Una desgracia recurrente

La no entrega de medicamentos por parte de las empresas contratadas por el Fomag a los docentes y pensionados afiliados al sistema de salud del magisterio se ha convertido en una desgracia recurrente. A uno, dos, tres o más medicamentos, prescritos por el médico tratante, se les pone en la fórmula el sello con la fatídica palabra “PENDIENTE”, lo cual significa que no hay entrega de los medicamentos.
Se pone así en riesgo la salud ya afectada de los usuarios, se agrava la condición de los pacientes, especialmente la de aquellos que requieren medicamentos especiales para enfermedades crónicas o patologías de alto costo. Peor aún, se pone en serio riesgo de muerte a los pacientes más críticos.
Esta situación está llevando a los pensionados a tener que gastar de su bolsillo gran parte de los medicamentos formulados. Algunos podrán ser de bajo costo, pero la mayoría tiene precios elevados, y si son fármacos especializados, el costo es aún mayor y prácticamente imposible de adquirir.

El Acuerdo 03 de 2024 del Fomag empeora la condición de salud de sus afiliados y beneficiarios.

El sufrimiento golpea a los pacientes del Fomag desde hace 17 meses cuando los ministros que representan al actual gobierno en el consejo directivo del FOMAG expidieron el Acuerdo 03, que estableció el nuevo modelo de salud y contratación para el magisterio y fue impulsado por el presidente Petro. Durante este tiempo nos han mantenido con una serie de mentiras sobre el mejoramiento de los servicios de salud.
El Consejo directivo del FOMAG pregona que el nuevo modelo es ejemplo para la prevención y atención de la salud de todos los colombianos. Los directivos vociferan a punta de propaganda que no se necesitan autorizaciones para los servicios ni para acceder a los medicamentos, a la vez que engañan con el cuento de que podemos escoger libremente al médico, al especialista y todos los servicios que necesitemos.
La libre elección de hospitales o clínicas no ha pasado de ponernos a escoger un operador de entre una o máximo seis opciones, según la región del país. Las citas se acumulan en las agendas de los médicos en espera de cupo;la lista de espera para los procedimientos crece a diario. Ahora existe hasta el “paseo de la cita”, que muchas veces termina en el abandono de la búsqueda, con las consabidas consecuencias en el deterioro de la salud de los usuarios o en el aumento del gasto del bolsillo de los afiliados.

Fecode convoca al paro del 30 de octubre.

El presidente de la República, Gustavo Petro, el vicepresidente de la Fiduprevisora, Aldo Cadena, los ministros de Educación, Trabajo y Hacienda son quienes han definido y son por ello los responsables de esta situación. Por lo expresado hasta hoy en los consejos de ministros, en los medios de comunicación y en las reuniones con Fecode y en el Fomag, se mantiene la decisión de seguir con esta situación calamitosa para la prestación del derecho a la salud de docentes activos y pensionados.

Por tanto, se hace necesario la participación activa y decidida de todos los pensionados y docentes en las movilizaciones del paro nacional aprobado por Fecode para el jueves 30 de octubre, paro que ACOLPEN respalda e impulsa, por ser un derecho que se financia con las cuotas que pagamos todos los meses de nuestra mesada pensional.
Exigimos inmediata solución a todos los problemas creados por el nuevo modelo de salud y de contratación de nuestros servicios de salud.

El presidente Petro ordenó acabar con el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, FOMAG , y el Régimen Especial de Salud de los docentes y pensionados

En el consejo de ministros del pasado 15 de septiembre, convocado para tratar el problema de la salud del Magisterio colombiano, el presidente de la República, Gustavo Petro Urrego, le expidió el acta de defunción al Fondo de Prestaciones del Magisterio, FOMAG.

En sus intervenciones, el presidente planteó que la directriz dada fue la de implementar en el FOMAG su reforma a la salud, la misma presentada al Congreso y que cursa su trámite en el Senado de la República. Desconociendo que su nuevo modelo para el Magisterio ha fracasado en prestar atención oportuna y de calidad a maestros y maestras, afirmó que: “los problemas que surgen en el FOMAG es porque no se está haciendo la reforma del gobierno”. Esto, en medio de la vergonzante exposición que sobre el tema de la salud del Magisterio hizo el vicepresidente de la Fiduprevisora, fiduciaria del FOMAG, Aldo Cadena, a quien el presidente, en varias ocasiones, retó, de manera desobligante, a que dijera si no podía con la tarea encomendada.

