En esta nota encontrarás:
- El descuento del salario para cotizar a salud aumentaría desde los dos salarios mínimos
- La capacidad de pago también depende de cuántas personas viven del salario
- Las empresas perderían parte de la exoneración de aportes
- La mayoría de las empresas colombianas son microempresas
- Encarecer la contratación puede dificultar la formalización
- El recaudo esperado depende de que no se reduzca la base de cotizantes
El Gobierno nacional propone aumentar las cotizaciones a salud de los trabajadores que ganan más de dos salarios mínimos y restringir las exoneraciones de aportes empresariales. Las medidas forman parte de una reforma tributaria denominada “Ley de Rescate Económico”, presentada por el gobierno de Abelardo de la Espriella.
El Proyecto de Ley 477 de 2026 Cámara, radicado el 29 de octubre, reúne modificaciones tributarias, ajustes al gasto público y cambios en la financiación de la seguridad social. Dos de sus artículos tendrían consecuencias directas sobre los ingresos de los trabajadores y los costos de contratación: aumentarían los descuentos salariales destinados a salud y obligarían a empleadores hoy exonerados a pagar aportes por una parte de su personal.
La preocupación está en las consecuencias de financiar la salud mediante una mayor carga sobre el trabajo formal. Colombia necesita recursos para garantizar la atención sanitaria, pero también necesita que más personas puedan cotizar. Encarecer ciertas contrataciones puede dificultar ese propósito, especialmente en negocios con ingresos limitados y poco margen para absorber gastos adicionales.

El descuento del salario para cotizar a salud aumentaría desde los dos salarios mínimos
Actualmente, la cotización ordinaria a salud de los trabajadores dependientes equivale al 12,5 % del ingreso base de cotización, que es el valor sobre el cual se liquida la contribución. El artículo 204 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 10 de la Ley 1122 de 2007, establece que el trabajador dependiente paga el 4 % y el empleador el 8,5 %, salvo las exoneraciones legales aplicables.
El artículo 21 del proyecto mantendría el aporte personal a salud del 4 % para quienes devenguen hasta dos salarios mínimos legales mensuales vigentes. La tarifa subiría al 5,5 % para ingresos superiores a dos y hasta cuatro salarios mínimos, al 6 % para más de cuatro y hasta cinco, al 6,5 % para más de cinco y hasta diez, al 7 % para más de diez y hasta quince y al 7,5 % para más de quince y hasta veinte. Quienes perciban ingresos superiores a veinte y hasta veinticinco salarios mínimos aportarían el 8 % de su ingreso base de cotización.
El primer aumento parece pequeño cuando se expresa únicamente en puntos porcentuales. Pasar del 4 % al 5,5 % significa pagar 37,5 % más por la contribución personal a salud. La remuneración pactada podría seguir igual, pero el trabajador recibiría menos dinero.
Con el salario mínimo vigente en 2026 como referencia, una persona que devenga tres salarios mínimos, $5.252.715, vería aumentar su descuento mensual a salud de aproximadamente $210.109 a $288.899: recibiría cerca de $78.791 menos al mes, unos $945.489 en doce meses. Para quien gana seis mínimos, el paso del 4 % al 6,5 % representaría un descuento adicional de $262.636 mensuales, alrededor de $3,15 millones anuales. Estos cálculos, de nuestra propia autoría, propios suponen una remuneración estable e igual a la base de cotización. Los valores efectivos dependerían del mínimo que se fije para 2027, lo que introduce una preocupación en la próxima discusión salarial: cuánto del aumento nominal llegaría al bolsillo de los trabajadores afectados y cuánto sería absorbido por la mayor cotización a salud.

La capacidad de pago también depende de cuántas personas viven del salario
El descuento adicional reduciría los recursos disponibles para alimentación, vivienda, transporte, educación o ahorro, con efectos distintos según las condiciones de cada familia, pues una remuneración de tres salarios mínimos puede destinarse al sostenimiento de una sola persona o ser el único ingreso de un hogar con varios dependientes.
Por esa razón, ganar más de dos salarios mínimos no permite concluir que existe un amplio margen económico para asumir nuevas obligaciones. Esta diferencia también importa al hablar de la clase media. El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) clasifica a la población según el ingreso por persona, al considerar considerando los recursos que comparte el hogar y el número de personas entre las que se distribuyen. Conocer el salario de un trabajador no basta para determinar la situación económica de su familia.
La propuesta cobraría el mismo porcentaje a dos empleados con igual salario, independientemente de cuántas personas dependan de cada uno. Así, aunque las tarifas aumentarían según la remuneración individual, el esfuerzo para pagar la cotización podría ser mayor en el hogar que cuenta con un solo ingreso y varios dependientes. Los cálculos de nómina muestran cuánto perdería cada trabajador en ingreso disponible, pero no permiten establecer cuánto afectaría esa reducción al presupuesto de su familia.
El empleo formal ofrece protección laboral y acceso a la seguridad social, aunque quienes dependen de un salario mensual también tienen dificultades para cubrir sus gastos. Una mayor cotización a salud reduciría de inmediato su ingreso disponible, aun sin considerar el efecto de eventuales cambios en el impuesto de renta.

