Como educadora, es necesario preguntarnos qué estamos haciendo en el aula para contribuir a mejorar este panorama. Como dirigente sindical, me pregunto si hemos hecho lo suficiente para defender una educación científica y de alta calidad.

Sin embargo, no deja de causarme desconcierto observar cómo los portavoces del gobierno de De La Espriella, junto con congresistas y dirigentes políticos de partidos que históricamente han hecho parte del establecimiento y buena parte de los medios de comunicación, sustraen convenientemente la educación de las condiciones reales del mundo y del país para endosar sus responsabilidades a los mismos presuntos culpables de siempre, los maestros y sus organizaciones gremiales.

La pregunta es entonces si este señalamiento no busca convertir a los docentes en chivos expiatorios para continuar en su campaña de desprestigio hacia lo público y crear un ambiente favorable para avanzar hacia la privatización de la educación pública, como queda claro en el proyecto de reforma al Decreto 1075 presentado por el Ministerio de Educación del Gobierno de Abelardo De La Espriella, con el que se busca sentar las bases para entregar la infraestructura y los recursos públicos a confesiones religiosas y concesionarios privados.

En lugar de resolver el problema, la medida lo profundizaría, pues está claro que el sector privado se mueve con criterio de ganancia y la calidad seguirá siendo la más sacrificada.

Es necesario abrir un debate de fondo sobre el modelo educativo impuesto durante las últimas dos décadas y preguntarnos ¿qué educación estamos defendiendo? A partir de esta pregunta, habrá que examinar qué resultados han dejado 24 años de reformas educativas y si el deterioro en comprensión lectora, matemáticas y ciencias que muestran las pruebas hace parte de un retroceso más amplio de la educación a escala mundial.

PISA 2025, ¿qué educación estamos defendiendo?

Los resultados de PISA 2025 también llevan a preguntarse qué estamos haciendo y qué educación queremos defender. La pregunta no puede reducirse a cómo subir unos puntos en una prueba estandarizada. Las dichosas pruebas PISA, que los neoliberales aceptan como una suerte de verdad revelada por el solo hecho de provenir de la OCDE, tampoco constituyen el reflejo de lo que realmente debería entenderse por calidad educativa. Estandarizar el conocimiento solo conduce a reducir su complejidad a una medida arbitraria que poco aporta a la formación integral de los estudiantes.

La pregunta fundamental debe ser cómo lograr que nuestros estudiantes desarrollen realmente la capacidad de comprender el mundo, apropiarse de los conocimientos más avanzados de la humanidad y utilizar esos conocimientos para transformarlo.

El deber que tenemos en educación es llevar a las aulas el conocimiento más acabado del universo, el estudio de la naturaleza a la luz de los últimos descubrimientos, la comprensión de sus leyes de acuerdo con los avances teóricos, el estudio de la evolución de la vida y de la humanidad, el conocimiento de las matemáticas, el mundo de la física, de la biología, el reconocimiento de nuestras especies y de la diversidad que tenemos, y de los demás campos de la ciencia, el manejo de la técnica, el análisis de la historia mundial y nacional, el estudio de la geopolítica, el encanto de la literatura, las artes, el trabajo con el cuerpo humano, la disertación filosófica, ética, en fin, todo el espectro de la sabiduría sobre la realidad toda, que es el objeto propio de la educación.

¿Estamos formando seres humanos para que puedan afrontar las circunstancias de la vida, del mundo, de su propio país, del trabajo y de la producción, en las mejores condiciones posibles, y adquieran la capacidad de contribuir a su transformación? ¿Existen las condiciones materiales para cumplir con este propósito?

24 años de reformas neoliberales y un saldo nefasto para los estudiantes

Las reformas neoliberales han tenido consecuencias devastadoras para el sector educativo en su conjunto. El magisterio ha soportado el recorte paulatino de sus derechos y una creciente sobrecarga laboral que no se corresponde con salarios dignos ni con la dedicación y responsabilidad que exige su labor.

Para los estudiantes, el resultado ha sido perverso porque se impuso un modelo que flexibiliza su tránsito por la escuela y reduce las exigencias académicas. Como señaló José Fernando Ocampo (2016), esta política educativa contiene las llamadas “siete plagas de la educación”, entre las cuales se encuentran:

1. La promoción automática. Bajo el argumento de que la repitencia y la deserción son los principales males de la educación, se flexibilizó la promoción de los estudiantes, incluso cuando no alcanzan los objetivos previstos para cada grado. Esto debilita el sentido de la evaluación y transmite la idea de que avanzar en el sistema escolar no depende necesariamente de la apropiación del conocimiento.