El presidente Petro afirmó explícitamente que no estaba de acuerdo con los regímenes especiales de salud, como lo es el del Magisterio. Expresó que el FOMAG debería estar adscrito al Ministerio de Salud, lo que implica su interés en que los recursos del Magisterio para la salud de los maestros y sus familias se manejen directamente desde el Ejecutivo, insistiendo en que “la primera red (de atención) que tiene a su alcance la maestra y el maestro se llama red pública”. Razón por la cual fustigó a Aldo Cadena por estar afiliando a los maestros a IPS y hospitales privados como puerta de entrada al sistema de salud.

Petro fue enfático en afirmar que su modelo de salud para el Magisterio se basa en que “el Ministerio de Salud articule la atención preventiva de los maestros y maestras con el de todos los alumnos en el colegio, que suman 10 millones de alumnos”. Esta posición representa un total rechazo a lo que, bajo su propio modelo de salud, se ha implementado desde cuando se expidió, a través del Consejo Directivo del FOMAG, el Acuerdo 003. Lo expresado hasta aquí se puede comprobar viendo el video del consejo de ministros.

El Fondo de Prestaciones del Magisterio fue una histórica conquista del Magisterio, plasmada en la Ley 91 de 1989, luego de valerosas y duras batallas dadas por nuestro gremio bajo la dirección de Fecode, masivas movilizaciones, grandes paros nacionales, muchos sacrificios de docentes suspendidos y destituidos, y la lucha por tener una entidad que resolviera plenamente los derechos de la pensión, las cesantías y la salud.

Hasta ese entonces, esas prestaciones estaban bajo el control de departamentos, municipios y una pequeña parte en la Nación, con una prestación altamente deficiente, por no decir nula. El FOMAG fue la concreción de una entidad que cobijara a todo el Magisterio estatal con un régimen de pensiones y salud de carácter especial, con financiación directa de la Nación y con un consejo directivo en el cual participara Fecode con dos miembros y tres del Gobierno.

La Ley 91 definió al FOMAG como la instancia que resuelve todo lo concerniente a estos derechos y prestaciones. Es de resaltar que la Ley 91 definió el FOMAG como una cuenta especial de la Nación, adscrita al Ministerio de Educación Nacional – MEN –, y que los dineros del FOMAG los administrara una fiduciaria de carácter estatal, con más del 90 % de propiedad del Estado: la Fiduprevisora.

La Ley 91 también definió que la contratación de los servicios de salud se haría bajo la Ley 80 de 1993 de contratación pública, con licitación pública, pliegos de condiciones y selección objetiva, todo con el fin de vigilar el cumplimiento, la vigilancia y la transparencia de los contratos con los prestadores de salud del Magisterio. La Fiduprevisora contaba con la facultad de sancionar hasta con la terminación del contrato por incumplimiento de las cláusulas acordadas.

De esta manera, quedó asegurado que tanto la administración como el manejo del dinero se harían bajo la responsabilidad financiera de la fiduciaria y sin tener que crear una infraestructura física ni administrativa, libre de burocracia y clientelismo. En más de 30 años de funcionamiento, ese mecanismo mostró su efectividad en el reconocimiento y pago de las cesantías, pensiones y la atención de la salud del Magisterio y sus familias.

A partir del 1.º de mayo del año pasado, por orden expresa del presidente Gustavo Petro y con el visto bueno de la mayoría del Comité Ejecutivo de Fecode, se impuso el nuevo modelo de salud, y con él se cambió la política de contratación de los prestadores. La misma que el presidente de la República criticó a su vicepresidente de la Fiduprevisora.

Durante los más de 16 meses de ejecución del “nuevo modelo” del presidente Petro, los resultados desastrosos de la atención en salud para los afiliados al FOMAG saltan a la vista, sin que se haya hecho nada efectivo por mejorarlos.

