La injerencia gringa en Colombia quedó expuesta tras el fallo contra Álvaro Uribe. Altos funcionarios y congresistas de Estados Unidos presionaron a la jueza Sandra Liliana Heredia, ignorando la soberanía judicial. Mientras Petro rechaza declaraciones, su sumisión histórica a los intereses de Washington y su modelo neoliberal evidencian que el poder externo sigue marcando el rumbo.

 La jueza penal 44 de conocimiento de Bogotá, Sandra Liliana Heredia, encontró culpable al expresidente Álvaro Uribe Vélez de los delitos de fraude procesal y soborno en actuación penal, absolviéndole de un tercer cargo de soborno simple. El expresidente Uribe fue sentenciado por la jueza a 12 años de prisión domiciliaria, además de una multa de 1612,5 salarios mínimos mensuales legales vigentes e inhabilitación para ejercer cargos públicos durante 100 meses y 20 días. La decisión es un fallo en primera instancia de un proceso que duró casi 13 años, lo que indica que las partes actuantes han tenido las garantías y los tiempos procesales para sus actuaciones; sin embargo, desde la audiencia de lectura del sentido del fallo las presiones hacia la togada, Sandra Liliana Heredia, han sido constantes y de la mayor gravedad. Pero entre esas presiones, inaceptables todas, la más indignante es la Injerencia Gringa­.

 Las presiones del entorno del presidente de EEUU, Donald Trump, son insistentes e inaceptables. Su Secretario de Estado, Marco Rubio, escribió en X: “El único­ delito del expresidente Uribe ha sido luchar incansablemente y defender su patria… La instrumentalización del poder judicial por parte de jueces radicales ha sentado un precedente preocupante”. Luego vino la andanada de los congresistas, especialmente Republicanos: “Colombia se acerca más a la ilegitimidad. Ya hemos visto esta película en Venezuela. Encabezaré una delegación bipartidista de senadores y altos funcionarios del gobierno para reafirmar nuestro compromiso con Colombia… Colombia necesita detener el uso de su sistema judicial como arma contra el expresidente Uribe. Es un camino muy peligroso para quien debería ser uno de los principales aliados de EEUU en Latinoamérica”, escribió Bernie Moreno, senador de origen colombiano, recordando las sanciones que Trump le impuso a Brasil por la investigación al expresidente Jair Bolsonaro. En ese sentido se pronunciaron otros congresistas, además de exembajadores como William Brownfield.

Con la coherencia y claridad que le son características, el candidato al Senado Jorge Enrique Robledo, opositor de los gobiernos de Uribe y también de Gustavo Petro, pidió respeto para la Justicia: “Ante las dos decisiones de la Justicia de Colombia adversas a Álvaro Uribe Vélez, me confirmo en mi respeto a las decisiones de los jueces de la República, de acuerdo con la separación de los poderes que ordena la Constitución. Si ese es el deber de los colombianos, con mayor razón los extranjeros no deben inmiscuirse en nuestros asuntos y deben respetar la soberanía nacional de Colombia”, insistió Robledo, férreo defensor de la autodeterminación nacional, investigador, estudioso, analista y luchador incansable de las causas sociales y nacionales. 

 El presidente Gustavo Petro rechazó las declaraciones del Secretario de Estado de Estados Unidos, pero ello no le borra la mancha indeleble de ser un agente de los intereses de EEUU y sus multinacionales en Colombia. La implementación del modelo neoliberal, la no renegociación del TLC, el monitoreo del FMI a la economía, el apego al recetario de la OCDE, FMI, BM y capital financiero transnacional, la cesión de bases militares en Leticia e Isla Gorgona, las sujeciones al Comando Sur, su comodidad en la OTAN y las constantes visitas de los altos funcionarios de EEUU a la Casa de Nariño corroboran que el presidente Petro, en público chista, pero en privado es bien sumiso.

¡Por eso la injerencia gringa lo dejó llegar al poder!