2. La ausencia del preescolar de tres grados. Los gobiernos han incumplido lo establecido en la Ley General de Educación y los acuerdos suscritos con Fecode respecto del acceso universal a este nivel, privando a muchos niños de una etapa fundamental para su desarrollo psicoafectivo y profundizando las desigualdades sociales.

3. El hacinamiento de estudiantes. La reducción de la inversión y las lógicas de eficiencia propias del mercado han favorecido aulas con 40 ó 45 estudiantes, condiciones que dificultan una formación adecuada y el desarrollo del pensamiento crítico. ¿Qué pensamiento crítico se puede incentivar en aulas de clase con semejante número de estudiantes por profesor?

4. La imposición de estándares y competencias. Este modelo, basado en el idealismo subjetivo y el constructivismo, responde, desde esta perspectiva, a las necesidades de un sistema que busca reducir costos y adaptar la educación a una economía rezagada. La estandarización del conocimiento termina subordinando la formación a las lógicas del neoliberalismo y la globalización, en detrimento de una educación científica y de la autonomía escolar.

6. La homogeneización de la educación mediante las pruebas Saber y PISA. Como señala Ocampo (2016), la Ley General de Educación había representado un avance al reconocer la autonomía escolar y dejar al Estado la responsabilidad de financiar la educación. Sin embargo, las pruebas estandarizadas se han convertido en uno de los principales instrumentos para imponer el enfoque de competencias a escala mundial. En lugar de fortalecer la apropiación de los conocimientos más avanzados, han impulsado una carrera por obtener buenos resultados en las pruebas.

7. La implementación de la doble jornada escolar. La doble jornada, concebida para operar dos colegios con los recursos destinados a uno y reducir las horas de clase, fue cuestionada por el magisterio y posteriormente enfrentada mediante la Ley 115, que estableció la jornada única. Sin embargo, los gobiernos de Santos, Duque y el actual han prometido aplicarla sin garantizar la financiación necesaria ni respetar plenamente la autonomía escolar.

En conjunto, estas políticas han profundizado la desfinanciación y debilitado tanto las condiciones de enseñanza como las posibilidades de los estudiantes de acceder a una formación científica, integral y de alta calidad. El problema, por tanto, no puede reducirse a señalar a los maestros. Es necesario examinar críticamente los resultados de 24 años de reformas y el modelo educativo que estas han impuesto.

PISA 2025, la crisis de las matemáticas, las ciencias y la lectura es mundial

La OCDE reportó que PISA 2025 registró los peores resultados promedio de sus países miembros en matemáticas y lectura, con uno de cada cinco jóvenes de 15 años presentando bajo desempeño simultáneo en ciencias, matemáticas y lectura.

Entre 2022 y 2025, los promedios cayeron nueve puntos en matemáticas y cerca de catorce en lectura. El caso de España confirma la tendencia, con resultados inferiores a los de 2015 y nuevas caídas frente a 2022.

Al contrario de lo que sucede aquí, en donde todo lo resuelven culpando a los docentes, en estos países están reflexionando sobre el fenómeno. En España llaman la atención sobre factores como los cambios en las formas de aprendizaje, la pérdida de atención, el uso de dispositivos digitales y las transformaciones familiares y sociales.

En cuanto a la tecnología, aclaran que el uso de esta tampoco es, por sí misma, el problema; sus efectos dependen del uso que se haga de ella.

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El proyecto “Por el cual se modifica parcialmente el Decreto 1075 de 2015 – Único Reglamentario del Sector Educación” (MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL DECRETO No.) pretende modificar las reglas para permitir que terceros presten o administren establecimientos educativos oficiales abriéndole las puertas a la privatización.

La privatización de la educación pública no necesariamente implica vender los colegios. Difícilmente un empresario cuyo principal criterio es la rentabilidad compraría o asumiría motu proprio la administración de un colegio en una zona rural o en un barrio popular, donde las familias no tienen capacidad adquisitiva para pagar matrículas que garanticen las ganancias esperadas por el negocio privado.

Es el Estado el único aparato de la sociedad con la capacidad y la obligación de garantizar el derecho a la educación en todos los territorios del país. Puede y debe hacerlo precisamente porque su función no está determinada por la ganancia, sino por la garantía de los derechos. La educación pública se financia con los impuestos que pagamos todos y, por ello, no puede quedar sometida a la lógica de la rentabilidad.