En lugar de adoptar medidas que solucionen la crisis, el objetivo primordial de Petro, tal como lo planteó en el pasado consejo de ministros, es acabar con el régimen de salud exceptuado de la Ley 100, el cual cuenta con beneficios muy superiores a los del sistema de salud con EPS. Al acabar con el FOMAG, el Gobierno de paso le mete mano a las pensiones y cesantías de maestros y maestras, proponiendo pasarlas a Colpensiones y al Fondo Nacional del Ahorro.

El llamado al Magisterio colombiano y a los pensionados del FOMAG es a cerrar filas para defender una de las principales conquistas de nuestro gremio. Los hechos son contundentes: el pésimo servicio de salud, la demora de hasta dos años para reconocer el derecho de pensión y reliquidación de las mismas, el retiro de cesantías demorado como nunca se había visto, en fin, el saqueo de los recursos del FOMAG. Así lo demuestran los informes financieros dados en el consejo directivo del fondo y en el consejo de ministros.

En ese sentido, la gran movilización por la salud y la vida que realizó el Magisterio de los departamentos del Eje Cafetero en días pasados es un ejemplo a seguir.

El Comité Ejecutivo de Fecode tiene la obligación de asumir una postura coherente con el legado histórico del gremio docente ante la embestida del Gobierno contra los derechos de la salud, pensiones y cesantías. La tarea principal hoy es defender el FOMAG. No es hora de arrodillarse ante el capricho, la tozudez y la equivocación del presidente. Es hora de ejercer la autonomía y la independencia frente al Gobierno, que es nuestro patrón. Es el deber del momento.

El deterioro del sistema de salud en Colombia se agrava sin soluciones del gobierno. La Asociación Colombiana de Pensionados, ACOLPEN, responsabiliza a Gustavo Petro por la crisis, que afecta a pacientes y docentes bajo el nuevo modelo del FOMAG, con demoras en citas, cirugías y entrega de medicamentos. Piden acciones inmediatas para garantizar el derecho a la salud.

La atención de la salud de los colombianos se deteriora cada día más, sin que haya signos de mejoría. Peor aún, con la alocución televisada del presidente Gustavo Petro transmitida por los canales públicos y privados el pasado martes 15 de julio, quedó claro el mensaje que este gobierno no tiene la menor intención de resolver los innumerables problemas que impiden el derecho fundamental a la salud de la población.

Según el gobierno, la responsabilidad total de la tragedia que se vive, la tienen las EPS al no pagar las deudas que tienen con los prestadores directos del servicio, las IPS. Petro sostuvo, además, que el gobierno no tiene por qué pagar a hospitales y clínicas una deuda que es de las EPS como entidades privadas que son. 

Aunque el informe que presentó la Contraloría General de la República encontró que la deuda de las EPS es de 32,9 billones de pesos, el presidente Petro afirmó que son 100 billones, monto, más de tres veces mayor, que el propio Contador General salió a decir que no sabe de dónde la obtuvo el presidente Petro.

Aunque la Contraloría y la Corte Constitucional piden que se revise el valor de la UPC para poder hacer viable los costos del servicio público de salud, el gobierno nacional se empeña en sostener que la plata de la UPC si alcanza. Sin explicar por qué no le ha alcanzado en la Nueva EPS y demás EPS intervenidas donde los recursos se administran bajo su control y negándose entonces a resolver los problemas que hoy, más que en gobiernos anteriores, sufren los pacientes.

Es innegable que las talanqueras para acceder a la atención en salud se han multiplicado. Interminables colas para pedir una cita médica, sea general o especializada. Negación o largas demoras en la autorización de órdenes de laboratorio, procedimientos médico quirúrgicos, hospitalizaciones, y la desgracia de la no entrega de medicamentos, aún los medicamentos esenciales, de los cuales depende la vida de muchos pacientes.  

Esta misma situación está sufriendo el magisterio colombiano, gremio al cual, desde el 1° de mayo de 2024, el presidente Gustavo Petro impuso su denominado “nuevo modelo de salud” que cambió el modelo de contratación de los servicios de salud a los maestros mediante el Acuerdo 003 del Consejo Directivo del FOMAG y contando con el visto bueno de la mayoría del comité ejecutivo de FECODE.

