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El Gobierno de Gustavo Petro cerró su gestión con 351.000 hectáreas entregadas a comunidades campesinas y étnicas, el 23,4% de la meta de 1,5 millones fijada para la reforma agraria. El Ministerio de Agricultura reportó además 2.284.306 hectáreas formalizadas, mientras el 56% de lo entregado hasta diciembre de 2025 tenía carácter provisional, sin título definitivo.
En reforma agraria, distribución y acceso a la tierra por campesinos que quieren trabajarla, la meta oficial del gobierno de Petro fue entregar 1,5 millones de hectáreas, mediante el Fondo de Tierras, a población rural sin tierra o con tierra insuficiente.
El gobierno reactivó el debate nacional sobre la propiedad, fortaleció instituciones ligadas a su redistribución y destinó recursos cercanos a $8 billones. Sin embargo, en sus informes mezcla procesos distintos. Una cosa es formalizar; otras, incorporar tierras al Fondo, comprar, entregar provisionalmente o titular de manera definitiva. No son equivalentes ni responden de igual forma a la meta anunciada.
Las cifras muestran resultados mayores en formalización que en redistribución efectiva, titulación definitiva y consolidación productiva de campesinos sin tierra. Por eso debe rechazarse la propaganda según la cual todas las hectáreas involucradas en algún trámite fueron compradas, entregadas y puestas a producir. Formalizar no es comprar; incorporar al Fondo no es entregar; ceder provisionalmente no es titular; y adjudicar una finca no significa que ya produzca y garantice ingresos. El cuadro resume las cifras oficiales.
| Categoría | Resultado oficial | Interpretación correcta |
|---|---|---|
| Propiedad formalizada | 2.284.306 ha | Da seguridad jurídica; generalmente no constituye nueva redistribución. |
| Incorporadas al Fondo de Tierras | 806.081 ha | Tierras de distintas fuentes; no todas estaban adjudicadas. |
| Entregadas al cierre del gobierno | 351.000 ha | Incluye comunidades campesinas y étnicas y distintas situaciones jurídicas. |
| Compras perfeccionadas a diciembre de 2025 | 226.655 ha | Tierra efectivamente comprada. |
| Compras comprometidas, no terminadas | 232.092 ha | Negociaciones o trámites aún no concluidos. |
| Entregadas a diciembre de 2025 | 286.091 ha | Incluye registro, títulos pendientes y entregas provisionales. |
El balance final del Ministerio de Agricultura informó 2.284.306 hectáreas formalizadas, 806.081 incorporadas al Fondo y 351.000 entregadas. El Informe de Gestión 2025 de la Agencia Nacional de Tierras (ANT) registró, al 31 de diciembre, 226.654,68 hectáreas compradas, 232.092,35 comprometidas y 25.952,71 recibidas mediante donaciones y transferencias gratuitas.
Las 351.000 hectáreas anunciadas al cierre equivalen al 23,4 % de la meta de 1,5 millones. No puede afirmarse que el gobierno no hizo nada, pero quedó bastante lejos de lo propuesto.
Formalizar es importante
La formalización reconoce un título, da seguridad jurídica y facilita el crédito, el acceso a programas públicos, la herencia y el ejercicio legal de la propiedad. Pero, en la mayoría de los casos, el beneficiario ya poseía u ocupaba la tierra. Las 2.284.306 hectáreas formalizadas no pueden presentarse como igual número de hectáreas entregadas a nuevos propietarios sin tierra.
Lo realmente comprado, comprometido y entregado
Al terminar 2025, la ANT había comprado 226.654,68 hectáreas; otras 232.092,35 figuraban oficialmente como «comprometidas» y no estaban incluidas dentro de las hectáreas reportadas como compradas. Para esa fecha reportó 286.091,21 hectáreas entregadas. En distintos momentos, el gobierno habló de tierras gestionadas, ofertadas, comprometidas o incorporadas como si fueran compras, confundiendo a la opinión pública. El balance obliga a distinguir cada categoría.
La entrega provisional
Hasta diciembre de 2025, 161.028,34 hectáreas, cerca del 56 % de lo entregado, tenían carácter provisional. Esa tenencia permite trabajar el predio, pero no equivale a propiedad definitivamente registrada. Puede ser útil mientras avanza el trámite, pero la imprecisión política aparece cuando se presenta como adjudicación terminada.
¿Cuánta tierra llegó específicamente a campesinos?
