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A pocos meses de las elecciones del 3 de noviembre, con su popularidad por el piso y ante el riesgo de perder el control del Congreso, Trump está intentando ampliar el poder del Ejecutivo sobre reglas electorales que corresponden principalmente a los estados, mediante presión institucional, una orden sobre voto por correo, el proyecto SAVE y la posibilidad de declarar una emergencia electoral.
Se prenden las alarmas
Desde el inicio de su segundo mandato, Trump ha nombrado negacionistas en puestos claves tales como el Departamento de Justicia, el FBI y otros, tratando de legalizar las desacreditadas denuncias de fraude con el claro propósito de desanimar a los electores especialmente en los estados bisagra, donde perdió frente a Biden. Se llama estados bisagra a aquellos donde no hay preferencia por ninguno de los dos partidos y que pueden inclinarse unas veces por el candidato republicano y otras veces por el demócrata. Y se denomina negacionista al grupo de seguidores del presidente Trump que lo apoyan en las ideas de negación del cambio climático, la importancia de las vacunas y otras evidencias científicas, y sostienen la narrativa de que perdieron las elecciones del 2020 como producto de un fraude electoral sistemático.
La administración ha abusado de la autoridad de la fiscalía general para amenazar a funcionarios electorales en 30 estados apuntando a que liberen el censo electoral, a pesar de que por ley no lo pueden hacer y en clara violación de la confidencialidad requerida en este tipo de documentos que contienen direcciones y número de seguro social de los registrados. Por ley, el gobierno federal no puede tener registro de votantes, ya que es potestad de los estados el elaborar su propio sistema de registro y el derecho a registrar potenciales votantes.
En 2020, Trump se negó a aceptar el resultado, mintió declarando que le habían robado las elecciones, presionó al secretario de estado de Georgia para que “encontrara” suficientes votos que permitieran derrotar allí a Biden, presionó al entonces vicepresidente Mike Pence para que rechazara la certificación a pesar de que constitucionalmente no tenía ninguna autoridad para hacerlo, y arengó a sus seguidores más recalcitrantes para que marcharan al Capitolio a impedir el proceso de certificación. Durante la campaña del 2024 no perdió oportunidad para insistir en que él había ganado y que solo fue derrotado porque hubo fraude.
Trump firma Orden Ejecutiva contra el derecho al voto por correo
A mediados de marzo, el presidente firmó una Orden Ejecutiva haciendo más estrictas las normas que regulan el voto por correo. Trump ha estado alegando que este mecanismo ha sido el que más ha contribuido al fraude electoral. La Orden Ejecutiva le da poderes sin precedentes a la oficina encargada del correo (USPS por sus siglas en Inglés) para dificultar el voto por correo. Básicamente, la orden le otorga discreción a la oficina postal para rechazar cualquier correo electoral si no cumple requisitos de día y hora en el que se estampilló.
El Departamento de Justicia ha abierto procesos legales contra 30 estados y el distrito de Columbia para que entreguen el registro electoral. Las cortes de ocho estados ya han dado veredicto sobre el caso y el Departamento de Justicia ha perdido cada uno de ellos.
Los ataques en varias direcciones contra el derecho al voto han llevado a los estados a presentar demandas legales. Por el lado opuesto, a principios de abril, funcionarios de 23 estados, incluyendo a California y la capital Washington, presentaron demandas legales para bloquear la Orden Ejecutiva de Trump argumentando que es un intento inconstitucional para interferir el derecho de los estados de administrar las elecciones.
Ataque por la vía legislativa: SAVE vs NVRA
El 3 de enero de 2025, por iniciativa ejecutiva, el representante republicano por Texas, Chip Roy, introdujo el Safeguard American Voter Eligibility Act (SAVE por sus siglas en Inglés). La iniciativa pretende reformar la ley llamada National Voter Registration Act (NVRA por sus siglas en Inglés). El proyecto SAVE aprobado en la Cámara de Representantes y que no ha podido pasar la votación en el Senado, les exige a los votantes presentar un documento que pruebe la ciudadanía norteamericana al momento de registrarse para participar en las elecciones federales.
Prohíbe además a los estados procesar los formularios de registro electoral a menos que el aplicante presente una prueba aceptable de ciudadanía. Señala explícitamente qué documentos son válidos para el caso.
