En esos años Colombia llegó a sembrar 377.246 hectáreas de esta planta, su máximo histórico, alcanzado en 1977. El año pasado, según datos de la UPRA, se habrían sembrado apenas unas 7.500 hectáreas.

Talleres, cooperativas, bancos y fiestas que llegaron con el algodón

Los tractores, con sus arados, rastrillos y sembradoras, manejados por cientos de trabajadores que llegaban a ser miles durante la época de recolección, motivaban en el casco urbano la apertura de grandes talleres agroindustriales como Taller León, CAS y Servicios Salón. Sus tornos, prensas y cortadoras demandaban personal cada vez más calificado.

Surgieron agrocomercios y cooperativas proveedores de insumos, como Coopiagros, Cooagrocor, Asosinú, Cooagrince y Agrovet de la Costa, entre otras, que suplían las necesidades de semillas, herbicidas, insecticidas, fertilizantes y herramientas para atender el pujante crecimiento del cultivo.

Al lado de la Caja Agraria se instalaron nuevas entidades financieras, como el Banco de Bogotá, Bancolombia y el Banco Popular. Aparecieron varias desmotadoras: CAS, Toledo, Fibras del Sinú, La Esmeralda (de Coopiagros), Desmotadora Pelayito (de Cooagrince) y Cenalgodón.

A ellas se sumaron empresas vinculadas a la comercialización de la fibra, como Diagonal, y a la transformación de la semilla y otros derivados, como Acosinú. Todo ello ocurría mientras, en los campos cereteanos, reventaban los capullos del algodón.

Cereté se engalanaba con sus fiestas de la Virgen de la Candelaria. En ese marco se realizaba el Reinado Nacional del Algodón, acompañado de festivales taurinos y eventos musicales con personajes de fama nacional e internacional. El pueblo cereteano, junto con miles de turistas que lo visitaban, demandaba comida, bebidas y hospedaje.

Todos los sectores florecían con el desarrollo generado en el campo. En medio de aquella desbordante alegría, nadie presagiaba lo que sobrevendría cuando Colombia implementó la llamada apertura económica, durante el gobierno de César Gaviria, política que sus sucesores continuaron hasta hoy.

La llegada del algodón importado y subsidiado

Se permitió la importación de algodón altamente subsidiado y los productores algodoneros cereteanos, al igual que los del resto del país, no lograron superar tan desventajosa competencia.

Se arrumaron los tractores, los arados y las sembradoras. Algunos talleres sobreviven con una escasa demanda de sus servicios. Se remataron tornos y otras herramientas, se fueron entidades financieras, quebraron comerciantes, y bares y cantinas clausuraron sus puertas.

De dos millones y medio de jornales a unos 4.000

De los dos millones y medio de jornales que se requerían en la época dorada del cultivo, hoy apenas se generan unos 4.000 en las menos de mil hectáreas que unos agricultores se atreven a sembrar, sin poder controlar todos los riesgos de esta aventura.

La maquinaria ya no desfila los 16 de julio para la tradicional bendición patronal. Hoy lo hacen motos y alguno que otro vehículo de transporte de carga que, con el agua bendita, espera recibir ayuda para poder cumplir con la cuota mensual y conseguir los pesos necesarios para la provisión familiar.

Al lado del incremento del mototaxismo, aparecieron puestos de venta de arepas, chicharrón con patacón, butifarra y bollo limpio. Y, megáfono en mano, el carretillero ofrece plátano, ñame y yuca provenientes de los cultivos de pancoger que aún sobreviven. A estas actividades fueron lanzados muchos de los trabajadores despedidos en la debacle del cultivo.

El Estado dejó a su suerte a los algodoneros de Cereté y del país. Engañados una vez más, hoy escuchan que los tratados de libre comercio, la nueva presentación de la apertura económica, seguirán siendo el eje de la política para el agro.

De las 12.500 hectáreas que Cereté sembraba hacia el año 2000 quedan menos de mil. Muchos de los trabajadores del algodón viven hoy del mototaxismo y de las ventas callejeras de comida, plátano, ñame y yuca.

La entrada Cereté, la capital del “oro blanco”, pasó de sembrar 12.500 hectáreas de algodón en 2000 a menos de mil hoy se publicó primero en La Tribuna.

Estamos hablando de uno de los renglones más importantes de la economía agrícola colombiana. Según cifras divulgadas por Fedepanela en 2026, más de 350.000 familias están vinculadas a esta actividad, que cuenta con unos 20.000 trapiches en más de 500 municipios y genera, según esas estimaciones, más de 1.750.000 empleos. Es una actividad que sostiene economías locales y transforma una materia prima nacional en un producto tradicional de nuestra alimentación.

Los productores denuncian que los precios recibidos por la panela no alcanzan para cubrir sus costos. Y eso es muy grave. El pasado 20 de octubre, en Güepsa, Santander, una productora señaló que vende el kilogramo entre 3.200 y 3.300 pesos, cuando producirlo cuesta aproximadamente 4.500. Por cada tonelada vendida perdería entre 1.200.000 y 1.300.000 pesos. En Togüí, Boyacá, otros productores calcularon un costo de 4.200 pesos y un precio de venta de apenas 3.300. Hay denuncias semejantes en otras regiones. No podemos generalizar automáticamente estas cifras, pero sí reconocer la gravedad del problema.

Ninguna actividad económica puede sostenerse cuando vende por debajo de sus costos. Preparar tierras, sembrar, fertilizar, cortar, transportar y moler caña exige trabajo, maquinaria, energía, crédito e instalaciones. Todo tiene un costo. Y quienes producen requieren recuperarlo y obtener una rentabilidad razonable.

El Fondo de Estabilización no puede seguir siendo una promesa

La Ley 2227 de 2022 creó el Fondo de Estabilización de Precios de la Panela. Su artículo 9 contempla garantizar los costos mínimos de producción estimados por Fedepanela. Desde Dignidad Panelera Nacional y Dignidad Agropecuaria Colombiana consideramos que deben sumarse los cálculos de los propios productores y que la junta directiva del Fondo debe representar a paneleros de todos los sectores. Para ello es necesario modificar la ley.

Después de más de cuatro años, preguntamos: ¿cuál es la situación real del Fondo? ¿Está reglamentado y cuenta con recursos? ¿Qué mecanismos permitirán intervenir cuando los precios caigan por debajo de los costos? ¿Cuántos productores se han beneficiado? Nuestra denuncia es que no se ha hecho lo necesario para ponerlo a funcionar. Las autoridades deben responder. Si la ley no se aplica, ¿para qué la ley?

Costos, comercialización y falsa panela

Se necesita establecer por regiones cuánto cuesta producir una tonelada, cuánto recibe el productor, cuánto gana el intermediario y cuánto paga el consumidor. Deben conocerse los costos del trabajo, los insumos, la transformación, el transporte y la financiación, considerando las diferencias entre pequeños, medianos y grandes productores y las dificultades de la agricultura de ladera. Todos los eslabones deben ganar, pero no a costillas del productor, el más débil de la cadena.

Existe la denuncia sobre los llamados derretideros, que utilizan azúcar industrial para fabricar productos vendidos como panela auténtica. Eso engaña al consumidor, introduce competencia desleal y perjudica al productor que sí elabora panela. Dignidad Panelera, Fedepanela y otras organizaciones han denunciado estas prácticas ante las autoridades, incluida la Fiscalía. ¿Cuáles han sido los resultados de las investigaciones y sanciones? Se requieren controles efectivos.

Este problema obliga a examinar las importaciones y el contrabando de azúcar, así como sus posibles efectos en el mercado panelero. Según las cifras citadas para 2025, Según datos de Asocaña, Colombia produjo cerca de dos millones de toneladas de azúcar, exportó 624.000 e importó 176.000. La Organización Internacional del Azúcar estimó un excedente mundial de 1,1 millones de toneladas para el ciclo 2025-2026. Hay que establecer qué relación tienen esos movimientos comerciales y los precios del azúcar con la elaboración de falsa panela. No basta con denunciarla: el Gobierno debe investigarla.