 Se van a cumplir 14 meses de la prestación de un servicio totalmente desastroso y que no se compadece con el derecho ganado en duras batallas para que al magisterio se le atendiera con un modelo especial de atención en salud consagrado en la Ley 91 de 1989 y exceptuado de la Ley 100 de 1993.

Aunque con falencias que eran denunciadas por usuarios y sindicatos que siempre exigieron las soluciones pertinentes, el sistema anterior era mejor y contaba con algún grado de satisfacción. Hoy lo que prevalece es la inconformidad generalizada en el gremio docente ante la mala, malísima prestación del servicio de salud por parte de la Fiduprevisora y el FOMAG.  Al punto que los sindicatos filiales de FECODE han realizado paros y movilizaciones de protesta en Quindío, Caldas, Risaralda, Huila, Santander, Cundinamarca y otras regiones del país, los cuales precedieron el exitoso paro realizado el día de ayer por la Asociación Distrital de Educadores (la ADE) en la ciudad de Bogotá.

Desde la Asociación Colombiana de Pensionados , Acolpen, exigimos al gobierno de Gustavo Petro, responsable directo de la aguda crisis actual en el servicio de salud de la población cubierta tanto por el sistema general de la ley 100, como por el nuevo modelo de salud del magisterio, la solución inmediata a esta catástrofe que sufre nuestra población.

 La crisis afecta en especial a los pensionados, que, debido a las enfermedades crónicas y dolencias asociadas a nuestra avanzada edad, estamos en mayor riesgo ante la no entrega de medicamentos, muchos de ellos esenciales para nuestra subsistencia, y la demora o cancelación de citas y procedimientos quirúrgicos.

Señor presidente: no es la hora de discursos demagógicos y distractores, es la vida de los colombianos la que está en juego. Es el momento de actuar para resolver esta crisis de la salud que día a día se profundiza. La Constitución y la Ley tienen las herramientas para obligar a cumplir las obligaciones legales a quien corresponda, no más carreta.

El presidente Gustavo Petro anunció por decreto una consulta popular sobre salud y trabajo, pese al rechazo del Senado y la ruptura del orden constitucional. La propuesta, impulsada por su Gobierno desde las calles, busca encubrir el fracaso en la gestión pública y anticipar la campaña electoral de 2026, usando causas sociales como bandera política.

El presidente Gustavo Petro ante el desastre de su gobierno en todos los ámbitos de la vida nacional, se lanza a una nueva aventura, convocar por decreto una consulta popular sobre asuntos laborales y de salud, como reacción a la falta de mayorías en el congreso para aprobar sus reformas y la negativa del senado a convocar una consulta popular. Sabe que pasa por encima de la Constitución, pero va porque va, tal como lo expresó de manera desafiante el ministro del interior Armando Benedetti, poco les importan las reglas de juego democráticas y la separación de poderes. Saben que, si la solicitud de consulta popular fue negada por el Senado de la República, tienen el recurso legal de demandar ante el Consejo de Estado, debiendo esperar el fallo, pero no, el presidente Petro y sus escuderos han tomado la decisión de convocar la consulta por decreto y desde las calles agitar su contenido, es decir, comenzar la campaña electoral anticipada del 2026, la razón de fondo de su proceder.

La esencia de esta jugarreta política es levantar las banderas de derechos justos de la población, para animar un discurso que tape el desastre de más de tres años de mal gobierno. Los derechos de los trabajadores y el tema de la salud son excusas para engañar y poder sacar ventaja con una consulta impuesta que rompe el orden constitucional y será una campaña electoral anticipada. 

Su gobierno ha aplicado las políticas de los organismos internacionales en todos los órdenes, profundizando la crisis económica y social heredada de los malos gobiernos anteriores. No ha ejecutado ninguna política de Estado para impulsar el desarrollo productivo en los sectores de la industria, agropecuario, hidrocarburos, comercio, servicios y en general de la economía, de la creación de riqueza y nuevos puestos de trabajo que dinamicen el círculo virtuoso: producción, consumo, producción. Sin esto, todo lo que diga no dejará de ser demagogia y populismo barato, ante la necesidad de sacar al país del atraso económico y social que empeoraron los gobiernos de Gaviria, Samper, Pastrana, Uribe, Santos y Duque, todos al igual que hoy Petro, obedientes de las órdenes de la hegemonía de Estados Unidos.

