El Presupuesto de 2026, presentado por el gobierno de Gustavo Petro, arranca con un grave desfinanciamiento que podría obligar a una nueva reforma tributaria o a más endeudamiento, mientras la economía productiva sigue estancada.
El gobierno del presidente Gustavo Petro inicia su último año de mandato, y el balance económico es contundente: se ha rajado, tanto en los logros prometidos como en la planificación para los meses restantes, especialmente en lo que respecta a las actividades productivas.
El discurso presidencial sobre sus tres años de gestión no solo estuvo lleno de imprecisiones, sino que convenientemente ocultó la delicada situación económica que atraviesa Colombia. Si bien se habló de una inflación a la baja, se omitió que este fenómeno obedece más a las tendencias económicas internacionales y a la estricta política de altas tasas de interés del Banco de la República, factores que, de paso, han frenado significativamente la recuperación económica.
Asimismo, se mencionaron avances en la reducción de la mortalidad infantil y de la pobreza. Sin embargo, es crucial entender que estas no son victorias atribuibles directamente a la actual administración; son tendencias históricas que resultan de un acumulado de esfuerzos a lo largo de décadas.
Reprimarización y desindustrialización: La verdad oculta
Lo que el presidente sí ocultó es que Colombia continúa inmersa en un peligroso ciclo de reprimarización y desindustrialización. No hay evidencia de los resultados de su cacareada política de reindustrialización, reactivación económica, comercial o de transición energética. De hecho, la economía productiva está estancada, mientras que la economía rentista prospera.
La realidad es que la industria colombiana ha decrecido en 6 de los 12 trimestres de este gobierno. Mientras la economía nacional creció, en promedio, un magro 2% anual durante su mandato, las manufacturas han caído un 1% anual. Las actividades minero-energéticas, en promedio, no registraron crecimiento alguno. Solo las actividades agropecuarias, impulsadas por buenos precios internacionales, muestran un crecimiento de 3,5%, sin embargo, los cultivos ligados al mercado interno como la papa o el arroz están en crisis.
Con el deterioro de la cadena minero-energética, que el Presidente celebró en su discurso, se dispararon las importaciones de gas, que están encareciendo el servicio en todo el país.
Las actividades de transporte y logística han trasladado a los productores y consumidores finales los incrementos de peajes y combustibles, sobre los cuales Petro mintió al señalar que no los había aumentado. Y el comercio ha estado impulsado por el crecimiento de las importaciones, trasladando el ahorro nacional hacia el extranjero.
Mientras la mayoría de las actividades de la producción real no logran levantar cabeza, para las actividades rentistas la realidad es otra. El crecimiento promedio anual de las actividades financieras durante el gobierno Petro es de un notable 5.6%, más del doble de la velocidad de crecimiento de la economía.
Empleo informal y la Ley de Financiamiento: El camino al desfinanciamiento del Presupuesto de 2026
El deterioro de las actividades productivas ha tenido una consecuencia directa y preocupante: la explosión de la economía informal. Actualmente, 7 de cada 10 nuevos empleos se generan en el «rebusque». Además, esta situación es catastrófica para las finanzas públicas, pues implica un menor potencial de recaudo para los próximos años.
La propuesta del Presupuesto de 2026 está desfinanciada. Las cifras preliminares indican que se requerirá una nueva reforma tributaria que recaude entre 19 y 25 billones de pesos para cubrir las necesidades. Sin embargo, lograr la aprobación de una medida de tal calibre, especialmente en un año pre-electoral, es sumamente improbable. Cabe recordar que la ley de financiamiento que se hundió a principios de año buscaba recaudar $12 billones, de los cuales la mitad correspondían a nueva deuda.
El presidente ha insistido en que, si no le aprueban su reforma tributaria, la financiación se hará con «deuda». Pero el servicio de la deuda ya se lleva uno de cada cinco pesos del presupuesto ($99.3 billones, 18.5% del PGN 2026, según reportes recientes). A medida que esta cifra crezca, el país tendrá menos recursos disponibles para la inversión, que es lo que realmente transforma la economía. No es posible salir de la trampa de la deuda si los recursos destinados a inversión son inferiores al pago de intereses y capital, y además se gastan mal.
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Más crisis y retrocesos estructurales
La efectividad en la lucha contra la pobreza también se ha reducido, incluso mostrando un crecimiento de la misma en los municipios PDET (Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial), aquellos priorizados por el Acuerdo de Paz.
A la promesa de un mejor salario mínimo se le antepone la persistente crisis de la salud, que ha significado un mayor gasto para los hogares colombianos, como lo muestran las cifras de inflación del DANE. La capacidad de consumo de los colombianos se ha deteriorado, un hecho que se ve reflejado en el imparable crecimiento del empleo informal y en la caída del recaudo.
No se observan cambios estructurales significativos ni en lo comercial, ni en lo productivo, ni en lo fiscal. El propio presidente Petro reconoció el fracaso del «Pacto por el Crédito», ya que no se irrigó crédito y nunca hubo reducción en las tasas de interés. Además, los créditos para la economía popular se ofrecen a las tasas más altas del mercado, lo que los hace prácticamente impagables para la mayoría de los emprendedores de bajos ingresos.
Para agravar la situación, la corrupción, el desgobierno y la creciente inseguridad están elevando el costo-país y el costo de endeudamiento, afectando la confianza de los inversionistas y la sostenibilidad fiscal.
Lo que se espera para este último periodo de gobierno es, tristemente, más de lo mismo, pero peor. Peor, porque se entra a un año electoral, donde la polarización política y la ineficacia tienden a acentuarse, dificultando aún más la aprobación de medidas urgentes como la Ley de Financiamiento.