La política azucarera y la panelera no pueden estudiarse por separado. Debe analizarse la competencia de jarabes de maíz y otros endulzantes importados, favorecidos por los tratados de libre comercio, y sus consecuencias sobre el mercado interno de nuestros productores.

Recursos y medidas para los paneleros

Otra dificultad es la caída a largo plazo del consumo de panela por habitante. Necesitamos campañas de promoción, nuevos productos, mejores canales de comercialización y compras públicas de panela nacional. Hay que derrotar la idea de que la panela sirve solamente para preparar una bebida: es un producto de nuestra alimentación y así debe promoverse.

Para 2026 se ha señalado un presupuesto aproximado de 4.840 millones de pesos del Fondo de Fomento Panelero para programas y proyectos de inversión. Es necesario conocer sus resultados y cuántos productores se han beneficiado. Pero esos recursos no deben confundirse con los que requiere el Fondo de Estabilización. ¿Cuánto dinero destinará el Gobierno a atender las pérdidas de los productores, de qué partidas saldrá y cuándo llegará? La pregunta es aún más importante ante la anunciada reducción del presupuesto del Ministerio de Agricultura para 2027.

Se requiere refinanciación de deudas, períodos de gracia, crédito verdaderamente de fomento, renovación de cultivos, asistencia técnica, infraestructura y modernización de trapiches, atendiendo tanto a la economía empresarial como a la campesina. Debe revisarse el cumplimiento de las disposiciones sobre compras públicas de alimentos a pequeños productores, incluida la participación mínima del 30 %. Sus resultados distan de lo que se necesita.

La crisis panelera exige decisiones y recursos, no solamente declaraciones. El Gobierno debe poner en funcionamiento el Fondo de Estabilización, establecer costos reales y mecanismos que garanticen una rentabilidad razonable, combatir los derretideros y explicar los efectos de las importaciones de azúcar y otros endulzantes. Se necesitan compromisos verificables y fechas de cumplimiento.

Detrás de cada trapiche que cierra hay trabajadores que pierden ingresos, cultivos que se abandonan y familias cuya permanencia en el campo queda amenazada. Colombia necesita seguir produciendo panela, pero, ante todo, necesita que producirla sea económicamente viable para quienes trabajan, invierten y sostienen esta actividad agrícola nacional.

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El 28 de agosto, el mismo funcionario informó que presentaría un marco normativo para movilizar más de $8 billones de inversión en la Orinoquía y la Altillanura, especialmente para sembrar maíz y soya. El 14 de septiembre comunicó que habría crédito hasta por 15 años, con períodos de gracia, junto con infraestructura, riego mediante pozos profundos y paneles solares, entre otras medidas para la región. Y el 21 del mismo mes se sumó el BID con “una alianza para apalancar recursos para el desarrollo agroindustrial”.

El proyecto anunciado contempla intervenir 400 mil hectáreas para la producción de maíz y otras 400 mil en soya, 800 mil hectáreas-cultivo al año rotando en el mismo terreno.

Con rendimientos de 6 toneladas por hectárea para maíz y 2,5 para soya, se obtendrían 2,4 millones de toneladas de maíz y un millón de toneladas de soya. Para alcanzar esa meta debemos preguntar: ¿con quién competirán quienes siembren en la Altillanura colombiana? La respuesta, en la práctica, es con la producción de Estados Unidos, origen del 100% del maíz amarillo importado por Colombia en 2025 y de prácticamente toda la soya en grano importada. Allá alcanzan rendimientos cercanos a 11,2 toneladas por hectárea de maíz y 3,55 toneladas de soya. Su productividad es sustancialmente mayor que la manejada en nuestro país. Primer asunto por tener en cuenta.

Las importaciones y la competencia internacional

Un segundo aspecto es la magnitud del mercado, dominado por Estados Unidos. Colombia importó en 2025 un total de 7 millones 308 mil toneladas de maíz amarillo, 595 mil toneladas de soya en grano y 2 millones 43 mil toneladas de torta de soya.

Y el productor estadounidense cuenta con un importante apoyo de su gobierno. Para 2026, el USDA estableció el Farmer Bridge Assistance (FBA), con US$11.000 millones en pagos extraordinarios a productores de cultivos extensivos. Los pagos se calculan por superficie sembrada, no por tonelada producida.

En maíz representan US109 por hectárea, y en soya US76,3 por hectárea. Con una TRM de $3.152 por dólar, equivaldrían aproximadamente a $345 mil por hectárea de maíz y $240 mil por hectárea de soya. A ello se agregan otros instrumentos de apoyo y seguros agrícolas.

Según USDA-ERS, los costos económicos de producción para 2026 son de aproximadamente US$202 por tonelada de maíz, unos 472 por tonelada de soya, cerca de $1 millón 488 mil pesos. Son costos en finca. En Colombia, como veremos, partimos de costos superiores.

Cuánto costaría producir en la Altillanura

Antes de producir en la Altillanura hay que adecuar los suelos. Las referencias utilizadas para este ejercicio sitúan esa inversión entre $8 y $9 millones de pesos por hectárea. Adecuar 400 mil hectáreas exigiría entre $3,2 y $3,6 billones de pesos. Si agregamos aproximadamente $2,26 billones para la siembra y cosecha del maíz y $1,76 billones para la soya, la inversión inicial en adecuación y capital de trabajo para la primera rotación completa estaría entre $7,2 y $7,6 billones.

Esa inversión en suelos debe amortizarse. Si tomamos un valor medio de $8,5 millones por hectárea y diez años, serían $850 mil por hectárea/año, que repartidos entre los dos cultivos equivaldrían a $425 mil por cultivo. Esto agrega, aproximadamente, $71 mil por tonelada de maíz y $170 mil a la de soya. Nuestros costos, antes de postcosecha y transporte, serían entonces de alrededor de $1 millón 12 mil por tonelada de maíz y $1 millón 927 mil por tonelada de soya.

Faltan inversiones en maquinaria, vías, pozos y riego, silos de secamiento y almacenamiento, plantas industriales para procesar la soya y la infraestructura necesaria para el bienestar de trabajadores, administradores y productores.

Si agregamos únicamente los costos de postcosecha y transporte que hemos calculado, el maíz puesto en Bogotá/Funza costaría aproximadamente $1 millón 192 mil pesos por tonelada desde Puerto López y $1 millón 240 mil pesos desde Puerto Gaitán. La soya estaría alrededor de $2 millones 36 mil pesos y $2 millones 84 mil pesos, respectivamente. (Los costos de postcosecha se estimaron con base en referencias de la cadena nacional del maíz, que sitúan el secamiento en $70.000 por tonelada y el almacenamiento en $15.000, mientras el transporte se calculó tomando como referencia el SICE-TAC del Ministerio de Transporte para las rutas desde la Altillanura hacia los centros de consumo).

Según las referencias de FENALCE utilizadas, el maíz amarillo importado tendría un costo cercano a $1 millón 106 mil pesos/tonelada y la soya a $1 millón 989 mil pesos/tonelada. Así, antes de reconocer utilidad alguna al agricultor, el maíz de la Altillanura resultaría entre 7,8% y 12,1% más costoso que el importado y la soya entre 2,4% y 4,8% más cara.

¿Es sostenible el negocio?

Ningún agricultor siembra simplemente para recuperar lo invertido. Debe obtener una rentabilidad que remunere su capital, su trabajo y los riesgos de la actividad. Si suponemos, para este ejercicio, una rentabilidad del 15% sobre los costos, el maíz tendría que venderse aproximadamente a $1 millón 371 mil pesos/tonelada desde Puerto López y $1 millón 426 mil pesos/tonelada desde Puerto Gaitán. Frente a $1 millón 106 mil pesos del importado, la diferencia sería de $265 mil a $320 mil pesos/tonelada.

En soya, el precio tendría que alcanzar aproximadamente $2 millones 341 mil pesos desde Puerto López y $2 millones 397 mil pesos desde Puerto Gaitán, frente a $1 millón 989 mil pesos de la importada, una diferencia de $352 mil a $408 mil pesos/tonelada.

