La Contraloría General de la República reportó hallazgos fiscales por $21.000 millones, relacionados principalmente con la implementación del nuevo modelo de recaudo del Sistema de Transporte Público de Santa Marta (SEPT). En otras palabras, con corte al año 2026, el contrato suscrito para este fin no se ha cumplido, pese a que los recursos ya fueron desembolsados en el marco de un convenio de cofinanciación entre el Ministerio de Transporte y el SEPT.

El primer hallazgo fiscal que señaló la Contraloría fue por $19.840 millones, relacionado con un contrato firmado en el año 2023 para la implementación del sistema de recaudo centralizado, control de flota e información al usuario del Sistema Estratégico de Transporte Público de la ciudad.

Un segundo hallazgo, por $1.250 millones, para la ejecución y pago de una interventoría del contrato principal, pero como lo señaló la contraloría, no se advirtieron las irregularidades e incumplimientos de los compromisos pactados, lo que presuntamente podría acarrear consecuencias disciplinarias.

Desembolsos sin ejecución

Es alarmante que los recursos públicos de la ciudad no se manejen de manera correcta. Deja en entredicho el proceder del gobierno de Virna Johnson, aliada del candidato presidencial Carlos Caicedo, para suscribir contratos que no se cumplen. Se nota la falta de rigor a la hora de ejecutar pagos con la plata recaudada de los impuestos de los ciudadanos.

Así mismo le cabe responsabilidad al actual alcalde de la ciudad, Carlos Pinedo Cuello, quien a pesar de haberse pronunciado después de conocerse el informe, manifestando que su administración informó el presunto detrimento de los recursos público, cabe preguntar: ¿por qué aún no está en funcionamiento y no ha resuelto la modernización del recaudo?  Ya pasaron más de dos años de haberse firmado el contrato y solo un poco más de 1 año para finalizar su administración.

Quedó en evidencia cómo terminaron desembolsando todo el dinero a pesar de que no se implementó la modernización del sistema de recaudo. Basta con subirse a los buses del transporte público y ver cómo quedaron instalados los equipos en algunas busetas de la ciudad, pero nunca se pusieron en funcionamiento.

Otro aspecto grave es el pago por la supervisión, que evidentemente no advirtió las fallas ni los incumplimientos del contrato, incluido en el acuerdo de cofinanciación con el Ministerio de Transporte para las vigencias 2023 y el primer semestre de 2025. En ese contexto, si la junta directiva del SEPT está conformada por delegados del Gobierno nacional y el acuerdo se suscribió con una cartera del gobierno de Gustavo Petro, surge una pregunta: ¿por qué el gobierno del “cambio” no veló por los intereses de los samarios?

¿Quiénes deben responder?

Estos hallazgos obligan a establecer no solo la responsabilidad administrativa de los encargados de implementar el sistema de recaudo electrónico, sino también la responsabilidad política de las dos administraciones distritales y del Gobierno nacional vinculados al contrato.

No hay duda de la gravedad de los hallazgos de la Contraloría, es importante que los organismos de control y la Fiscalía general, realicen las debidas investigaciones para encontrar las responsabilidades fiscales, disciplinarias e incluso penales a las que haya lugar. Y también es de suma importancia que los jefes de las administraciones involucradas en este caso asuman la responsabilidad política que les compete y hagan lo que sea necesario para reparar los daños causados a los samarios. Vale la pena mencionar el silencio del Concejo de Santa Marta ante estos presuntos casos de corrupción.

Unidad frente a los hechos de corrupción

Los samarios debemos unirnos para levantar una voz de exigencia al Gobierno de Gustavo Petro y a los gobernantes de la ciudad, para que demuestren un compromiso real con la transparencia en la ejecución de los recursos públicos. Son muchas las necesidades de la ciudad, y no tiene presentación que los pocos recursos públicos que hay, no se ejecuten ni se cuiden para que cumplan su objetivo central, que debe ser mejorar la calidad de vida de los habitantes de la ciudad. Le acude la razón a Sergio Fajardo, candidato presidencial, explicando parte de los males del país: “es la corrupción, estúpido”.

Coletilla: Envíe un derecho de petición con el fin de esclarecer lo que presuntamente puede ser un caso más de corrupción.

