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El proyecto reformulado del Presupuesto General de la Nación para 2027 asigna $11,43 billones a la Rama Judicial. Aunque supera lo aprobado para 2026, el incremento es de apenas 4,61 %. Como el trámite legislativo continúa, cualquier reducción puede borrar ese margen y disminuir la capacidad real de la justicia.
El presupuesto de la Rama Judicial crecería apenas 4,61 %
El presupuesto liquidado para 2026 asignó a la Rama Judicial $10,926 billones: $9,459 billones para funcionamiento, $1,449 billones para inversión y $17.695 millones para servicio de la deuda. Para 2027, la propuesta eleva el total a $11,430 billones, con $9,912 billones para funcionamiento, $1,5 billones para inversión y el mismo monto de deuda. La diferencia total ronda los $503.448 millones.
La comparación parece favorable hasta que se observa la magnitud real del crecimiento. El total aumenta 4,61 %, el funcionamiento 4,79 % y la inversión 3,48 %. Hay más pesos nominales, sí, pero ese dato no demuestra por sí solo que la Rama Judicial tendrá mayor capacidad para financiar su operación, sostener los despachos o ampliar la inversión.
El Ministerio de Hacienda utilizó para la formulación del anteproyecto una inflación de fin de periodo de 4,8 % para 2027. Esa cifra no es la inflación definitiva de la próxima vigencia, pero sirve como referencia para medir el estrecho margen de la propuesta. Si se compara con ese supuesto, el crecimiento total de 4,61 % queda por debajo, el funcionamiento prácticamente se estanca en términos reales y la inversión pierde capacidad adquisitiva.
También cae el peso relativo de la Rama dentro del presupuesto nacional. En 2026, su apropiación representó cerca del 2,0 % del PGN aprobado, mientras que en el proyecto de 2027, los $11,43 billones equivalen aproximadamente al 1,8 % de un total proyectado de $634,95 billones. La Rama recibe más pesos, pero ocupa una porción menor del presupuesto. Para la financiación de la justicia es una señal preocupante de un gobierno que está iniciando y demostrando cuáles serán sus prioridades.
Los $11,43 billones todavía pueden cambiar en el Congreso
La cifra actual todavía no es el presupuesto definitivo. El 27 de agosto de 2026, el Gobierno radicó una reformulación después de que las Comisiones Económicas Conjuntas aprobaran la devolución del proyecto el 11 de agosto. Los documentos del PGN 2027 regresaron así al trámite legislativo y podrán ser modificados antes de que se expida la ley anual de presupuesto.
El riesgo de una reducción no es hipotético. Existe un antecedente reciente. En octubre de 2025, la Comisión Interinstitucional de la Rama Judicial informó que el presupuesto aprobado para 2026 incorporó una segunda reducción de $695 mil millones, adicional al recorte frente a la solicitud inicial de la Rama. El antecedente explica por qué la propuesta de 2027 debe leerse como un punto de partida y no como una cifra asegurada.
La diferencia ahora es que el margen inicial es todavía más delicado. Cuando el crecimiento nominal es de 4,61%, una reducción relativamente pequeña puede eliminar cualquier posibilidad de expansión real. Un ajuste durante el trámite no tendría que ser drástico para convertir el aparente aumento en menor capacidad de gasto.
La ley exige que la Rama Judicial no retroceda en términos reales
La discusión tiene además una regla jurídica específica que no puede ser olvidada. El artículo 192C de la Ley 270 de 1996, incorporado por la Ley 2430 de 2024, estableció que el presupuesto de funcionamiento e inversión de la Rama Judicial debe responder al parámetro allí previsto, conforme al Marco Fiscal de Mediano Plazo. La misma disposición señala que el gasto apropiado para cada vigencia no puede ser inferior en términos reales al presupuestado en el año anterior.
Todavía no puede afirmarse que exista un incumplimiento definitivo. No hay una ley anual de presupuesto aprobada para 2027 y tampoco se conoce la inflación efectiva de esa vigencia. Sí puede afirmarse que la propuesta parte de un margen que exige vigilancia: si la cifra final disminuye, el debate dejará de girar alrededor de un aumento nominal y se concentrará en si la justicia conservó realmente su capacidad financiera.
Los recursos deben sostener la planta existente, atender nuevas competencias, respaldar medidas de descongestión, mejorar infraestructura y continuar la transformación tecnológica de los despachos, aspectos indispensables a la hora de hablar de la administración de justicia en nuestro país.