La pregunta entonces es a qué productividad y a qué costo deberá Colombia producir maíz y soya en la Altillanura para competir con las importaciones y, simultáneamente, garantizar una rentabilidad que haga atractiva la inversión. Según nuestros cálculos, con esta estructura de costos y una rentabilidad del 15%, habría que acercarse a rendimientos de 8 toneladas por hectárea en maíz y 3 toneladas en soya. Alcanzar esas productividades se convierte en un asunto determinante para la viabilidad económica del proyecto.

En el caso de la soya aparece otro problema: Colombia importa más de dos millones de toneladas de torta de soya. No basta con producir el grano. Se requieren plantas de procesamiento que permitan triturarlo y transformarlo, junto con secamiento, almacenamiento y transporte. El proyecto no es solo agrícola, exige desarrollo agroindustrial.

Una política agrícola soberana puede plantearse el uso de instrumentos de protección de la producción nacional, como ha ocurrido históricamente en el desarrollo de las fuerzas productivas de numerosas naciones. El Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos limita el margen para utilizar aranceles frente a productos estadounidenses que han culminado sus procesos de desgravación, haciendo más exigente la competencia con el maíz y la soya de ese país.

Muchas preguntas quedan sobre la viabilidad del proyecto, pero algunas son de supremo interés: ¿de dónde saldrán los recursos? ¿Quién los prestará? ¿Cuánto pondrá el Estado? ¿Cuál será la tasa financiera? ¿Dónde estarán las plantas de secado, los silos y las industrias? ¿Cómo se resolverá el transporte?

Y una última pregunta: ¿se atreverá el gobierno nacional a retar al gobierno de Estados Unidos, país del que el presidente de la Espriella es ciudadano?

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No hay duda de la importancia que tiene la cadena de producción de flores en Colombia: genera 200.000 empleos en un 95 % formales, de los cuales el 60 % corresponde a mujeres. De cada cuatro empleos formales rurales femeninos, uno está en este sector y de cada 100 trabajadoras, 96 están vinculadas mediante un contrato formal, dato que no es menor si se tiene en cuenta que solo el 25,5 % de los empleos femeninos en el agro es formal. El sector por sí solo aporta un 0,5 % del PIB nacional y significa el 5,8 % de todo el PIB agropecuario. En el 2024, sus exportaciones correspondieron al 4,7 % del total colombiano y en el 2025, esas ventas al exterior se acercaron a los 2.500 millones de dólares. El sector siembra más de 10.000 hectáreas y, por tonelada de producto, las flores generan 7.000 dólares en exportaciones. Comparado con otros productos agrícolas, es el sector que más divisas genera por unidad.

Cundinamarca concentra más del 70 % de la producción, exporta más de 60.000 toneladas y da lugar a genera más de 115.000 empleos, en los que las mujeres vuelven a ser protagonistas, pues corresponden al 60 % de los empleos. La producción se encuentra principalmente en Madrid (18 %), Facatativá (9 %), El Rosal (8 %), Funza (5 %) y Tocancipá (5 %). Esas cifras explican la importancia de la floricultura para la economía de la Sabana de Bogotá.

La producción de flores es decisiva para departamentos como Antioquia y Boyacá, entre otros. En este último, la producción ha sido creciente y ya cuenta con 153 hectáreas cultivadas. Solo para San Valentín del 2026 se exportaron más de 11 millones de tallos desde tierras boyacenses. En Boyacá, el sector floricultor ha creado más de 1.000 empleos principalmente en municipios como Toca y Belén.

Estas cifras bastan para mostrar que es de interés nacional que se sostenga este sector productivo. Más allá del debate sobre si es sostenible o no que la economía colombiana dependa en tan alta medida de factores externos o si las flores por sí mismas permiten el desarrollo económico nacional, es urgente la atención a la crisis que atraviesa el tejido productivo y evitar las graves consecuencias que tendría el cierre de empresas en el sector, particularmente en la calidad de vida de sus trabajadores.

Causas de la crisis

Entre los causantes de la crisis, se encuentran factores económicos y políticos del momento, que se suman a otros estructurales. Entre los coyunturales están:

• • El bajo precio del dólar, que oscila alrededor de los $3.300, pues las flores se facturan en mercados internacionales en dólares y si esa divisa está desvalorizándose, se gana menos por el mismo trabajo.
  • La imposición unilateral por parte de EE. UU. de un arancel del 12,5 %, entre otros productos, a las flores colombianas, imposición que afecta gravemente al sector, pues el 80 % de las exportaciones van hacia ese país, y se mantiene un mes después de que el presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, se haya posesionado.
  • El encarecimiento de los insumos, que solo en el primer trimestre del 2026 crecieron 1.6 %.
  • El alza en los costos logísticos internacionales, entre ellos los de los fletes aéreos que han llegado hasta un 70 % de incremento y marítimos en 286 % respecto del 2025. 
  • Problemas ambientales como el fenómeno de El Niño.

Estos problemas ya graves, que afectan la sostenibilidad de la producción, se suman a otros de orden estructural y propios del modelo económico colombiano:

• • Un alto costo país, que hace que producir en Colombia sea más caro que en otros países con los que se compite.
  • Poco respaldo del Estado a su tejido productivo.
  • Dependencia mayoritaria del sector de un solo mercado, el estadounidense.

Se necesitan medidas que atiendan las causas del problema

Se necesita que el gobierno nacional trabaje en diferentes frentes con el fin de atenuar la crisis y mejorar las condiciones de producción lo antes posible y que, para ello, ejecute la agenda de corto y mediano plazo acordada con Asocolflores, identifique todos los factores que influyen en la crisis y concierte acciones de largo aliento frente a cada uno de ellos. Sobre todo, se debe priorizar la continuidad y la calidad de los empleos.

En el corto plazo se necesita que, en defensa del interés nacional, se negocien con EE. UU. los aranceles impuestos unilateralmente por Donald Trump por cuanto, al ser mayores que los que tienen competidores directos como Ecuador (10 %), resultan en una nueva desventaja, muy difícil de superar, y porque desconocen acuerdos comerciales bilaterales como el TLC, acuerdo con el que se puede estar en desacuerdo pero que debe cumplirse, mucho más cuando su incumplimiento lesiona gravemente los intereses de Colombia.

Se deben tomar medidas que contengan, en lo posible, la desvalorización del dólar y diseñar un plan a corto, mediano y largo plazo que diversifique los destinos de exportación de nuestras flores, aun cuando signifique llevarle la contraria a funcionarios estadounidenses.

En el largo plazo, se requiere que el Estado colombiano adopte políticas que atiendan de raíz los problemas de la producción floricultora y de toda la agraria nacional: que reduzcan el costo país, que mitiguen y prevengan los efectos de fenómenos ambientales como El Niño, La Niña, las heladas, inundaciones y el cambio climático. Esas políticas deben aplicar la ciencia a los procesos de cultivo, cosecha, poscosecha y logística, y promover la adopción de cada vez mejores tecnologías, mejores prácticas ambientales y fitosanitarias y la reducción del costo de los insumos, entre otras. Mientras se avanza en ello, debe ser prioridad del Estado colombiano y de todos y toda la mejora continua de las condiciones laborales de los trabajadores del gremio.

Las muchas crisis que sufre el agro, entre las que se cuenta la de la floricultura, y en general la producción nacional, solo podrán solucionarse si empresarios, trabajadores, estudiantes, campesinos, indígenas y toda la nación nos unimos en un solo objetivo: el progreso real de la nación en su conjunto.

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Como ha ocurrido de manera reiterada desde 1949, el gobierno que acaba de asumir vuelve a recurrir a la misma institución para “impulsar el campo”. Esta vez bajo la presidencia de Abelardo de la Espriella, presidente colombiano y también ciudadano estadounidense. Por eso vale la pena preguntar qué han significado más de 75 años de relaciones con el Banco Mundial y qué puede esperarse ahora de esa nueva alianza.

El Banco Mundial nació en 1944, en Bretton Woods, Estados Unidos, con la función inicial de contribuir a la reconstrucción de Europa y, posteriormente, promover inversiones de largo plazo. Es una institución financiera internacional propiedad de sus Estados miembros, en la cual el poder de voto está relacionado con la participación de capital. Estados Unidos ha sido históricamente su principal accionista.

