La Rama Judicial de Colombia está en Crisis
“La sobrecarga laboral y un déficit de más de seis mil servidores están llevando a la justicia colombiana a un punto de quiebre que no podemos seguir normalizando”.
La Rama Judicial de Colombia enfrenta una crisis sin precedentes: un déficit de 6.240 servidores y una sobrecarga laboral que supera los tres millones de casos al año. El descaecimiento afecta a jueces, fiscales y ciudadanos, y amenaza con paralizar el acceso a la justicia en 2025.
El pasado 15 de septiembre de 2025 un fiscal en Ibagué, en plena audiencia, sufrió una crisis nerviosa que obligó a suspender el trámite. El episodio fue noticia, pero sobre todo es un signo revelador: detrás de esa escena está el rostro de miles de personas que trabajan en la Rama Judicial bajo una presión insoportable. La justicia, que debería ser garantía de derechos, se ha convertido también en fuente de deterioro físico y emocional para quienes la hacen posible.
Congestión judicial
Los números confirman lo que los cuerpos y las mentes padecen. Según el Plan Sectorial de Desarrollo de la Rama Judicial 20232026, entre 1996 y 2021 la demanda de justicia creció un 145,5%, mientras que la oferta de despachos apenas aumentó 41,5%. Para 2021, el inventario de procesos pendientes superó los dos millones, con un promedio de 374 procesos por despacho. En paralelo, el país pasó de 45 a más de 52 millones de habitantes en la última década, pero el número de jueces y juezas sólo aumentó un 5,4%. Hoy tenemos menos servidores y servidoras de justicia por habitante que hace diez años: de 13,11 por cada 100.000 personas en 2013, bajamos a 11,88 en 2024.
La congestión judicial es ya un lugar común, se nos convirtió en un paisaje agobiante. Cada reporte de estadística repite lo mismo: más ingresos que egresos, más procesos que sentencias, más expedientes que manos. En 2023 ingresaron 2,9 millones de procesos y salieron 2,3 millones; en 2024 ingresaron 3,2 millones y egresaron 2,6 millones. No se trata de falta de compromiso de quienes integramos la Rama Judicial, al contrario, es agotamiento por exceso de trabajo, consecuencia de un déficit de 6.240 servidoras y servidores judiciales, reconocidos oficialmente pero nunca corregidos.
La sobrecarga de trabajo, un riesgo para la salud
El impacto trasciende lo administrativo. En 2022, el Programa “Saludablemente» reveló que más del 60% de las personas funcionarias judiciales estaban en alto riesgo psicosocial, y un 83% presentó síntomas de estrés, con frecuencia dañina para la salud. No hablamos solo de productividad: hablamos de dignidad humana. El fiscal que tuvo que suspender la audiencia en Ibagué, según reportes, llevaba tres días sin dormir. ¿Qué clase de justicia puede ofrecer una persona en esas condiciones?
El país necesita con urgencia más despachos, más juezas y jueces, más funcionarios y funcionarias y, sobre todo, un presupuesto realista y suficiente. Sin esa base financiera, cualquier diagnóstico se queda en un enunciado sin efectos, como una problemática sin resolución. La congestión judicial no es una falla técnica ni un accidente histórico: es el resultado de decisiones políticas que han postergado lo inaplazable. Por eso, la solución debe traducirse en una decisión firme que exprese la voluntad política de asignar los recursos indispensables para garantizar un servicio de justicia digno.
Seguir naturalizando la congestión como una fatalidad equivale a aceptar que la justicia se derrumbe lentamente, como el edificio Nemqueteba de Bogotá, donde funcionan los juzgados de familia y laborales, arrastrando consigo a quienes la sostienen con jornadas extenuantes, con su salud quebrantada y sacrificando de paso el derecho fundamental de todos los colombianos y colombianas a acceder a la administración de justicia. Sin presupuesto, no hay reformas posibles. Y sin juezas, jueces ni personal judicial en condiciones laborales dignas, no habrá justicia para nadie.