SAVE estipula que los estados deben establecer un proceso alternativo para que los aplicantes puedan someter el documento que evidencia la ciudadanía, deben tomar pasos eficaces para asegurar que solo se registren los ciudadanos, y deben incluir programas, usando formularios designados, para identificar a aquellos que no son ciudadanos y retirarlos de las listas.
En la Cámara, el proyecto recibió el respaldo efusivo de todos los republicanos y de cuatro demócratas. Sin embargo, según National Public Radio, decenas de millones de estadounidenses alegan que no tienen acceso a tales documentos y los críticos añaden que la propuesta podría deprimir dramáticamente la participación para votar.
Se trata de un nuevo intento de los republicanos, de momento casi fracasado, por iniciativa del presidente, para recortar el derecho al voto consagrado en la ley NVRA de 1993 y que simplifica el proceso de registro para votar. NVRA confirma que el formulario federal solamente puede exigir verificación de ciudadanía por testimonio cuando el interesado llena la solicitud del pase para conducir, ya sea por primera vez o al renovar, en las aplicaciones para solicitud de asistencia pública, o solicitando el formulario por correo y retornando sin costo. La NVRA les prohíbe a los estados que retiren de la lista a personas ya registradas para votar, a no ser que cumplan ciertos criterios muy específicos. Las mencionadas iniciativas del presidente Trump son calificadas como intentos arbitrarios para enmendar la ley dándole ilimitada autoridad al ejecutivo para cambiar los procedimientos electorales, a fin de interrumpir drásticamente procesos para acomodar más votantes o para disminuir obstáculos a la hora de votar.
La gran amenaza de la Emergencia Nacional Electoral
Terminada la etapa de las elecciones primarias y decidido quiénes competirán en las elecciones de noviembre por el total las 435 curules de la Cámara de Representantes, las 35 curules del Senado y un número importante de gobernaciones, entre otros cargos, las encuestas dan por asegurado que los demócratas ganarán la Cámara, mientras que hay un empate técnico en el Senado. Basta con que los republicanos pierdan cuatro curules en el Senado para que el partido demócrata, ya en mayoría en las dos cámaras, inicie un proceso de destitución del presidente, situación que aterra al egocéntrico mandatario, quien está haciendo todo lo posible para evitarlo. Ha amenazado incluso con crear un estado de emergencia otorgando al ejecutivo pleno control sobre el proceso electoral de noviembre del 2026.
Los altos precios de la gasolina, la inflación, el rechazo a la guerra contra Irán, la brutal ejecución de la política de deportaciones, la caída en picada de la popularidad del presidente Trump, empujan al impulsivo mandatario a apretar el puño autoritario que ha caracterizado lo que va de su segundo mandato.
Cuando en una entrevista reciente en el programa Real America’s Voice, el presentador ultraderechista Wayne Allyn Root le sugería a Trump que, teniendo en cuenta que el Congreso no le va a aprobar su proyecto de ley SAVE, el declarara una emergencia nacional para las elecciones y, así, decidir sobre el voto por correo, prueba de ciudadanía e identificación con foto, el presidente respondió con un “Déjeme decirle qué extrañas cosas están pasando, ¿OK? Lo voy a dejar así”.
Lo anterior llega en un momento en el cual, según ABC News, un grupo de abogados republicanos está circulando un borrador de orden ejecutiva de 17 páginas que se usaría con el propósito de declarar la Emergencia Nacional Electoral. ¿El motivo? Las amenazas de interferencia en el voto por correo por parte del gobierno chino. La Emergencia Nacional Electoral autorizará al jefe del ejecutivo para que asuma el control sobre algunas de las reglas del sistema electoral antes de las elecciones legislativas de noviembre, centrándose en tres aspectos: uso de documentos de identificación que prueben ciudadanía, imponer el reconteo manual de las papeletas y prohibir el voto por correo. Vale mencionar que tanto Donald Trump como Marco Rubio usaron el voto por correo en las primarias del estado de Florida.
Estados Unidos pasa por un momento de incertidumbre. Un jefe del ejecutivo que se asume todopoderoso amenaza las instituciones sobre las cuales se ha fundado la democracia de la otrora primera potencia mundial. Los intentos fracasados por cambiar la Constitución y las leyes para poner el sistema electoral bajo la égida del ejecutivo producirán acciones desesperadas. Hay que estar atentos a la respuesta de los defensores de las instituciones y el orden constitucional. En noviembre tendremos una respuesta.
