El Gobierno de Gustavo Petro anunció un drástico tijeretazo de $28,4 billones al Presupuesto General de la Nación, alegando disciplina fiscal ante la caída de ingresos tributarios. Aunque se promete no afectar a sectores prioritarios, los recortes alcanzan áreas sensibles como trabajo, agricultura y justicia, profundizando las tensiones sociales y económicas en un país golpeado por la desigualdad y la deuda externa.
El pasado 27 de noviembre, el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, anunció un enorme “tijeretazo” al Presupuesto General de la Nación por $28,4 billones en este año 2024: “Tras el Consejo de Ministros realizado con la dirección del señor presidente de la República, Gustavo Petro Urrego, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público (MHCP) tomó la decisión de hacer un recorte en el presupuesto de gastos del año 2024 por 28,4 billones de pesos, equivalentes a un 5,6 % del total del Presupuesto General de la Nación (PGN) aprobado para el año. Este recorte contempla tanto los $20 billones del recorte presupuestal anunciado en junio, así como $8,4 billones adicionales, resultado del análisis de la situación económica actual”, dice el comunicado de la Presidencia de la República, que resalta que: “No afectará ni a la infancia, ni el agua, ni la educación”.
El gigantesco “tijeretazo” llega en el momento en el que más penurias está sufriendo una gran parte de la población colombiana, hoy víctima de la ola invernal y otros desastres que se han vuelto habituales en el país; Hoy diversos sectores de la población –indígenas, campesinos, trabajadores– reclaman soluciones económicas a sus peticiones y a las promesas incumplidas por el presidente Gustavo Petro en su campaña electoral. El comunicado informó que “el recorte, que se da como resultado de la caída en los ingresos tributarios, es una muestra del compromiso del Gobierno Nacional con la disciplina fiscal y el cumplimiento de la Regla Fiscal”.
La ortodoxia neoliberal del presidente Gustavo Petro vuelve y se impone por encima de las necesidades de la población, al tener claro que dicha disciplina fiscal y su principal herramienta, la Regla Fiscal, fueron impuestas al país por decisión de la banca multilateral –Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial– para que la Nación tenga los recursos suficientes para honrar la onerosa deuda externa, que a agosto de 2024 llegó a US$195.276 millones, lo que representa el 48,2 % del Producto Interno Bruto (PIB). Siendo esta deuda, la principal traba para el desarrollo económico, social e incluso político del país, patentadas en las imposiciones del Fondo Monetario Internacional, que son las que orientan las actividades del “Gobierno del Cambio”.
El “tijeretazo”, que afectará el rubro de funcionamiento en $18,2 billones, llegará a sectores sensibles como: El Ministerio del Trabajo con $3,9 billones; de Defensa con $606.000 millones, en medio de la más absoluta inseguridad en todo el país; la Rama Judicial con $452.000 millones y Fiscalía con $347.000 millones, en las cuales pululan la congestión y demora de procesos y una eterna impunidad. Como si fuera poco, en el rublo de Inversión se hará un recorte de $10,1 billones; en Inclusión Social y Reconciliación, de $1,8 billones; en Transporte de $1,4 billones; en Agricultura de $1,2 billones y en Vivienda de $647.000 millones, programas que en su mayoría han estado paralizados por este Gobierno, con algunas poblaciones en condiciones de hambruna.
Lo más grave es que el Gobierno no descarta, según el CONFIS, que el recorte sea de hasta 33 billones de pesos, donde se entiende la escasa ejecución presupuestal del “Gobierno del Cambio”. Cada decisión del Gobierno le da la razón a quienes, compartiendo la necesidad de un cambio estructural en Colombia, se atrevieron a votar en blanco. ¡El tiempo siempre le reconoce la razón a quien la tiene!