La relación del Banco con Colombia comenzó en 1949. Ese año se aprobó un préstamo de US$5 millones para importar maquinaria agrícola. Con el tiempo su acción dejó de limitarse a financiar proyectos: empezó a estudiar las economías nacionales, formular recomendaciones, condicionar financiamientos y participar en la orientación de políticas públicas.

En tiempos de la Alianza para el Progreso se promovieron reforma agraria, infraestructura, educación, salud, planificación, industrialización y desarrollo de la producción nacional. Hubo créditos de largo plazo y, en muchos casos, a tasas relativamente bajas. Se incentivó promovían simultáneamente la inversión estatal, el capital privado nacional y el capital extranjero.

Pero los gobiernos debían presentar planes de desarrollo sometidos a evaluación internacional, cuyas recomendaciones tenían gran importancia para decidir la distribución de recursos externos. Se financiaba, por tanto, dentro de una determinada concepción del desarrollo.

Un resultado desalentador para la producción nacional

El balance está a la vista. Colombia no realizó una verdadera reforma agraria, no desarrolló suficientemente una industria nacional ni resolvió los grandes problemas del campo. Sin embargo, durante esa etapa todavía predominaba la idea de utilizar el crédito externo para ampliar la producción nacional, mecanizar la agricultura, construir infraestructura y sustituir importaciones.

A partir de los años ochenta se produce un cambio fundamental. El Banco Mundial profundiza el uso del crédito como instrumento para impulsar reformas económicas. El préstamo deja de estar atado solamente a un proyecto y empieza a condicionarse a modificaciones de la política económica.

Colombia es un ejemplo claro. En 1985 recibió US$300 millones mediante el Trade Policy and Export Diversification Loan (Préstamo para Política Comercial y Diversificación de las Exportaciones) y, en 1986 otros US$250 millones mediante el Trade and Agricultural Policy Loan (Préstamo para Política Comercial y Agropecuaria). Esos créditos apoyaron la liberalización comercial y, en el segundo caso, incluyeron condiciones sobre importaciones, precios agrícolas, crédito, tasas de interés y reformas institucionales. El desembolso de una parte del préstamo dependía de la evaluación del cumplimiento de esas políticas.

El crédito adquiere entonces dos costos: uno financiero -intereses, amortización y riesgo cambiario- y otro político, representado por las reformas que el país acepta para obtener los recursos. Este proceso hizo parte del camino hacia la apertura económica. Se desmontaron restricciones a las importaciones, se redujeron aranceles y la producción nacional quedó expuesta a una competencia internacional cada vez mayor. El agro sufrió directamente sus consecuencias.

La FAO registró que entre 1990 y 1993 el área de cultivos transitorios cayó en más de 400.000 hectáreas y que se generaron aproximadamente 200.000 desempleados rurales. Maíz, arroz y soya representaron más del 70% de la reducción del área sembrada, unas 290.000 hectáreas. La FAO no atribuye ese resultado a una sola causa, pero sí señala entre los factores la acelerada desgravación arancelaria y los cambios de política económica. Con estos antecedentes debe mirarse la nueva alianza anunciada por el ministro Dangond.

El plan para el campo tropezará con las actuales barreras del modelo económico.

El ministro ha dicho que buscará recursos para poner a producir 1,5 millones de hectáreas, desarrollar la agroindustria y sustituir importaciones. Y acaba de plantear para la Orinoquía y la Altillanura un marco especial que movilizaría más de $8 billones de inversión, especialmente en maíz y soya.

Sobre las hectáreas hay que precisar la información. La meta anunciada es llegar a 400.000 hectáreas en la Altillanura bajo un sistema de rotación: 400.000 hectáreas de soya durante el primer semestre y las mismas tierras sembradas en maíz durante el segundo. Es decir, 400.000 hectáreas de cada cultivo al año, no 800.000 hectáreas diferentes.

La intención de sustituir importaciones es correcta. Pero la pregunta es inevitable: ¿se pueden sustituir importaciones de maíz y soya sin modificar las condiciones económicas y comerciales que facilitaron durante décadas su reemplazo por producción extranjera?

El maíz y la soya de la Altillanura tendrán que competir con importaciones, principalmente de Estados Unidos, bajo las reglas del Tratado de Libre Comercio. No basta conseguir crédito, adecuar tierras, comprar maquinaria y sembrar. Hay que garantizar precios remunerativos, crédito adecuado, almacenamiento, secamiento, vías y condiciones de comercialización que permitan competir a la producción nacional, aspecto que miraremos en un próximo artículo.

De lo contrario puede producirse una enorme contradicción: acudir nuevamente al Banco Mundial para endeudarnos con el propósito de reconstruir una producción nacional debilitada por políticas de apertura y liberalización comercial que el mismo Banco contribuyó a promover.

La pregunta final para el gobierno del presidente Abelardo de la Espriella es entonces sencilla: ¿cuáles serán las condiciones de esta alianza con el Banco Mundial y cómo garantizará que esos recursos fortalezcan realmente la producción agropecuaria nacional?

Si se quiere sustituir importaciones no basta con sembrar nuevas hectáreas. Hay que revisar, renegociar, las políticas que hicieron de Colombia un país cada vez más dependiente de alimentos y materias primas agropecuarias producidas en el exterior. Y, eso implica revisar las relaciones y las condiciones de los créditos con el Banco Mundial.

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En reforma agraria, distribución y acceso a la tierra por campesinos que quieren trabajarla, la meta oficial del gobierno de Petro fue entregar 1,5 millones de hectáreas, mediante el Fondo de Tierras, a población rural sin tierra o con tierra insuficiente.

El gobierno reactivó el debate nacional sobre la propiedad, fortaleció instituciones ligadas a su redistribución y destinó recursos cercanos a $8 billones. Sin embargo, en sus informes mezcla procesos distintos. Una cosa es formalizar; otras, incorporar tierras al Fondo, comprar, entregar provisionalmente o titular de manera definitiva. No son equivalentes ni responden de igual forma a la meta anunciada.

Las cifras muestran resultados mayores en formalización que en redistribución efectiva, titulación definitiva y consolidación productiva de campesinos sin tierra. Por eso debe rechazarse la propaganda según la cual todas las hectáreas involucradas en algún trámite fueron compradas, entregadas y puestas a producir. Formalizar no es comprar; incorporar al Fondo no es entregar; ceder provisionalmente no es titular; y adjudicar una finca no significa que ya produzca y garantice ingresos. El cuadro resume las cifras oficiales.

El balance final del Ministerio de Agricultura informó 2.284.306 hectáreas formalizadas, 806.081 incorporadas al Fondo y 351.000 entregadas. El Informe de Gestión 2025 de la Agencia Nacional de Tierras (ANT) registró, al 31 de diciembre, 226.654,68 hectáreas compradas, 232.092,35 comprometidas y 25.952,71 recibidas mediante donaciones y transferencias gratuitas.

Las 351.000 hectáreas anunciadas al cierre equivalen al 23,4 % de la meta de 1,5 millones. No puede afirmarse que el gobierno no hizo nada, pero quedó bastante lejos de lo propuesto.

Formalizar es importante

La formalización reconoce un título, da seguridad jurídica y facilita el crédito, el acceso a programas públicos, la herencia y el ejercicio legal de la propiedad. Pero, en la mayoría de los casos, el beneficiario ya poseía u ocupaba la tierra. Las 2.284.306 hectáreas formalizadas no pueden presentarse como igual número de hectáreas entregadas a nuevos propietarios sin tierra.

Lo realmente comprado, comprometido y entregado

Al terminar 2025, la ANT había comprado 226.654,68 hectáreas; otras 232.092,35 figuraban oficialmente como «comprometidas» y no estaban incluidas dentro de las hectáreas reportadas como compradas. Para esa fecha reportó 286.091,21 hectáreas entregadas. En distintos momentos, el gobierno habló de tierras gestionadas, ofertadas, comprometidas o incorporadas como si fueran compras, confundiendo a la opinión pública. El balance obliga a distinguir cada categoría.

