Entre las muchas críticas que se le hacen al gobierno del presidente Gustavo Petro, está el haber disparado el presupuesto general de la Nación en contratación de personal, especialmente por Órdenes de Prestación de Servicios –OPS–, que son definidas por la IA de Google como: “acuerdos de naturaleza civil o comercial, no laboral, donde una persona (contratista) se compromete a realizar una labor específica para otra (contratante) por un tiempo determinado. Se caracterizan por la autonomía técnica del contratista, la ausencia de subordinación, y la falta de prestaciones sociales (primas, cesantías)”. Estas hacen parte de las estrategias empleadas por los politiqueros para pagar los favores electorales con recursos del Estado. De hecho, las denuncias indican la existencia de una cuantiosa burocracia en este Gobierno petrista.
Gustavo Petro “se echó la mayoría de los sindicatos al bolsillo” con sus miles de promesas, pero quizás lo que más los movió fue la de acabar con esas OPS impulsando una política de formalización laboral que jamás llegó a las entidades del Estado, ni menos se reglamentó para el sector privado. Las OPS vinculadas al Estado además se caracterizan por no tener en cuenta la preparación académica y la capacidad del empleado; por eso es muy normal encontrar en las entidades del Estado personal sin idoneidad ni preparación académica asumiendo responsabilidades que los sobrepasan.
Un caso emblemático del Gobierno del Cambio es el de Juliana Guerrero, quien sin terminar estudios superiores e incluso presuntamente “comprando un título universitario”, su cercanía con el presidente Petro la ha llevado a ocupar cargos en la Secretaría de Transparencia, el Ministerio del Interior y el Despacho de la Presidencia. La representante de Dignidad y Compromiso Jennifer Pedraza aseguró que “más de 770 funcionarios vinculados al Gobierno Petro han presentado títulos irregulares de la Fundación San José”. ¿Qué tal que se investigue en el resto de Fundaciones Universitarias, de las cuales muchas son de garaje?
Una investigación de José David Castellanos, experto en gestión pública, publicada por El Colombiano el 30 de enero de 2025 con el título “Feria de contratos: Petro ha duplicado la burocracia antes de elecciones y de la ley de garantías”, indica que “Petro ha aumentado la contratación por servicios en 7000 cargos que suman $19,3 billones… El aumento equivale a casi la mitad de los $16 billones que el Gobierno buscaba recaudar con su más reciente reforma tributaria… De acuerdo con una auditoría independiente, el valor de estos contratos pasó de $12,1 billones en 2022 a $19,3 billones en 2025, además que dichos ajustes entre un año y otro representó un aumento de $7,2 billones en apenas tres años”. La investigación analizó más de 105.000 contratos registrados en las plataformas Secop I y Secop II, correspondientes a todos los ministerios y entidades del nivel central.
Como cualquier politiquero de pacotilla, Gustavo Petro utiliza las necesidades de empleo para obligar a los servidores públicos a que le hagan campaña. Esta burocracia petrista pisotea a personas estudiadas que no encuentran oportunidades y muchas veces les toca migrar. ¡Petro: politiquero: más de lo mismo!
