quienes quieran salir a marchar.

Protestas “No Kings” sacuden 50 estados

Toda esta situación desembocó en las marchas convocadas por el movimiento 50501 bajo el lema “No Kings”, una consigna que recuerda que en Estados Unidos no gobierna un rey. Las multitudinarias marchas realizadas el 14 de junio tuvieron como objetivo la defensa de la democracia y la oposición a lo que califican como medidas autoritarias de la administración Trump. El movimiento 50501 hace referencia a 50 estados, 50 protestas y un solo movimiento. Las consignas más coreadas rechazaban el autoritarismo, la política de “los billonarios primero” y la militarización de la democracia estadounidense.

Contrasta el entusiasmo y la vitalidad de los participantes en las marchas “No Kings” con el raquítico desfile conmemorativo del 250 aniversario del ejército estadounidense. Casualmente, esta celebración coincidió con el cumpleaños de Donald Trump. En 2017, tras asistir al desfile del 14 de julio en Francia, Trump prometió que Estados Unidos tendría uno “mucho mejor”. En esta ocasión, recordó el “Trooping the Colour”, desfile británico para celebrar el cumpleaños del monarca. El desfile del sábado 14 fue calificado como pobre, decepcionante y excesivamente costoso, ya que el gobierno invirtió aproximadamente 45 millones de dólares. Las gradas y calles permanecieron vacías, mientras que las avenidas de las ciudades donde se realizaban las marchas contra Trump estaban completamente llenas.

Política antiinmigrante y poder autoritario

El rechazo ya no se dirige únicamente a su política antimigratoria, sino también a la forma autocrática y despótica con la que enfrenta las contradicciones internas: el uso de medidas autoritarias para garantizar el control del gobierno federal en abierta confrontación con los gobiernos estatales que lo critican.

Las órdenes judiciales son ignoradas, los medios de comunicación críticos son puestos bajo “investigación”, y los cargos en agencias federales de justicia y organismos militares son ocupados por seguidores leales del movimiento MAGA (Make America Great Again, consigna de Trump: “Hacer que Estados Unidos vuelva a ser grande”). A ello se suma la amenaza del gobierno de declarar un estado de insurrección y hacer uso del ejército.

El movimiento sindical, diversas organizaciones sociales e incluso dirigentes del debilitado Partido Demócrata han anunciado nuevas acciones de protesta en defensa de los derechos civiles y de la democracia.

Estamos presenciando el inicio de una respuesta más organizada frente a las políticas domésticas arbitrarias del gobierno… No sabemos cómo terminará esta situación, pero todo apunta a la gestación de un gran movimiento social en los Estados Unidos.