En sus primeros dos meses de gobierno, el ciudadano “gringo” en funciones presidenciales en la colonia colombiana, Abelardo de La Espriella –ADLE–, ha dejado claro los ejes de su Administración. Este “raro” personaje impuesto por EE. UU. se alineó con lo más retardatario tanto en lo internacional como en lo nacional: En lo primero, con Trump, presidente de EE. UU., y con Israel, responsables de millones de personas asesinadas, heridas y desplazadas en varias regiones del mundo; y de la expropiación, a sangre y fuego, de la Franja de Gaza a los palestinos, vía asentamiento de nuevos colonos israelíes. Y en lo local, ADLE, alias “El Tigre”, adoptó las políticas neoliberales y ultraconservadoras ya fracasadas en la vida republicana de los colombianos.
Alias “El Tigre” goza de las características del populista de ultraderecha: No renuncia a su ciudadanía estadounidense que lo obliga a defender los intereses de ese país por encima de Colombia, sin embargo hace creer que es un custodio de la soberanía y autodeterminación nacionales; sus discursos van contra las élites pero gobierna y convive con ellas; exhibe a los corruptos tradicionales, mas fue elegido con sus votos; dice estar con los pobres pero aplica las medidas neoliberales que excluyen a más del 70 % de los habitantes; arremete contra quienes no piensen como él y constituye un “apartheid” contra amplios sectores reconocidos universalmente como los movimientos del colectivo LGBTQ+. Es un fanático del conservadurismo enfocado en el orden social, aprovechando la violencia del país, impone su tipo de seguridad nacional.
Comenzaron ya las primeras protestas contra sus políticas, por lo cual ADLE acudió a endurecer por decreto los límites a las manifestaciones. En Colombia varios Gobiernos del siglo XX han expedido normas para regular, condicionar o limitar la protesta, a través de la fuerza pública. También los últimos: Juan Manuel Santos, Álvaro Uribe Vélez, así como Iván Duque con el Decreto 003 de 2021, que otorgó facultades a la fuerza pública y creó los lineamientos sobre la obstrucción de vías tras el paro nacional de 2021. ADLE lo modificó para intervenir directamente cuando se realicen las protestas en las vías y en los espacios públicos. ¡No se permitirá un solo bloqueo!, rugió alias “El Tigre”.
El portal La Tribuna Colombia publicó este 15 de octubre: “El decreto que regula la protesta social es regresivo e inconstitucional”, del abogado Andrés Pachón, en el cual explica que “la protesta social es una herramienta de control ciudadano sobre el Poder, de defensa de los derechos y de conquista de mejores condiciones de vida. Permite que sectores excluidos o insuficientemente representados hagan visibles sus demandas e incidan en las decisiones públicas. La Corte Constitucional, en las sentencias C-223 de 2017 y C-009 de 2018, reconoce su relación con la libertad de expresión, el pluralismo y la democracia participativa: la ciudadanía puede controlar a sus gobernantes mediante la acción colectiva y la presión pacífica en las calles. Su ejercicio no depende de la aprobación del Gobierno ni de que este comparta sus reivindicaciones”.
Las protestas no serán encerradas en “un protestódromo” o en un circo romano. Siempre serán en las calles, así lo entienden los pueblos, como hoy sucede en Francia, España, Italia, Albania, Portugal, Inglaterra, Bélgica, México, Argentina y varios países del mundo. La vida enseña que ¡la legalidad de las protestas radica en su fortaleza!