La Contraloría advirtió el 9 de septiembre que la Nueva EPS acumula anticipos sin legalizar por más de 15 billones, facturas sin auditar por 22 billones y deudas con hospitales que comprometen la sostenibilidad del sistema. Tres días después, en alocución presidencial, Gustavo Petro insistió en culpar al pasado, pero los datos revelan un deterioro bajo su propia intervención.

Petro eludió responder a los hallazgos que generaron la alerta de la Contraloría sobre la crítica situación administrativa y financiera de la de la Nueva EPS.

El presidente Petro, en su alocución del 12 de septiembre, recalcó que “la Nueva EPS ha tenido, casi desde el primer día, y casi desde su primera afiliación, una historia de robo”. No hay duda de que la historia de corrupción en las EPS es larga y que la Fiscalía deberá definir responsabilidades. Pero el punto que no puede pasar desapercibido es otro: los hallazgos más recientes de la Contraloría prueban que el deterioro se ha profundizado durante el año y medio en que la Nueva EPS ha estado bajo intervención del propio gobierno.

Aunque el informe completo de la Contraloría no se ha dado a conocer al público, en su comunicado del 9 de septiembre, el ente de vigilancia describió un panorama alarmante:

• Anticipos pendientes por legalizar: de $3,4 billones en 2023 a $8,6 billones en 2024, y a $15,27 billones en el primer semestre de 2025.
• Facturas sin auditar: 22,7 millones de registros por $22,1 billones, de los cuales 9,1 millones eran repetidas.
• Cuentas por pagar: $21,37 billones a marzo de 2025.
• Reservas técnicas: subestimadas en $11,1 billones.

Estas cifras no se refieren al pasado remoto de la Nueva EPS ni a la herencia de gobiernos anteriores. Son la radiografía de lo ocurrido bajo el control directo del gobierno nacional desde abril de 2024 cuando la Superintendencia de Salud intervino la entidad. Es aquí donde el discurso presidencial evade la realidad: Petro atribuye el desastre exclusivamente al pasado, pero los números muestran que el desgreño administrativo y financiero se disparó durante su propia gestión.

El espejo de los reclamos de los usuarios

Si las cifras contables de la Contraloría ya eran alarmantes, los datos de la Supersalud completan el cuadro. Entre enero y junio de 2024 la Nueva EPS registró 153.425 reclamos en el régimen contributivo. Un año después, en el mismo período, ya en plena intervención, la cifra saltó a 179.666. En el régimen subsidiado ocurrió lo mismo: de 53.110 quejas en 2024 a 64.750 en 2025.

Es decir, mientras el presidente solo mira al pasado como responsable del saqueo, los afiliados viven un presente de mayor frustración. La intervención por el gobierno central no redujo las quejas: por el contrario, las disparó.

Esto debería preocupar al gobierno al igual que un balance maquillado en el pasado. Porque no se trata solo de cifras contables sino de ciudadanos que enfrentan demoras en citas, falta de medicamentos y hospitales ahogados por cuentas impagas. Que una EPS bajo control estatal acumule más reclamos que en los años previos, muestra que la crisis de gestión no se ha corregido; se ha agudizado.

La Resolución 70646 y el riesgo fiscal

El 21 de agosto de 2025, la Superintendencia de Salud expidió la Resolución 70646, modificando los estatutos de la Nueva EPS. A primera vista, se trata de un ajuste técnico que flexibiliza las reglas para la emisión y cesión de acciones. En la práctica, es un paso decisivo para que el gobierno pueda convertirse en accionista mayoritario.

Hoy, el Estado controla el 49,9 % de las acciones, mientras que las cajas de compensación suman el 50,1 %. Con la nueva norma, el gobierno podría hacerse con el control mayoritario o total de la Nueva EPS. El problema se puede agravar si esa operación se realiza pagando el gobierno las acciones a costa de asumir la deuda de la EPS con los hospitales y clínicas.

Para las cajas, esto significaría ver reducido su capital, pues la transacción no sería un intercambio limpio de acciones, sino un traslado al Estado de pasivos de las cajas de compensación, los mismos que hoy ahogan al sistema hospitalario. Para el gobierno, implicaría cargar sobre las finanzas públicas una deuda que ya supera los 21 billones de pesos en cuentas por pagar, más 15 billones en anticipos sin legalizar.

En lugar de una salida ordenada, la Resolución abre la puerta a un riesgo fiscal enorme, pues la Nación absorbería las obligaciones de una entidad en crisis sin resolver primero sus fallas estructurales. Convertirse en el dueño mayoritario de una EPS quebrada no equivale a sanearla; equivale a oficializar sus pérdidas.

La reforma como condición y el enigma de las deudas hospitalarias

En su alocución del 12 de septiembre, Petro fue claro: “señores de la comisión séptima del Senado pueden decidir, mientras ustedes deciden las EPS seguirán quebrando una tras otra. No las voy a salvar. La salud de la gente, y me voy a dedicar a esto, a que cada vez mueran menos y menos niños, menos y menos mujeres, menos gente adulta tratable cuando no es tratada”. La frase no es menor. Significa que el presidente condiciona la solución de la crisis de la Nueva EPS y de todo el sistema a la aprobación de su reforma de salud, que apenas inicia trámite en la Comisión Séptima del Senado de la República. El problema es que el presidente Petro no tiene asegurada la mayoría de los votos en el Senado, y mientras tanto, la crisis sigue impactando a los usuarios. Lo que debería ser una responsabilidad inmediata del Ejecutivo se traslada al terreno incierto del debate legislativo.