Mientras tanto, no se dice nada sobre la situación de crisis fiscal, el desplome del recaudo por la caída de la economía, el descontrol del gasto público y la exorbitante corrupción, el deterioro del orden público por la inseguridad y la violencia. El gobierno quiere tapar la grave situación que vivimos, los puntos de la consulta poco le interesan a Petro y Benedetti, estamos ante un gobierno que es capaz de lo que sea, con tal de mantener el poder. La corrupción y el clientelismo son las conductas del círculo más cercano al presidente, la descomposición y la bajeza son la norma, la irresponsabilidad, la mentira, en una palabra, “el todo vale”, mientras se destruye al país y se condena a empresarios y trabajadores a la ruina y la informalidad. La consulta popular de Petro es un engaño y una farsa.

1° de Mayo entre propaganda y abandono laboral

El 1° de mayo de 2025 se conmemora en Colombia en medio del deterioro de las condiciones laborales y la desconfianza frente a la consulta popular promovida por Petro y cuestionada por trabajadores que exigen autonomía sindical y rechazan su uso electoral.

En este primer cuarto del siglo XXI la situación de la clase obrera mundial muestra un deterioro ostensible en materia de derechos y condiciones materiales de existencia. De la misma manera, las condiciones de dominación del imperialismo sobre la inmensa mayoría de la población mundial son de ofensiva y atropello.

Aranceles de Trump y reacción internacional

Estados Unidos, con la presidencia de Donald Trump y el autoritarismo que la caracteriza, intenta mantenerse como gendarme del mundo ordenando a diestra y siniestra con medidas arancelarias que atropellan las mínimas condiciones de un intercambio comercial justo, con beneficio recíproco, relaciones de cooperación y respeto por la soberanía de las naciones. Trump irrespeta todas las normas internacionales acordadas.

Las naciones tienen el deber de reaccionar en defensa de la soberanía, el progreso de sus pueblos, el desarrollo de sus fuerzas productivas y sus recursos naturales, la creación de riqueza para irrigar el bienestar a sus pobladores, la democracia y las libertades ciudadanas. Los trabajadores del mundo vemos con simpatía las acciones que han empezado a tomar los distintos gobiernos para defenderse de los atropellos de Estados Unidos, como también las medidas defensivas que han adoptado diferentes países contra los aranceles a sus exportaciones, encabezados por China, Méjico, Canadá, la Unión Europea, Rusia y países miembros de los Brics, que estamos seguros le darán una merecida derrota al abusivo presidente Trump.

Trabajo en Colombia: promesas sin cumplir

A pesar de los discursos veintejulieros, demagógicos y populistas del presidente Gustavo Petro en aparente reivindicación de los derechos de los trabajadores, la realidad es diciente, y cada vez son más precarias las condiciones laborales. Desde el inicio de la década del 90 hasta hoy, la imposición por los gobiernos neoliberales de leyes y reformas regresivas acabaron con la mayoría de las garantías individuales y del movimiento sindical, reduciendo a la mínima expresión el trabajo formal y generalizando la deslaboralización hasta en el Estado.

El actual gobierno creó una ilusión que hoy es promesa incumplida. Van casi tres años del gobierno del cambio y nada ha cambiado a favor del mundo del trabajo. El Ministerio del Trabajo, en cabeza de Gloria Inés Ramírez y hoy de Antonio Sanguino, no ha restituido los derechos conculcados, cerrando los ojos ante los convenios con la Organización Internacional del Trabajo, OIT Igualmente, la reforma laboral nunca se concertó en la Comisión Nacional de Políticas Sociales, Laborales y Salariales, espacio legal que no les ha dado la gana de poner en función de la concertación. De la reforma hundida, el gobierno eliminó el capítulo de derechos y libertades sindicales con la promesa incumplida de expedirlos por decretos.