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Los recientes resultados del DANE, de la Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH), señalan que el desempleo en Santa Marta disminuyó. La ciudad, se destaca por su desempeño laboral con una tasa de desempleo de 9,8%, que la ubica como la quinta ciudad con menor desempleo del país y la primera entre las capitales de la región Caribe.

La tasa de ocupación alcanza el 52,8%, con más de 206.000 personas activas en el mercado laboral. Sectores como el comercio y la reparación de vehículos (20%), transporte y almacenamiento (12,4%), administración pública (12,3%), servicios de alojamiento y comida (12,2%) y la construcción (10%) concentran la mayor parte del empleo.

Desafío

Sin embargo, esta foto positiva tiene matices importantes. La informalidad laboral en Santa Marta alcanza el 60,9%, lo que representa más de 125.000 personas, casi 7 de cada 10 personas con trabajo en la ciudad se dedican al rebusque. A esto se suma una tasa de subocupación del 8,8%. En otras palabras, sí hay empleo, pero no necesariamente en condiciones dignas, estables, ni bien remuneradas. Son escasos los contratos formales, que implican pago a afiliación a salud y pensión, ni la seguridad, ni que cuente con una estabilidad económica en el futuro próximo.

Dificultades del sector productivo

Entre las problemáticas del sector productivo de la ciudad están: el pésimo servicio eléctrico de la ciudad, con redes eléctricas obsoletas, racionamientos de energía, tarifas elevadas, los empresarios sufren el día a día su operación, afectando la sostenibilidad del sector productivo evitando que crezca y con el tiempo pueda generar empleo de calidad, o digno.

Aunque el problema principal es el modelo de desarrollo económico que adoptó el país desde comienzos de los años noventa, con la llamada Apertura Económica; y con la puesta en marcha del Tratado de Libre Comercio que se firmó con Estados Unidos, transcurridos más de 13 años desde su entrada en vigencia, el resultado ha sido una grave afectación para la industria y la agricultura, con la masiva importación de productos agrícolas – subsidiados- que bien podrían ser producidos en el país, para generar así empleo y riqueza en nuestra Nación, garantizando seguridad y soberanía alimentarias; esas importaciones han venido debilitando nuestra producción nacional así lo asegura Cedetrabajo.

Como otra consecuencia de ese “Libre Comercio” se está llevando a la quiebra a muchos de nuestros empresarios pequeños, medianos y grandes. Esa quiebra de la producción nacional origina los mayores índices trabajo informal y aumento de la pobreza, debido a que los pobladores están reducidos al rebusque.

Además, el trabajo en Santa Marta también se ve afectado.  Por ejemplo el cierre de la planta Tropical Coffee Company, productora de las marcas Cafe Sello Rojo y La Bastilla. Perjudicando a 170 trabajadores. Situación que pone en vilo a las familias de la ciudad. 

Finalmente, para que se pueda consolidar el desarrollo económico y social, es fundamental que el gobierno del presidente Petro priorice implementar una política de fomento a la industria e incentivar el sector productivo, así mismo la solución del tema energético en la región Caribe. Mejorar la infraestructura eléctrica, reducir las tarifas,  no solo facilitará la operación de los empresarios locales, sino que también atraerá nuevas inversiones y generará empleos de calidad; así mismo una política industrial que promueva la generación de riqueza en el país. Esas deberían ser unas exigencias que podemos impulsar desde las regiones.

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La desfinanciación que sufre la educación pública, como también la doble jornada, dejan en desigualdad al sistema educativo de la ciudad, pues la mayoría de los niños que asisten a colegios públicos no cuentan con jornada escolar completa, como sí los de los colegios privados.

Según Leonardo Bonilla, los estudiantes de jornada única tienen un mejor rendimiento académico, especialmente si se comparan con aquellos de la jornada de la tarde. Puede entonces afirmarse que la doble jornada escolar no sólo genera desigualdad entre aquellos que tienen la oportunidad de estudiar en jornada única, sino también entre los de la mañana y los de la tarde. Teniendo un impacto profundo en las oportunidades de los estudiantes, perpetuando la desigualdad social y económica dado que limita su acceso a la educación superior y reduce sus oportunidades de movilidad social económica. 

