El Banco de la República informó que en febrero de 2026 “la deuda pública de Colombia llegó al máximo histórico, de $1238 billones, equivalente al 62,9 % del PIB proyectado para este año. La deuda externa ha repuntado a unos $364 billones (cerca del 19,7 % del PIB), mientras que el total al cierre de 2025 fue de US$246.801 millones”. Para el 2026, el servicio de la deuda pública (intereses y amortizaciones) se proyecta entre $99 a $102 billones, que será una parte significativa del Presupuesto General de la Nación (PGN) de $557 billones. Los intereses de la deuda pública representan por sí solos cerca del 19,5 % del gasto total del Gobierno Nacional Central.
Lo anterior indica que, si se va a pagar toda la deuda, Colombia debe destinar $63 de cada $100 que produce, o, siguiendo los acuerdos de pagos, del PGN de 2026, casi el 20 % estaría obligatoriamente designado a la amortización de esa deuda, que se vuelve “eterna”. En síntesis, Colombia produce para pagar deuda pública y allí encontramos la primera traba para el desarrollo y progreso nacional, tema que se ha profundizado con el Gobierno de Gustavo Petro, ya que, según el Banco de la República, “al revisar su evolución desde agosto de 2022, cuando asumió Petro, se ve que el endeudamiento se ha incrementado en más de $433 billones”, creciendo la friolera del 34,97 %, con tasa de interés hasta del 12 % anual.
Colombia es convertida en un cliente riesgoso al que le incrementan las tasas de interés y los banqueros son los grandes beneficiados del Gobierno de Petro y Cepeda: “Debería recibir un premio de los capitalistas colombianos. Los hemos vuelto más ricos”, escribió el mandatario en X. Hoy el país tiene más dificultades para “honrar los pagos de esa deuda eterna”, lo que implica que el Gobierno deje de atender las necesidades de la población, eliminando todo tipo de subsidios y descargando esas obligaciones en las vacías arcas de los Gobiernos Territoriales, a los que apremia a usar la receta del Banco Mundial de ampliar las fuentes de generación de más impuestos locales.
El Catastro Multipropósito lo impulsa el Banco Mundial, quien brinda la asistencia técnica con un préstamo de US$100 millones y exige que se consolide como política pública para modernizar la tenencia de la tierra, lo que el presidente Petro reduce a una lucha contra los terratenientes. Con esa justificación engañosa lo regula en su Plan Nacional de Desarrollo –Ley 2294 de 2023–, desde el artículo 43 y subsiguientes, en: financiación de las regiones, gestión catastral, la política catastral, ejecución del impuesto y reducción del rezago de dicho impuesto. Con base en ello, el director general del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, Gustavo Marulanda –que según la revista Semana del 22 de septiembre de 2022, fue vinculado por el Gobierno Petro dejando anomalías en la actualización catastral de Soacha–, dictó la Resolución 2057 de 2025, que reajusta “a partir del 1 de enero de 2026, los avalúos catastrales rurales en 527 municipios de Colombia, para predios formados antes de 2018”, en cuyo artículo 2 establece unas tablas de incremento absolutamente exorbitantes.
La Resolución cobija a 28 departamentos, incluidos los de la Costa Caribe, en donde hay municipios con incrementos que van desde el 1000 % hasta, en un caso, ¡incluso superior al 2.500.000 %! ¡El Gobierno de Petro y Cepeda empobrece a millones de pequeños y medianos propietarios!
