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En Dignidad Agropecuaria Colombiana compartimos la preocupación de Dignidad Panelera Nacional por la situación que padecen miles de empresarios agrícolas y familias campesinas dedicados al cultivo de la caña y a la producción de panela.
Estamos hablando de uno de los renglones más importantes de la economía agrícola colombiana. Según cifras divulgadas por Fedepanela en 2026, más de 350.000 familias están vinculadas a esta actividad, que cuenta con unos 20.000 trapiches en más de 500 municipios y genera, según esas estimaciones, más de 1.750.000 empleos. Es una actividad que sostiene economías locales y transforma una materia prima nacional en un producto tradicional de nuestra alimentación.
Los productores denuncian que los precios recibidos por la panela no alcanzan para cubrir sus costos. Y eso es muy grave. El pasado 20 de octubre, en Güepsa, Santander, una productora señaló que vende el kilogramo entre 3.200 y 3.300 pesos, cuando producirlo cuesta aproximadamente 4.500. Por cada tonelada vendida perdería entre 1.200.000 y 1.300.000 pesos. En Togüí, Boyacá, otros productores calcularon un costo de 4.200 pesos y un precio de venta de apenas 3.300. Hay denuncias semejantes en otras regiones. No podemos generalizar automáticamente estas cifras, pero sí reconocer la gravedad del problema.
Ninguna actividad económica puede sostenerse cuando vende por debajo de sus costos. Preparar tierras, sembrar, fertilizar, cortar, transportar y moler caña exige trabajo, maquinaria, energía, crédito e instalaciones. Todo tiene un costo. Y quienes producen requieren recuperarlo y obtener una rentabilidad razonable.
El Fondo de Estabilización no puede seguir siendo una promesa
La Ley 2227 de 2022 creó el Fondo de Estabilización de Precios de la Panela. Su artículo 9 contempla garantizar los costos mínimos de producción estimados por Fedepanela. Desde Dignidad Panelera Nacional y Dignidad Agropecuaria Colombiana consideramos que deben sumarse los cálculos de los propios productores y que la junta directiva del Fondo debe representar a paneleros de todos los sectores. Para ello es necesario modificar la ley.
Después de más de cuatro años, preguntamos: ¿cuál es la situación real del Fondo? ¿Está reglamentado y cuenta con recursos? ¿Qué mecanismos permitirán intervenir cuando los precios caigan por debajo de los costos? ¿Cuántos productores se han beneficiado? Nuestra denuncia es que no se ha hecho lo necesario para ponerlo a funcionar. Las autoridades deben responder. Si la ley no se aplica, ¿para qué la ley?
Costos, comercialización y falsa panela
Se necesita establecer por regiones cuánto cuesta producir una tonelada, cuánto recibe el productor, cuánto gana el intermediario y cuánto paga el consumidor. Deben conocerse los costos del trabajo, los insumos, la transformación, el transporte y la financiación, considerando las diferencias entre pequeños, medianos y grandes productores y las dificultades de la agricultura de ladera. Todos los eslabones deben ganar, pero no a costillas del productor, el más débil de la cadena.
Existe la denuncia sobre los llamados derretideros, que utilizan azúcar industrial para fabricar productos vendidos como panela auténtica. Eso engaña al consumidor, introduce competencia desleal y perjudica al productor que sí elabora panela. Dignidad Panelera, Fedepanela y otras organizaciones han denunciado estas prácticas ante las autoridades, incluida la Fiscalía. ¿Cuáles han sido los resultados de las investigaciones y sanciones? Se requieren controles efectivos.
Este problema obliga a examinar las importaciones y el contrabando de azúcar, así como sus posibles efectos en el mercado panelero. Según las cifras citadas para 2025, Según datos de Asocaña, Colombia produjo cerca de dos millones de toneladas de azúcar, exportó 624.000 e importó 176.000. La Organización Internacional del Azúcar estimó un excedente mundial de 1,1 millones de toneladas para el ciclo 2025-2026. Hay que establecer qué relación tienen esos movimientos comerciales y los precios del azúcar con la elaboración de falsa panela. No basta con denunciarla: el Gobierno debe investigarla.
La política azucarera y la panelera no pueden estudiarse por separado. Debe analizarse la competencia de jarabes de maíz y otros endulzantes importados, favorecidos por los tratados de libre comercio, y sus consecuencias sobre el mercado interno de nuestros productores.
Recursos y medidas para los paneleros
Otra dificultad es la caída a largo plazo del consumo de panela por habitante. Necesitamos campañas de promoción, nuevos productos, mejores canales de comercialización y compras públicas de panela nacional. Hay que derrotar la idea de que la panela sirve solamente para preparar una bebida: es un producto de nuestra alimentación y así debe promoverse.
Para 2026 se ha señalado un presupuesto aproximado de 4.840 millones de pesos del Fondo de Fomento Panelero para programas y proyectos de inversión. Es necesario conocer sus resultados y cuántos productores se han beneficiado. Pero esos recursos no deben confundirse con los que requiere el Fondo de Estabilización. ¿Cuánto dinero destinará el Gobierno a atender las pérdidas de los productores, de qué partidas saldrá y cuándo llegará? La pregunta es aún más importante ante la anunciada reducción del presupuesto del Ministerio de Agricultura para 2027.
Se requiere refinanciación de deudas, períodos de gracia, crédito verdaderamente de fomento, renovación de cultivos, asistencia técnica, infraestructura y modernización de trapiches, atendiendo tanto a la economía empresarial como a la campesina. Debe revisarse el cumplimiento de las disposiciones sobre compras públicas de alimentos a pequeños productores, incluida la participación mínima del 30 %. Sus resultados distan de lo que se necesita.
La crisis panelera exige decisiones y recursos, no solamente declaraciones. El Gobierno debe poner en funcionamiento el Fondo de Estabilización, establecer costos reales y mecanismos que garanticen una rentabilidad razonable, combatir los derretideros y explicar los efectos de las importaciones de azúcar y otros endulzantes. Se necesitan compromisos verificables y fechas de cumplimiento.
Detrás de cada trapiche que cierra hay trabajadores que pierden ingresos, cultivos que se abandonan y familias cuya permanencia en el campo queda amenazada. Colombia necesita seguir produciendo panela, pero, ante todo, necesita que producirla sea económicamente viable para quienes trabajan, invierten y sostienen esta actividad agrícola nacional.