Es profundamente equivocado creer que la historia de una nación puede corregirse desde el despacho presidencial, retirando aquello que incomoda y rescatando solo aquello que conviene a los valores que el gobernante de turno considera fundacionales. Es lo que plantea Abelardo de la Espriella cuando anuncia una “contrarrevolución cultural” y propone retirar de los espacios culturales las representaciones con las que está en desacuerdo. Ni la cultura ni la historia ni la memoria ni el patrimonio pueden convertirse en un campo de batalla en el que solo importe que los unos permanezcan y los otros desaparezcan.
El problema es más profundo. ¿Quién define la historia legítima de Colombia? ¿Quién establece cuáles son los valores sobre los que se erige la nación y qué memorias merecen transmitirse? ¿Desde cuándo un presidente tiene la autoridad para dictar cátedra sobre la historia, la cultura y la memoria de un pueblo?
Es preocupante que Abelardo de la Espriella presente como una falsificación la interpretación de la historia a partir de la lucha entre opresores y oprimidos. Esa afirmación, lejos de ser una observación inocente, descalifica una tradición de pensamiento que ha permitido comprender las contradicciones de las sociedades y las luchas que han transformado sus estructuras. El materialismo histórico estudia las condiciones materiales de existencia, las relaciones sociales, los intereses en conflicto y las transformaciones que surgen de esas contradicciones, sin repartir a los personajes del pasado entre buenos y malos ni reducir todos los acontecimientos a una fórmula.
El mundo como se conoce hoy es el resultado de la lucha de clases, señor presidente.
Los derechos laborales no aparecieron por generosidad de los poderosos. Las conquistas democráticas no fueron regalos de quienes controlaban el poder. Detrás de ellas hubo trabajadores organizados, movimientos populares, disputas políticas y personas que se opusieron a un orden que parecía inamovible. La historia de Colombia tampoco puede comprenderse sin los conflictos por la tierra, las luchas obreras y campesinas, los movimientos estudiantiles y las reivindicaciones de quienes han disputado el rumbo del país.
¿Es correcta toda interpretación histórica por el solo hecho de invocar la lucha de clases? Por supuesto que no. La historia exige investigación, fuentes, discusión y rigor. Pero una cosa es cuestionar una interpretación concreta y otra muy distinta es presentar como falsificación una perspectiva teórica por unas conclusiones que pueden resultar incómodas.
Es igual de equivocado afirmar que la historia puede separarse de toda interpretación ideológica. Quien investiga el pasado formula preguntas, selecciona problemas, establece relaciones y propone explicaciones. Ese trabajo está atravesado por presupuestos teóricos y metodológicos, y por posiciones ideológicas. Lo importante es someter nuestras interpretaciones a la crítica, contrastarlas con las evidencias y discutir sus fundamentos, sin fingir que podemos prescindir de esas posiciones. Reconocer que toda investigación parte de preguntas y perspectivas no significa que cualquier interpretación sea válida, sino que ninguna debe quedar exenta de discusión.
De la Espriella tiene derecho a defender su concepción de Colombia. Lo que no tiene es el monopolio para definirla a su acomodo.
Resulta contradictorio que, después de advertir contra una cultura de Estado al servicio del gobierno de turno, anuncie una contrarrevolución cultural y exija que los funcionarios compartan los principios y valores de su proyecto. ¿No es precisamente esa la clase de subordinación política de las instituciones culturales que dice rechazar? ¿Cómo se defiende la libertad cultural mientras se declara una lucha abierta contra determinadas corrientes de pensamiento y se anuncia que, para evitar la ambigüedad ideológica, quienes trabajan en el Estado han de adherirse obligatoriamente a ella?
¿Cuáles son esos principios fundamentales de la sociedad colombiana a los que apela? La Constitución reconoce el carácter pluralista y laico del Estado y protege la diversidad étnica y cultural de la nación. Establece que el Estado debe promover el acceso a la cultura y reconoce la libertad de expresión artística. Esos principios no autorizan a ningún gobierno a imponer una interpretación única de la historia nacional. Una cosa son los fundamentos constitucionales que deben orientar al Estado y otra, muy distinta, la concepción política con la que un presidente pretende identificarlos.