El balance público no desagrega suficientemente cuántas familias completamente carentes de tierra recibieron propiedad registrada. Durante 2025, la ANT informó 122.417,07 hectáreas entregadas a comunidades campesinas, vinculadas a 6.058 familias: 23.715,80 registradas, 33.994,03 tituladas y pendientes de registro y 64.707,24 provisionales. El 52,9 % de esa superficie campesina estaba bajo modalidad provisional.
El número de familias ligado a entregas provisionales puede corresponder a organizaciones o asociaciones y no permite calcular hectáreas individuales. Tampoco todos los beneficiarios eran necesariamente campesinos que nunca tuvieron tierra. Las categorías oficiales incluyen población sin tierra o con tierra insuficiente, víctimas, comunidades indígenas y afrodescendientes y campesinos asociados. No quedó claro cuántas familias pasaron de no tener tierra a ser propietarias definitivas con escritura registrada.
Tierra entregada no significa tierra productiva
En los balances oficiales consultados no aparece un sistema nacional consolidado que permita saber cuántas de las 351.000 hectáreas estaban sembradas o tenían ganado, cuánto produjeron y vendieron, cuál fue el ingreso neto, cuántos proyectos contaban con agua, crédito, asistencia y vías, o cuántos predios seguían improductivos. Hubo siembras de arroz, maíz, yuca, plátano, sandía, cacao y otros productos, y comenzó Sembrando Vida, pero esas experiencias no permiten extrapolar un resultado nacional.
La reforma agraria fue medida principalmente en hectáreas, títulos y actos administrativos, no en cosechas, ingresos, rentabilidad y permanencia productiva. Sin capital de trabajo, riego, asistencia, comercialización, almacenamiento y precios, puede entregarse tierra sin crear productores sostenibles.
El balance final reportó cerca de 41.000 títulos, más de 116.000 familias beneficiadas por formalización y una inversión cercana a $8 billones en acceso y distribución. Sin embargo, el gobierno no convirtió la reforma agraria en una transformación productiva de la magnitud anunciada: alcanzó cerca de la cuarta parte de la meta y no dejó una cifra clara de campesinos sin tierra convertidos en propietarios registrados, ni un balance nacional de producción, ventas e ingresos en los predios entregados.
El contraste con Abelardo de la Espriella
El presidente Abelardo de la Espriella propone titulación, seguridad jurídica, ampliación de la superficie agrícola, aprovechamiento de la Altillanura y la Orinoquía, crédito, agroindustria, alianzas con capital privado y conversión de campesinos en propietarios, emprendedores o accionistas.
Las preguntas son inevitables: ¿continuará la compra de tierras para campesinos sin tierra? ¿Qué ocurrirá con las 232.092 hectáreas comprometidas y no compradas al cierre de 2025? ¿Concluirá la titulación de las entregas provisionales? ¿Mantendrá el Fondo de Tierras y respetará las Zonas de Reserva Campesina? ¿Quién será propietario de las nuevas áreas productivas? ¿Los campesinos controlarán sus proyectos o quedarán subordinados a inversionistas y agroindustrias?
Dignidad Agropecuaria defiende el acceso progresivo a la propiedad, la titulación gratuita de predios a campesinos, la lucha contra la extranjerización y la inversión estatal sostenida en carreteras, riego, electrificación y demás bienes públicos necesarios para producir. No se trata solo de repartir hectáreas: la tierra debe permitir arraigo, producción nacional, ingresos dignos, permanencia de pequeños y medianos productores, desarrollo del mercado interno y fortalecimiento de la seguridad y la soberanía alimentarias.
Conclusión
La reforma agraria de Petro no fue una ficción, pero tampoco alcanzó la transformación proclamada. Compró, formalizó y entregó una cantidad de tierra que el Gobierno calificó como «sin precedentes». Quedó lejos de su meta redistributiva, dejó una alta proporción de entregas provisionales y no demostró cuánto de esa tierra producía y garantizaba ingresos.
Abelardo de la Espriella recibirá predios comprados, negocios comprometidos, títulos pendientes y familias que esperan apoyo productivo. Su obligación no será comenzar de cero ni convertir la reforma agraria en un programa exclusivo de agroindustria. Tendrá que completar lo pendiente y demostrar si su defensa de la propiedad incluye realmente a los campesinos sin tierra o solo a quienes puedan integrarse al capital empresarial.