La entrega provisional

Hasta diciembre de 2025, 161.028,34 hectáreas, cerca del 56 % de lo entregado, tenían carácter provisional. Esa tenencia permite trabajar el predio, pero no equivale a propiedad definitivamente registrada. Puede ser útil mientras avanza el trámite, pero la imprecisión política aparece cuando se presenta como adjudicación terminada.

¿Cuánta tierra llegó específicamente a campesinos?

El balance público no desagrega suficientemente cuántas familias completamente carentes de tierra recibieron propiedad registrada. Durante 2025, la ANT informó 122.417,07 hectáreas entregadas a comunidades campesinas, vinculadas a 6.058 familias: 23.715,80 registradas, 33.994,03 tituladas y pendientes de registro y 64.707,24 provisionales. El 52,9 % de esa superficie campesina estaba bajo modalidad provisional.

El número de familias ligado a entregas provisionales puede corresponder a organizaciones o asociaciones y no permite calcular hectáreas individuales. Tampoco todos los beneficiarios eran necesariamente campesinos que nunca tuvieron tierra. Las categorías oficiales incluyen población sin tierra o con tierra insuficiente, víctimas, comunidades indígenas y afrodescendientes y campesinos asociados. No quedó claro cuántas familias pasaron de no tener tierra a ser propietarias definitivas con escritura registrada.

Tierra entregada no significa tierra productiva

En los balances oficiales consultados no aparece un sistema nacional consolidado que permita saber cuántas de las 351.000 hectáreas estaban sembradas o tenían ganado, cuánto produjeron y vendieron, cuál fue el ingreso neto, cuántos proyectos contaban con agua, crédito, asistencia y vías, o cuántos predios seguían improductivos. Hubo siembras de arroz, maíz, yuca, plátano, sandía, cacao y otros productos, y comenzó Sembrando Vida, pero esas experiencias no permiten extrapolar un resultado nacional.

La reforma agraria fue medida principalmente en hectáreas, títulos y actos administrativos, no en cosechas, ingresos, rentabilidad y permanencia productiva. Sin capital de trabajo, riego, asistencia, comercialización, almacenamiento y precios, puede entregarse tierra sin crear productores sostenibles.

El balance final reportó cerca de 41.000 títulos, más de 116.000 familias beneficiadas por formalización y una inversión cercana a $8 billones en acceso y distribución. Sin embargo, el gobierno no convirtió la reforma agraria en una transformación productiva de la magnitud anunciada: alcanzó cerca de la cuarta parte de la meta y no dejó una cifra clara de campesinos sin tierra convertidos en propietarios registrados, ni un balance nacional de producción, ventas e ingresos en los predios entregados.

El contraste con Abelardo de la Espriella

El presidente Abelardo de la Espriella propone titulación, seguridad jurídica, ampliación de la superficie agrícola, aprovechamiento de la Altillanura y la Orinoquía, crédito, agroindustria, alianzas con capital privado y conversión de campesinos en propietarios, emprendedores o accionistas.

Las preguntas son inevitables: ¿continuará la compra de tierras para campesinos sin tierra? ¿Qué ocurrirá con las 232.092 hectáreas comprometidas y no compradas al cierre de 2025? ¿Concluirá la titulación de las entregas provisionales? ¿Mantendrá el Fondo de Tierras y respetará las Zonas de Reserva Campesina? ¿Quién será propietario de las nuevas áreas productivas? ¿Los campesinos controlarán sus proyectos o quedarán subordinados a inversionistas y agroindustrias?

Dignidad Agropecuaria defiende el acceso progresivo a la propiedad, la titulación gratuita de predios a campesinos, la lucha contra la extranjerización y la inversión estatal sostenida en carreteras, riego, electrificación y demás bienes públicos necesarios para producir. No se trata solo de repartir hectáreas: la tierra debe permitir arraigo, producción nacional, ingresos dignos, permanencia de pequeños y medianos productores, desarrollo del mercado interno y fortalecimiento de la seguridad y la soberanía alimentarias.

Conclusión

La reforma agraria de Petro no fue una ficción, pero tampoco alcanzó la transformación proclamada. Compró, formalizó y entregó una cantidad de tierra que el Gobierno calificó como «sin precedentes». Quedó lejos de su meta redistributiva, dejó una alta proporción de entregas provisionales y no demostró cuánto de esa tierra producía y garantizaba ingresos.

Abelardo de la Espriella recibirá predios comprados, negocios comprometidos, títulos pendientes y familias que esperan apoyo productivo. Su obligación no será comenzar de cero ni convertir la reforma agraria en un programa exclusivo de agroindustria. Tendrá que completar lo pendiente y demostrar si su defensa de la propiedad incluye realmente a los campesinos sin tierra o solo a quienes puedan integrarse al capital empresarial.

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El artículo 2.3 del Acuerdo de Promoción Comercial dispone que, salvo las excepciones contempladas, ninguna parte puede aumentar un arancel existente ni adoptar uno nuevo sobre una mercancía originaria. Por eso, la decisión plantea una posible incompatibilidad con el TLC. La legislación interna estadounidense no elimina sus obligaciones internacionales, aunque Washington puede invocar las excepciones del Acuerdo. La controversia debe resolverse mediante los mecanismos pactados.

El recargo anterior se adoptó bajo la Sección 122. Al expirar, Trump lo reemplazó por medidas de la Sección 301, tras investigar a 60 economías por no prohibir o controlar eficazmente la importación de bienes producidos con trabajo forzoso. Estados Unidos asignó el 10 % a economías con prohibición, compromiso vinculante o régimen parcial; a Colombia la ubicó en el grupo del 12,5 %.

La reacción tardía del gobierno Petro

La investigación comenzó el 12 de marzo. Hubo audiencias el 28 y 29 de abril, una determinación de la USTR el 2 de junio, comentarios públicos hasta el 6 de julio y nuevas audiencias del 7 al 9 de julio. El Gobierno colombiano conoció durante meses el riesgo arancelario.

El 6 de julio, el Ministerio de Comercio publicó un proyecto de resolución sobre debida diligencia y prevención del trabajo forzoso en las cadenas de suministro. Recibió comentarios hasta el 21 de julio. Cuando Estados Unidos tomó la decisión, seguía siendo un proyecto y no equivalía a una prohibición legal plenamente adoptada y aplicada a las importaciones producidas con trabajo forzoso.

No se trataba de aceptar sin discusión todas las exigencias de Washington, sino de actuar a tiempo: construir una norma eficaz, negociar compromisos, solicitar un tratamiento diferente y defender los derechos de Colombia bajo el TLC. El gobierno Petro llegó a la decisión final sin la regulación exigida y sin evitar que el país fuera ubicado en el grupo más gravado.

Las flores, el caso emblemático

 El arancel no cubre todas las exportaciones colombianas. Las excepciones incluyen café verde y tostado, banano y plátano, aguacate, piña, mango y otras frutas, además de determinados minerales, energéticos, medicamentos e insumos estratégicos.

Las flores frescas no aparecen en las excepciones generales aplicables a Colombia. Rosas, claveles, crisantemos, lirios y otras flores cortadas quedaron expuestas al 12,5 %. Asocolflores presentó el 6 de julio comentarios ante la USTR para acreditar los estándares laborales del sector y solicitar su exclusión, pero la petición no fue acogida.

En 2025, Colombia exportó flores por US$2.439,5 millones y más de 344.000 toneladas. Estados Unidos recibió el 77 % de esas ventas; el gremio suele redondear esa participación a cerca del 80 %. Es un sector con una dependencia extraordinaria de un solo mercado.

El arancel lo paga formalmente el importador, pero puede trasladarse parcialmente al exportador mediante menores precios, renegociación de contratos o reducción de pedidos. No representa automáticamente una pérdida del 12,5 % del valor exportado, pero sí presiona los márgenes de una actividad que ya enfrenta mayores costos y variaciones cambiarias.

La contradicción del TLC

 Colombia abrió progresivamente su mercado a los productos estadounidenses, mientras Estados Unidos conserva instrumentos internos para imponer nuevas cargas cuando considera afectados sus intereses. La pregunta es inevitable: ¿para qué sirve un TLC si Colombia cumple sus obligaciones de apertura, pero no utiliza sus mecanismos cuando el socio más poderoso restablece gravámenes? Dejando claro que no compartimos el TLC pero, tampoco aceptamos que se viole en contra del interés nacional de Colombia.