Con las concesiones y la educación contratada que la reforma de la ministra de De La Espriella busca ampliar, el contratista entra ganando porque el Estado aporta la infraestructura y la dotación, mientras garantiza la demanda mediante el pago de recursos públicos por cada estudiante atendido. De este modo, el particular administra un servicio financiado por el Estado y reduce significativamente los riesgos propios de cualquier negocio privado. ¿Cómo no va a ser rentable administrar unos colegios construidos y dotados con presupuesto del erario y, contar, con la garantía del giro anual per cápita que el Estado les da?

$63 billones de recursos públicos en juego con la privatización de la educación pública que impulsa el Gobierno de De La Espriella

El Ministerio de Educación Nacional (MEN), a través de su Oficina Asesora de Planeación y Finanzas, estimó que la canasta educativa para preescolar, básica y media costaría en 2026 $63,3 billones, en pesos constantes de 2023. La proyección contempla cerca de 10,1 millones de estudiantes, lo que equivale a aproximadamente $6,3 millones por estudiante al año.

¿Qué incluye esa canasta?

El Ministerio organiza la canasta en cuatro grandes componentes:

Más de $63 billones de recursos públicos destinados a garantizar el derecho a la educación! Por eso, cualquier decisión que entregue a particulares la administración de colegios oficiales también debe preguntarse quién manejará esos recursos, bajo qué condiciones y cuáles serán las consecuencias para la educación en su conjunto, los colegios, los estudiantes y los docentes.

¿Cómo se materializa la privatización de la educación pública con el proyecto de De La Espriella?

Las concesiones educativas comenzaron en Bogotá entre 1999 y 2001, durante la administración de Enrique Peñalosa, bajo las “orientaciones” del BID, en el marco de la política neoliberal.

El modelo consistió en entregar a entidades privadas la administración de colegios oficiales construidos y dotados con recursos públicos. Desde entonces, las concesiones se han presentado como una alternativa para la prestación del servicio educativo.

Posteriormente, el Decreto 2355 de 2009 facultó a las entidades territoriales certificadas para contratar la prestación del servicio educativo cuando se demostrara la insuficiencia de establecimientos oficiales.

Ahora, el proyecto de reforma del 1075 impulsado por la ministra Viviane Morales profundiza esta lógica mediante seis modificaciones:

¿Y la calidad?

El principal argumento de los defensores de los colegios en concesión es que los operadores privados garantizan mejores resultados académicos. Sin embargo, después de más de dos décadas de este modelo, sus resultados no permiten sostener que la administración privada produzca, por sí misma, una educación de mayor calidad.

En los rankings y resultados de las pruebas Saber, los colegios en concesión no muestran una superioridad generalizada frente a las instituciones educativas oficiales. Por lo tanto, la supuesta superioridad académica que tiene la privatización de la educación pública no puede presentarse como un hecho demostrado.

¿Y qué pasa con el proyecto educativo nacional si avanza la privatización de la educación pública?

Uno de los principales logros de la Ley General de Educación fue fortalecer la autonomía de las instituciones educativas, la libertad de enseñanza y de cátedra, el carácter laico de la educación y el papel del gobierno escolar, así como la participación de las comunidades educativas en la construcción de sus proyectos pedagógicos, frente a la imposición de contenidos por parte de las confesiones religiosas o de las autoridades educativas.

El Estado tiene la responsabilidad de garantizar y dirigir una política educativa nacional que responda al interés nacional. Limitar su papel a construir colegios, financiarlos y entregarlos a operadores privados significa renunciar progresivamente a esa responsabilidad y reducir la educación a la prestación de un servicio bajo relaciones contractuales con terceros.

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La política es parte esencial de la sociedad. El aumento del precio de la gasolina, los altos costos de las tarifas de energía, la crisis financiera de las universidades públicas, los recortes a los subsidios del ICETEX, las importaciones de cerca de 15 millones de toneladas de productos agropecuarios que podríamos producir aquí y nuestras relaciones de subordinación ante potencias como EE. UU., por solo citar algunos ejemplos, dependen de decisiones políticas.

En esta encrucijada, el dilema que encara la juventud en Colombia es limitarse a padecer la política o atreverse a hacerla para conquistar las transformaciones nacionales y democráticas.

