Desde el 28 de enero de 2026, los contratos que teníamos con cuatro empresas privadas para recoger la basura se acabaron. En ese momento, por decisión del presidente Gustavo Petro, a través de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, la ciudad entró en un modelo de libre competencia. ¿Qué significa esto? Que ya no hay una sola empresa responsable de un barrio, comuna o sector. En cambio, hasta nueve empresas distintas pueden competir al mismo tiempo por recoger la bolsa de basura de una misma cuadra, sin que exista una asignación territorial clara que defina quién responde por cada usuario.
Durante 17 años, cuatro prestadores privados operaron bajo el esquema de Áreas de Servicio Exclusivo (ASE), un modelo que permitía economías de escala para garantizar la cobertura en zonas vulnerables. Sin embargo, la decisión de la Superintendencia de transitar hacia la libre competencia, permitiendo la operación de hasta nueve empresas, ha fragmentado un mercado de cerca de 900.000 usuarios y más de $324.000 millones de pesos anuales.
Esto suena bien en el papel, pero en la práctica le crea un perjuicio al suscriptor En el trabajo sobre libre competencia y servicio de aseo – Caso Yumbo, elaborado por Juan José Suarez Grajales, advierte que, cuando muchas empresas compiten de esta forma, terminan preocupándose más por buscar y acumular clientes que por recoger bien las basuras: algo así como una “guerra del centavo”. También corremos el riesgo de la doble facturación; es decir, que a un mismo usuario dos operadores distintos le cobren el servicio por el mismo periodo. Es una arbitrariedad que ya se ha presentado en otros municipios cuando compiten conviven varios prestadores sin un catastro unificado, y es una de las preocupaciones centrales de la Liga Nacional de Usuarios de Servicios Públicos. Los usuarios no podemos pagar el desorden promovido en beneficio de la libre competencia, ni con pagos dobles ni con la disminución de la calidad del servicio.
Las inconsecuencias de Petro con las empresas municipales
Petro prometió devolverle Emsirva a Cali pronto. Sin embargo, de manera muy extraña, Emsirva (hoy controlada por un agente interventor nombrado por la SSPD) abrió una nueva licitación pública para contratar a otros privados por dos años más.
El verdadero valor de Emsirva no está en la empresa como tal, sino en su catastro de usuarios: la lista que contiene nombres, direcciones y recibos de los 900.000 hogares que pagan aseo en Cali, y que es la fuente real de ingresos del negocio. Emsirva es la única propietaria de ese catastro, pero el Gobierno nacional la mantiene intervenida desde hace 17 años sin devolverla. Por eso, devolver la empresa sin dejar claro que solo Emsirva tiene el derecho de explotar ese catastro la convertiría en un cascarón vacío, una "empresa fantasma", como la llama el alcalde de Cali, una entidad sin usuarios y, por tanto, sin los recursos que la hacen funcionar. La falta de claridad sobre quién puede usar el catastro y la negativa de los operadores privados a entregar oficialmente esa información constituyen una afrenta a la ciudad, y plantean la pregunta de fondo: ¿para qué devolver la empresa si pretenden entregar el negocio a privados antes de irse?
La Constitución es clarísima: el deber del Estado es asegurar que los servicios públicos funcionen con eficiencia para beneficio de todos los habitantes. El modelo de libre competencia ha traído el caos y el riesgo de los cobros dobles. Es por ello que el Distrito de Cali debe operar el servicio directamente.
Como representantes de la Liga de Usuarios, creemos que EMCALI podría ayudar a recuperar el servicio. ¿Por qué? Porque EMCALI es una empresa consolidada, con una gran infraestructura y el recurso humano y técnico necesario, que además ya tiene a su cargo la distribución de otros servicios públicos domiciliarios claves para una gestión de basuras inteligente como son el acueducto, alcantarillado, energía y telecomunicaciones. Una empresa de estas calidades puede dar el salto hacia una gestión integral y sostenible de los residuos sólidos; que cuide las fuentes hídricas y que abra la puerta a proyectos de aprovechamiento, como la generación de energía a partir de residuos. El dinero que pagamos por el servicio de aseo debe quedarse en Cali y usarse para limpiar nuestras calles y mejorar el servicio, y no para que varias empresas privadas compitan por nuestras bolsas en el andén.
Aprendamos del tratamiento que los países avanzados dan a las basuras
Vale la pena mirar hacia los países nórdicos, donde el aseo dejó de entenderse como la simple recolección de basura para convertirse en una verdadera economía circular. En Suecia, Noruega, Dinamarca y Finlandia el servicio lo coordinan los municipios y opera bajo una “jerarquía de residuos” que prioriza, en este orden, prevenir, reutilizar y reciclar, dejando la recuperación de energía casi como último recurso; enviar residuos a un relleno sanitario es la opción menos deseable y está prácticamente prohibido para la materia orgánica. Para lograrlo, los hogares separan sus residuos, por ejemplo, en Suecia, desde 2024; separar los residuos de alimentos es obligatorio por ley y funcionan sistemas de depósito y devolución, como el pant sueco, que devuelven dinero al ciudadano por cada envase que recicla.
Lo que no puede reutilizarse ni reciclarse se transforma en plantas de valorización energética que producen electricidad y calefacción para las viviendas, de modo que casi nada termina enterrado. Vista en términos físicos, la idea de fondo es a la vez sencilla y profunda: cada vez que un material se desecha y se entierra, su energía y su orden se dispersan sin remedio y aumentan la entropía del sistema. Mantener los materiales circulando (repararlos, reutilizarlos y reincorporarlos a la producción) hace que ese deterioro ocurra más despacio y que la ciudad extraiga el máximo valor de lo que ya produjo antes de devolverlo a la naturaleza. Esa es, precisamente, la clase de gestión integral y sostenible a la que Cali debería aspirar.
Es hora de que la basura deje de ser un negocio de unos pocos y vuelva a ser un servicio público de calidad, manejado por nuestra propia ciudad.