Las empresas perderían parte de la exoneración de aportes
La modificación que se prevé para las empresas empresarial funciona de otra manera. El proyecto mantendría la tarifa patronal general de salud del 8,5 %, pero reduciría el grupo de trabajadores por los que determinados empleadores están exonerados de pagarla. Una tarifa que permanece igual puede convertirse en un costo nuevo cuando desaparece el beneficio.
Actualmente, el artículo 114-1 del Estatuto Tributario permite que los empleadores que cumplen sus requisitos estén exonerados de pagar aportes a salud, al Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) y al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) por los trabajadores que devengan menos de diez salarios mínimos. El artículo 20 del proyecto reduciría ese beneficio al conservar la exoneración completa únicamente para quienes ganan hasta dos salarios mínimos. Por los trabajadores que reciban más de dos y hasta tres, el empleador pagaría el 4 % a salud, el 1 % al SENA y el 1 % al ICBF, mientras que por quienes superen los tres mínimos asumiría las tarifas generales, que suman el 13,5 % entre los tres conceptos.
Según un cálculo propio, una empresa actualmente exonerada que tenga diez trabajadores, cada uno con un salario de cuatro salarios mínimos, pagaría $70.036.200 mensuales en salarios, tomando como referencia el salario mínimo de 2026, de $1.750.905. Si pierde la exoneración en los términos del artículo 20 del proyecto, tendría que pagar sobre esa nómina el 8,5 % a salud, el 2 % al SENA y el 3 % al ICBF. Esto representaría $5.953.077 mensuales adicionales por salud y $3.501.810 por SENA e ICBF, para un aumento total de $9.454.887 al mes y $113.458.644 en doce meses. El ejercicio supone que los salarios permanecen estables y constituyen la base para liquidar los aportes.
Por cada $100 pagados en salarios, asumiría $13,50 adicionales en estos aportes, además de las prestaciones y demás obligaciones que ya le corresponden. Mientras tanto, sus trabajadores recibirían menos dinero por el aumento de su contribución personal a salud, descontada del salario. El ajuste elevaría así el gasto de la empresa y reduciría el ingreso disponible de sus empleados.
La mayoría de las empresas colombianas son microempresas
El aparato empresarial colombiano está compuesto principalmente por negocios de pequeña escala. Según el informe de tejido empresarial de septiembre de 2026 del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, de las 1.755.251 empresas activas registradas, 1.663.568 eran microempresas, 69.438 pequeñas, 16.309 medianas y apenas 5.936 grandes. Las microempresas representaban el 94,78 % del total y, junto con las pequeñas y medianas, conformaban el 99,66 %. Estas cifras muestran el predominio de las mipymes entre las empresas con registro mercantil, aunque no incluyen todos los negocios informales.
El predominio de las micro y pequeñas empresas obliga a considerar su capacidad para asumir nuevas cargas, que depende de sus ventas, su productividad y su acceso a financiación. Para un negocio que apenas logra cubrir sus gastos, un aporte mensual adicional puede significar aplazar una inversión, renunciar a una contratación o comprometer su continuidad.

Encarecer la contratación puede dificultar la formalización
El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) situó la informalidad laboral en el 54,8 % durante junio-agosto de 2026. La diferencia por tamaño empresarial es considerable: alcanzó el 85,1 % entre quienes trabajaban en microempresas, frente al 19 % en pequeñas empresas y al 5,4 % en medianas. Aunque estas cifras no demuestran por sí solas qué causa la informalidad, ya que es un fenómeno heterogéneo y complejo, muestran que la dificultad para extender el empleo formal se concentra especialmente en las unidades productivas de menor escala.
Los aportes sobre la nómina intervienen en esa dificultad porque elevan el costo de contratar sin aumentar directamente el ingreso que recibe el trabajador. La reforma tributaria de 2012 abordó precisamente ese problema al reducir determinadas cargas patronales para los empleos elegibles. El estudio Nueva evidencia sobre la informalidad laboral y empresarial en Colombia, coordinado por Andrea Otero-Cortés y publicado por el Banco de la República en 2025, recoge investigaciones que evaluaron los efectos de esa reducción sobre la creación y formalización del empleo.
La propuesta actual reabre una discusión de política pública sobre el papel de las exoneraciones en la contratación. Restringirlas permitiría recuperar recaudo por ciertos puestos formales existentes, pero también encarecería la creación de empleos. El Gobierno debe explicar cómo pondera ambos efectos y por qué considera que el ingreso fiscal adicional compensaría los riesgos para la formalización, especialmente en las empresas con menor capacidad para soportar el ajuste.
La evidencia ofrece razones para examinar cómo el aumento de los costos de contratación podría afectar la informalidad, aunque no permite anticipar cuántos empleos se perderían o dejarían de crearse. La preocupación es que algunas empresas pospongan nuevas contrataciones, tengan mayores dificultades para formalizar a su personal o declaren salarios inferiores a los realmente pagados para reducir sus aportes.
El recaudo esperado depende de que no se reduzca la base de cotizantes
Aumentar una tarifa permite recaudar más por cada cotizante si los empleos y las bases declaradas permanecen estables. La cuenta cambia cuando las empresas contratan menos, se reducen las remuneraciones declaradas o resulta más difícil formalizar actividades existentes.
Por eso, el recaudo esperado debe contrastarse con estimaciones sobre empleo, formalidad e ingreso familiar. La evaluación necesita distinguir tamaños empresariales, sectores, territorios y salarios, además de incorporar los posibles efectos compensatorios de otras disposiciones de la reforma.
El esfuerzo de financiación también merece una discusión política. Trabajadores y empresas que ya cumplen asumirían nuevas obligaciones en un país donde una parte extensa de la actividad económica permanece fuera de la formalidad. La fiscalización, el apoyo a la productividad y las alternativas de financiación deben formar parte de la respuesta institucional trasversal.
La salud necesita recursos suficientes y aportes solidarios. Su sostenibilidad depende de conservar a quienes cotizan y facilitar la incorporación de nuevas personas. Con una informalidad laboral del 54,8 %, el mayor recaudo por trabajador podría no compensar el riesgo de encarecer el empleo formal.




