El reciente anuncio de Donald Trump de imponer aranceles globales, disfrazado de “Día de la Liberación”, representa un golpe para la economía colombiana. Sus efectos sobre los colombianos en condición de pobreza o vulnerabilidad, seis de cada diez, podrían ser tan graves como, o incluso peores que, los de la pandemia.
Lo verdaderamente alarmante no es solo la medida en sí, sino la pasividad con la que ha respondido el Gobierno nacional. Mientras el mundo se prepara para una guerra comercial, Colombia permanece dormida: sin ministro de Comercio, sin director de Planeación, con un Plan Nacional de Desarrollo abandonado, la mayoría de las tareas de reindustrialización y reactivación sin ejecutar, y sin un plan claro para proteger la industria, el empleo y la soberanía alimentaria del país.
Reprimarización acelerada
Los aranceles del 10 % profundizarán el proceso de reprimarización derivado de la apertura económica y los tratados de libre comercio (TLC), que han provocado que la mayor parte de nuestras exportaciones se concentren en materias primas.
Sectores con potencial para diversificar la economía —como la industria farmacéutica, química, metalmecánica, de la moda y de los cosméticos, entre otros, particularmente aquellos con alta participación femenina— serán los más afectados.
En contraste, productos que ya dominan nuestra canasta exportadora —como el petróleo, el carbón y el banano— seguirán siendo el eje, perpetuando un modelo extractivista y fuertemente masculinizado. En otras palabras, Trump empuja al país de regreso al siglo XX, mientras el Gobierno ni siquiera parece notarlo.
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Inflación, menor demanda y el fantasma del dumping
El impacto no se limitará a una disminución en las ventas, ni el costo recaerá únicamente sobre los consumidores estadounidenses. Los precios más altos en EE. UU. reducirán el consumo de nuestros productos, y posibles represalias de China y Europa encarecerán las importaciones de insumos industriales y bienes esenciales para nuestras exportaciones.
Aún peor: los excedentes de otros países, que ya no podrán ingresar al mercado estadounidense, podrían inundar Latinoamérica a precios irrisorios, afectando gravemente a nuestros productores. ¿Dónde está la estrategia para evitar que Colombia se convierta en el depósito de las mercancías que nadie más quiere?
El petróleo y la tormenta perfecta
Para colmo, el precio del crudo —del que depende gran parte de nuestros ingresos— sigue en picada, producto de la combinación entre las políticas de Trump, las decisiones de la OPEP y la falta de una gestión estratégica en Ecopetrol.
Esto no solo afectará las regalías, sino que agudizará el déficit fiscal, restringiendo aún más la capacidad del Estado para invertir en salud, educación e infraestructura. Mientras tanto, el Gobierno insiste en mantener una política energética errática, sin claridad frente a eventuales sanciones ni una estrategia definida para diversificar la matriz productiva.
Además, en materia fiscal, el nuevo ministro de Hacienda ha reiterado una postura de irresponsabilidad fiscal que agrava el panorama.
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La ausencia de respuestas
Lo más grave de todo es la indiferencia. Aún no se ha designado un nuevo ministro de Comercio, no se ha planteado una renegociación seria de los TLC, ni se han adoptado medidas mínimas de protección, como la suspensión de los periodos de desgravación pendientes en el acuerdo con EE. UU.
¿Por qué seguimos rebajando aranceles a productos como el pollo, los lácteos o los textiles, que están afectando de manera directa a nuestra producción nacional? ¿Por qué no se activan salvaguardias temporales para proteger a los agricultores e industriales frente a la avalancha de importaciones baratas?
¿Gobierno o espectador?
Las medidas de Trump no son solo un asunto comercial; son un síntoma de un sistema global que se está reconfigurando bajo nuevas reglas, donde el proteccionismo y la defensa de los intereses nacionales son la norma. Mientras otros países actúan, Colombia se limita a observar. No hay estrategia, no hay urgencia, no hay liderazgo.
Si el Gobierno no reacciona pronto —con un Ministerio de Comercio funcional, con acciones concretas para proteger la producción nacional y con una política exterior firme en la defensa de nuestros intereses—, el costo lo pagarán los trabajadores, las mujeres, los campesinos, los pequeños industriales y, ahora, también los exportadores.