Las malas decisiones del continuismo del pasado y el falso cambio

Nuestros graves problemas son fruto de decisiones contrarias al interés general. Desde 1990 el breviario neoliberal utilizado por todos los gobiernos ha profundizado el subdesarrollo, lo cual se prueba con la poca creación de fuentes de empleo y riqueza, la desigualdad social y la corrupción. Y con Petro nada cambió, porque, al igual que los anteriores mandatarios, obedece las imposiciones del FMI y la OCDE, y su gobierno promueve la corrupción y acentúa el autoritarismo.

Ante este desolador panorama hacemos causa común con la aspiración de Jorge Robledo de regresar al Senado y promover un esfuerzo unificado con el Nuevo Liberalismo, el MIRA y Dignidad y Compromiso para construir la Coalición Ahora Colombia, un proyecto distinto al continuismo del pasado y al falso cambio.

La carrera de obstáculos de la juventud en Colombia

Si al país le va mal, también los jóvenes sufrirán el mismo destino. Es lo que explica por qué se hace tan dramática la carrera de obstáculos de la juventud en Colombia para estudiar, trabajar y tener pensión. Las universidades públicas, mal financiadas, resienten de un déficit de 19 billones de pesos (SUE), lo que dificulta avanzar en la universalidad, gratuidad y calidad de la educación. Mientras tanto, el ICETEX, lejos de ser un auxiliar de la política educativa, se ha vuelto un dolor de cabeza para los deudores, al tiempo que afloran las universidades privadas de garaje, porque las de calidad son pocas debido a los altos costos.

El trabajo productivo decrece. Para el trimestre febrero-abril de 2025 la informalidad fue del 56,8% y el desempleo de la juventud en Colombia fue del 16,0% (DANE). Peor aún, pensionarse será más difícil y menos digno por los recortes de la reforma pensional petrista. ¡Y la fuga de cerebros al exterior no cesa de crecer!

Los consejos de juventud: una oportunidad para transformar el país

En estas condiciones, las elecciones para los Consejos Locales de Juventud son una oportunidad para que los jóvenes entre 14 y 28 años discutan sus problemas, planteen propuestas para superarlos, fortalezcan su organización y adelanten la movilización.

La voz crítica de la juventud en estos espacios debe servir para cuestionar: ¿Puede una economía rezagada de 7.000 dólares de riqueza per cápita anuales brindar mejores oportunidades? ¿La educación debe ser un derecho o una fuente de lucro? ¿Habrá empleo si el país no desarrolla la industria y el agro? ¿Tendremos pensión en medio de tanta informalidad? Con los Consejos de Juventud, nos encontramos al frente una herramienta valiosa para aportar al genuino progreso de Colombia.

Las veces que la juventud participó en política y marcó la diferencia

La juventud en Colombia ha jugado un papel decisivo en los avances democráticos y acontecimientos de importancia nacional: su participación en la gesta de independencia contra España, el memorable  movimiento estudiantil de 1971, las movilizaciones en rechazo al ALCA y los TLC, la victoria de la MANE en 2011 sobre la pretensión de Santos de profundizar el ánimo de lucro en la educación, el histórico acuerdo de 5,8 billones de pesos para el rescate presupuestal de nuestras universidades públicas en 2018, el Paro contra el “Paquetazo” de Duque en 2019 y lo propio en el Paro Nacional de 2021, entre otros.

Hoy, la juventud de Dignidad y Compromiso también se prepara para esta brega, porque este no es el país en el que nos tocó vivir, sino el que nos tocó transformar.

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Intereses onerosos y políticas neoliberales

Según Inteligencia Artificial –IA–, “El Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior (ICETEX) es una entidad del Estado que promueve la educación superior en Colombia y en otros países: Otorgando créditos educativos, ofreciendo becas internacionales, facilitando el acceso a oportunidades de estudio en el exterior y emitiendo Títulos de Ahorro Educativo (TAE)”.

El ICETEX, a pesar de cobrar intereses onerosos, es lo contrario al “credo” neoliberal, cuyo fundamento es eliminar los subsidios del Estado y trasladar la financiación de los derechos fundamentales, servicios esenciales y las actividades económicas de la población al sector privado, convirtiéndolas en su negocio.

Cada gobierno neoliberal, desde Virgilio Barco, sin excepción, ha tomado medidas para privatizar –llaman modernizar– las Instituciones del Estado, conllevando incluso a la liquidación de los bancos del Estado dedicados al fomento de los sectores de la economía. Es una de las razones por las que el Estado recorta o dilata la entrega de recursos al ICETEX, denuncia que hicieron los estudiantes.

