El presidente Gustavo Petro lanzó el 1° de mayo su Consulta Popular, usando la movilización de trabajadores como vitrina política, mientras omite el principal problema laboral: la contratación por OPS, que representa el 73 % de los contratos del gobierno y mantiene a millones sin derechos laborales básicos.

 Al mejor estilo del Chapulín Colorado, personaje inolvidable del comediante mexicano Roberto Gómez Bolaños, que se mostró como un superhéroe que lo intentaba “todo, pero no resolvía nada”, llegó el presidente Gustavo Petro, blandiendo la espada de Bolívar, creyéndose “el libertador colombiano, pero con las manos enguantadas”, en tono amenazante contra quien osase oponérsele, a radicar su Consulta Popular. “Calculó fríamente” que el Primero de Mayo los trabajadores se movilizan masivamente –este evento normalmente reúne en Bogotá a 40 mil trabajadores– y recogió 20 mil de todo el país, pagándoles a través de los auxilios que envió a sus organizaciones –como lo hizo con la Minga Indígena–, para mostrar una plaza de Bolívar llena.

 Así dio rienda suelta –“No contaban con mi astucia”– a su táctica electoral, que toma la forma de Consulta Popular: “Aquí llega la historia y el Congreso de la República, y específicamente el Senado, están convocados por la historia, no por Petro, no por el progresismo, por el pueblo que es su jefe, su mandante, su comandante”, manifestó el presidente Petro en la radicación de la Consulta Popular en el Senado de la República, publicó la Casa de Nariño. La Consulta Popular gira alrededor de doce preguntas, todas sobre temas laborales, pero para que no quede duda – que es su táctica electoral–, en la radicación dijo: “Esta reforma busca un sistema más democrático para garantizar el derecho a la vida. Si no tenemos un derecho universal a la salud, no será posible la paz total”, corroborando que se trata de su plataforma electoral.

Por la obviedad de las preguntas, las respuestas inducidas y las canonjías que entrega, se podría decir que arrastraría a millones de colombianos –incautos, engañados y cooptados– a las urnas a darle el respaldo, si el Congreso de la República certifica su visto bueno y expide el decreto fijando la fecha; según el secretario del Congreso, Diego González, el Legislativo será el único encargado de avalar el mecanismo de participación ciudadana que impulsa el jefe de Estado: “Establece la Ley que el concepto puede ser favorable o desfavorable; si el concepto es desfavorable, el presidente de la República deberá utilizar otro mecanismo de intervención ciudadana diferente a la consulta popular”, aunque el presidente Petro dice: “La Consulta va porque va”.

Las doce preguntas de la Reforma que el Gobierno de Petro negoció con el FMI, BM, OCDE, Congreso de EEUU–, buscan recuperar unas mínimas condiciones arrebatadas a los trabajadores en gobiernos anteriores, pero esconde, al no someterlo a la Consulta de manera clara, la eliminación de la legislación laboral del más grave problema de los trabajadores: La “deslaborización”, es decir, la contratación por Órdenes de Prestación de Servicios –OPS–, que acabó con la estabilidad laboral, las prestaciones sociales, la sindicalización y los derechos a la negociación colectiva, por lo que se conocen como “contratos basura” y es la principal arma de explotación y pauperización laboral. Para la muestra: “El 73 % de los contratos del Gobierno del presidente Gustavo Petro son por prestación de servicios –OPS–”, indica un estudio de los periodistas Rafael Quintero Cerón y Mateo Bonilla Moreno, publicado en El Tiempo. Es por eso que La Consulta obedece a los intereses del capital internacional.

Ante el engaño Petro, con cinismo, reía en su discurso del Primero de Mayo: ¡Lo tenía fríamente calculado; no contaban con mi astucia!, imitaba al Chapulín Colorado.