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Según reseñó la revista Semana el 19 de agosto de 2026, el ministro de Agricultura, Indalecio Dangond, afirmó que el Ministerio a su cargo “selló una alianza estratégica con el Banco Mundial” para impulsar el campo colombiano y conseguir recursos, asistencia técnica y cooperación para 1,5 millones de hectáreas productivas.
Como ha ocurrido de manera reiterada desde 1949, el gobierno que acaba de asumir vuelve a recurrir a la misma institución para “impulsar el campo”. Esta vez bajo la presidencia de Abelardo de la Espriella, presidente colombiano y también ciudadano estadounidense. Por eso vale la pena preguntar qué han significado más de 75 años de relaciones con el Banco Mundial y qué puede esperarse ahora de esa nueva alianza.
El Banco Mundial nació en 1944, en Bretton Woods, Estados Unidos, con la función inicial de contribuir a la reconstrucción de Europa y, posteriormente, promover inversiones de largo plazo. Es una institución financiera internacional propiedad de sus Estados miembros, en la cual el poder de voto está relacionado con la participación de capital. Estados Unidos ha sido históricamente su principal accionista.
La relación del Banco con Colombia comenzó en 1949. Ese año se aprobó un préstamo de US$5 millones para importar maquinaria agrícola. Con el tiempo su acción dejó de limitarse a financiar proyectos: empezó a estudiar las economías nacionales, formular recomendaciones, condicionar financiamientos y participar en la orientación de políticas públicas.
En tiempos de la Alianza para el Progreso se promovieron reforma agraria, infraestructura, educación, salud, planificación, industrialización y desarrollo de la producción nacional. Hubo créditos de largo plazo y, en muchos casos, a tasas relativamente bajas. Se incentivó promovían simultáneamente la inversión estatal, el capital privado nacional y el capital extranjero.
Pero los gobiernos debían presentar planes de desarrollo sometidos a evaluación internacional, cuyas recomendaciones tenían gran importancia para decidir la distribución de recursos externos. Se financiaba, por tanto, dentro de una determinada concepción del desarrollo.
Un resultado desalentador para la producción nacional
El balance está a la vista. Colombia no realizó una verdadera reforma agraria, no desarrolló suficientemente una industria nacional ni resolvió los grandes problemas del campo. Sin embargo, durante esa etapa todavía predominaba la idea de utilizar el crédito externo para ampliar la producción nacional, mecanizar la agricultura, construir infraestructura y sustituir importaciones.
A partir de los años ochenta se produce un cambio fundamental. El Banco Mundial profundiza el uso del crédito como instrumento para impulsar reformas económicas. El préstamo deja de estar atado solamente a un proyecto y empieza a condicionarse a modificaciones de la política económica.
Colombia es un ejemplo claro. En 1985 recibió US$300 millones mediante el Trade Policy and Export Diversification Loan (Préstamo para Política Comercial y Diversificación de las Exportaciones) y, en 1986 otros US$250 millones mediante el Trade and Agricultural Policy Loan (Préstamo para Política Comercial y Agropecuaria). Esos créditos apoyaron la liberalización comercial y, en el segundo caso, incluyeron condiciones sobre importaciones, precios agrícolas, crédito, tasas de interés y reformas institucionales. El desembolso de una parte del préstamo dependía de la evaluación del cumplimiento de esas políticas.
El crédito adquiere entonces dos costos: uno financiero -intereses, amortización y riesgo cambiario- y otro político, representado por las reformas que el país acepta para obtener los recursos. Este proceso hizo parte del camino hacia la apertura económica. Se desmontaron restricciones a las importaciones, se redujeron aranceles y la producción nacional quedó expuesta a una competencia internacional cada vez mayor. El agro sufrió directamente sus consecuencias.
La FAO registró que entre 1990 y 1993 el área de cultivos transitorios cayó en más de 400.000 hectáreas y que se generaron aproximadamente 200.000 desempleados rurales. Maíz, arroz y soya representaron más del 70% de la reducción del área sembrada, unas 290.000 hectáreas. La FAO no atribuye ese resultado a una sola causa, pero sí señala entre los factores la acelerada desgravación arancelaria y los cambios de política económica. Con estos antecedentes debe mirarse la nueva alianza anunciada por el ministro Dangond.
El plan para el campo tropezará con las actuales barreras del modelo económico.
El ministro ha dicho que buscará recursos para poner a producir 1,5 millones de hectáreas, desarrollar la agroindustria y sustituir importaciones. Y acaba de plantear para la Orinoquía y la Altillanura un marco especial que movilizaría más de $8 billones de inversión, especialmente en maíz y soya.
Sobre las hectáreas hay que precisar la información. La meta anunciada es llegar a 400.000 hectáreas en la Altillanura bajo un sistema de rotación: 400.000 hectáreas de soya durante el primer semestre y las mismas tierras sembradas en maíz durante el segundo. Es decir, 400.000 hectáreas de cada cultivo al año, no 800.000 hectáreas diferentes.
La intención de sustituir importaciones es correcta. Pero la pregunta es inevitable: ¿se pueden sustituir importaciones de maíz y soya sin modificar las condiciones económicas y comerciales que facilitaron durante décadas su reemplazo por producción extranjera?
El maíz y la soya de la Altillanura tendrán que competir con importaciones, principalmente de Estados Unidos, bajo las reglas del Tratado de Libre Comercio. No basta conseguir crédito, adecuar tierras, comprar maquinaria y sembrar. Hay que garantizar precios remunerativos, crédito adecuado, almacenamiento, secamiento, vías y condiciones de comercialización que permitan competir a la producción nacional, aspecto que miraremos en un próximo artículo.
De lo contrario puede producirse una enorme contradicción: acudir nuevamente al Banco Mundial para endeudarnos con el propósito de reconstruir una producción nacional debilitada por políticas de apertura y liberalización comercial que el mismo Banco contribuyó a promover.
La pregunta final para el gobierno del presidente Abelardo de la Espriella es entonces sencilla: ¿cuáles serán las condiciones de esta alianza con el Banco Mundial y cómo garantizará que esos recursos fortalezcan realmente la producción agropecuaria nacional?
Si se quiere sustituir importaciones no basta con sembrar nuevas hectáreas. Hay que revisar, renegociar, las políticas que hicieron de Colombia un país cada vez más dependiente de alimentos y materias primas agropecuarias producidas en el exterior. Y, eso implica revisar las relaciones y las condiciones de los créditos con el Banco Mundial.