El capítulo 21 permite solicitar consultas cuando una parte considera que una medida de la otra es incompatible con el Acuerdo o le niega beneficios razonablemente esperados. También prevé la intervención de la Comisión de Libre Comercio y, si no hay solución, un panel. Colombia debe evaluar igualmente las posibilidades existentes en la Organización Mundial del Comercio.

La primera prueba de Abelardo

Abelardo de la Espriella es todavía presidente electo y solo asumirá las competencias del Estado el 7 de agosto. Hoy no puede presentar formalmente una reclamación diplomática ni activar los procedimientos del TLC. Sí puede fijar una posición pública inequívoca y preparar la actuación de su gobierno.

El 24 de julio, su equipo anunció trabajo conjunto con Asocolflores y un plan de choque. Informó que el ministro de Agricultura designado, Indalecio Dangond, se reunirá con la presidenta del gremio, Laura Valdivieso, y mencionó coberturas cambiarias, crédito preferencial e incentivos para preservar el empleo rural formal. Es una reacción inicial positiva, respaldada por el comunicado divulgado por el gobierno entrante.

Pero un plan sectorial no sustituye la defensa comercial del país. Desde el primer día de su mandato, Abelardo deberá decidir si solicita consultas bajo el TLC, presenta una reserva formal de derechos, reclama exclusiones específicas y negocia la eliminación del recargo. Mientras tanto, el gobierno Petro, que conserva las competencias hasta el 7 de agosto, debe iniciar esas gestiones sin esperar el cambio de mando.

La cercanía con Trump puede facilitar canales de negociación, pero también convertirse en una razón para guardar silencio. La prueba no consiste en insultar al mandatario estadounidense ni en iniciar una guerra comercial, sino en negociar con serenidad desde una posición nacional, firme y no subordinada.

Qué debe hacer Colombia

Colombia debe adoptar una prohibición clara contra la importación de mercancías producidas mediante trabajo forzoso y crear mecanismos verificables de control. No solo para responder a Estados Unidos, sino porque competir con bienes elaborados mediante explotación laboral perjudica a los trabajadores y productores colombianos.

Una vez expedida y aplicada la norma, debe solicitar la revisión del arancel y negociar su eliminación para los bienes amparados por el TLC. La floricultura debe ser prioritaria por su peso exportador, generación de empleo y estándares laborales. Mientras avanza la negociación, se requiere un programa transitorio de crédito, garantías, coberturas cambiarias, promoción de nuevos mercados y reducción de costos logísticos.

Dignidad Agropecuaria y otras organizaciones han exigido renegociar los tratados que lesionen la producción y el trabajo nacional, proteger el mercado interno y utilizar la política comercial en defensa del desarrollo autónomo. La decisión de Trump confirma que los TLC no eliminan el proteccionismo de las grandes potencias: Estados Unidos conserva instrumentos unilaterales que Colombia redujo o abandonó.

Los aranceles de Trump constituyen la primera gran prueba internacional para Abelardo. Deberá demostrar si su cercanía con Washington sirve para defender los intereses nacionales o si termina convertida en silencio y subordinación.

Colombia no necesita una guerra verbal con Estados Unidos, pero tampoco puede aceptar que el socio más poderoso modifique unilateralmente las condiciones del TLC mientras exige el cumplimiento estricto de las obligaciones colombianas. Una verdadera política de patria debe proteger a quienes producen, trabajan y exportan desde Colombia, incluso cuando la amenaza provenga de un gobierno ideológicamente cercano.

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El proyecto que podría redefinir los biocombustibles en Colombia

La propuesta del Ministerio de Minas y Energía para cambiar la forma en que se calculan los precios del etanol y el biodiésel generó una respuesta inmediata de los sectores de la caña y la palma. El plan plantea reemplazar el sistema vigente por uno basado en paridad de importación, que indexa los valores nacionales a los de Houston y Róterdam. Aunque el Gobierno lo presenta como una actualización técnica, sindicatos y productores advierten que podría desmontar la base productiva construida durante más de dos décadas.

Un cambio que asimila modelos subsidiados

Hasta ahora, los precios de los biocombustibles en Colombia se calculan con base en los costos reales de producción interna más referencias internacionales. Para el etanol, la fórmula parte del precio del azúcar y suma los gastos locales de transformación y transporte. Para el biodiésel, se usa el valor del aceite de palma complementado con los costos del metanol y la mezcla.
 Los proyectos de resolución reemplazarían ese equilibrio por un sistema atado a precios internacionales del etanol de maíz en Houston y del biodiésel FAME 0 RED en Róterdam, ambos formados en mercados con fuertes subsidios.

En Estados Unidos, el etanol se sostiene gracias al programa Renewable Fuel Standard, al Crédito Fiscal a la Producción Limpia y a subsidios que abarcan desde la planta hasta la distribución. En la Unión Europea ocurre algo similar bajo la Directiva de Energías Renovables (RED III), que fija metas obligatorias y otorga exenciones tributarias. En Colombia no existen subsidios energéticos ni fiscales para el etanol o el biodiésel. Por eso, vincular precios locales a mercados protegidos crea una competencia desigual que, según los gremios, puede llevar a la quiebra de las plantas nacionales.

El riesgo económico y laboral

El documento técnico del Ministerio reconoce que la nueva metodología reduciría 14,5 % el ingreso al productor de etanol y 23,9 % el del biodiésel, sin evaluar el efecto sobre la sostenibilidad empresarial ni el empleo. Para Dignidad Agropecuaria Colombiana, las medidas fiscales y tarifarias del Gobierno “destruyen la base productiva de los biocombustibles” y ponen en riesgo miles de empleos rurales, desde el Meta hasta el Valle del Cauca.

En comunicado los sindicatos y federaciones del sector cañero calculan que, de aprobarse las resoluciones, se perderían 28.000 puestos de trabajo inmediatos y que el cierre de plantas de etanol afectaría indirectamente a 350.000 familias vinculadas a la producción de panela, porque la sobreproducción de caña se destinaría a azúcar o panela. A esto se sumarían 18.000 empleos urbanos y rurales vinculados a la cadena del azúcar y la energía.

El peso del sector y la advertencia sindical

El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Agroindustria (Sintrainagro) advirtió que la política de precios afectaría directamente a un sector que representa 19,5 % del PIB agrícola y 12,1 % del PIB industrial del Valle del Cauca. La organización recordó que la cadena genera 286.000 empleos entre directos e indirectos y que la producción nacional de 456 millones de litros de etanol carburante compite en condiciones desiguales con los 56.000 millones de litros producidos en Estados Unidos gracias a subsidios estatales.

Johnson Torres, dirigente de Sintrainagro, aseguró que el proyecto “responde a las presiones del Banco Interamericano de Desarrollo para abrir el mercado a las importaciones subvencionadas”, lo que entregaría la soberanía energética y agrícola del país. Agregó que “con esas decisiones se destruye la industria nacional y se abre espacio al combustible extranjero más barato, pero altamente subsidiado, lo que “golpea a los trabajadores, a los pequeños productores y a las regiones”.
Las políticas neoliberales de apertura han desplazado cultivos nacionales y que seguir las directrices del BID profundiza la dependencia externa. Su columna recordó que el cultivo de caña y palma ha permitido sostener la economía de departamentos enteros como Valle del Cauca, Meta y Cesar, entre otros.

Una industria estratégica en riesgo

El cambio propuesto pondría en riesgo una de las pocas cadenas agroindustriales que el país ha logrado consolidar en torno a la energía limpia. El sector de los biocombustibles abastece entre el 8 y el 10 % del consumo de combustibles del transporte terrestre y contribuye a reducir cerca del 8 % de las emisiones de CO₂ en ese segmento. Su estructura actual articula agricultura, industria y distribución, lo que ha permitido sostener una producción estable y con empleo formal en las regiones.

Si el nuevo esquema entra en vigencia, el ingreso de los productores quedaría sujeto a factores externos, como los fletes, los aranceles y el tipo de cambio, que no dependen de su gestión. En la práctica, el país terminaría calculando los precios como si importara los biocombustibles, aun cuando se elaboran con materias primas nacionales.