La bonificación judicial aumenta las obligaciones salariales
El panorama de 2027 incorpora además una obligación que cambió de naturaleza jurídica. En julio fue sancionada la Ley 2594 de 2026, que reconoció la bonificación judicial como factor salarial para todos los efectos legales, sin excepción. Lo que durante años fue objeto de reclamaciones, negociaciones y proyectos legislativos ahora forma parte del ordenamiento y debe reflejarse en la programación y ejecución presupuestal.
En términos prácticos, el impacto ya no se limita al pago mensual de la bonificación. Su reconocimiento como factor salarial se proyecta sobre otras obligaciones laborales asociadas al salario. Por eso, comparar únicamente los $503 mil millones adicionales de 2027 con el presupuesto de 2026 ofrece una visión incompleta. El crecimiento de los recursos debe contrastarse con el crecimiento de las obligaciones que debe financiar la Rama.
La discusión forma parte de un problema más amplio sobre la financiación del empleo público. En la Rama Judicial, esa tensión adquiere una dimensión adicional porque las decisiones presupuestales afectan tanto las condiciones de quienes prestan el servicio como la capacidad institucional para garantizar el acceso a la justicia.
Menos capacidad presupuestal también afecta el servicio de justicia
El presupuesto de la Rama Judicial trasciende una simple discusión contable. Cuando los recursos no crecen al ritmo de las cargas y de los costos, aumentan las dificultades para sostener despachos, crear empleos, ejecutar planes de descongestión, mantener sedes y financiar herramientas tecnológicas. La consecuencia termina llegando al ciudadano en forma de procesos más lentos, mayores tiempos de respuesta y una administración de justicia con menos margen para enfrentar sus necesidades.
La autonomía e independencia judicial también tiene una dimensión presupuestal. Una rama del poder público necesita recursos suficientes y estables para cumplir las funciones que la Constitución y la ley le asignan. Al mismo tiempo, un presupuesto responsable exige priorización y sostenibilidad fiscal. Precisamente por eso la discusión debe ser transparente. Si los recursos no alcanzan para todas las obligaciones, el país debe conocer qué necesidades de la justicia quedarán aplazadas y cuáles serán las consecuencias. Este panorama, que no es nuevo, también permite hacer explícita la necesidad de poner sobre la mesa una discusión que no ha sido abordada, la manera como se define el presupuesto para la Rama Judicial no parece ser la correcta.
Presentar como fortalecimiento cualquier aumento nominal puede ocultar el problema central. Si bien los $11,43 billones proyectados son superiores a la cifra de 2026, parten de un crecimiento total inferior al supuesto inflacionario utilizado para formular el anteproyecto y llegan con obligaciones permanentes adicionales. El verdadero indicador será la capacidad efectiva que conserve la Rama después de financiar su funcionamiento y cumplir los compromisos legales que ya existen.
El Congreso definirá si el aumento es real o solo nominal
La decisión pendiente está ahora en el trámite presupuestal. El Congreso deberá definir si mantiene, aumenta o reduce la apropiación propuesta para la Rama Judicial. Cualquier modificación partirá de una base que ya ofrece poco margen frente al aumento esperado de los costos. Por eso, el debate de los próximos meses será determinante para establecer si 2027 trae un fortalecimiento financiero o simplemente una cifra nominalmente mayor, discusión en la que los sindicatos, trabajadores, empleados y funcionarios de la Rama Judicial deben ser partícipes, propositivos y acérrimos en la defensa del presupuesto.
La advertencia debe hacerse antes de que la ley quede aprobada. Si el presupuesto final disminuye y las obligaciones salariales, tecnológicas, de infraestructura y de funcionamiento siguen creciendo, la Rama tendrá que atender más necesidades con una capacidad presupuestal que no avanza al mismo ritmo. El precedente de 2026 demuestra que una reducción durante el trámite puede ocurrir y que sus efectos se conocen cuando el margen de maniobra ya es menor.
La discusión debe centrarse en evitar que el país descubra, una vez aprobado el presupuesto, que el incremento de la Rama Judicial solo existía en las cifras nominales. La justicia necesita una financiación que preserve su valor real y responda a las obligaciones que el propio Estado le ha impuesto. La decisión final del Congreso mostrará si el aumento proyectado se convierte en capacidad efectiva para administrar justicia.
