El problema del impuesto predial en Girardot, Armenia y Tuluá

El proceso de actualización catastral multipropósito avanza rápidamente en Colombia, pero su enfoque fiscalista y expropiatorio está causando un grave menoscabo, generando fuertes afectaciones para las finanzas de muchos propietarios. Municipios como Girardot, Armenia y Tuluá se han convertido en ejemplos alarmantes de esta problemática. Los ciudadanos son víctimas de incrementos abusivos en el impuesto predial tras la actualización de sus catastros, con incrementos que, en algunos casos, superan el 700 %.

 Estas subidas desproporcionadas reflejan una política catastral y unos avalúos desvinculados de la realidad y de la capacidad económica de las personas, evidenciando un sistema que prioriza la recaudación sobre la equidad y el bienestar social.

¿Cómo les fue a Girardot, Armenia y Tuluá?

 En Girardot, algunas personas pasaron de pagar 150 mil pesos a 15 millones de pesos. En Armenia, los aumentos oscilan entre el 70 % y el 100 %.   En Tuluá, a algunos habitantes rurales les subió en un 700 % y en casos extremos, predios que pagaban 5 millones ahora deben pagar 25 millones de pesos.

 Entramos en el quinto año desde el inició de la actualización catastral con enfoque multipropósito en Colombia, y la gente no aguanta más. Los resultados son graves: incrementos desmedidos en el impuesto predial, privatización de los servicios catastrales y debilitamiento del Instituto Geográfico Agustín Codazzi. Muchas personas se debaten entre pagar este impuesto o perder su casa, como ocurre en Soacha donde crece la morosidad y proliferan los temidos e injustos procesos de cobro coactivo.

 El problema radica en la política catastral impulsada por organismos como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial; con el apoyo, por acción u omisión, de Uribe, Santos, Duque y Petro, y algunos alcaldes y gobernadores como Nicolás García y Jorge Emilio Rey en Cundinamarca. Esta política traslada la carga financiera de los municipios a los ciudadanos y exonera a los gobiernos centrales de aumentar las transferencias a las regiones, abandonándolas a su suerte.

¿Por qué se les disparó los impuestos prediales?

 El principal error de esta política es vincular el avalúo catastral a los precios del mercado inmobiliario, lo que genera valores irreales y dispara la base gravable para calcular los impuestos. Esto, sumado a unas leyes de tarifas y topes vigentes que no funcionan en la práctica. El cobro actual es abusivo y no corresponde a la capacidad económica de las personas. Además, el debilitamiento del Instituto Geográfico Agustín Codazzi y la privatización de los servicios catastrales han causado errores en los avalúos, dificultando las reclamaciones y agravando la situación.

¿Qué podemos hacer?

 Es urgente que los propietarios de estos y todos los municipios del país donde padezcan la misma situación, se organicen en veedurías ciudadanas y comités de trabajo para acompañar los reclamos individuales como son la solicitud de revisión de avalúos y los recursos de reconsideración, así como las acciones legales colectivas que sean viables en cada caso.

 Es clave también incidir en la actualización de los estatutos tributarios de cada municipio para incluir más variables y rangos; reducir tarifas y hacer el impuesto predial más equitativo, mitigando el impacto de los nuevos avalúos en propiedades valoradas en menos de 135 Salarios Mínimos Mensuales Legales Vigentes. Quedando aún por fuera los avalúos inflados por el mercado especulativo inmobiliario en muchos municipios que impiden tarifas justas. Es un problema que tiene su origen en Problema vinculado a la Política de Catastro Multipropósito, que refuerza la necesidad de impulsar cambios a nivel nacional.

 Ciudadanos, sectores sociales y fuerzas políticas debemos unirnos en una plataforma nacional para exigir al Congreso y al gobierno de Petro que reformen esta política en beneficio de la población y el desarrollo nacional.