La cultura colombiana no se reduce a una lista de valores tradicionales, ni su defensa puede limitarse a recuperar símbolos que un gobierno considera apropiados. Debemos hablar de los presupuestos insuficientes, de los trabajadores culturales que viven en condiciones precarias, de los territorios sin acceso suficiente a bibliotecas, internet, museos y formación artística, y de las dificultades para producir y disfrutar la cultura por fuera de las exigencias del mercado. En el proyecto de Presupuesto General de la Nación para 2027 presentado por el Gobierno de De la Espriella, los recursos propuestos para el Ministerio de Cultura disminuyen un 29,5 % frente a los aprobados para 2026. Si vamos a discutir qué amenaza la cultura, hablemos de esas condiciones materiales. La mercantilización y el abandono de la cultura pública no desaparecen porque un presidente pronuncie un discurso patriótico.
Y hablemos del patrimonio sin convertirlo en una competencia de agravios. Carlos Pizarro y Gonzalo Jiménez de Quesada, desde contextos históricos y políticos muy distintos, forman parte de la historia de Colombia y deben poder ser estudiados y representados sin que eso implique glorificarlos. Reconocer a Pizarro no significa exaltar la lucha armada, y estudiar a Jiménez de Quesada no exige celebrar la Conquista. La discusión sobre sus figuras debe servir para comprender nuestro pasado, sus conflictos y sus violencias, no para decidir qué memorias merecen existir según las preferencias del gobierno de turno.
Es problemático retirar del Museo Nacional personajes y representaciones por razones de conveniencia política, como lo es asumir que derribar un monumento resuelve las disputas sobre la memoria. Desde sectores afines a Petro se ha defendido la retirada de símbolos coloniales, mientras De la Espriella pretende retirar representaciones asociadas a la insurgencia. Ambas posiciones restringen la discusión y cierran la comprensión del pasado. Cada bando corre el riesgo de conservar sus propios símbolos, eliminar los del adversario y confundir la historia con un panteón de héroes propios. La pregunta es qué lugar deben ocupar esas figuras en el espacio público, qué significados tienen sus monumentos y cómo podemos preservar y contextualizar el patrimonio sin convertirlo en una celebración acrítica del pasado.
La enseñanza de la historia debe contribuir a que las nuevas generaciones comprendan los conflictos. Necesitamos que los niños conozcan a Gaitán, las luchas obreras y campesinas, los movimientos estudiantiles y las luchas patrióticas que hicieron posibles derechos que hoy damos por sentados. La Ley 1874 de 2017 establece, entre los objetivos de la enseñanza de la historia de Colombia, contribuir a la formación de una identidad nacional que reconozca la diversidad étnica y cultural, desarrolle el pensamiento crítico y promueva una memoria histórica que contribuya a la reconciliación y la paz. Los estudiantes deben aprender a investigar, a cuestionar y a comprender cómo las sociedades se constituyen y transforman, en lugar de recibir una lista de figuras y hechos aprobados por el Gobierno. Esa debería ser una preocupación central del Gobierno nacional.
Hay una diferencia entre enseñar a venerar el pasado y enseñar a comprenderlo. La primera tarea produce obediencia. La segunda permite pensar.
Abelardo de la Espriella no define la memoria de Colombia ni puede decretar cuál es la única interpretación legítima de su historia. La nación que invoca está hecha de pueblos, clases sociales, tradiciones, disputas y proyectos que no caben en una sola doctrina. Su historia no es una propiedad de este Gobierno, como tampoco lo fue del anterior.
La historia no es un tribunal destinado a absolver a nuestros héroes y condenar a los del adversario. Comprenderla exige reconocer los conflictos que nos han constituido y discutir qué hacemos con ese legado. Ningún gobierno puede clausurar esa discusión en nombre de una verdad de Estado.