El futuro de cientos de estudiantes en peligro

“La financiación de los estudios universitarios de más de 200.000 estudiantes en Colombia quedaron en grave peligro, debido a la falta de desembolsos del Ministerio de Hacienda o el Ministerio de Educación –El uno le tira al otro la pelota– al ICETEX. No le ha girado $402.000 millones de las matrículas; se prevé un recorte de $1 billón en presupuesto 2025. Quedarían 184.000 estudiantes sin subsidios de tasa de interés, 114.000 jóvenes sin sostenimiento, 35.000 condonaciones sin aprobar y 60.000 aspirantes quedarían sin acceso a créditos, por lo cual no han hecho convocatoria”: Son las denuncias de las organizaciones de estudiantes universitarios, como la Organización Colombiana de Estudiantes –OCE– y la Asociación Colombiana de Representantes Estudiantiles de la Educación Superior –ACREES–.

La crisis del ICETEX es grave

La crisis del ICETEX es tan grave que el periódico El Espectador editorializó el 23 de este mes: “El ICETEX y la falta de responsabilidad del Ministro”, que en el interior del artículo acusa: “Las respuestas del ministro de Educación a los reclamos sobre el ICETEX solo han servido para generar más confusión.

En medio de justos reclamos de estudiantes por la situación financiera del ICETEX, el ministro de Educación, Daniel Rojas Medellín, decidió responder como tuitero. El resultado fue nefasto. La salida en falso del servidor público llevó incluso a una indirecta por parte del jefe de la cartera de Hacienda, Ricardo Bonilla, y a enrarecer aún más una conversación compleja sobre por qué los desembolsos para los créditos educativos tienen un retraso”.

Agrega el editorial: “Hay dos alarmas encendidas. La primera es que estudiantes que tienen un crédito con la entidad reportaron que hay atrasos en los pagos, lo que a su vez genera problemas con sus universidades y complicaciones a la hora de matricular el próximo semestre… La segunda es sobre 2025, pues no está claro qué presupuesto habrá para los créditos y condonaciones de créditos.

Ante la crisis del ICETEX el ministro se ríe

El ICETEX necesita unos $1,5 billones, pero los críticos señalan que no ha sido prioridad dentro del Ministerio de Educación”. Mientras tanto, el irresponsable ministro se reía: “Ja,ja,ja,ja, ¿y cómo se supone que quiero marchitar una entidad que ni siquiera pertenece a nuestro sector?”, escribió en X. Resulta que el ministro es el presidente de la Junta Directiva del ICETEX. ¡La irresponsabilidad e incapacidad son características del Gobierno de Petro! ¡Pobre Colombia, cuál Cambio!

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La Universidad Católica y la Universidad Libre de Bogotá fueron los escenarios para que las y los estudiantes abordaran temas como la financiación, la calidad educativa, el ICETEX, la democracia institucional, la salud mental, la violencia de género y otros aspectos críticos dentro de las instituciones educativas de Colombia.

El Congreso Nacional contó con la participación de departamentos como Valle del Cauca, Bogotá – Cundinamarca, Quindío, Tolima, Boyacá, Atlántico, Huila, Magdalena, Bolívar, Cesar, Meta, Cauca, Antioquia, Norte de Santander, Córdoba, Santander, Nariño, Caldas y Risaralda, para un total de 20 departamentos representados en el VIII Congreso de la organización gremial que defiende la educación superior.

Allí también se compartieron experiencias de representación y se abordaron mecanismos para organizar y planificar una agenda que mantenga en la reflexión nacional y toma de decisiones a la educación como un derecho fundamental, incluyendo instituciones públicas, privadas, Instituciones Técnicas y Tecnológicas y el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA.

“Los representantes estudiantiles somos parte esencial de la construcción de democracia para Colombia y venir aquí hace parte de labrar ese camino hacia la educación y el país que merece la juventud, invitadas e invitados quienes no lograron asistir a construir desde los equipos territoriales.” Fue la invitación de Yulieth González a otras representaciones en el marco del Congreso Nacional de Representantes Estudiantiles de la Educación Superior.

Este Congreso Nacional reunió y unificó a cientos de voces en torno a la misión compartida de asegurar que las demandas y propuestas de las instituciones de educación superior y sus estudiantes sean escuchadas y tenidas en cuenta.

