Es cierto que la actual Constitución Política Nacional colombiana contiene las normas y postulados que sustentan el régimen económico neoliberal que Estados Unidos le impuso a Latinoamérica, como estrategia para la implementación del Consenso de Washington de 1989, con el cual sigue saqueando a estos países; pero también es cierto que en dicha Carta Política existen algunos derechos fundamentales dignos de ser defendidos. En este sentido, la nueva “godarria” instalada en la Casa de Nariño por el presidente Abelardo de la Espriella –ADLE–, constituye un verdadero peligro para estas garantías democráticas de las cuales aún gozan los colombianos.
Entre esos Derechos Fundamentales se encuentran: A la integridad personal (Artículo 12): Nadie puede ser sometido a tratos crueles, inhumanos o degradantes. A la igualdad (Artículo 13): Todas las personas… reciben la misma protección y trato. A la intimidad, buen nombre y honra (Artículos 15 y 21). Libertad de conciencia y de cultos (Artículos 18 y 19). Libertad de expresión y de información (Artículo 20). Y Al debido proceso (Artículo 29). En poco más de dos meses, el Gobierno de ADLE ha puesto todos estos derechos “en el filo de la navaja”. Últimamente ADLE decidió acusar y condenar a una serie de personas en juicios sumarios y públicos, con graves acusaciones y sin permitirles su defensa, pasando por encima de esos derechos fundamentales.
El 2 de octubre de 2026, en Coveñas (departamento de Sucre), ADLE cogió a mansalva al alcalde de Sincelejo, Yahir Acuña, en un juicio público que lo sentenció: “Sucre sabe lo que usted ha hecho con la plata del pueblo sincelejano. […] ¿Usted cree que yo voy a permitir que usted siga haciendo lo que sabe hacer, que es politiquería? […] Explíqueme cómo confiar en una persona que, como usted, tiene 13 procesos por corrupción… Mi deber es proteger los recursos de la Nación. No puedo ignorar sus antecedentes ni las investigaciones y actuaciones que rodean su trayectoria. La simple sospecha de una actuación irregular será suficiente para exigir la salida de funcionarios”, dijo. ADLE no le permitió a Acuña su defensa, la cual ejerció por medio de un video.
Este 17 de octubre, ADLE se fue “lanza en ristre” en contra de la gobernadora de San Andrés, Girley Ordóñez Bowie, y la representante a la Cámara Elizabeth Jay-Pang Díaz, citadas para un supuesto recibimiento, pero sorprendidas con un juicio público: “Quiero que sepan que estoy enterado de lo que está pasando en la isla y no lo voy a seguir tolerando… Mandamos a intervenir el hospital porque llevan años robándoselo, y ustedes mandaron a su gente a atravesarse… Estoy enterado de los negocios de su marido, de Coralina, de todo lo que se está haciendo, y no lo voy a permitir. Los recursos que voy a mandar… nadie va a tocar… Tengo toda la información… No confundan la cortesía institucional con la complicidad… No voy a seguir permitiendo que se siga haciendo con la isla lo que se ha venido haciendo siempre”, sostuvo. Tampoco permitió que las damas, a las cuales tanto respeta, se defendieran.
Estos “juicios sumarios” van antecedidos de todo un espectáculo para los medios de comunicación, con lo cual ADLE garantiza sus efectos políticos por encima de los derechos fundamentales que la Constitución le garantiza hasta al peor criminal. Si los “enjuiciados” demuestran su inocencia ante la justicia, ¡¿quién obliga a ADLE a resarcirles su buen nombre y derechos violentados?!