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Al mismo tiempo, los números no cuadran. Según la Contraloría, a marzo de 2025 la Nueva EPS acumulaba deudas con hospitales y prestadores por $21,37 billones. Esto ocurre en un contexto en el que la ADRES asegura que gira de manera oportuna y por giro directo el valor de la UPC. Para este año, con cerca de 12 millones de afiliados y una UPC anual fijada en $1.521.489,60, la Nueva EPS debería recibir aproximadamente $16 billones.

¿Cómo explicar entonces que, con semejante flujo de recursos, las deudas a hospitales no disminuyen, sino que crecen?

 Hay dos lecturas posibles: o la gestión de los recursos es tan deficiente que se transforman en anticipos no legalizados y facturas represadas, o existe un manejo opaco que desvía parte de esos giros sin traducirse en pagos efectivos a los prestadores. En cualquier caso, la conclusión es la misma: los hospitales se ahogan financieramente, carecen de liquidez y se ven obligados a cerrar servicios o dejar de prestarlos a una Nueva EPS que no les paga. Difícil de creer, pero mientras el ministro de Salud repite una y otra vez que la plata si alcanza, los recursos si son girados oportunamente desde la ADRES, los pacientes continúan enfrentando barreras de acceso y sufriendo muertes evitables.

Responsabilidad y cuentas claras

Petro insiste en que heredó un sistema saqueado. Esa afirmación tiene sustento, pero es sesgada puesto que también hay un legado de 30 años de un sistema de aseguramiento cuya eliminación improvisada sin que existan condiciones para reemplazarlo solo traería más problemas. La historia de corrupción en las EPS y demás agentes del sistema de salud es larga y la Fiscalía debe llegar hasta el final. Pero el comunicado de la Contraloría del 9 de septiembre dejó claro algo que no admite excusas: la crisis de la Nueva EPS se ha agravado bajo la intervención del gobierno.

Las cifras de la Nueva EPS son contundentes: anticipos sin legalizar por $15,27 billones a junio de 2025, 22,7 millones de facturas pendientes por $22,1 billones 9,1 millones repetidas, cuentas por pagar por $21,37 billones, y reservas técnicas subestimadas en $11,1 billones. El desproporcionado incremento en estas cifras ocurrió después de abril de 2024, cuando el gobierno asumió el control directo de la Nueva EPS.

La Contraloría resume con precisión su diagnóstico: “La delicada situación financiera y administrativa de la Nueva EPS, evidencia riesgos de deterioro progresivo, a pesar de la intervención de la Superintendencia Nacional de Salud (sn). El creciente endeudamiento, el aumento de anticipos no legalizados y la tardanza en el procesamiento de la facturación, constituyen señales de alerta que comprometen la sostenibilidad de la entidad y la adecuada prestación de los servicios de salud”.

A ello se suma la voz de los usuarios: las quejas, como ya se anotó, crecieron tanto en el régimen contributivo (de 153.425 a 179.666) como en el subsidiado (de 53.110 a 64.750) en el último año. La intervención no redujo los reclamos, los aumentó.

Mientras tanto, la Resolución 70646 del 21 de agosto de 2025 flexibiliza los estatutos de la Nueva EPS para que el gobierno adquiera la mayoría accionaria. Pero lo haría a costa de asumir deudas multimillonarias con hospitales, trasladando pasivos al erario sin haber corregido los problemas estructurales de gestión. Nacionalizar una EPS quebrada no es sanearla; es oficializar sus pérdidas.

Lo más inquietante es que el propio presidente condiciona la solución a la aprobación de su reforma de salud en la comisión séptima y luego en la plenaria del Senado: “mientras ustedes deciden las EPS seguirán quebrando una tras otra. No las voy a salvar”. La frase es reveladora. Después de un año y medio de intervención, la salida que ofrece el gobierno no está en la gestión inmediata, sino en una reforma cuyo futuro legislativo es incierto.

La incoherencia se vuelve aún más evidente cuando se comparan los ingresos garantizados con las deudas acumuladas. La Nueva EPS recibirá este año aproximadamente $16 billones. Pese a ese flujo de recursos, mantiene deudas con hospitales por más de 21 billones. ¿Dónde queda el dinero que gira la ADRES? Si se transforma en anticipos sin legalizar y facturas represadas, estamos ante una crisis de gestión y de trazabilidad.

La Contraloría probó que la intervención no ha ordenado la casa. Al contrario, la Nueva EPS en 2025 se convirtió en un problema fiscal, sanitario y político más profundo. La Fiscalía deberá perseguir el delito, ayer y hoy. La Contraloría tendrá que activar la responsabilidad fiscal donde haya mérito. Y el gobierno, antes de avanzar en controlar la mayoría de las acciones de la Nueva EPS, debe demostrar con hechos que puede frenar la hemorragia financiera y administrativa. País que respeta su sistema de salud no compra incendios: primero los apaga, y solo después decide si compra el edificio.