Durante el Congreso Nacional, también se desarrollaron distintos paneles, en los que destacados académicos y dirigentes gremiales compartieron perspectivas sobre la economía nacional y el papel de las organizaciones gremiales en la democracia, subrayaron la conexión de la educación con otros sectores clave para el desarrollo del país.

Además, se eligieron las copresidencias y el Comité Ejecutivo Nacional de ACREES para el periodo 2024-2025, ratificando por unanimidad a María José Castañeda Rojas como presidenta de la asociación. Este proceso refleja la diversidad de instituciones y regiones comprometidas con la defensa de la educación superior.

Si eres representante estudiantil y no pudiste asistir al Congreso Nacional, aún puedes hacer parte y fortalecer la organización gremial que defiende la educación superior en tu región, que busca, en un marco de independencia y autonomía, avanzar en conquistas significativas para el movimiento estudiantil colombiano.

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Se cumplen 27 meses de la dirección de Jorge Eduardo Londoño en el Servicio Nacional de Aprendizaje, la institución más querida por los colombianos y una de las de mayor confianza en la función pública. Esta administración, que enarbola las banderas de “cambio” del presidente Petro, despertaba entre los trabajadores y la comunidad del SENA grandes expectativas para fortalecer una institución que lleva años resistiendo procesos de privatización interna con el marchitamiento y pérdida de calidad de la Formación Profesional Integral.

Sin embargo, los resultados han sido desmotivadores. Por la improvisación reinante, el caos administrativo sigue predominando en las “metas” de formación, mediocres en calidad y ajenas a la misión institucional, mientras se desmoronan los ambientes, talleres, laboratorios y aulas, sumidos en la obsolescencia por falta de equipos especializados y modernos, se retrasan procesos de adquisición de materiales de formación y se incumplen acuerdos colectivos. Aún la nación no define la deuda histórica con el SENA, pese a la promesa hecha por Gustavo Petro de pagarle los 3,5 billones de pesos que se le adeudan por la transferencia incompleta de recursos desde el nivel central entre 2013 y 2021 y por el incumplimiento de la garantía establecida en las leyes 1607 de 2012 y 1819 de 2016.

El propósito de entregar el contrato de servicios tecnológicos a una empresa nacional es saludable, como asimismo hacer contratación directa del personal relacionado, gestores, analistas y soporte y que las plataformas de uso institucional migren a una nube propia salvaguardando la información y los datos de diversos procesos institucionales. Se opacan las buenas intenciones por la improvisación reinante en el periodo Londoño, que suma un nuevo punto negativo.

Como no se previó la transición al pasar la prestación de servicios tecnológicos de una empresa a la otra, se interrumpió el acceso a internet y a todas las plataformas institucionales, lo que tiene a media marcha a la institución. Según la oficina de sistemas, el SENA sólo cuenta con el 2% de equipos de interconexión para el suministro del Internet o switches, no contemplados por Internexa, el nuevo operador. La improvisación reinante es tal, que no se tomó ninguna medida a sabiendas, desde inicios del 2024, de que el contrato con Telefónica finalizaba el 27 de octubre de este año.

La situación ha desatado el caos en procesos administrativos sensibles como el acceso a la plataforma ONBASE, donde se registran desde una sencilla solicitud hasta la apropiación presupuestal de los ordenadores del gasto. A la fecha no se conoce a ciencia cierta si en el 2024 se logrará superar dicha dificultad, con procesos de compras en marcha, entre éstos los equipos que el SENA necesita para la conectividad, contrataciones incompletas y matrículas de aprendices para el primer trimestre de 2025, entre otros.

En la cadena de improvisación reinante, no hay a la fecha claridad sobre la estrategia institucional SENNOVA o Sistema de Investigación, Innovación y Desarrollo Tecnológico del SENA. No se sabe si es una prioridad para la administración Londoño-Petro, pues hasta hoy, 15 de noviembre, no se había publicado la convocatoria anual, cuando debió hacerse al final del primer semestre. Con ello, se sigue enterrando un sistema que suministra recursos financieros para el desarrollo y aplicación de proyectos de investigación desarrollados por instructores y personal de alta cualificación vinculado a laboratorios de servicios tecnológicos. De SENNOVA depende una red de Tecnoparques en todo el país que materializa proyectos de desarrollo tecnológico, como prototipos y productos.

