Tabaco, un pueblo afrocolombiano con una historia de resistencia que se remonta a 1780, se ha convertido en un emblema de la lucha contra el imperialismo extractivista y la opresión de las multinacionales en Colombia. Fundado por africanos sobrevivientes de un naufragio, Tabaco fue un símbolo de autosuficiencia y dignidad, donde sus habitantes vivían de la agricultura y la pesca en armonía con la tierra. Sin embargo, en 2001, la empresa minera Cerrejón, actualmente propiedad de la multinacional suiza Glencore, despojó brutalmente a los habitantes de sus hogares y tierras, destruyendo el pueblo para expandir la mina de carbón. Este desalojo no sólo desplazó físicamente a la comunidad, sino que también intentó borrar una historia de resistencia y autonomía.

Desde entonces, los habitantes de Tabaco han sido arrojados a una existencia de precariedad: pobreza, desempleo, enfermedades respiratorias y la marginación sistemática son su pan de cada día. Las promesas de reubicación y compensación no han sido más que espejismos para una comunidad que ha quedado atrapada en el abandono y la desesperanza, mientras el polvo de la mina sigue enfermando a sus niños y ancianos. La historia de Tabaco es la de tantos pueblos oprimidos por la maquinaria del capitalismo global, donde las comunidades se sacrifican para enriquecer a los de siempre.

La Corte Constitucional de Colombia, tras años de resistencia y denuncias, reconoció la injusticia contra Tabaco y emitió la Sentencia T-329 de 2017, ordenando la reubicación de la comunidad. Sin embargo, siete años después, la sentencia sigue sin cumplirse. La reubicación prometida no es más que una burla en papel, una herramienta más de un sistema de justicia que da la espalda a los más vulnerables. Su historia es un llamado de atención sobre cómo el Estado colombiano, su sistema judicial y sus instituciones se han convertido en cómplices del saqueo extranjero y del desprecio hacia sus propios ciudadanos.

El Gobierno de Gustavo Petro: promesas vacías para el pueblo afrocolombiano

Cuando Gustavo Petro asumió la presidencia, su gobierno se presentó como un aliado de los pueblos afrocolombianos y de los oprimidos, con promesas de defender a las comunidades vulnerables del saqueo ambiental y la explotación. Sin embargo, Tabaco y otros pueblos de La Guajira siguen esperando que esas palabras se traduzcan en acciones. En lugar de asumir una postura clara contra las multinacionales como Glencore, el gobierno de Petro ha fallado en cumplir con su compromiso de proteger a sus comunidades frente a los abusos de estas corporaciones.

La situación de Tabaco pone en evidencia el doble discurso del gobierno: mientras en los discursos oficiales se habla de justicia social y de una «Colombia para todos», la realidad en el terreno es otra. El incumplimiento de la sentencia de reubicación de Tabaco es una prueba más de que los intereses de las multinacionales siguen estando por encima de los derechos de las comunidades afrocolombianas. Petro ha tenido oportunidades para confrontar a Glencore y exigir el cumplimiento de la reubicación y la indemnización a los desplazados de Tabaco, pero ha optado por el silencio y la inacción.

La explotación minera: una herida global con rostro local

La tragedia de Tabaco no es un caso aislado; es el reflejo de un sistema global donde el capital multinacional devora recursos y personas con total impunidad. Glencore, la empresa que controla Cerrejón, es una de las corporaciones mineras más cuestionadas en el mundo, con un historial de violaciones a derechos humanos y devastación ambiental en varias regiones. El caso de Tabaco es la evidencia del desprecio absoluto de estas empresas por la vida humana y por el planeta: el carbón que destruye a Tabaco y envenena a sus habitantes viaja a países del norte para alimentar el sistema energético global, mientras las comunidades locales pagan con su salud y sus tierras el precio de este consumo desmedido.

La Guajira es testigo de cómo el capitalismo financiero global convierte los territorios de pueblos indígenas y afrocolombianos en campos de extracción. La tierra, el aire y el agua se mercantilizan, mientras los beneficios económicos se acumulan lejos de La Guajira. El llamado a la «transición energética» y a las «finanzas verdes» es una mentira si no se rompe con el modelo extractivista que perpetúa la pobreza y el abandono en territorios como el de Tabaco.

Es hora de solidaridad y acción

La historia de Tabaco no puede seguir siendo un asunto doméstico en Colombia; es un problema de justicia global. El incumplimiento de la sentencia T-329 y el abandono de la comunidad de Tabaco por parte del gobierno de Petro son un llamado urgente para que la comunidad internacional, los movimientos sociales y los ciudadanos conscientes de todo el mundo exigen justicia para Tabaco. Es hora de confrontar a Glencore y a las instituciones cómplices que permiten que la explotación continúe impune.

Hacemos un llamado a todos aquellos que luchan contra la opresión de las multinacionales en sus países y el neocolonialismo para que se sumen a esta causa. El próximo 28 de octubre de 2024, la comunidad de Tabaco se movilizará para exigir su derecho a una reubicación digna, a una vida libre de enfermedades y a una tierra donde puedan reconstruir su futuro. Esta lucha no es solo de Tabaco; es la lucha de todos los pueblos oprimidos que enfrentan al capital multinacional y a los gobiernos que lo protegen.

Es hora de alzar la voz contra un sistema que convierte a las personas y a sus territorios en productos desechables. La dignidad y el futuro de Tabaco no pueden depender de las buenas intenciones de quienes continúan explotando a Colombia. Es momento de que Glencore y el gobierno colombiano cumplan con sus obligaciones y reconozcan los derechos de una comunidad que exige justicia.