Por estos días, la crisis económica en Colombia se manifiesta como una tormenta perfecta: crisis de gobernabilidad interna, deterioro fiscal, parálisis productiva y un entorno internacional cada vez más adverso. El país no solo enfrenta los coletazos de la guerra comercial entre Estados Unidos y China —reactivada por la administración Trump—, sino que, además, lo hace sin brújula económica ni liderazgo institucional.
La ausencia de un ministro de Comercio o de un director de Planeación Nacional es apenas la punta del iceberg. El gobierno de Gustavo Petro ha abandonado buena parte de sus promesas iniciales: no hay una hoja de ruta clara para la reindustrialización, las medidas de reactivación quedaron en anuncios, el TLC con Estados Unidos no se ha replanteado y el Plan Nacional de Desarrollo apenas sobrevive como documento de referencia.
Salud del magisterio colapsa un año después de la reforma impuesta por el gobierno Petro
Hace un año el gobierno Petro impuso un nuevo modelo de salud del magisterio y los maestros denuncian abandono, burocracia desbordada y servicios colapsados.
Reformas usadas como discurso político
En su lugar, una retórica populista ha tomado el centro del escenario, con reformas en salud, pensiones, educación, trabajo y tierras que, en lugar de atacar las causas estructurales, han funcionado más como plataforma política que como solución efectiva.
El viraje hacia una consulta popular como nuevo eje del gobierno, tras el hundimiento de la reforma laboral, no solo evidencia la debilidad institucional del Ejecutivo, sino también su desconexión con las mayorías legislativas y sociales. El resultado es un clima político polarizado, plagado de escándalos de corrupción y conflictos con gobiernos locales, que socava aún más la confianza en el rumbo del país.
Aranceles de EE. UU. golpean exportaciones
En el plano internacional, Colombia no ha sido ajena a los impactos de las tensiones comerciales globales. La nueva imposición de aranceles estadounidenses —dirigida principalmente a China pero con efectos colaterales para países como el nuestro— amenaza con encarecer los insumos importados, reducir la competitividad de nuestras exportaciones con valor agregado y acentuar el proceso de reprimarización. Esto ocurre en un contexto donde el déficit comercial superó los USD 10.800 millones y el país depende peligrosamente de materias primas como el petróleo, el carbón, el oro, el café, el banano y las flores.
La promesa gubernamental de diversificar mercados y renegociar tratados de libre comercio quedó en meras declaraciones. El Sur Global no se construye con embajadas innecesarias, sino con una política exterior activa, integración económica real y fomento de sectores productivos con alto valor agregado.
El arroz colombiano se hunde sin apoyo del Estado
En 2025, el arroz colombiano sufre su peor crisis: 279 mil toneladas importadas, precios de ruina y abandono estatal.
El déficit fiscal se desborda en Colombia
Tal vez el aspecto más crítico de la actual coyuntura sea el fiscal. El déficit del gobierno central escaló al 6,8 % del PIB en 2024, superando ampliamente las metas del Marco Fiscal de Mediano Plazo. La caída de la actividad económica, la baja recaudación tributaria y un gasto público desbordado han dejado las finanzas del Estado en números rojos.
Para cubrir los huecos, el gobierno ha recurrido a maniobras contables, como adelantar ingresos tributarios de 2026: una suerte de reforma tributaria encubierta mediante decreto, que solo aplaza el problema.
Endeudamiento excesivo sin inversión estratégica
El endeudamiento también enciende alarmas. Con un nivel superior al 61 % del PIB, el país destina más recursos al pago de intereses que a la inversión en su futuro. Esta tendencia es insostenible: ningún país puede desarrollarse si prioriza el servicio de la deuda sobre la inversión pública. La paradoja es que, mientras la economía creció un 13,1 % entre 2019 y 2024, el consumo privado lo hizo al 23,1 %, y la inversión cayó un 10,7 %. Un modelo así solo puede mantenerse mediante el endeudamiento de hogares, empresas y del propio Estado.
Colapso industrial y caída del empleo
El deterioro del aparato productivo es uno de los signos más claros de la crisis. La industria y la construcción han registrado tasas de crecimiento anual negativas en 17 de los últimos 24 meses. En 2024, la industria cayó un 0,9 %, y en lo corrido de 2025 mantiene esa tendencia.
El empleo se concentra en sectores como el comercio, el agro y el sector público, mientras que la industria manufacturera emplea cada vez a menos personas. Incluso el número de empleadores se ha reducido a la mitad en la última década, una señal clara del colapso del tejido empresarial.
La Tasa Global de Participación también muestra retrocesos: hoy hay menos personas activas en el mercado laboral que hace una década, lo cual implica una pérdida del potencial productivo nacional. Así, el país se encamina hacia una economía basada en el consumo y los servicios, con un aparato productivo debilitado y una creciente dependencia de la deuda y las importaciones.
Riesgo inflacionario y parálisis económica
La inflación, por su parte, parece estabilizarse, pero el riesgo de nuevas presiones persiste. El encarecimiento de insumos por las tensiones comerciales y una posible devaluación del peso podrían reactivar la espiral inflacionaria. En este contexto, el Banco de la República enfrenta el dilema de estimular la economía o mantener la estabilidad de precios, condicionado además por la política monetaria de Estados Unidos.
Frente a esta situación, se necesita un viraje urgente. No bastan los discursos ni los enemigos simbólicos. Se requiere una política económica seria, con visión de largo plazo, centrada en la reindustrialización, la sostenibilidad fiscal y la generación de empleo de calidad. De lo contrario, seguiremos atrapados en un modelo que reparte escasez, reproduce desigualdades y condena al país a la mediocridad.