En resumen, la improvisación reinante de una administración que desconoce la misión institucional tiene postrado al SENA. El gobierno la sigue desfinanciando y, como en gobiernos anteriores, se limita a usarla de validadora de “apuestas” lejanas al verdadero desarrollo nacional. Todo se diluye en discursos retóricos.

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Este congreso, además, será una oportunidad para realizar reflexiones profundas sobre la financiación plena para las Instituciones de Educación Superior Públicas -IES-, la situación del ICETEX y hasta asuntos de género al interior de las IES; todo en el marco del debate democrático, el trabajo en equipo y la independencia gremial.

Representantes Estudiantiles de universidades públicas, privadas, Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y de Instituciones Técnicas y Tecnológicas, participarán en el VIII Congreso Nacional de la Asociación Colombiana de Representantes de la Educación Superior (ACREES).

El VIII Congreso es el espacio donde convergen y se organizan representantes estudiantiles de amplios sectores de pensamiento, provenientes de universidades públicas, privadas, del SENA e instituciones técnicas y tecnológicas de todo el país, con el propósito de defender la educación superior como un derecho fundamental, salvaguardar la calidad en las IES, ampliar la democracia y la autonomía universitaria, y rechazar las políticas de ánimo de lucro, entre otras.

Uno de los rasgos más importantes de esta organización es que promueve la participación democrática de las y los estudiantes del país, a través de las representaciones estudiantiles, que son herramientas de gran utilidad para direccionar los reclamos de la comunidad estudiantil, fomentar mayores conquistas para la educación y acompañar las movilizaciones creativas, pacíficas y democráticas del movimiento estudiantil colombiano.

La historia de Colombia recoge una serie de reclamos organizados desde las y los estudiantes de universidades públicas, privadas, Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y de Instituciones Técnicas y Tecnológicas, que sirven de ejemplo para que esta generación continúe aglutinando liderazgos en plataformas gremiales como ACREES, para continuar avanzando en materia de educación superior.

Vincularse a ACREES, como representantes estudiantiles de: universidades públicas, privadas, Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y de Instituciones Técnicas y Tecnológicas; no sólo significa desarrollar un ejercicio de representación; es, además, una oportunidad para crecer como líderes y lideresas, así como para fortalecer las habilidades en comunicación, organización y planificación. También este congreso apunta a avanzar en la formación de liderazgos democráticos y comprometidos con la educación y el desarrollo de nuestro país. Es por ello que invitamos a todas las representaciones estudiantiles a participar en este importante evento. ¡Larga vida a la ACREES!

¿Eres representante estudiantil de universidades públicas, privadas, Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y de Instituciones Técnicas y Tecnológicas? ¡No te quedes fuera!

Inscríbete aquí: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScEUYoHelGfUPgx7krkW5XxJ-9AqfZ7iYSZbV-vHgNdO0V8Jg/viewform?usp=sf_link y contáctanos por DM en Instagram (@acreescolombia) para resolver cualquier duda o solicitud que puedas tener.

¡Nos vemos en Bogotá!

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Para los docentes colombianos resulta desconcertante que, mientras llevan a cabo protestas y manifestaciones en el territorio nacional por el deficiente servicio de salud, se convoque al gremio para participar en una marcha de apoyo al gobierno el próximo jueves 19 de septiembre. “No tiene justificación que […] en vez de convocar un paro nacional por la salud y la vida como vienen exigiendo los sindicatos filiales y los maestro de base, se pretenda que se sumen a una jornada de respaldo al presidente Gustavo Petro”, señaló Victoria Avendaño, ejecutiva nacional de FECODE.

A lo anterior, se suma el sistemático incumplimiento de acuerdos firmados con FECODE sobre asuntos fundamentales para el magisterio y que no tienen respuesta concreta de parte del Ministerio de Educación como: el cierre de brechas estructurales generadas por más de dos décadas de desfinanciación, el preescolar de tres grados, la expedición del decreto que actualice el monto de la bonificación pedagógica, garantías para directivos sindicales nacionales, regionales y locales, así como para sus equipos asesores, entre otros.

Es por ello que el sector de Tribuna Magisterial, a través de un comunicado firmado por Victoria Avendaño, ratifica su decisión de continuar acompañado las justas luchas de los maestros colombianos y estar siempre dispuesto a parar y movilizarse por los derechos del magisterio, el cumplimiento de los acuerdos y la adecuada prestación del servicio de salud, además de exigir que cesen todo tipo de estigmatizaciones y señalamientos para quienes ejercen el legítimo derecho a la independencia y autonomía frente al gobierno y los empleadores.

