Paro minero en Boyacá: protestas indefinidas por exportaciones, energía y formalización.

Boyacá arrancó agosto con paro de mineros indefinido, convocado por campesinos y trabajadores del sector carbonero. La jornada comenzó con bloqueos en vías principales, suspensión del transporte intermunicipal y un ambiente de creciente tensión entre manifestantes y autoridades. Los convocantes exigen al Gobierno Nacional respuestas concretas ante lo que describen como una ofensiva institucional contra la minería tradicional, agravada por nuevas cargas tributarias, deudas sin saldar y decisiones que han golpeado de lleno la economía regional.

Desde el lunes 4 de agosto de 2025, municipios como Paipa, Sogamoso, Tópaga y Mongua se han convertido en epicentros de la movilización. Carreteras estratégicas como la vía Bogotá-Tunja, la glorieta de salida de Paipa y el corredor Cusiana permanecen bloqueadas con volquetas cargadas de carbón y laja, en señal de protesta contra la política minera del Ejecutivo.

El Instituto Nacional de Vías (Invías) reportó el cierre total de la vía nacional entre Bogotá y Tunja a la altura del Puente de Boyacá. Mientras tanto, la terminal de transporte de Sogamoso suspendió todos los despachos por razones de seguridad, en medio de denuncias de abuso policial en los puntos de protesta.

Las exigencias del paro minero

El pliego de condiciones entregado por los voceros del paro, conocido públicamente en Paipa, expone una lista de demandas dirigidas al Gobierno Nacional y a entidades como la Agencia Nacional de Minería (ANM), la Unidad de Planeación Minero Energética (UPME), Gensa y el Ministerio de Minas y Energía.

Entre los puntos más destacados se encuentran: 

• Generación energética: activación inmediata de las termoeléctricas de Boyacá y Cundinamarca, con generación continua de energía, especialmente tras el papel del carbón térmico en la prevención de apagones durante 2024.
• Exportaciones: reactivación de las ventas internacionales de carbón térmico y metalúrgico, suspendidas según los voceros sin que se ofrezcan alternativas productivas.
• Tributación: eliminación del IVA del 29 % a la producción minera incluido en la última reforma tributaria y revisión de los gravámenes ya existentes.
• Regalías: ajuste a la baja en los precios establecidos para el pago de regalías y revisión urgente de la metodología aplicada por la UPME.
• Formalización: desbloqueo de trámites técnicos y legales en la ANM y las CARs para pequeños empresarios mineros que llevan años esperando aprobación.
• Pagos atrasados: exigencia a Gensa del pago inmediato de más de 26 mil millones de pesos adeudados a 35 empresas mineras desde enero de 2025.
• Reconocimiento: inclusión del carbón térmico como mineral estratégico y garantías de seguridad jurídica para más de 1.500 pequeños mineros.
• Transición energética: exigencia de participación comunitaria en la formulación de la transición energética, para evitar desplazamientos productivos forzados.
• No criminalización: cese de las declaraciones oficiales que asocian al sector con delitos ambientales o sociales. “Nosotros no somos delincuentes ni estamos matando a la humanidad”, dice el documento.

Sandra Bernal: “Esta actividad solo genera desarrollo y progreso”

Desde las calles de Paipa, la exalcaldesa de Socha y dirigente minera Sandra Bernal asumió el rol de vocera del movimiento. Durante una intervención pública, declaró:

 “Hoy estamos aquí miles de hombres y mujeres que alzamos la voz ante el Gobierno Nacional, ante las nefastas decisiones que ha tomado, las políticas públicas que han afectado al sector carbonero y a uno de los renglones más importantes de la economía del Departamento de Boyacá”.

Bernal pidió la presencia urgente de los ministerios competentes, y reclamó un “pacto de no agresión” que permita destrabar los procesos legales, cesar la persecución y garantizar que la minería pueda seguir operando sin ser tratada como delito.

Campesinos paramunos también se suman

A la movilización minera se unieron líderes campesinos de las provincias de Ricaurte y Gutiérrez. Según declaraciones de Roberto Arango en el noticiero 6AM, el paro se mantendrá “mientras no haya cumplimiento real de los acuerdos previamente pactados con el Ejecutivo”. Desde su perspectiva, el Gobierno ha incumplido compromisos firmados con el sector rural, y la actual crisis es una respuesta colectiva al abandono institucional.

El norte del departamento también se encuentra afectado. En el municipio de Belén, se reportan concentraciones en el sector conocido como “El Topón”, mientras que en Sogamoso los bloqueos se trasladaron hacia la glorieta Gustavo Jiménez.

La Policía Nacional desplegó al menos 150 uniformados para acompañar las protestas y garantizar el orden público, pero la tensión sigue creciendo. Voceros comunitarios denuncian presencia de escuadrones antidisturbios en sectores mineros, lo que ha provocado resistencia.

Guaqueros de Coscuez, otra chispa en el conflicto

En paralelo al paro minero generalizado, los guaqueros del municipio de San Pablo de Borbur anunciaron un plantón en Bogotá tras denuncias contra Fura Gemas, la empresa concesionaria de la mina de esmeraldas de Coscuez, una de las más importantes del occidente de Boyacá.

La comunidad asegura que la firma, con sede en Dubái, solicitó a la Policía el desalojo forzado de guaqueros y la quema de sus motobombas, lo cual habría generado enfrentamientos y destrucción de maquinaria. Desde la llegada de la multinacional, el conflicto con las comunidades tradicionales se ha intensificado.

Aunque Fura Gemas lleva cinco años operando en la región, solo ha reportado pagos por 43 mil millones de pesos en impuestos y regalías, cifra que los habitantes consideran irrisoria frente al volumen de extracción y las condiciones de vida locales.

Escalada y ruta hacia Bogotá

Todo apunta a una escalada del paro hacia la capital. Según confirmaron fuentes locales, está previsto que una parte de los manifestantes se trasladen a Bogotá para visibilizar sus reclamos ante el Congreso y las sedes ministeriales.

San Pablo de Borbur ya rechazó la invitación del Gobierno Departamental para instalar una mesa técnica en Paipa. Los líderes consideran que no se han dado garantías reales de solución, y acusan al Gobierno de ignorar las propuestas de las comunidades mineras.

Se espera que en las próximas horas continúen los bloqueos en puntos estratégicos y que se intensifiquen las protestas si no hay una respuesta formal. Hasta el momento, el Gobierno Nacional no ha confirmado presencia de delegados ministeriales en los territorios.