Consulta popular como disfraz electoral

Hoy se presenta el gobierno con una nueva estafa, la consulta popular, en la cual pone 12 preguntas que aparentemente rescatarían los derechos que reclama el movimiento sindical. La Presidencia de la República, con el contubernio de parte de las Centrales Obreras, ha convocado a las movilizaciones de este 1° de Mayo desatando una oleada de propaganda nunca antes vista, que conjuga la consulta popular con el 1° de Mayo, los discursos fantasiosos y carentes de sensatez del presidente y sus ministros en campaña electoral anticipada. Utilizan las necesidades de los trabajadores para encubrir su recurrente oportunismo electorero. Ahora resulta que el experto en mentiras y corruptelas, Armando Benedetti, es el “abanderado” del proletariado. El chiste se cuenta solo.

Un 1° de Mayo entre farsas y eslóganes

Que este 1° de Mayo se griten las consignas para enfrentar la agresión de Donald Trump contra los países del mundo y que en Colombia se desnude la farsa y el engaño de la consulta popular petrista, una maniobra electoral para sacar ventaja hacia las elecciones de 2026, utilizando como carnada a los trabajadores, apropiándose del legado de los Mártires de Chicago, cuando en la realidad se mantienen vigentes las imposiciones de los organismos internacionales como el FMI, el Banco Mundial, la OCDE, con el acompañamiento de una dirigencia sindical que en este gobierno renunció al principio de la independencia y autonomía frente a los patronos, los gobiernos y los poderes extranjeros,  independencia y autonomía que se deben observar  si se quiere representar de manera honesta y consecuente a los trabajadores y a la nación. 

La Circular 004 del FOMAG promete eliminar autorizaciones médicas, pero no resuelve los graves problemas de atención en salud de los maestros. Docentes denuncian la falta de infraestructura, medicamentos y cumplimiento en el nuevo modelo impuesto por el Gobierno Petro.

El Vicepresidente del FOMAG, Aldo Cadena, emitió la Circular 004 del 27 de marzo, en la que señala que no se exigirá a los docentes “autorización para citas médicas o procedimientos en salud”. Pretende así apaciguar los crecientes y millares reclamos por la pésima prestación del servicio de salud a los más de 800 mil usuarios.

Y es que desde que entró en vigencia, por orden directa del presidente Petro, el nuevo esquema de contratación para la atención de los servicios de salud del magisterio activo y pensionados, el mal servicio que existía empeoró sustancialmente. Cada día se hacen más evidentes las largas y extenuantes esperas para el reclamo de medicamentos, citas, procedimientos y atenciones especializadas y son miles los reclamos por la deficiente o nula atención. 

En efecto, en el anterior esquema existían en todo el país ocho operadores que, aun cuando presentaban deficiencias, contaban con una infraestructura administrativa y asistencial que hoy se echa de menos con el sistemático y perverso “paseo de la cita” provocado por el nuevo esquema. Los dirigentes sindicales que han declarado su independencia y autonomía frente al Gobierno alertaron desde el principio sobre la improvisación y la falta de una clara idea ordenadora, lo que hacía previsible el drástico deterioro del servicio que hoy padecen maestros activos y pensionados y sus familias.

 Urge que el FOMAG y el Gobierno garanticen una infraestructura adecuada y eficiente en la atención de las citas de especialistas para enfermedades catastróficas y de base y enfermedades huérfanas, y, en general, presten el servicio a tiempo y con alto rigor científico. También es apremiante el suministro oportuno de los medicamentos requeridos sin restricción alguna.

 Es perentorio el respeto a los principios del Estatuto General de Contratación de la Administración Pública (Ley 80) que exigen la invitación pública y plural de oferentes como prerrequisito para garantizar la selección objetiva y la mejor oferta de servicios para los usuarios. No menos indispensable resulta disminuir el riesgo de robo y malos manejos, por cuanto ya hay evidencias de que dineros del FOMAG quedaron en paraísos fiscales y arrojados a la cloaca de la corrupción.

 Sin estas precisiones, la nueva medida del FOMAG se convertiría en una nueva burla. El Gobierno no debe olvidar que el régimen especial de salud de la Ley 91 fue conquistado en las calles con grandes movilizaciones y sacrificios. Si no hay entonces una clara rectificación, todo se irá en palabrería y, con toda certeza, el magisterio y pensionados lo defenderán nuevamente en las calles.