Agrava el problema el mal estado de la infraestructura física de los colegios públicos. En 2024, una comisión accidental del Concejo, tras visitar la institución educativa San Pedro Alejandrino, denunció un deterioro en el área de preescolar. La Veeduría Ciudadana señaló el mal estado de la Institución Educativa Salvador Pantano, que alberga unos 50 niños de 7 a 10 años.

Durante la inspección a varios colegios públicos que se encuentran en locales arrendados, se observó que los estudiantes asisten a clases en salones improvisados, en malas condiciones y con material de construcción amontonado alrededor.

Un tercer obstáculo, no menos grave, es el caos en el sistema de salud que afecta a los maestros. Un buen sistema educativo debe tener docentes bien remunerados y con un bienestar digno, para garantizar una educación de calidad.

Sin embargo, en el gobierno de Gustavo Petro se ha puesto en riesgo la salud de los docentes, que se ven obligados a hacer jornadas de protesta por la pésima prestación de servicios médicos. Además, en 2023, en Santa Marta los docentes con una vinculación laboral provisional en el sector oficial, era del 30.4 % y una planta temporal que se encuentra en el 3%. Situación que deja a los maestros en una inestabilidad laboral, y evidencia la falta de inversión en la educación pública de la ciudad. 

No es posible superar las deficiencias en la educación si quienes gobiernan al país y la ciudad solo se preocupan por los malos resultados obtenidos en las Pruebas Saber, pero no remueven las causas que los provocan, en primer término, financiando adecuadamente la educación pública, mejorando sustancialmente la infraestructura y aplicando una política educativa que ayude a los estudiantes a desarrollar un enfoque donde se valoren el conocimiento y la ciencia. Deben volver a impulsarse las clases de historia y geografía, que impriman un sentido nacional, a fin de impulsar el desarrollo de la economía de la región y del país.

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Europa ha implementado rigurosas barreras para la entrada de frutas tropicales a través del Pacto Verde Europeo, lo que limita severamente el uso de plaguicidas en la producción de banano, una medida complicada para Colombia, donde la incidencia de plagas es alta. Además, las empresas europeas, ante la falta de regulación en la fijación de precios, maximizan sus beneficios a expensas de los productores, lo que amenaza la sostenibilidad del sector. (https://www.tlc.gov.co/temas-de-interes/informe-sobre-el-desarrollo-avance-y-consolidacion/documentos/informe-tlc-al-congreso-de-la-republica-2024.aspx)

Aunque comercializadores como Kaufland en Alemania y Eurospin en Italia emiten declaraciones de sostenibilidad, en la práctica aprovechan su posición dominante en el mercado, lo que perjudica la cadena de suministro agroalimentario al ignorar la necesidad de un precio justo para los productores y socavar la creación de un entorno de mercado equitativo.  (https://mascolombia.com/polemica-por-precio-del-banano/)

A estos desafíos del sector se suman los altos costos de la tarifa de energía en la región del Caribe, que encarecen los costos de producción. José Francisco Zúñiga Vives, presidente de la Asociación de Bananeros del Magdalena -Asbama-, se une al llamado que hacen distintos sectores al gobierno de Gustavo Petro para que solucione el problema de las altas tarifas de energía que tanto afecta al sector productivo y en general a la población de la región.

Además, señala que las medidas de cortes de energía que va a realizar la empresa A-ire a sectores vulnerables traerán inconformismo social y problemas en la producción agroindustrial.

El sector bananero es fundamental para el Magdalena; ASBAMA impulsa aproximadamente 19,000 empleos directos en Magdalena, Cesar y La Guajira, siendo Magdalena el mayor empleador. Por cada empleo directo en el sector bananero, se generan alrededor de dos empleos indirectos. Según datos del DANE, la exportación de banano representa el 50.5% de la economía local, lo que lo convierte en una de las principales fuentes de riqueza del departamento.

Es crucial que el gobierno de Gustavo Petro implemente soluciones inmediatas en cuanto al régimen especial tarifario que genera incrementos desmedidos en las tarifas de energía afectando a los usuarios, lo que se hace más imperativo considerando que esta fue una de las promesas de campaña del actual presidente. Asimismo, es esencial que el gobierno de Petro realice un seguimiento a la situación de los productores para negociar condiciones más favorables que garanticen la estabilidad económica de los mismos, entre ellos el Pacto Verde Europeo y la revisión del TLC con la Unión Europea, para que se pueda contribuir al bienestar de la producción nacional. 

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