Durante el gobierno de Gustavo Petro, han sido varios y muy graves los anuncios sobre la política de cobertura del sector público de la educación superior. Los puntos definidos hasta ahora como prioritarios en el MEN, bajo las jefaturas de Alejandro Gaviria, Aurora Vergara y ahora Daniel Rojas, lejos de resolver los problemas estructurales del sector, apuntan a profundizar las políticas neoliberales de los últimos gobiernos. Así las cosas, la discusión sobre el actual modelo de ampliación de cobertura requiere un estudio crítico por parte de la comunidad académica.
En campaña se lanzó el rimbombante anuncio de la creación de 500,000 nuevos cupos en educación superior, y el resultado es mediocre. La propuesta era difícil de creer porque, desde 1993 y con recursos congelados, el SUE había tardado tres décadas en pasar de 150,000 a 650,000 estudiantes. El informe de gestión del MEN (2024) revela que, de los 500,000 nuevos cupos, solo van 65,000 entre el MEN y el SENA, a los que suma en las cuentas. La cobertura proyectada para el cuatrienio es del 62% y hoy día es de un pírrico 55%, comparado con el 53.83% de 2021.
Las medidas sobre cobertura con calidad han sido insuficientes y carecen de un rumbo claro. Se habló primero de que los cupos se crearían entre IES públicas, sin saber su distribución ni los recursos adicionales para cubrirlos, como advirtió el SUE. A día de hoy, según Rojas, “la meta la vamos a dividir entre el SENA y las universidades”, y, a través de alianzas público-privadas, se buscará que “la infraestructura que empieza a quedar subutilizada por la caída en la matrícula pueda ser utilizada o aprovechada con estudiantes de la pública”. Mezclar al SENA con IES para inflar la cobertura y plantear APP son ideas del libre comercio.
Lo de Petro va en la línea de la OCDE, que apoya incentivar la demanda a todo nivel, sin fortalecer presupuestalmente la oferta pública ni reconocer la deuda de la nación con las IES públicas. También es un criterio de la OCDE, por demás afín a los intereses de EE. UU., desarrollar la lesiva idea de los colegios-universidades. El hoy presidente, ya desde 2022, había pedido a los alcaldes y gobernadores alistar lotes con títulos saneados para construir sedes universitarias y avanzar en los “famosos” colegios-universidades. Nada se sabía de su estatus jurídico, límites en términos de autonomía y de la diferencia misional entre un nivel y otro.
Causan preocupación las declaraciones de Rojas a los periódicos El Tiempo y La Silla Vacía, donde insistió en la estrategia colegio-universidad, dado que “las infraestructuras de los colegios públicos, en algunos casos subutilizadas porque la jornada escolar se termina a la 1 de la tarde, pueden servir para las universidades”. A su vez, agrega como alternativa las aulas modulares “que son formas no convencionales, se montan en un periodo inferior a los seis meses y rápidamente podemos apuntarle a la meta de cobertura”. Queda claro que lo de Petro es cobertura sin calidad y en la lógica neoliberal, como en los últimos gobiernos.
Otro aspecto de la agenda de Petro es la demagogia. En campaña, en el PND y en la prensa, todos los días se anuncia la creación de universidades y sedes por doquier, sin tener certeza de las fuentes de recursos, en un contexto económico en el que el presupuesto de 2025, según las cifras del Ministerio de Hacienda, está desfinanciado en 12 billones de pesos. Si se desagrega solo la educación superior para 2025, “se han solicitado 6 billones 553 mil millones de pesos, pero por ahora solo se han asignado 4 billones 634 mil millones de pesos; casi dos billones de pesos menos”, advierte el Observatorio de la Universidad Colombiana.
Ocultan además que su modelo no revierte el neoliberalismo. Colombia crea menos de 6,800 dólares de riqueza per cápita anuales y tiene una estructura tributaria regresiva. Sus niveles de crecimiento son bajos, hay caídas en el ahorro nacional, además del ingreso por habitante, y acumula un endeudamiento externo de cerca de USD 200 mil millones. El pago del servicio de la deuda continúa siendo el principal rubro del PGN, se mantienen los TLC, sigue mermada la producción industrial y agropecuaria, y abundan las gabelas a los grandes capitales. Un país así, sin fuentes de empleo y riqueza, no estimula su economía ni recauda los recursos suficientes para atender los costos marginales crecientes de la educación.
El movimiento estudiantil, la comunidad académica y la juventud colombiana, con independencia y autonomía, deben asumir una posición crítica frente a dichos anuncios y movilizarse. Cualquier aumento en términos de cobertura en las IES públicas, sin los recursos necesarios para apalancar su funcionamiento e inversión, a la larga agrava la deuda histórica con las IES públicas, agudiza la privatización y el autofinanciamiento, y no asegura la absorción progresiva de estudiantes en la educación superior. Urge trasladar mayores recursos vía PGN a las universidades e ITTUS públicas para garantizar acceso, permanencia, calidad y bienestar.