El argumento del Gobierno

El Ministerio de Minas y Energía sostiene que la revisión busca “actualizar metodologías” y “alinearlas con estándares internacionales”. Según su planteamiento, la paridad de importación permitiría reflejar la realidad del mercado global y evitar distorsiones.
 Los productores sostienen que la “realidad global” es de subsidios y protecciones. Estados Unidos y la Unión Europea invierten recursos públicos para sostener su competitividad; Colombia, en cambio, pretende someter su industria a precios foráneos sin respaldo estatal. Para Dignidad Agropecuaria, eso equivale a sustituir trabajo colombiano por trabajo extranjero.

Un precedente internacional

Brasil sirve de espejo. Durante más de treinta años protegió su industria del etanol con precios regulados, créditos blandos y compras garantizadas por Petrobras. Solo cuando alcanzó eficiencia y escala liberó gradualmente los precios. Colombia no ha completado ese ciclo y aún se encuentra consolidando su capacidad productiva. Exponerla a una competencia desleal, advierten expertos, significaría renunciar a la única industria nacional que materializa la transición energética en el territorio.

Una alianza gremial en defensa del trabajo

Los sindicatos de la caña convocaron a las autoridades locales, a los gremios y a la ciudadanía a respaldar un plan de acción nacional para defender el empleo y la producción agroindustrial. Preparan jornadas culturales, foros técnicos y movilizaciones en el Valle del Cauca y los Llanos Orientales.
 El objetivo común es mantener la metodología vigente de la Resolución 18-0643 de 2012, que garantizó estabilidad laboral, inversión y tributación municipal. También preservar las iniciativas de innovación en bioetanol para aviación y uso de vinaza y cachaza para generar energía, consideradas claves para reducir la dependencia del gas y los combustibles fósiles.

La discusión sobre el proyecto del 1 de octubre va más allá de un cálculo de precios. Define si Colombia mantiene una política energética soberana o la somete a los intereses de mercados subsidiados.
 El sector cañero y palmero insiste en que el debate no es ideológico sino económico. Sin protección, la cadena del biocombustible se fragmenta y con ella se pierde empleo, inversión y capacidad industrial.

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Productores alertan sobre el fin de la cadena algodonera

En un comunicado del 20 de octubre, Dignidad Agropecuaria Colombiana advirtió que la propuesta del Gobierno daría ventajas inmediatas a los confeccionistas, pero a costa de desmantelar la cadena algodonera. El gremio calcula que la medida pondría en riesgo 500 familias, 2.400 empleos anuales y los jornales rurales que dependen de la siembra. Las tres hilanderías activas quedarían sin materia prima nacional, sujetas a competir con hilados extranjeros y probablemente cerrarían.

El informe también recuerda que el cultivo lleva más de treinta años en declive. En las regiones algodoneras del país, donde antes se sembraban 300.000 hectáreas, hoy sobreviven unas 8.000. Los pequeños productores trabajan en tierras tomadas en arriendo por un solo ciclo y créditos caros. En Córdoba, Sucre, Cesar y Tolima, muchos ya dudan si volverán a sembrar.

🚨 ¡Defendamos la producción nacional algodonera!

El Gobierno propone eliminar los aranceles de importación de hilados, poniendo en peligro miles de empleos rurales y el futuro del algodón nacional.

Desde Dignidad Agropecuaria Colombiana acompañamos a los productores en defensa… pic.twitter.com/KS355hIkyC

— DignidadAgropecuaria (@Dignidad_Agro) October 20, 2025

El mercado global hunde los precios del algodón

El más reciente Reporte de Coyuntura Económica (semana 41 de 2025) de CONALGODÓN muestra que el precio interno de referencia cayó a $5.534.472 por tonelada, mientras la compensación del Fondo de Estabilización de Precios de Algodón, FEPA, sigue en $482.510, insuficiente para cubrir los costos reales de producción. Con ese margen, cada hectárea sembrada se convierte en una apuesta arriesgada.

El mismo documento, basado en cifras del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA), confirma que el mundo produce más de lo que consume. En septiembre de 2025, la producción alcanzó 119 millones de pacas, frente a 112 millones consumidas, que sumadas a los inventarios iniciales termina con 83 millones en existencias finales. Esa sobreoferta mantiene los precios internacionales deprimidos.

Evolución del balance mundial del algodón (septiembre de 2025)

En la Bolsa de Nueva York, los contratos futuros bajaron de 65,59 a 64,91 centavos de dólar por libra. Aunque la diferencia parece mínima, implica una pérdida continua en rentabilidad. Con la Tasa de Cambio Representativa del Mercado, TRM, en $3.867,54, la caída se suavizó, pero el ingreso promedio por tonelada se redujo $138.970 en una semana. Los costos de insumos y transporte siguen subiendo, de modo que el productor opera en pérdida.

Analistas del sector advierten que, si se eliminan los aranceles, la presión de precios externos se trasladará de inmediato al mercado interno: las confecciones importarían insumos más baratos y el país perdería su base productiva. Esa mezcla de sobreoferta mundial, precios bajos y apertura arancelaria deja al algodón colombiano en una situación límite.

Golpe regional y abandono del campo

En las zonas rurales donde el algodón todavía se cultiva, la rentabilidad es mínima. Los agricultores trabajan con arrendamientos de corto plazo, sin asistencia técnica ni crédito asequible. Según datos gremiales, unas 500 familias podrían quedarse sin ingresos y 2.400 empleos desaparecerían. En municipios del Caribe y el Tolima- esos jornales son la única fuente de trabajo temporal.

El gremio sostiene que el Estado debe garantizar precios que cubran los costos reales y no seguir atado a la Bolsa de Nueva York, dominada por los grandes exportadores. “Sin un precio justo, el algodón desaparecerá y con él la infraestructura agrícola que aún sobrevive”, advierte el comunicado.

La posible aprobación del decreto consolidaría un modelo de dependencia externa: Colombia pasaría de productor a comprador de insumos básicos. Las hilanderías importarían toda la fibra, pero la industria de las confecciones ya no les compraría a ellos, importar los hilos les saldría más barato, y el vínculo entre campo e industria quedaría roto.

Del auge a la crisis: tres décadas de abandono

En los años setenta, el país sembraba entre 350.000 y 400.000 hectáreas de algodón. La fibra nacional abastecía a la industria textil y generaba exportaciones. Con la apertura económica de los noventa, las importaciones de textiles y fibras sintéticas desplazaron la producción local. Los Tratados de Libre Comercio redujeron la protección arancelaria y el cultivo perdió rentabilidad. En 1990 se producían 150.000 toneladas; hoy apenas 14.000.

El desmonte de las políticas agrícolas dejó al sector sin crédito, sin asistencia técnica y sin infraestructura de riego. Las máquinas de desmote quedaron abandonadas en La Mojana y en el valle del río Sinú y en otras zonas algodoneras del país. Los programas del FEPA y los subsidios al seguro agropecuario ofrecieron alivios momentáneos, pero nunca resolvieron la raíz del problema.

El dilema político

Para Dignidad Agropecuaria, eliminar los aranceles sin exigir compras locales es dejar el mercado en manos de los productores extranjeros. El gremio no pide subsidios nuevos, sino condiciones para competir: precios que reflejen los costos reales, programas de asistencia técnica y canales directos entre agricultores e hilanderías.

Según CONALGODÓN, el ingreso actual del agricultor está por debajo del nivel de sostenibilidad: para cubrir gastos de siembra, transporte y desmote, el precio por tonelada debería superar $7 millones, pero en el mercado ronda los $5,5 millones. Esa brecha explica por qué en cada temporada se pierden productores.

El debate sobre el decreto arancelario no es técnico, es político. De su aprobación depende si Colombia mantiene una base agrícola productiva, y lucha por aumentarla, o se resigna a depender de las importaciones para vestir a su población.

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El Café de Colombia pierde su identidad y su valor.

La mezcla con cafés importados de baja calidad destruye la prima de excelencia que por décadas distinguió a nuestros caficultores.

Exigimos recuperar la calidad, la soberanía y el orgullo del Café de Colombia.

