La consulta popular de Petro no resuelve los problemas laborales. Es una maniobra para anticipar su campaña electoral de 2026, utilizando el aparato estatal, el descontento social y los derechos laborales como estrategia política.
Gustavo Petro, los ministros de trabajo Antonio Sanguino y del interior Armando Benedetti y los dirigentes sindicales petristas, aseguran que mediante la consulta popular que se pondrá en consideración de los votantes, los trabajadores van a recuperar los derechos económicos y colectivos perdidos en más de 30 años de neoliberalismo y apertura de la economía, lo cual no es cierto. Como lo explicaremos más adelante, la consulta es una maniobra electoral para anticipar la campaña de 2026 y obtener ventaja sobre los demás candidatos y partidos políticos.
Los promotores de la consulta popular presentan una visión sesgada sobre los beneficios y el trámite de la reforma laboral. Ocultan la falta de voluntad del gobierno para concertar las reformas pensional y laboral en la Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales con las Centrales Obreras y los gremios económicos, mientras que la exministra Gloria inés Ramírez sí lo hizo con funcionarios del FMI, el BM y el Departamento de Trabajo de Estados Unidos.
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La tercerización y las OPS siguen intactas
No hacen ninguna mención de la negativa del gobierno a solucionar la tercerización y deslaboralización que imperan en las dependencias del Estado, en todos los niveles. Existen más de un millón de personas contratadas por órdenes de prestación de servicios, modalidad que sirve para negarles los derechos de asociación y contratación colectiva, muy a pesar de las reiteradas conminaciones de la OIT para que se dé cumplimiento a esas garantías. Sobre el asunto no hay ninguna precisión en las preguntas de la consulta.
En temas como el contrato de trabajo, lo que hace falta es voluntad política para obligar a los empresarios a cumplir las estipulaciones del Código Sustantivo del Trabajo y la Constitución. El contrato de trabajo que debe priorizarse es el de término indefinido, y las opciones de trabajo temporal, a término de obra y a destajo deben ser motivadas solo por circunstancias especiales, tal como ya lo contempla el CST. Las OPS, los contratos sindicales y la subcontratación de actividades propias del rol de las empresas son modalidades que deben desaparecer. Tampoco sobre ellas trata la consulta, ni han hecho nada para eliminarlas ninguno de los gobiernos, siendo que existen las herramientas legales.
Sobre el respeto de los derechos de asociación y contratación colectiva y otras garantías democráticas por las que la OIT ha reconvenido tantas veces a Colombia, lo que debe hacer este y cualquier gobierno es cumplir con la normatividad. De hecho, Gloria Inés Ramírez concilió con el Congreso retirar el articulado que hacía referencia al tema, con el compromiso de concretarlo con decretos, lo cual no cumplió.
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La consulta omite a Mipymes y trabajadores rurales
Sobre el contenido de la reforma laboral, era preciso concertar un acuerdo con los representantes de las micro, pequeñas y medianas empresas, así como con los productores agropecuarios, campesinos e indígenas, muy distintos de las grandes empresas, las multinacionales y de las instituciones y empresas estatales. Existe el antecedente nefasto del tratamiento que Gustavo Petro les dio a las Mypimes en la reforma tributaria, al igualarlas con la banca, las grandes empresas y las multinacionales en materia de pago de impuestos. En las preguntas de la consulta se les menciona de manera demagógica.
Es necesario restituir los derechos económicos conculcados a los trabajadores por las reformas regresivas de los gobiernos neoliberales, tales como la remuneración nocturna a partir de las 6:00 p. m., así como el pago completo de los recargos por trabajo dominical, en festivos y en días de descanso obligatorio, tanto en el sector privado como en el público. La restitución puede tramitarse en el Congreso sin necesidad de una consulta.
El camino legislativo que ocultan
Los promotores de la consulta afirman que, una vez aprobada, los derechos se habrán recuperado, lo cual no es cierto. La consulta requiere ser votada inicialmente por el Senado, conseguir luego una participación de una tercera parte (33,34%) del censo electoral, es decir, 13 millones 650 mil votos, y de ellos obtener la mitad más uno por el sí. Una vez refrendada, cada uno de los puntos requiere leyes adicionales para su puesta en práctica, que deben ser tramitadas por el mismo Congreso de la República que las acaba de negar.
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Un gasto millonario disfrazado de consulta
La consulta costará tanto como unas elecciones de presidencia, congreso o regionales, en medio del crecimiento del déficit fiscal y presupuestal y de grandes recortes de derechos e inversiones.
El gobierno de Petro busca adelantarse en el proselitismo para las elecciones de 2026, constituyendo comités, movilizando toda la burocracia del Estado y utilizando los canales públicos y demás facilidades para sacar ventaja sobre la oposición y los partidos independientes. El gobierno utilizará los derechos laborales y el incumplimiento de las promesas hechas en las pasadas elecciones como pretexto para anticipar su campaña electoral.
Consulta popular de Petro debilita la autonomía sindical
La defensa de los derechos laborales requiere una discusión seria y responsable, que el movimiento sindical debe encarar con autonomía e independencia de los patronos, los gobiernos y los poderes extranjeros. Es importante abordar los problemas laborales de manera efectiva y sin utilizarlos como pretexto para fines electoreros. La consulta popular propuesta por Gustavo Petro es inconveniente.