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En campaña se lanzó el rimbombante anuncio de la creación de 500,000 nuevos cupos en educación superior, y el resultado es mediocre. La propuesta era difícil de creer porque, desde 1993 y con recursos congelados, el SUE había tardado tres décadas en pasar de 150,000 a 650,000 estudiantes. El informe de gestión del MEN (2024) revela que, de los 500,000 nuevos cupos, solo van 65,000 entre el MEN y el SENA, a los que suma en las cuentas. La cobertura proyectada para el cuatrienio es del 62% y hoy día es de un pírrico 55%, comparado con el 53.83% de 2021.

Las medidas sobre cobertura con calidad han sido insuficientes y carecen de un rumbo claro. Se habló primero de que los cupos se crearían entre IES públicas, sin saber su distribución ni los recursos adicionales para cubrirlos, como advirtió el SUE. A día de hoy, según Rojas, “la meta la vamos a dividir entre el SENA y las universidades”, y, a través de alianzas público-privadas, se buscará que “la infraestructura que empieza a quedar subutilizada por la caída en la matrícula pueda ser utilizada o aprovechada con estudiantes de la pública”. Mezclar al SENA con IES para inflar la cobertura y plantear APP son ideas del libre comercio.

Lo de Petro va en la línea de la OCDE, que apoya incentivar la demanda a todo nivel, sin fortalecer presupuestalmente la oferta pública ni reconocer la deuda de la nación con las IES públicas. También es un criterio de la OCDE, por demás afín a los intereses de EE. UU., desarrollar la lesiva idea de los colegios-universidades. El hoy presidente, ya desde 2022, había pedido a los alcaldes y gobernadores alistar lotes con títulos saneados para construir sedes universitarias y avanzar en los “famosos” colegios-universidades. Nada se sabía de su estatus jurídico, límites en términos de autonomía y de la diferencia misional entre un nivel y otro.

Causan preocupación las declaraciones de Rojas a los periódicos El Tiempo y La Silla Vacía, donde insistió en la estrategia colegio-universidad, dado que “las infraestructuras de los colegios públicos, en algunos casos subutilizadas porque la jornada escolar se termina a la 1 de la tarde, pueden servir para las universidades”. A su vez, agrega como alternativa las aulas modulares “que son formas no convencionales, se montan en un periodo inferior a los seis meses y rápidamente podemos apuntarle a la meta de cobertura”. Queda claro que lo de Petro es cobertura sin calidad y en la lógica neoliberal, como en los últimos gobiernos.

Otro aspecto de la agenda de Petro es la demagogia. En campaña, en el PND y en la prensa, todos los días se anuncia la creación de universidades y sedes por doquier, sin tener certeza de las fuentes de recursos, en un contexto económico en el que el presupuesto de 2025, según las cifras del Ministerio de Hacienda, está desfinanciado en 12 billones de pesos. Si se desagrega solo la educación superior para 2025, “se han solicitado 6 billones 553 mil millones de pesos, pero por ahora solo se han asignado 4 billones 634 mil millones de pesos; casi dos billones de pesos menos”, advierte el Observatorio de la Universidad Colombiana.

Ocultan además que su modelo no revierte el neoliberalismo. Colombia crea menos de 6,800 dólares de riqueza per cápita anuales y tiene una estructura tributaria regresiva. Sus niveles de crecimiento son bajos, hay caídas en el ahorro nacional, además del ingreso por habitante, y acumula un endeudamiento externo de cerca de USD 200 mil millones. El pago del servicio de la deuda continúa siendo el principal rubro del PGN, se mantienen los TLC, sigue mermada la producción industrial y agropecuaria, y abundan las gabelas a los grandes capitales. Un país así, sin fuentes de empleo y riqueza, no estimula su economía ni recauda los recursos suficientes para atender los costos marginales crecientes de la educación.

El movimiento estudiantil, la comunidad académica y la juventud colombiana, con independencia y autonomía, deben asumir una posición crítica frente a dichos anuncios y movilizarse. Cualquier aumento en términos de cobertura en las IES públicas, sin los recursos necesarios para apalancar su funcionamiento e inversión, a la larga agrava la deuda histórica con las IES públicas, agudiza la privatización y el autofinanciamiento, y no asegura la absorción progresiva de estudiantes en la educación superior. Urge trasladar mayores recursos vía PGN a las universidades e ITTUS públicas para garantizar acceso, permanencia, calidad y bienestar.

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