🧵 1/2… pic.twitter.com/xkIvjiTQ0H

— DignidadAgropecuaria (@Dignidad_Agro) October 18, 2025

El deterioro del diferencial cafetero golpea la economía nacional

La pérdida del diferencial cafetero, la prima que por años distinguió al café de Colombia en los mercados internacionales, empezó a sentirse en el bolsillo de los productores y en las cifras de exportación. Pasó de 80 a solo 17 centavos de dólar por libra, una caída superior al 75 %.
Esa reducción representa pérdidas anuales de más de 900 millones de dólares, equivalentes a cerca de 3,6 billones de pesos, tomando como referencia una tasa promedio de 3.900 pesos por dólar. El fenómeno no es coyuntural, sino resultado de políticas que permiten mezclar cafés importados de baja calidad con el grano nacional para su reexportación.
Esa práctica, advierte Dignidad Agropecuaria, ha deteriorado la reputación del producto y disminuido los ingresos de miles de familias cafeteras. Lo que antes garantizaba divisas al país y estabilidad a las regiones productoras, hoy favorece a intermediarios y multinacionales que concentran el negocio.

📉 De una prima de 80 centavos de dólar por libra, hoy solo quedan 17.

💸 Más de 900 millones de dólares se pierden al año y miles de familias cafeteras ven reducido su ingreso.

📢 Exigimos recuperar la calidad, la soberanía y el orgullo del Café de Colombia.

🧵 2/2 pic.twitter.com/U4jnX50QQN

— DignidadAgropecuaria (@Dignidad_Agro) October 18, 2025

Importaciones de café y caída del ingreso cafetero

Las normas que autorizaron la importación de café verde para mezclarlo y venderlo como “Producto de Colombia” terminaron reemplazando el grano nacional de forma silenciosa. Los granos de menor calidad ingresan al sistema productivo, reducen el precio interno y borran la ventaja del café colombiano en los mercados internacionales.

Durante años, el “Excelso – Café de Colombia” mantuvo un valor superior por su calidad, sabor y rigurosidad en los estándares de humedad, tamaño y pureza. Esa certificación era la garantía de origen que sustentaba la prima de calidad en la Bolsa de Nueva York. La introducción del “Café Producto de Colombia” y la flexibilización de las normas de exportación eliminaron esa ventaja.
El resultado es una pérdida progresiva de confianza en los compradores internacionales. Al mezclarse cafés importados de bajo valor, el grano colombiano dejó de ser percibido como un producto diferenciado. El país vende más volumen, pero recibe menos dinero por cada libra exportada.

Del pacto de cuotas al dominio de las multinacionales

La situación actual tiene raíces profundas. En 1989 terminó el pacto internacional de cuotas de la Organización Internacional del Café, un sistema que regulaba la producción y los precios del grano. Durante más de dos décadas ese modelo mantuvo cierta estabilidad: si los precios bajaban, los países exportadores reducían la oferta; si subían, la aumentaban.

Cuando Estados Unidos y sus aliados desmantelaron el acuerdo, impusieron la política del libre comercio. La decisión eliminó los mecanismos que protegían los ingresos de los países productores y abrió la puerta a la concentración del mercado. A partir de ese momento, las grandes compañías multinacionales controlaron las compras, la industrialización y la distribución del café.

Colombia, que había sostenido su reputación en la calidad del grano, comenzó a competir en un escenario de precios impuestos por los compradores. La Federación Nacional de Cafeteros adoptó medidas que, en vez de reforzar la calidad, permitieron la creación del “Café Producto de Colombia”, una versión degradada del tradicional “Excelso – Café de Colombia”. Esa modificación redujo los estándares y habilitó la mezcla de granos nacionales con cafés extranjeros de menor valor.

El comunicado de Dignidad Agropecuaria sostiene que esa transformación benefició a las empresas que comercializan y procesan el café, no a los productores. Mientras las multinacionales diversificaron sus marcas y ganancias, los caficultores vieron disminuir su participación en la renta total del negocio. La brecha se amplió: los costos de producción suben, los precios al productor bajan y la diferencia queda en manos de intermediarios.

La pérdida de confianza en el café de Colombia

Durante décadas, el café colombiano fue sinónimo de calidad en los mercados internacionales. Esa imagen se sustentaba en el control estricto de origen, en las normas de humedad y pureza del grano, y en la reputación del sello “Café de Colombia”. Con la flexibilización de las reglas, la credibilidad del país como proveedor premium se debilitó.

Los compradores internacionales pagan ahora precios más bajos porque no pueden garantizar que el producto corresponda al mismo nivel de calidad de años anteriores. La prima de calidad, que antes representaba un ingreso adicional, se convirtió en un margen que se desvanece. Cada libra vendida sin ese diferencial deja menos divisas al país y menos rentabilidad para los productores.
La pérdida del diferencial cafetero no solo afecta el comercio exterior. También golpea la economía interna de los municipios cafeteros, donde el café sigue siendo la base de la actividad económica. La disminución de ingresos reduce el consumo local, afecta el empleo y limita la inversión en infraestructura rural.

Consecuencias económicas de las importaciones de café

Las pérdidas calculadas por Dignidad Agropecuaria superan los 900 millones de dólares anuales, una muestra del deterioro estructural del ingreso cafetero. La reducción del diferencial cafetero afecta la balanza comercial del país y ha debilitado el flujo de divisas que sostenía la economía rural en los departamentos productores.

Cada libra vendida sin prima de calidad implica menos rentabilidad para el productor. En los municipios cafeteros, el descenso se traduce en menos empleo, menor consumo local y una caída en la inversión pública y privada. Las cooperativas, que antes reinvertían excedentes en programas comunitarios, enfrentan ahora dificultades para sostener su operación.

La pérdida de valor del café colombiano también repercute en la tasa de cambio. Al reducirse las exportaciones con valor agregado, el país depende de un mayor volumen para compensar la caída de ingresos, lo que genera sobreoferta y presiona aún más los precios internacionales.

Propuesta para recuperar la prima del café colombiano

El comunicado de Dignidad Agropecuaria propone revertir la política de flexibilización de calidad y retomar las condiciones originales del “Excelso – Café de Colombia”. El movimiento plantea suprimir la exportación de pasillas, aumentar la producción interna y eliminar el “Café Producto de Colombia”, al que señalan como principal responsable del deterioro del diferencial.

La organización sostiene que el país tiene capacidad para abastecer el consumo nacional con pasillas de producción interna y evitar la dependencia de cafés importados. La medida permitiría mejorar el ingreso rural y recuperar la confianza de los compradores internacionales.

También pide al Gobierno Nacional y al Comité Nacional de Cafeteros adoptar decisiones estructurales: restablecer estrictos controles de calidad, revisar las licencias de importación y fortalecer la certificación de origen. Solo así, afirma el movimiento, podrá volver a ganarse la confianza del mercado internacional con calidad y trazabilidad.

Un llamado a proteger el ingreso rural

Para Dignidad Agropecuaria Colombiana, la pérdida del diferencial cafetero resume un modelo comercial que ha transferido riqueza del campo hacia los grandes compradores internacionales. Cada centavo perdido por libra se traduce en menos ingresos para las familias productoras y en una reducción del valor real del trabajo agrícola.

El movimiento sostiene que el país necesita una política cafetera centrada en el ingreso y no en el volumen exportado. La prioridad, afirma, debe ser volver a ganarse la confianza del mercado internacional con calidad y trazabilidad. El problema ya no es de producción, sino de reglas de juego: las importaciones alteran el equilibrio del mercado y deterioran la marca más reconocida del país.

La advertencia llega en un momento crítico. Mientras la inflación encarece los insumos agrícolas, los precios internos del café caen y los márgenes de rentabilidad se estrechan. Si el país no corrige la ruta, Colombia podría perder el estatus de productor premium que durante décadas sustentó parte de su economía.

Dignidad Agropecuaria concluye que recuperar la prima de calidad del café colombiano es una decisión estratégica para la balanza comercial y la sostenibilidad rural. De mantenerse la actual política de importaciones, el país seguirá exportando el nombre del “Café de Colombia”, pero no su valor real.

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